Qué es el RIGI y cuáles son los artículos cuestionados
o.- (Sergio Lanzafame) Uno de los ítems más cuestionados de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado es el llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)..
Más allá de que, en general, los gobernadores de todo el país están de acuerdo con el espíritu general del proyecto que impulsa las inversiones en grandes proyectos, distintos aspectos son cuestionados y ponen en riesgo su aprobación en el Congreso.
Las grandes empresas del sector minero y de la energía están entusiasmadas con la nueva ley, pero desde el sector industrial en su conjunto tienen fuertes cuestionamientos.
Qué es el RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones propone un amplio conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por los próximos 30 años a quienes realicen inversiones superiores a los u$s 200 M, ya sea por proyectos nuevos o por la compra de proyectos en marcha.
Entre los beneficios impositivos se incluyen la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU), la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años, devolución acelerada de saldos a favor del IVA en un plazo no mayor a tres meses, pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros, cómputo el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
Se suman, además, estos beneficios aduaneros: Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos
Los beneficios cambiarios incluyen la libre disponibilidad de divisas para exportaciones del 20% el primer año, 40% el segundo año y 100% a partir del tercer año, además de divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
El régimen establece, además, estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años y garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Principales críticas
Entre los puntos más cuestionados es la competencia desleal con la industria nacional que generaría, ya que permite las importaciones sin aranceles.
Desde Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos) señalaron que la sanción de ese paquete de leyes en el Senado “atenta directamente contra la producción nacional”. En una carta a los Senadores plantearon que la industria local será perjudicada al otorgarse “un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”.
Y pidieron que se revean “los artículos 169, 187 y 190” para “igualar las condiciones para la industria nacional y promover el desarrollo de eslabonamientos productivos locales”, de lo contrario, “se verán en peligro el sostenimiento de las empresas del sector, mayoritariamente PyMES, junto a las fuentes de trabajo que las mismas generan”.
En el texto apuntaron que “la posibilidad de importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, generando una competencia desleal con la industria nacional preexistente” y que “los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI no están acompañados de obligaciones (transferencia de tecnología, condiciones de compra local, entre otros) por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país”.
Desde la UIA, en tanto, destacaron claramente los avances en materia laboral de la ley Bases y “la importancia de contar con un régimen que dinamice las grandes inversiones”, pero advirtieron que “la actual configuración del capítulo podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales. Remarcaron además la importancia de desarrollar las cadenas de valor para consolidar el entramado productivo, apalancar a las PyMEs y generar empleo de calidad en todas las regiones del país”.
A estas críticas se sumó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que cuestionó el techo de inversión mínimo de US$ 200 millones, una cifra que excluye a las PyMEs, responsables de la mayor cantidad de puestos de trabajo nacionales.
Desde la Federación de Industriales de Santa Fe elaboraron un documento que señala que son más de 7700 las pymes proveedoras del sector petrolero empleadoras de 220.000 trabajadores, por lo que alertan sobre la no obligación de compre nacional.
Extractivismo
Otro de las críticas clave es el modelo de producción extractivista que, según algunos analistas tiene, y que es el caballito de batalla de los senadores de Unión por la Patrica. Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar, planteó en un análisis los cinco puntos clave para entender este punto de vista.
Señala que “el proyecto busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities” y plantea que “echa por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes y aquellos potenciales que surgirían”.
Los cinco puntos críticos de Fundar son
– Cortoplacismo: Señala que impide al Estado por 30 años capturar cualquier rentabilidad extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo. “Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo (al menos ninguno de la región, aunque sí hay ejemplos en África)”.
-Beneficios excesivos: Dice que es el régimen más generoso de la historia del país, pero con una novedad: no pide condición alguna a cambio, ni hoy ni nunca. Y lo compara con el pacto Roca-Runciman por el que el Reino Unido “permitía” un 15% de la participación total del comercio de carnes a frigoríficos argentinos.
– Sin obligaciones para la industria nacional y el empleo local: Permite a las empresas importar todo el equipamiento necesario y utilizar mano de obra extranbjera en su totalidad.
– Insustentabilidad social y política: Plantea que “promueve incentivos para que tanto la calle como la política contesten”. “Habrá más temprano que tarde conflicto: es ineludible por el diseño mismo del régimen tal cual está”.
-Consagración de la inseguridad jurídica: Señala que “es ridículo pensar que este régimen va a atravesar indemne 30 años de política argentina”. “La política, que es reactiva y acompaña a la sociedad desde atrás, no se mantendrá en el margen cuando cambien los vientos. La Justicia tampoco”. (Mdzol, Mendoza)
