Argentina y Chile buscan reactivar el tratado minero para integrar proyectos, infraestructura y proveedores
o.- El acuerdo binacional firmado en 1997 vuelve a cobrar relevancia ante el avance de los grandes proyectos cordilleranos. Especialistas de ambos países analizaron las oportunidades de integración, los desafíos regulatorios, la salida al Pacífico y la necesidad de incorporar a las comunidades y los proveedores locales.
El desarrollo de los proyectos mineros que comparten la cordillera de los Andes plantea una oportunidad que va más allá de la extracción de minerales:
-aprovechar las capacidades de Argentina y Chile de manera complementaria para mejorar la logística,
-acceder a nuevos mercados y
-desarrollar una cadena de valor regional.
Ese fue el eje de un webinar organizado por profesionales vinculadas al sector minero de ambos países, que analizaron el alcance del Tratado de Integración y Complementación Minera y los desafíos para convertirlo en una herramienta efectiva.
El acuerdo fue firmado en 1997 y aprobado en Argentina mediante la Ley 25.243. Sin embargo, su utilización práctica ha sido limitada.
La reactivación de su comisión administradora y la aprobación de nuevos protocolos específicos abren una nueva etapa, en un contexto de creciente interés por los minerales estratégicos y por los proyectos ubicados a ambos lados de la frontera.
Un marco jurídico que necesita actualizarse
Mora Scarpino abrió las exposiciones con una revisión del contexto institucional y económico.
Señaló que el tratado constituye una base jurídica para coordinar proyectos binacionales, pero que fue concebido en una realidad muy diferente de la actual.
Los cambios tecnológicos, regulatorios y productivos exigen revisar sus mecanismos para facilitar las operaciones y evitar conflictos entre jurisdicciones.
También destacó la necesidad de respetar el federalismo argentino y las competencias de las provincias sobre sus recursos naturales.
La integración, sostuvo en su exposición, debe contemplar las diferencias normativas y procesales de cada territorio, además de incorporar criterios ambientales, gestión de riesgos y derechos humanos.
La especialista planteó que la cooperación no debería limitarse al traslado de minerales. También debe incluir conocimiento, tecnología, sostenibilidad y desarrollo humano, con las comunidades como actores estratégicos.
Los protocolos, la herramienta para llevar el tratado a la práctica
Giselle Kibysz, Red de Abogadas Mineras, profundizó en el funcionamiento jurídico del acuerdo.
Explicó que el tratado no crea una legislación única para ambos países ni elimina sus respectivas normas nacionales.
Su aplicación concreta depende de protocolos adicionales específicos, que delimitan las áreas de operación y establecen cómo se coordinarán los organismos, los controles y los procedimientos necesarios para cada proyecto.
Estos instrumentos pueden facilitar:
-la apertura y utilización de pasos fronterizos,
-el tránsito de trabajadores y maquinaria,
-la constitución de servidumbres y
-la coordinación de cuestiones aduaneras, tributarias, laborales, sanitarias y ambientales.
Según lo expuesto durante el webinar, desde la entrada en vigor del tratado se habían suscripto siete protocolos específicos.
Entre los nuevos instrumentos aprobados por la comisión administradora se mencionaron los correspondientes a Vicuña, Nexo Andino y Filo del Sur, cuya aprobación abre el camino a nuevas instancias de implementación.
La especialista también subrayó la importancia de que los proveedores mineros conozcan las condiciones de cada protocolo.
Las oportunidades comerciales pueden extenderse a ambos lados de la cordillera, pero requieren comprender las reglas de contratación, circulación, tributación y prestación de servicios aplicables a cada operación.
La salida al Pacífico y los servicios estratégicos
La exposición de Belén Fuenzalida aportó la experiencia chilena en infraestructura y logística. La abogada analizó las posibilidades que ofrecen los puertos del norte de Chile, el suministro de agua desalada y la conexión energética para el desarrollo de proyectos cordilleranos.
Entre los antecedentes mencionados figuraron:
a) el envío de carbonato de litio desde Argentina hacia China a través del puerto de Angamos, en diciembre de 2025, y
b) la recepción en Iquique, en marzo de 2026, de insumos destinados a una planta industrial argentina.
Ambos casos muestran que la vinculación logística entre los dos países ya tiene aplicaciones concretas.
Fuenzalida también abordó el desafío hídrico.
La desalación aparece como una alternativa para abastecer futuras operaciones mineras, aunque su utilización desde instalaciones costeras chilenas requiere contratos y permisos en ese país.
El tratado puede facilitar determinados corredores y servidumbres, pero no reemplaza las autorizaciones necesarias.
La integración energética y logística, por lo tanto, dependerá tanto de la infraestructura disponible como de la coordinación regulatoria y de la capacidad de concretar acuerdos operativos.
Comunidades, proveedores y desarrollo local
Karina Viñas puso el foco en una dimensión que puede resultar decisiva para la viabilidad de las inversiones: la relación con las comunidades y la distribución de sus beneficios económicos.
La especialista sostuvo que la licencia social para operar no debe confundirse con un permiso administrativo. Y que se construye a lo largo del tiempo mediante el diálogo, la confianza y la participación de las comunidades anfitrionas, y puede influir en la viabilidad jurídica, comercial y financiera de los proyectos.
Viñas también advirtió que la participación de proveedores locales no puede quedar limitada a declaraciones de intención o porcentajes anunciados. Para que se traduzca en desarrollo regional, debe reflejarse en:
-contratos,
-capacidades técnicas,
-financiamiento y
-condiciones comerciales que permitan a las empresas locales cumplir con las exigencias de la industria.
La perspectiva de género formó parte de ese análisis.
La especialista destacó la necesidad de ampliar las oportunidades para las mujeres en las operaciones y en la cadena de proveedores, además de mejorar las condiciones de los campamentos, los cuidados y los mecanismos de prevención de la violencia.
De la extracción a una integración productiva
Durante el intercambio final, una participante de Jujuy presentó el caso del proyecto de cobre Martín Bronce como ejemplo de complementación entre ambos países. Según explicó, el mineral se traslada desde Argentina hacia Chile para su procesamiento, aunque el proyecto no se encuentra dentro del área geográfica delimitada por el tratado.
El ejemplo permitió discutir una de las limitaciones del marco vigente:
su alcance territorial y la necesidad de actualizarlo frente a nuevas modalidades de inversión, contratación y desarrollo minero.
También se planteó la importancia de coordinar las exigencias de contratación local con las posibilidades de integración transfronteriza.
La conclusión compartida:
-la cooperación no debería limitarse a extraer y exportar recursos, sino -avanzar hacia una mayor transformación,
-la incorporación de valor agregado y
-el fortalecimiento de las economías regionales.
La reactivación del tratado ofrece una oportunidad para acercar capacidades productivas, infraestructura y mercados.
El desafío será transformar ese marco jurídico en:
-procedimientos claros,
-proyectos concretos y
-beneficios verificables para las empresas, los proveedores y las comunidades de ambos países. (El Pregón Minero)
