Reordenamiento normativo en Minería:
El Gobierno deroga nueve resoluciones
y desmantela programas del sector
o.- La Secretaría de Minería de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, dejó sin efecto una serie de resoluciones vinculadas a planes, transferencias de fondos, importaciones, monitoreo ambiental y coordinación federal. La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y no afectará los convenios ya firmados.
El Dr. Favio Casarin, geólogo y abogado especialista en Derecho Minero, Ambiental y Recursos Naturales, presenta el Reordenamiento Normativo en Minería que el Gobierno nacional ha desarrollado y que implica la derogación de nueve resoluciones y la desmantelación del programa existente en el sector minero argentino.
El Dr. Casarin, explicita que -en el marco del plan de racionalización del gasto público y desregulación administrativa-, la Secretaría de Minería dejó sin efecto un abanico de resoluciones emitidas entre 2008 y 2022. La medida abarca desde esquemas de transferencias discrecionales y mesas de control de importaciones hasta planes ambientales y de inclusión de género.
A través de la Resolución 64/2026, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, y publicada en el Boletín Oficial con fecha 10 de agosto de 2026, el Ministerio de Economía formalizó una profunda purga reglamentaria sobre la actividad minera nacional.
La norma deroga de manera directa nueve resoluciones vigentes que regulaban programas, estructuras y mecanismos de coordinación creados en gestiones anteriores.
1. Las normas derogadas: una a una
La medida desarticula un conjunto de instrumentos dictados entre 2008 y 2022 que abarcaban aspectos financieros, sociales, ambientales y de comercio exterior:
(i) Transferencias de fondos a provincias y municipios (Res. 55/2008 y 134/2008): Eliminan los Reglamentos Particulares para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes, esquemas utilizados históricamente para giros discrecionales destinados a infraestructura y asistencia técnica local.
(ii) Marco complementario de transferencias (Res. 134/2008): Derogación de las modificaciones al esquema de giros de fondos subnacionales destinados a obras y asistencia técnica local.
(iii) Plan Nacional de Minería Social (Res. 36/2020): Se dio de baja la adecuación operativa dictada durante la emergencia sanitaria del COVID-19 para la minería de pequeña escala y ladrillera.
(iv) Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (Res. 47/2020): Se derogó la norma que dio origen al marco institutional de planificación a largo plazo diseñado durante la gestión previa.
(v) Mesa Técnica de Análisis de Importaciones (Res. 138/2020): Se desactivó el filtro burocrático que intervenía en la revisión y aprobación del ingreso de insumos y equipos para la industria minera.
(vi) Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas (Res. 255/2021): Quedó sin efecto la estructura oficial orientada a promover políticas de género y equidad dentro del sector.
(vii) Rendición de fondos sociales y Huellas Mineras (Res. 50/2022): Se eliminó el marco normativo específico sobre seguimiento de fondos e informes de proyectos del Plan Nacional de Minería Social y el Plan Nacional de Huellas Mineras.
(viii) Monitoreo ambiental federal (Res. 53/2022): También se disolvió el programa destinado al fortalecimiento institucional de las provincias para la supervisión y control de variables ambientales en proyectos mineros.
(ix) Normativa administrativa complementaria: Se derogó la disposición asociada a la gestión y coordinación interna de programas territoriales y sociales del área minera.
(Nota: La Secretaría aclaró que la derogación de estas normas no exime el cumplimiento de obligaciones pendientes, rendiciones de cuentas ni los compromisos asumidos en convenios previamente firmados, los cuales continuarán bajo el marco general de administración financiera).
2. Los argumentos oficiales: austeridad y “seguridad jurídica”
Según los considerandos del texto oficial, la decisión se fundamenta en los principios de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), que promueve la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de estructuras superpuestas y la optimización de los recursos públicos.
Desde la Secretaría de Minería argumentaron que:
• Obsolescencia y pérdida de vigencia: Varios de los programas correspondían a esquemas transitorios (como los dictados durante la pandemia) o herramientas que habían agotado su operatividad real.
• Coherencia y simplificación: El Estado busca “dotar de mayor coherencia, simplicidad y seguridad jurídica al accionar estatal”, evitando la sobre-regulación del mercado.
• Desburocratización y eficiencia: Se busca eliminar la interferencia administrativa en decisiones comerciales y operativas de las empresas, reemplazando esquemas antiguos por mecanismos alternativos más eficientes.
3. Impacto en el sector: beneficios y contrapuntos
La derogación de este paquete normativo genera lecturas diversas entre los actores de la industria minera, las cámaras empresarias y las provincias:
Beneficios para las empresas y la inversión
• Agilidad operativa y comercial: La eliminación de la Mesa Técnica de Importaciones elimina un cuello de botella burocrático que ralentizaba la llegada de repuestos, maquinaria e insumos importados.
• Mayor certidumbre jurídica: Quitar normas en desuso o superpuestas simplifica la maraña regulatoria para las grandes inversiones, complementando el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
• Reducción de costos del Estado: Alinea la política sectorial con la disciplina fiscal, evitando la duplicación de gastos en programas centrales.
Eventuales efectos negativos y desafíos
• Retroceso en el apoyo a pequeños productores: La baja de los esquemas del Plan Nacional de Minería Social e infraestructura asociada (Huellas Mineras) impacta en la asistencia técnica y financiera a comunidades de ladrilleros, canteros y la minería artesanal.
• Tensión en el monitoreo ambiental institucional: La eliminación del programa federal de fortalecimiento ambiental provincial causa preocupación en gobiernos locales y ONG si no se precisan con rapidez los mecanismos sustitutivos de fiscalización.
• Pérdida de agendas transversales: Organismos sectoriales y de la sociedad civil han advertido que el desmantelamiento de la Red de Mujeres Mineras invisibiliza los avances logrados en materia de equidad e integración laboral en un sector históricamente masculinizado. (El Pregón Minero)
