Salta apunta al turismo minero y al geoturismo
o.- (Elena Corvalán) La Cámara Baja aprobó un proyecto que incorpora esta actividad al régimen de promoción previsto en la ley provincial de turismo. Resta el tratamiento en el Senado.
En medio de una caída en la actividad como consecuencia, sobre todo, de la motosierra libertaria, el gobierno de Salta está en busca de opciones para incentivar el turismo en la provincia. En ese contexto parece inscribirse el proyecto de ley que obtuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados de Salta, para incorporar el turismo minero y el geoturismo en el régimen de promoción que prevé la Ley N° 7045, de turismo.
La iniciativa del oficialismo salteño fue aprobada ayer por unanimidad. Consta de un solo artículo por el que añade a la Ley 7045 el artículo 13 bis: “Incorpórase al régimen de promoción de la presente ley al turismo minero y al geoturismo, entendidos como las actividades turísticas vinculadas a la visita, interpretación y aprovechamiento de sitios histórico-productivos de valor geológico, como así también de sitios mineros inactivos”, prevé.
En el segundo párrafo establece que la autoridad de aplicación coordinará con el organismo provincial competente en materia de minería para reglamentar el desarrollo de estas actividades.
El tercer párrafo añade lineamientos sobre esa reglamentación. La autoridad de aplicación deberá, sostiene, “Establecer los requisitos de habilitación exigibles a los sitios y prestadores”; diseñar y promover circuitos y productos turísticos vinculados a la actividad minera y al patrimonio geológico; impulsar la participación de las comunidades locales y el desarrollo de emprendimientos turísticos asociados; “Promover la capacitación de recursos humanos vinculados al turismo minero y al geoturismo”, y dictar “las normas y protocolos necesarios para garantizar el desarrollo seguro y sustentable de estas actividades, conforme la legislación ambiental y minera vigente”.
La encargada de presentar el proyecto fue la diputada Griselda Galleguillos (de un bloque unipersonal que lleva su nombre), presidenta de la Comisión de Minería. Contó que en la preparación de esta iniciativa se reunió con funcionarias de las áreas de turismo de la provincia y el municipio de Salta, y con los caciques de comunidades indígenas.
“El turismo es complementario a la actividad minera”. “Puede aportar valor al desarrollo de las comunidades”, que podrán ofrecer sus producciones y su gastronomía a los visitantes, agregó para convencer sobre la bondad de la iniciativa.
“Con este proyecto lo que se intenta es promover el patrimonio minero natural y cultural”. Además de las visitas a las minas inactivas, se pueden aprovechar los museos y sitios históricos vinculados a la actividad minera y al patrimonio geológico, señaló antes de insistir: “Con este proyecto se quiere diversificar al sector turístico”.
Le siguió en la palabra el diputado Gerónimo Arjona (del bloque oficialista mayoritario Todos por Salta y representante del departamento minero por excelencia, Los Andes). Anunció que acompaña el proyecto pero advirtió que “hay muchos componentes que fortalecer”, como la infraestructura en la zona minera.
Por caso mencionó la ruta nacional 51. “Hay que visibilizar y tomar ese compromiso realmente necesario, la integridad de quienes hoy transitan por esta vía terrestre”, sostuvo, un tanto elusivo, refiriéndose al mal estado en que se encuentra esta vía. “Hay que tener en cuenta también el resguardo en las minas inactivas, me parece que es lógico elaborar un protocolo” y para eso debería consultarse a los habitantes del territorio, que conocen cada situación, previno.
(…) Otras provincias, como Jujuy y Río Negro, que cuentan con leyes propias desde 2006 y 2007, respectivamente. Otra provincia vecina, Catamarca, legisló en 2021, y San Juan lo hizo en 2022. También se practica este tipo de turismo especializado en San Luis y Neuquén, entre otras provincias.
Materiales no ferrosos
Por otro lado, la Cámara Baja dio media sanción a un proyecto de ley para regular la actividad de quienes se dediquen a la compra, venta o acopio de metales no ferrosos, un intento por dificultar el robo de cables de cobre y elementos de bronce, práctica cada vez más extendida.
El proyecto, que aclara expresamente que no se refiere a los yacimientos de minerales no ferrosos y a productores primarios de estos minerales (es decir que no alcanza a la minería), crea un Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos en el que deberán inscribirse quienes operen con metales no ferrosos.
Además de los datos de la persona física o jurídica que realice esta actividad, en el Registro también se deberán informar “Las operaciones de adquisición a cualquier título, enajenación y traslado de metales no ferrosos”. Deberán registrarse la identidad y el domicilio de proveedores y transportistas o adquirentes; se individualizarán las piezas, “cantidades, peso y origen que garantice su trazabilidad” y se informará la modalidad y monto de cada operación.
En caso de que se incumplan estas obligaciones, el proyecto prevé sanciones que van de apercimiento a multa, la clausura temporaria o definitiva.
En la presentación del proyecto, la diputada Laura Cartuccia (TxS) destacó que el crecimiento de las denuncias por robo de cables de cobre y placas de bronce.
El diputado Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) y legisladores del bloque de LLA se opusieron, afirmaron que es un avance del Estado en actividades privadas, además de agrandar la estructura estatal y causar mayores gastos al erario público.
“¿Vamos a instaurar un estado policial sobre una actividad lícita?”, se quejó Durand Cornejo.
El libertario Sergio López coincidió, y opinó que en lugar de dictar una nueva norma, la Cámara debería “hablar más con los fiscales” para que pongan mayor énfasis en la investigación de este delito.
“No podemos seguir creando más estado, más burocracia”, sumó el también libertario Franco Lastra. “En el fondo qué estamos haciendo es castigando al comerciante por alguien que comete delitos”, agregó Eduardo Virgili.
La tartagalense Mónica Goicoechea les respondió. Esta ley “no busca entorpecer la actividad de los negocios que son legales, simplemente busca disminuir el robo” de metales que perjudican a las empresas e instituciones públicas y, de manera indirecta, a los vecinos y vecinas, que ven resentida la prestación de servicios públicos como la energía eléctrica y la internet.
El legislador Adrián Valenzuela aportó que actualmente hay 14 empresas registradas, pero se estima que hay un triple de chatarrerías
Y Jorge Restom repasó que solo este año se presentaron 172 denuncias por el robo de cables o de elementos de bronce, como placas de los cementerios y picaportes. El proyecto fue aprobado por mayoría y pasó al Senado. (Página 12, Buenos Aires, 29/07/2026)
