Repercusiones
Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares tras una sesión maratónica
o.- La Libertad Avanza y sus aliados convirtieron en ley la reforma de la Ley de Glaciares con 134 votos afirmativos y 117 en contra en Diputados, tras más de 11 horas de sesión y fuertes cruces con la oposición.
El oficialismo aprobó la norma que redefine la protección de glaciares y zonas periglaciales.
Luego de más de 11 horas de una sesión cargada de tensión, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por las provincias mineras que redefine los alcances de la protección ambiental y flexibiliza condiciones para la explotación de recursos.
La votación final terminó con 134 votos afirmativos y 117 negativos, en una jornada que tuvo a Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto, siguiendo el desenlace del debate.
Además del oficialismo, acompañaron el proyecto el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), un grupo de diputados de Provincias Unidas y algunos monobloques.
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Debate por la Ley de Glaciares
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), defendió el dictamen de mayoría y destacó la audiencia pública realizada entre el 25 y el 26 de marzo, que incluyó cientos de expositores, la mayoría críticos del proyecto.
La oposición cuestionó el formato de esa audiencia y anticipó que la norma será judicializada.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), respondió a las críticas y sostuvo que era “materialmente imposible” escuchar en simultáneo a miles de personas.
Según explicó, la reforma busca “aclarar conceptos” sin modificar el “paradigma de protección” y permitir estudios técnicos que hoy el IANIGLA no puede desarrollar en profundidad.
Desde Unión por la Patria, la diputada Adriana Serquis afirmó que el oficialismo defendió la reforma con “datos que no son científicos” y alertó por el impacto sobre las cuencas hídricas.
El jefe de bloque Germán Martínez planteó que su espacio acompaña el desarrollo productivo, pero rechazó que el Estado nacional delegue facultades clave a las provincias.
En el mismo sentido, la massista Sabrina Selva calificó la reforma como “regresiva” y anticipó conflictos interjurisdiccionales.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola aseguró que su bloque denunciará la reforma como una entrega de recursos estratégicos.
Apoyos y críticas cruzadas
Por el MID, Eduardo Falcone anticipó su voto positivo en general, aunque advirtió que la ley permite “desinventariar glaciares”, lo que consideró un error.
El diputado Miguel Pichetto recordó que votó a favor de la norma original en 2010 y rechazó los cambios por entender que la Nación pierde capacidad de control ambiental.
En defensa del proyecto, el radical Darío Schneider sostuvo que la reforma busca perfeccionar atribuciones provinciales sobre recursos naturales, mientras que la diputada del PRO Daiana Fernández Molero pidió superar la discusión binaria entre ambientalismo y producción.
En el cierre del debate, Máximo Kirchner cuestionó el alcance de la reforma y advirtió que el Congreso le otorga “patente de corso” a intereses privados.
Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici afirmó que la norma “armoniza de modo constitucional” las competencias ambientales y provinciales.
Qué cambia con la nueva ley
Con la sanción definitiva, la reforma redefine la protección de glaciares y zonas periglaciales, y habilita nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería.
En la oposición anticiparon que la norma será judicializada y que la Justicia deberá intervenir para definir su compatibilidad con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.
La votación cerró una jornada marcada por el alineamiento de gobernadores mineros con el oficialismo y por un escenario político atravesado por denuncias, pedidos de interpelación y reclamos ambientales que seguirán escalando fuera del Congreso. (BAE, Buenos Aires, 09/04/2026)
Entre la presión minera y los derechos que retroceden
o.- (Paridad en la Macro) El proyecto del Gobierno reabre la disputa entre Nación, provincias y empresas.
La reforma de la Ley de Glaciares vuelve a poner en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿quién decide sobre los territorios y los bienes comunes en Argentina? Bajo el argumento de “dar previsibilidad” a las inversiones, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo avanza sobre uno de los marcos de protección ambiental más relevantes del país. Pero lo hace en un contexto atravesado por presiones políticas, lobbies mineros y una preocupante invisibilización de los derechos de las comunidades indígenas.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es el desplazamiento del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) como autoridad científica independiente. La propuesta habilita a las provincias a redefinir qué glaciares tienen relevancia hídrica y, en función de ello, excluirlos del inventario nacional. En términos prácticos, esto abre la puerta a que intereses económicos locales condicionen decisiones que deberían basarse exclusivamente en evidencia científica. Más aún: si el organismo técnico no convalida esa exclusión, la provincia podría igualmente autorizar actividades sobre esos cuerpos de hielo. De esta manera, la ciencia pasa a ser optativa.
El argumento oficial se apoya en la idea de recuperar soberanía provincial sobre los recursos naturales. Sin embargo, lejos de fortalecer el federalismo, la reforma podría fragmentar la política ambiental y generar una competencia entre jurisdicciones por atraer inversiones a cualquier costo. En ese escenario, las provincias con regulaciones más laxas tendrían ventaja, consolidando una “carrera hacia abajo” en estándares ambientales y debilitando la institucionalidad.
Detrás de esta avanzada normativa hay actores concretos. El sector minero no solo ha cuestionado históricamente la ley vigente -con empresas como Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A. impulsando litigios para declarar su inconstitucionalidad- sino que hoy encuentra en el discurso oficial una reedición de sus principales argumentos: “incertidumbre jurídica”, definiciones “imprecisas” y obstáculos a la inversión. Lo que antes se debatía en tribunales ahora se traduce en una reforma legislativa.
La presión también se articula a través de las provincias mineras. Espacios como la llamada “Mesa del Litio” -integrada por Catamarca, Jujuy y Salta- y la “Mesa del Cobre”, que suma a San Juan y Mendoza, han sido clave para impulsar cambios en la normativa. En diciembre de 2025, estas jurisdicciones solicitaron formalmente modificaciones a la ley, argumentando que su redacción actual “conspira” contra el desarrollo de sus recursos. El Poder Ejecutivo recogió ese planteo casi sin matices.
Pero en este entramado de intereses, hay actores sistemáticamente relegados: las comunidades indígenas. Muchas de las zonas alcanzadas por la ley -salares de litio, territorios cordilleranos- coinciden con territorios habitados por pueblos originarios. La reforma, sin embargo, no incorpora mecanismos robustos de consulta previa, libre e informada, tal como establecen estándares internacionales. Al debilitar la protección de glaciares y ambientes periglaciares, también se afectan fuentes de agua esenciales para estas comunidades, profundizando conflictos territoriales y vulnerando derechos reconocidos.
El proyecto también pone en cuestión compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. La posibilidad de avanzar sobre glaciares con menor control y participación contradice el espíritu de ese acuerdo.
Quienes defienden la reforma sostienen que la ley actual genera trabas innecesarias y desalienta inversiones estratégicas. Señalan, además, que existe una utilización “política” de la norma para frenar proyectos mineros. Sin embargo, incluso voces técnicas han advertido que el verdadero problema no radica en la ley sino en la falta de financiamiento para profundizar estudios científicos que permitan distinguir con mayor precisión las funciones hídricas de cada cuerpo de hielo. En lugar de fortalecer esa capacidad, la reforma opta por flexibilizar las restricciones.
El resultado es un cambio de enfoque: de la protección preventiva a la habilitación condicionada. Y en ese giro, el equilibrio se inclina peligrosamente hacia los intereses económicos.
La Ley de Glaciares no es solo una norma ambiental; es una herramienta de resguardo de recursos estratégicos en un país marcado por la escasez hídrica y la desigualdad territorial. Su reforma, tal como está planteada, no solo redefine competencias entre Nación y provincias, sino también la distribución de poder entre el Estado, las empresas y las comunidades.
El debate que se abre en el Congreso excede lo técnico. Se trata, en última instancia, de decidir si el desarrollo puede construirse debilitando controles, relativizando la evidencia científica y relegando derechos. O si, por el contrario, es posible pensar un modelo productivo que no avance sobre sus propios límites. (BAE, Buenos Aires, 09/04/2026)
Glaciares: Diputados votaba anoche la ley que abre una puerta a inversiones millonarias
o.- (Gustavo Berón) Era un reclamo de las provincias para aumentar la actividad minera.
Con el apoyo del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores aliados, el oficialismo se encaminaba esta madrugada a celebrar un nuevo triunfo en el Congreso, con la sanción definitiva de la Ley de Glaciares.
El proyecto fue empujado por las provincias que integran la Mesa del Litio y del Cobre, que conforman Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. La sesión estuvo precedida por protestas de grupos ambientalistas.
Con el apoyo del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores aliados, el Gobierno se encaminaba, al cierre de esta edición, a lograr un nuevo triunfo en el Congreso con la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa reclamada por las provincias mineras.
El proyecto fue empujado por los gobernadores que integran la Mesa del Litio y del Cobre, que conforman Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. La votación estaba prevista para la madrugada de hoy y por los datos que manejaba el oficialismo se estimada que la reforma contaría con unos 135 votos a favor, entre los libertarios, los aliados y hasta algunos diputa“Tratan dos peronistas. Es que la propuesta impulsada por el Ejecutivo y que tiene la media sanción del Senado también sumaría el apoyo de los tucumanos que están alineados con Osvaldo Jaldo y los misioneros que pertenecen al sector que controla Carlos Rovira, el ex gobernador y jefe político de la provincia que integran el bloque de Innovación Federal, un espacio peronista anti K.
Además, la iniciativa volverá a poner al descubierto la interna de Unión por la Patria porque los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica y la catamarqueña Claudia Palladino estaban anotados entre los legisladores que acompañarían la iniciativa del Ejecutivo.
Los libertarios también se ilusionaban en poder sumar a los mendocinos Emir Félix y Martín Aveiro, pero todo indicaba que ambos iban a rechazar la propuesta como se manifestaron en la previa a la sesión. Félix podría llegar a ser acusado de conflicto de intereses si vota a favor porque junto a su hermano tiene una minera.
A la hora de reunir el quórum para darle inicio a la sesión también hubo algunas divisiones en el interbloque variopinto de Unidos, ya que la santafesina Gisela Scaglia, presidenta del espacio, colaboró con el oficialismo al igual que cordobés Ignacio García Aresca, pese al rechazo de quien fuera su jefe político, Juan Schiaretti.
El oficialismo, además, sumaría el acompañamiento del puntano Jorge “Gato” Fernández, el peronista que se negó a integrar el bloque de Unión por la Patria y armó bloque propio, y a la radical Karina Banfi, pese a que en el Senado su referente Maximiliano Abad votó en contra de la normativa impulsada por el Gobierno.
En tanto, el santacruceño José Luis Garrido, quien ayudó ayer a juntar los 129 para el quórum y firmó el pedido de sesión, también anticipó su apoyo a la propuesta. La incógnita está en cómo votará la neuquina Karina Maureira, quien responde al gobernador Rolando Figueroa, ya que en el Senado, Julieta Corroza se abstuvo cuando se dio la media sanción a la propuesta en la Cámara alta.
El debate arrancó con la defensa del proyecto por parte de los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz, titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, respectivamente.
Peluc, diputado por San Juan, defendió la audiencia pública y aseguró que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, deslizó. Mientras que Mayoraz aseguró que la reforma “no afecta el paradigma de protección de los glaciares”.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó la iniciativa y advirtió que la reforma pone en riesgo la seguridad jurídica de los emprendimientos mineros.
Un poco más preciso fue Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal), quien para fundamentar su voto en contra advirtió que “no hay ningún elemento nuevo, una cuestión técnica que indique la necesidad de los cambios que se incorporan”. Incluso pronosticó que es “una norma inconstitucional que será discutida en el ámbito de la Corte Suprema”. “El argumento de sostener la necesidad de inversiones es falaz porque en los últimos 10 años de vigencia de la ley las inversiones en minería han sido favorables y la producción minera creció un 270%”, completó.
También se manifestó en contra Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien advirtió que la reforma es para “garantizar la impunidad de muchísimos gobernadores, de muchísimos proyectos que hoy no pueden ser llevados adelante en la Argentina”. “Estamos convirtiendo a este Congreso en un templo de mercaderes”, agregó el lilito.
Con la aprobación de esta reforma, los gobernadores ganarán poder porque definirán las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, ya que aportarán la información para realizar el inventario que está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). (Clarín, Buenos Aires, 09/04/2026)
Qué se modifica en la normativa
o.- Permite tareas de explotación minera en el ambiente periglacial.
Con la reforma de la Ley de Glaciares se produce una redefinición de las área protegidas y las zonas habilitadas para la explotación minera otorgando más poder a las provincias. En rigor, con la modificación de la ley 26.639, aprobada en 2010 para proteger a los glaciares y a los periglaciares, los gobernadores tendrán la facultad para determinar si las zonas destinadas a la explotación minera aportan al recurso hídrico.
La nueva ley incorpora el “principio precautorio” y hace una redefinición de los glaciares y periglaciales, que con la antigua normativa eran consideradas como reservas estratégicas. Mientras que la modificación limita el alcance a aquellos glaciares que cumplen una “función hídrica efectiva” y a zonas con suelos congelados que funcionen como reguladores hídricos comprobables.
A partir de esta modificación se autoriza a las provincias a realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciales que no sean proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
En tanto, se mantienen prohibidas, en las áreas identificadas, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias u obras industriales, la dispersión de contaminantes, y la construcción de obras, salvo para investigación científica o prevención de riesgos.
Y se fija que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglacial estarán sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se aclara que las provincias serán las encargadas de determinar las actividades que impliquen una “alteración relevante” y prohibidas.
La normativa modifica el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares. La tarea está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
El organismo tendrá que actualizar el inventario al menos cada cinco años, incluyendo datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación. La cuestión es que el informe se elaborará con información que aporten las provincias.
La nueva ley también podría abrir cuestionamientos judiciales porque si bien el artículo 124 de la Constitución Nacional concede que el dominio sobre los recursos naturales corresponde a las provincias, el 41 fija que la Nación debe dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Esta reforma fue reclamada por los gobernadores de las provincias con mayor interés en el desarrollo minero. Según fundamentaron, la normativa aprobada hace más de 15 años tenía bloqueadas inversiones en regiones del Norte y Cuyo, en el marco del régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI). (Clarín, Buenos Aires, 09/04/2026)
Sale la ley que impulsa fuertes inversiones en minería
o.- (Laura Serra) Se trata de la iniciativa que reforma la legislación sobre glaciares.
Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se encaminaban esta madrugada a convertir en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares. El objetivo es redefinir el área de protección que rodea a los glaciares para habilitar proyectos mineros y darles mayor autoridad a las provincias para su regulación. Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes, incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques anunciaron que votarían en contra de la reforma, el proyecto avanzaba hacia su aprobación.
Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se aprestaban esta madrugada a convertir en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.
Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes –incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma–, los libertarios estimaban que la votación arrojaría entre 135 y 140 votos positivos.
El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, dividió antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insistieron en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro.
Sus detractores, en cambio, enfatizaron que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advirtieron que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera.
Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.
La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hoy prohibidos.
En suma, con esta reforma, las provincias –y sus gobernadores– tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final.
Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en u$s 20.000 M en proyectos mineros.
En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos de la iniciativa, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual –a protección del área glaciar y periglaciar que cumple una función hídrica– “no se modifica” con la reforma.
El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece el federalismo de concertación” al darles la posibilidad a las provincias de realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué áreas periglaciares cumplen una función hídrica relevante y las que no.
“Hoy el Ianigla no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras.
“Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino.
La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo de que las provincias tengan las capacidades técnicas, pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, de que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”.
La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera.
“El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente”, sostuvo.
También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley”, advirtió. “Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, insistió.
“Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo”, acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman.
Los impulsores de la reforma sostienen que la redacción de la ley actual es imprecisa, puntualmente en lo que respecta a la potestad que le confiere la Constitución sobre el dominio de sus recursos naturales. Esta confusión inhibe la posibilidad de potenciar la actividad minera en sus territorios, alegan.
El argumento fue sistemáticamente rechazado por los críticos de la iniciativa, que insistieron en que la ley actual no impidió la producción minera.
“La ley de 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta reforma. Voy a votar en contra de esta ley”, anticipó Miguel Pichetto (Encuentro Federal). (La Nación, Buenos Aires, 09/04/2026)
