Perea aclaró los cambios del RIGI y defendió el alcance de la ley de proveedores

Perea aclaró los cambios del RIGI y defendió el alcance de la ley de proveedores

o.- (Lucas Laciar) El Gobierno nacional modificó la definición de proveedor local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y amplió el alcance para que empresas radicadas en Argentina, incluso con capital extranjero, puedan ser consideradas proveedoras nacionales. Tras el anuncio, referentes de cámaras de proveedores mineros que hablaron con Diario Huarpe plantearon sus posturas y expresaron preocupación por el impacto en las empresas sanjuaninas. Luego, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aclaró los alcances del cambio y su relación con la ley de Desarrollo Local Minero.
El decreto nacional 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, modificó la definición de proveedor argentino. Antes, las empresas debían estar constituidas y domiciliadas en el país y tener al menos el 51% del capital o de los votos en manos de titulares con domicilio fiscal en Argentina. Ahora alcanza con que estén constituidas y domiciliadas en el territorio nacional, sin importar quiénes sean sus propietarios ni el origen de su capital.
Sobre ese punto, Perea explicó:
“Antes, para ser proveedor argentino una empresa debía estar constituida y domiciliada en el país y tener el 51% del capital o de los votos en manos de titulares con domicilio fiscal en Argentina. Ahora basta con la constitución y el domicilio en el país, sin importar quiénes sean sus dueños ni de dónde provenga su capital. El fundamento oficial es integrar a las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos”.
El cupo nacional del 20%
Uno de los aspectos que buscó aclarar el ministro es que la modificación no eliminó ni redujo el compromiso de contratación del RIGI. Los proyectos adheridos deben destinar al menos el 20% de los montos correspondientes a bienes y obras a proveedores argentinos, tanto durante la construcción como en la operación, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado.
“El compromiso de los proyectos no se modifica. Deben contratar proveedores argentinos por al menos el 20% de lo que pagan en bienes y obras, tanto en la construcción como en la operación, si hay oferta nacional en condiciones de mercado”, precisó.
La diferencia está en qué empresas pueden integrar ese porcentaje. Con la nueva definición, también podrán hacerlo las filiales argentinas de compañías extranjeras. Así, las firmas de capital nacional competirán dentro de ese 20% con empresas cuyo capital proviene del exterior, siempre que estén radicadas en el país y cumplan los requisitos.
En ese sentido, Perea fue directo sobre el alcance territorial del compromiso:
“Ese cupo siempre fue nacional, no sanjuanino: para el régimen nacional una empresa de cualquier provincia cuenta igual que una de San Juan”.
La ley provincial sigue intacta
El ministro también diferenció el régimen nacional de la legislación que aprobó San Juan para impulsar a sus proveedores. Según explicó, el Decreto 1366/2026 no modifica la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero ni el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.).
“La ley provincial tiene metas propias, de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores sanjuaninos. Para esas metas solo cuentan los proveedores inscriptos en el RE.PRO.MIN.”, indicó Perea.
En una explicación complementaria, sostuvo que “el Decreto 1366/2026 es una norma nacional: ajusta quién puede contarse como proveedor argentino dentro del cupo del 20% que exige el RIGI en todo el país, pero no toca ni reemplaza la herramienta que San Juan construyó para sus propios proveedores. La ley provincial, con sus metas de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores inscriptos en el RE.PRO.MIN., sigue intacta y es la que realmente protege al proveedor local”, explicó.
En esa línea, Perea planteó que ambos regímenes tienen objetivos diferentes y pueden funcionar de manera simultánea: “Esto activa transparencia regulatoria (un piso nacional y una ambición provincial que conviven sin contradicción) y empleo y desarrollo (la vía real para el proveedor sanjuanino nunca fue el RIGI, es la ley de San Juan)”.
Sobre la puesta en marcha de esa herramienta, el ministro adelantó: “La reglamentación de la ley provincial está por publicarse en breve y con ella el régimen provincial quedará en condiciones de aplicarse”.
El mensaje oficial también insistió en que no deben confundirse los dos regímenes. (Diario Huarpe, San Juan)

 

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