San Juan aprobó el fideicomiso de Vicuña para financiar obras de infraestructura con aportes mineros

San Juan aprobó el fideicomiso de Vicuña para financiar obras de infraestructura con aportes mineros

o.- La Cámara de Diputados sancionó la ley que aprueba el Contrato de Fideicomiso Público “Fideicomiso Aporte DIA Vicuña”, mediante el cual se canalizarán los aportes de Vicuña Argentina S.A. para financiar obras de infraestructura en la provincia. El esquema establece la afectación exclusiva de los fondos a los proyectos previstos en el Acta Compromiso con la empresa, contempla licitaciones públicas y mecanismos de auditoría y control. La iniciativa obtuvo 22 votos afirmativos, dos negativos, siete abstenciones y cinco ausencias.
En el marco de la Cuarta Sesión Especial, realizada el martes 17 de noviembre y presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Enzo Cornejo, el cuerpo legislativo aprobó el contrato y su Anexo I, correspondientes al expediente 2841-2026.
El fideicomiso fue celebrado el 7 de octubre de 2026 entre el Gobierno de San Juan, en carácter de fiduciante, y el Banco de San Juan S.A., como fiduciario. Su objeto es destinar y aplicar los aportes realizados por Vicuña Argentina S.A. al financiamiento de obras de infraestructura elegibles, contempladas en el Acta Compromiso firmada entre la empresa y el Gobierno provincial el 5 de agosto de 2026.
El contrato había sido ratificado mediante los decretos N° 1066-MM-2026 y N° 1472-MM-2026. Su aprobación legislativa completa los compromisos contemplados en la Ley 2836-M y establece el marco institucional para su implementación.
Administración y control de los fondos
La ley establece que los bienes fideicomitidos deberán administrarse y aplicarse exclusivamente conforme a las finalidades previstas en el contrato y su Anexo I, garantizando la trazabilidad de los recursos y la correspondiente rendición de cuentas.
Los proyectos serán seleccionados por un Comité Ejecutivo y ejecutados mediante procedimientos de licitación pública, bajo la normativa provincial de obras públicas. El esquema también contempla registros contables, auditorías externas y supervisión del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá disponer las medidas necesarias para implementar y cumplir la ley, sin modificar el objeto ni las condiciones esenciales del contrato.
Cuestionamientos y posiciones durante el debate
Durante el tratamiento legislativo, los diputados expusieron distintas posiciones sobre el alcance institucional, financiero y territorial del fideicomiso.
El diputado Andrés Castro, como miembro informante, sostuvo que la aprobación completa los compromisos asumidos con la sanción de la Ley 2836-M y brinda respaldo institucional, seguridad jurídica y previsibilidad. Destacó que los fondos tendrán afectación exclusiva a obras de infraestructura elegibles, con procedimientos de licitación pública, registros contables, auditorías periódicas y control del Tribunal de Cuentas.
Desde la oposición, la diputada Marisa López fundamentó la abstención de su bloque al cuestionar la transparencia del contrato, la falta de controles institucionales previos y la escasa participación de los municipios y representantes territoriales. También señaló que no se establecen obligaciones de publicación ni informes anuales a la Legislatura, ni topes para gastos administrativos o de consultoría.
Por su parte, el diputado Mario Herrero adelantó el voto negativo de su bloque. Entre sus objeciones, mencionó modificaciones respecto del modelo aprobado en la Ley 2836-M, cuestionamientos sobre la responsabilidad del fiduciario, posibles mecanismos de financiamiento anticipado mediante endeudamiento y la definición de proyectos estratégicos fuera de la órbita provincial.
En la misma línea, el diputado Jorge Castañeda justificó su abstención al advertir sobre la falta de participación de municipios, intendentes y representantes departamentales en la definición de prioridades. Como representante de Calingasta, planteó la necesidad de que las obras respondan a las necesidades de desarrollo de las comunidades locales y no solamente a los requerimientos del proyecto minero.
En defensa de la iniciativa, el diputado Leopoldo Soler respaldó la facultad del Poder Ejecutivo para gestionar y definir obras estratégicas que beneficien a toda la provincia, y mencionó como ejemplos la Ruta Nacional 40 y obras viales locales.
Finalmente, el diputado Juan de la Cruz Córdoba acompañó la sanción y defendió la necesidad de la aprobación legislativa. Sostuvo que el contrato contempla la jurisdicción de los tribunales ordinarios de San Juan, rendiciones mensuales, auditorías externas anuales obligatorias y la aplicación de la normativa de obra pública.
Con la sanción legislativa, San Juan formalizó el instrumento que permitirá administrar los aportes de Vicuña destinados a obras de infraestructura. Su implementación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el contrato y a los mecanismos de control previstos.
Perea: “San Juan construye un modelo minero con reglas claras y obras concretas”
Tras la aprobación, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, se refirió a la sanción a través de una publicación en sus redes sociales. “La Legislatura sancionó la ley del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, que destinará aportes de la empresa a obras públicas, con licitación, auditoría y control del Tribunal de Cuentas”, expresó. Además, sostuvo que “San Juan construye un modelo minero con reglas claras y obras concretas para los sanjuaninos”. (El Pregón Minero)

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