La Secretaría de Minería avanza en la modernización del régimen de inversiones y busca simplificar los trámites del sector

La Secretaría de Minería avanza en la modernización del régimen de inversiones y busca simplificar los trámites del sector

o.- En una charla organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la entidad, presentó a María Eugenia Báez, directora nacional de Inversiones Mineras, quien explicó los cambios administrativos introducidos en la gestión de la Ley de Inversiones Mineras. La digitalización, la reducción de exigencias burocráticas y una mayor coordinación entre organismos forman parte de una reforma que busca actualizar un régimen con más de tres décadas de vigencia.
La modernización del régimen de inversiones mineras comienza a trasladarse a los procedimientos cotidianos de las empresas
Este fue el eje de la charla organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en la que María Eugenia Báez, directora nacional de Inversiones Mineras, detalló los cambios que está implementando la Secretaría de Minería para simplificar la administración de la Ley de Inversiones Mineras.
La presentación estuvo a cargo de Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la CAEM, quien destacó la importancia de una actualización largamente esperada por el sector.
La reglamentación original, explicó, había sido diseñada para una escala de proyectos, una estructura de proveedores y una administración estatal muy diferentes de las actuales.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue una aclaración:
la Ley de Inversiones Mineras no fue modificada; lo que cambió es la manera en que el Estado la administra. Según Báez, el trabajo desarrollado por la Secretaría durante los últimos años apunta a superar dificultades operativas que impedían que los beneficios del régimen llegaran de manera efectiva a los proyectos.
La actualización del decreto reglamentario y de las normas complementarias se apoya en tres grandes líneas de trabajo:
-simplificación,
-desburocratización y
-trazabilidad.
A esto se suma una mayor interoperabilidad con otras áreas del Estado, para evitar que las empresas deban presentar reiteradamente información que la propia administración pública ya tiene disponible.
La funcionaria señaló que el objetivo es pasar de un esquema basado en expedientes y documentación en papel a procedimientos digitales, con información más concreta y circuitos administrativos mejor definidos.
La reforma también busca que los controles se concentren en el uso efectivo de los beneficios, sin que eso implique multiplicar los requisitos previos para acceder a ellos.
Menos trámites y mayor coordinación
Uno de los ejemplos presentados fue la simplificación del procedimiento previsto en el artículo 21, vinculado con los beneficios para la importación de bienes. El anterior certificado de importación fue reemplazado por una declaración jurada simplificada, que requiere la validación de la Secretaría de Minería y se integra directamente con los sistemas de Aduana.
El cambio elimina la necesidad de que las empresas vuelvan a presentar documentación que ya se encuentra en poder de otros organismos. La validación tiene un plazo previsto de cinco días hábiles y, una vez aprobada, permite utilizar el beneficio cuando se concreta la importación.
Báez explicó que este procedimiento fue uno de los que más necesitaba una revisión, tanto por el volumen de operaciones como por las dificultades que generaba para las empresas mineras y sus proveedores.
La funcionaria también se refirió a la simplificación de las declaraciones juradas vinculadas con la evolución de los proyectos y las inversiones realizadas.
En este punto, destacó la reducción de la información solicitada y la eliminación de campos que no estaban directamente relacionados con los objetivos de la Ley de Inversiones Mineras.
La intención es que cada presentación permita conocer con mayor precisión la situación de cada proyecto y la evolución de sus inversiones, al mismo tiempo que se actualiza el Registro de Inversiones Mineras.
Otro aspecto relevante es la incorporación expresa de los prestadores de servicios mineros al alcance del régimen. Se trata de un reconocimiento a la estructura productiva que sostiene la actividad: la minería no se limita a las empresas titulares de los proyectos, sino que depende de una amplia red de proveedores y prestadores que participan en sus distintas etapas.
La reforma también ordena la convivencia entre la Ley de Inversiones Mineras y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de manera que el ingreso de un proyecto a este último no implique perder su inscripción en el régimen minero. Asimismo, se actualizaron aspectos vinculados con las exigencias ambientales y los mecanismos para acreditar su cumplimiento.
La implementación, el próximo desafío
Más allá de los cambios normativos y administrativos, Báez hizo hincapié en que la simplificación solo podrá concretarse plenamente si quienes utilizan el régimen conocen los nuevos procedimientos y los aplican correctamente.
En ese sentido, reconoció que una parte de las declaraciones juradas presentadas fue desestimada por errores en su confección o por desconocimiento de la información requerida. La experiencia inicial permitió identificar esas dificultades y trabajar con los beneficiarios para reducirlas.
La Secretaría, explicó, también tuvo que reorganizar sus propios equipos y reconstruir información sobre los proyectos y sus respectivas inscripciones. Por eso, la reforma no se limita a modificar formularios: supone un cambio en la forma de administrar el régimen y en la relación entre el organismo y las empresas.
Objetivo
Con ese objetivo, la CAEM y la Secretaría de Minería comenzaron a desarrollar materiales audiovisuales de capacitación para explicar cada trámite.
La primera presentación estuvo dedicada al artículo 21, mientras que las próximas cápsulas abordarán los artículos 18 y 25, vinculados con la información sobre inversiones y su proyección, además de los procedimientos relacionados con la devolución del IVA.
Respecto de este último punto, Báez señaló que se viene trabajando para agilizar un mecanismo que acumulaba importantes demoras. Sin embargo, aclaró que por el momento no está previsto habilitar la transferencia del IVA generado por exploración. La prioridad, sostuvo, es consolidar el funcionamiento del sistema de devolución y evaluar sus resultados.
Durante el encuentro también se informó que las empresas pueden canalizar sus consultas directamente ante la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, cuyos equipos técnicos trabajan con los beneficiarios para resolver las dudas específicas de cada procedimiento.
El desafío
En definitiva, el desafío será lograr que los cambios introducidos se traduzcan en una gestión más previsible y eficiente.
Para un sector que requiere inversiones de largo plazo y decisiones que comprometen importantes recursos, la claridad normativa es una condición necesaria.
Pero, -como reconoció la propia funcionaria- no alcanza con que la simplificación esté escrita en una norma: también debe funcionar en la práctica. (El Pregón Minero)

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