El Gobierno revisará la cuestionada designación en el Consejo de Minería
o.- (Fabrizzio Pizzolatto) El Gobierno de Mendoza abrió una instancia de revisión sobre una de las designaciones del Consejo de Minería, que fue cuestionada este lunes por supuestamente no cumplir con la legislación que rige sobre la conformación del mismo. Se trata de Andrea Florencia Calderón, representante profesional propuesta por el Colegio de Técnicos de Mendoza.
La queja fue planteada de manera conjunta por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG) y la Asociación Geológica de Mendoza. Reclamaron, entre otras cosas, que la Ley 9.529 -la cual planteó la conformación del Consejo de Minería– sugiere que habrá un integrante ingeniero en minas, geólogo, ingeniero especializado con experiencia en minería o un profesional con titulo de grado que acredite una experiencia de cinco años en el sector. Pero la persona electa por el Ejecutivo tiene el título de Maestro Mayor de Obras.
De esta manera, la Dirección de Minería, encabezada por Jerónimo Shantal, ahora emplazó a la entidad que postuló a la consejera a que acredite que cumple con los requisitos establecidos, con sus pertinentes antecedentes académicos y profesionales. En caso de que persista un incumplimiento podría darse de baja su designación y asumir en su reemplazo su suplente, Claudio Ángel Dagne, quien también fue propuesto por el mismo colegio y a la vez es funcionario del Gobierno.
Cómo fue el procedimiento
Desde la Dirección de Minería defendieron el mecanismo implementado para la conformación del nuevo Consejo, al señalar que se trató de un procedimiento diseñado para reducir la discrecionalidad en la selección de los representantes técnicos. Teniendo en cuenta que es potestad del Ejecutivo esa designación y que en esta oportunidad decidieron integrar a los perfiles profesionales, algo que no había sucedido en los antecedentes del Consejo.
Con la reglamentación de la Ley 9.529 mediante el Decreto 2.130/24 y la posterior Resolución 32/25, el Ejecutivo amplió la participación de colegios y entidades profesionales para que fueran esas instituciones las encargadas de proponer candidatos. También les delegó la validación de los antecedentes profesionales y el cumplimiento de los requisitos técnicos que exige la normativa. Esto, a fines de hacer participativo el proceso, independientemente de que como organismo de control tiene la responsabilidad final del cumplimiento legal.
El Gobierno abrió esa participación al Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos; Colegio de Agrimensura de Mendoza; Colegio Notarial de Mendoza; Colegio de Ingenieros de Minas; Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Colegio de Técnicos en Seguridad e Higiene; Centro de Ingenieros de Mendoza; y a la Comisión Fundadora de profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente.
Cada entidad debió presentar un titular y un suplente con la documentación respaldatoria correspondiente. Posteriormente, el Gobierno verificó los requisitos administrativos y realizó un sorteo para establecer una terna definitiva. Sobre esa terna, finalmente el Ejecutivo eligió la opción que consideró mejor. Como la designación es su potestad, no justificó los argumentos por los cuales optó por Calderón y Dagne, designación entre postulantes que integraban la terna.
Según explicó Shantal, el objetivo fue protocolizar el proceso y evitar que la evaluación de los antecedentes profesionales quedara sujeta exclusivamente a un criterio discrecional del Poder Ejecutivo.
No obstante, el reclamo de los colegios abrió la puerta para la evaluación del cumplimiento inicial de la norma, y por tal motivo, la Dirección de Minería decidió requerir explicaciones a la entidad que postuló a la consejera.
La aclaración sobre el sorteo
Otro de los puntos cuestionados por el Colegio Profesional de Ingenieros y Geólogos fue el resultado del sorteo realizado el pasado 23 de mayo. Pero desde el Ejecutivo aclararon que ese sorteo funcionó como un mecanismo de selección entre los postulantes de las siete entidades que habían presentado postulaciones. De ese procedimiento surgieron las tres instituciones que conformaron la terna elevada al Poder Ejecutivo. Una vez integrada esa nómina, el Gobierno tenía la facultad legal de designar a cualquiera de sus integrantes, independientemente del orden en que hubieran resultado sorteados.
Esto debido a que el Código de Procedimiento Minero atribuye al Poder Ejecutivo la competencia para efectuar los nombramientos.
Además, indicaron que no hubo impugnaciones presentadas a este procedimiento y de hecho tampoco hubo representantes del Colegio Profesional de Ingenieros y Geólogos presentes durante el acto.
Qué puede pasar ahora
El Gobierno aguardará la respuesta del colegio profesional que postuló a la consejera.
Si la entidad acredita que la designación cumple con los requisitos previstos por la Ley 9.529, la integración del Consejo continuará sin modificaciones. En cambio, si se determina que la postulación no reunía las condiciones exigidas por la norma, avanzará la asunción del suplente.
Sobre ese reemplazante, Shantal explicó que al momento de su postulación no integraba el Ejecutivo provincial. Posteriormente asumió funciones en la Dirección General de Escuelas, aunque sostuvo que esa situación no configura una incompatibilidad, ya que el cargo en el Consejo de Minería es ad honorem. También precisó que mantiene vigente su matrícula profesional.
La revisión iniciada por la Dirección de Minería constituye una segunda instancia de evaluación de esta conformación del Consejo, luego de que el representante titular de los abogados, Diego Silvestre, fuese descubierto conduciendo con una alta graduación alcohólica. Escándalo por el cual tuvo que renunciar a su cargo en el ETI de San Rafael. (El Sol Mendoza)
