90/10: el nuevo paradigma de la minería santacruceña
o.- El presidente de la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), Amadeo Gravino, compartió en LinkedIn una reflexión sobre el debate del 90% de compre y empleo local
Transcribimos su reflexión
El debate sobre el 90% de compre y empleo local suele plantearse en términos binarios: a favor o en contra, imposición o resistencia. Sin embargo, esa mirada simplifica un tema que es mucho más profundo.
El 90/10 no es una consigna ideológica ni una bandera política. Es, en realidad, una oportunidad para ordenar la minería y darle sostenibilidad territorial. Si no prospera, no pierde un único actor del entramado productivo ni un partido político: pierde la minería como actividad; pierden los trabajadores mineros y los vecinos santacruceños, pierden las pymes de la provincia, pierde el Estado provincial y pierden las operadoras.
Desde una lógica productiva, económica y territorial, una minería integrada al territorio debería tender naturalmente a abastecerse mayoritariamente de proveedores locales y a emplear mano de obra del propio territorio. Por cercanía, menores costos logísticos, conocimiento del entorno y arraigo, ese resultado es esperable cuando el sistema está bien diseñado.
La pregunta entonces no es si el 90/10 es correcto .
La pregunta es por qué, después de más de treinta años de minería en Santa Cruz, no se llegó a ese esquema de manera natural.
Parte de la respuesta está en la propia lógica del negocio minero. Las operadoras no tienen en su ADN el compre ni el empleo local. Su objetivo principal es reducir el riesgo operativo, maximizar la producción, minimizar costos y asegurar rentabilidad para sus accionistas, de modo que continúen inyectando capital. En un mercado global altamente competitivo, esto no es una falla ética ni una omisión deliberada: es el marco bajo el cual operan las multinacionales extractivas para asegurar su supervivencia, y este sistema se replica en otras regiones del mundo.
A esto se suma un rasgo estructural de la actividad: la urgencia permanente. La minería opera en modo crítico. Todo es para ayer. Cada decisión busca asegurar continuidad operativa y evitar desvíos. En ese contexto, no hay tiempo para procesos largos de desarrollo, aprendizaje local o construcción progresiva de capacidades. Se decide rápido, se prioriza lo conocido y se avanza. El desarrollo local, si no está previsto desde el inicio, queda relegado.
Justamente por eso, el rol del Estado es central.
Durante muchos años, en Santa Cruz no se fijaron políticas sustanciales, sostenidas y exigibles de compre y empleo local que marcaran un rumbo previsible. En ese entonces, la actividad dominante era el petróleo. Había trabajo en el Estado, obras públicas en ejecución y la actividad petrolera traccionaba al sector privado. El derrame existía, con sus virtudes y defectos, pero alcanzaba. La minería era una actividad marginal, quedaba fuera del centro de la agenda y operaba sin mayores condicionamientos.
El modelo se consolidó así. Y cambiar esa inercia hoy no es sencillo.
A esto se suma el contexto actual: minas maduras, crisis económica y alta sensibilidad social. En ese escenario, cualquier cambio requiere mecanismos de relojería. Normativas que sean percibidas como imposiciones —aun cuando sean necesarias y conceptualmente correctas— pueden generar rigidez, resistencia y efectos no deseados, reforzando los mecanismos que hoy sostienen las cuestiones de fondo que se intentan resolver.
Por eso, si bien el 90/10 es un objetivo acertado, lógico y necesario, su consolidación requiere la participación de todos los actores en la planificación y en la estrategia de implementación. El camino importa y va a definir el éxito de la medida. Si el esquema no se implementa respetando los tiempos que el proceso requiere, no solo fracasa: debilita la actividad que busca fortalecer.
El desarrollo productivo no puede ordenarse por decreto.
Se construye.
Lograr una minería integrada al territorio requiere instancias reales de trabajo conjunto y el compromiso de todos los actores para revisar criterios de compra y contratación, y diseñar un plan destinado a fortalecer la participación de las pymes y los trabajadores locales, con tiempos definidos, acciones consecutivas, hitos medibles y responsabilidades compartidas.
En ese sentido, quienes conocemos la actividad desde adentro —en distintos roles y etapas— estamos dispuestos a participar activamente en esas instancias. Desde CAPROMISA, cámara que nuclea a proveedores de la minería en Santa Cruz, sabemos que este cambio de paradigma es clave para que la actividad minera pueda seguir creciendo. Por eso ponemos a disposición conocimiento técnico, experiencia operativa y una mirada realista del funcionamiento del sector, con el objetivo de contribuir al éxito de la medida.
El propósito es claro: fortalecer a los trabajadores y a las empresas locales para, en consecuencia, potenciar la actividad minera. Un esquema 90/10 correctamente implementado no solo mejora los indicadores sociales, sino que en el mediano y largo plazo reduce costos logísticos, disminuye la conflictividad, ordena la cadena de valor y genera condiciones más atractivas para nuevas inversiones.
El desarrollo local no es un obstáculo para la minería
Bien diseñado, es uno de sus principales activos.
Si el 90/10 se consolida, puede convertirse en una de las mayores oportunidades para la minería santacruceña. Si no logra consolidarse, el costo no será sectorial ni coyuntural: será estructural.
Porque en Santa Cruz, si el 90/10 fracasa, perdemos todos: pierde la minería, pierden los trabajadores y los vecinos santacruceños, pierden las pymes de la provincia, el Estado y las operadoras mineras. (El Pregón Minero)
