El Gobierno estima que el juicio por YPF se cerrará antes de fin de año
o.- (Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen) Los abogados creen que es casi nula la posibilidad de que prospere una apelación del fondo Burford ante la Corte de EE.UU.
El juicio del siglo contra el Estado argentino podría terminar definitivamente antes de fin de año. Los estrategas legales del Gobierno creen que, pese a que el fondo Burford buscaría apelar en la Corte Suprema de los Estados Unidos el traspié que sufrió el martes en los tribunales de ese país, las posibilidades de que ese paso prospere son prácticamente nulas, lo que clausuraría así un multimillonario litigio de más de u$s 18.000M, el más grande contra el país. Fuentes oficiales contaron a La Nación que, luego de que el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazara anteayer el reclamo de Burford, el fondo inglés tiene 90 días legales para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia del país que dirige Donald Trump. Ese tribunal, estimaron las fuentes, podría tomarse luego entre dos o tres meses para definir si toma o no el caso. Este medio se comunicó con los voceros del fondo inglés para preguntar qué decisión tomarán, pero hasta el momento no tuvo respuesta. En el Gobierno no tienen dudas de que apelarán la medida para “ganar tiempo”.
Pero la Corte de Estados Unidos toma entre 70 y 100 casos por año y todos tienen un interés federal. Los estrategas legales argentinos consideran que existen muy pocas posibilidades de que la Justicia norteamericana haga lugar a un tema en el que se debate el derecho societario argentino. Le asignan algo así como un “2% de chances”. En ese camino, los técnicos que diseñaron la estrategia de la causa se esperanzan con que el juicio se cierre antes de que termine 2026.
En la Procuración del Tesoro, que dirige Sebastián Amerio, seguirán teniendo un arduo trabajo, ya que quedan por resolver, por caso, el litigio por el Cupón PBI en Londres. Se trata de una denuncia por 1330 M de euros (se actualiza por tasa Euribor). Aquí ya el Gobierno dejó 30 M de euros en garantía. Además, se trabaja en el cierre de causas que quedaron del default de 2001. Por eso, se envió un proyecto al Congreso –hay dictamen– para clausurar acuerdos por u$s 67 M para Bainbridge y u$s 104 M para Attestor. Hubo reducción de la deuda de más del 30%. En el Gobierno creen que habrá apoyo político para avanzar.
El 27 de marzo, después del fallo de segunda instancia que fue favorable a la Argentina, Burford había anunciado que evaluaba pedir la revisión en pleno, proceso que perdió. Y había adelantado que “eventualmente” iría a la Corte Suprema de los Estados Unidos y al Ciadi (tribunal del Banco Mundial).
“Rara vez concede tales solicitudes”, había dicho el fondo inglés sobre la posibilidad de que la Corte norteamericana tomara su caso contra la Argentina, si la cámara rechazaba el pedido de revisión.
La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había rechazado el pedido presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina. “La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, indicaron en la Procuración.
“Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, se estimó en el comunicado.
El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el país en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó en primera instancia a pagar una indemnización superior a los u$s 16.100 M más intereses.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que se violó el estatuto de YPF en la estatización de 2012, al no respetarse los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. Y le ordenó al país pagar una compensación, aunque eximió de responsabilidad a YPF.
Todas las partes apelaron el fallo y en octubre de 2025 hubo una audiencia en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que se escucharon los argumentos de los abogados del Estado, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen. De los tres jueces de la Cámara, José Cabranes votó en contra de la Argentina y respaldó la decisión de Preska, pero Denny Chin y Beth Robinson fallaron a favor; dijeron que el foro correcto para tratar el caso era Nueva York, pero que Preska había interpretado incorrectamente la ley argentina.
En la apelación, la defensa argentina había presentado varios argumentos. El primero sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. El segundo argumento era técnico y apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostenía que Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.
Ese fue el argumento más sólido, ya que el Tribunal de Apelaciones en su fallo final dijo que la ley de expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una operación de esa naturaleza. Además, señaló que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma. (La Nación, Buenos Aires, 04/06/2026)
El Gobierno estima que el juicio por YPF se cerrará antes de fin de año
