Otra deuda de u$s 30.000 millones presiona el programa de Javier Milei
o.- (Santiago Spaltro) Son los juicios contra el Estado por default y expropiaciones. Recta final para el caso YPF.
El default de la deuda en 2001, las expropiaciones de activos estratégicos que el Estado nacional había privatizado en los ’90 y la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con la alteración de los datos oficiales todavía siguen siendo una pesada mochila para las cuentas públicas de la Argentina. El Estado tiene deuda por casi u$s 30.000 M a pagar, y los juicios se aceleran.
Según Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la Argentina ya afronta sentencias no apelables por u$s 2.450 M y un fallo apelable por u$s 16.100 M (del fondo Burford, que compró los derechos de litigio por la estatización de las acciones de YPF a las sociedades que el grupo Petersen armó en España).
También espera sentencia por otros casos, que tendrían un costo de u$s 10.250M, para una suma acumulada de u$s 28.800M.
El juicio por YPF, que tuvo su fallo hace casi un año, ya acumuló intereses por u$s 850M, mientras el Estado dilata una estrategia para hacer frente a una negociación con Burford que achique el costo a pagar.
El costo del default y las expropiaciones
Desde el 2000, contabiliza Maril, la Argentina pagó 16.850 millones de dólares, por lo que el costo total de las decisiones políticas administrativas de suspender los pagos de la deuda y revertir algunas privatizaciones alcanzó los u$s 45.650M. Equivale a otra deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Claro que la cuenta, vista desde el otro lado del mostrador, no puede registrar el impacto de esas decisiones en el tiempo. La más notoria es el caso YPF: a partir de la maduración de sus inversiones en Vaca Muerta desde 2013 y el desembarco de los privados, el país tendrá superávit comercial energético por unos u$s 5.000 M este año, una cifra que irá en ascenso y puede llegar a los u$s 25.000 M anuales durante la próxima década.
Así se generarían las divisas para refinanciar la deuda externa y también pagar los juicios, y es por eso que Burford quiere que la jueza Loretta Preska, de Nueva York, Estados Unidos, declare a YPF como “alter ego” del Estado; lo sostiene con argumentos como por ejemplo que el Gobierno interviene en los precios de los combustibles y los lugares donde aloca inversiones la compañía.
Conocedor de que es sumamente improbable ejecutar la sentencia, el fondo busca -como objetivo de máxima- quedarse con la empresa y sus activos. El viernes 6 de septiembre todas las partes del caso presentarán sus argumentos finales.
En el último mes, el Estado perdió en Estados Unidos y en Gran Bretaña la apelación por haber modificado el cálculo de la actividad económica en 2013, que incidió para no pagar el “cupón PBI” por u$s 1.500 M y recibió sentencia sumaria por deuda en default que tenían los holdouts -o “fondos buitre”- por u$s 140M.
Además, tuvo resultado negativo en la certificación del fallo por la estatización de Aerolíneas Argentinas, que estaba en 2008 en manos del grupo español Marsans, y tuvo un costo de u$s 340M; y también perdió la apelación por el embargo de activos soberanos en Estados Unidos por u$s 420M, recuerda Maril. (Clarín, Buenos Aires, 25/08/2024)
