YPF: novedades del proceso judicial de discovery, en la Justica de Nueva York
Insólito: jueza de Nueva York ordena entregar mails de Caputo y Massa en la causa YPF (I)
o.- (NA) Busca probar que el país manejó el precio de los combustibles. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó a la Argentina entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios -incluidos Luis Caputo y Sergio Massa- para intentar probar que hayan manejado los precios de los combustibles.
La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar u$s 16.100 M a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi u$s 900M), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.
El argumento de Burford es que YPF es “alter ego” del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera como de los objetivos políticos del gobierno de turno.
Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor -ex candidato a presidente-, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.
La medida se enmarca en el “discovery” autorizado en febrero para buscar información desde el 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York.
El objetivo es poder acceder a activos argentinos, como el oro que trasladó Caputo al exterior.
Según la presentación, la Argentina “se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)”.
Para los demandantes, “el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales”.
Y si bien el Gobierno ofreció revisar sólo las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que “no son suficientes”.
El argumento es que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son “esenciales” para establecer el control del gobierno sobre esas entidades.
Burford compró en España el derecho a litigar contra la petrolera, luego de que dos empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) con acciones en YPF fueran a la quiebra y renunciaran a hacerle juicio al Estado por la expropiación. (El Pregón Energético, 06/09/2024)
YPF: la justicia de EE.UU. accede a entregar whatsapp y datos personales de altos funcionarios
o.- (Florencia Barragan) Es en el marco del proceso judicial de discovery. Los demandantes buscan probar que YPF o el Banco Central son “alter ego” del Estado argentino y así poder acceder a embargos. Están particularmente interesados en Luis y Santiago Caputo, Sergio Massa y Guillermo Michel.
En la audiencia que se llevó a cabo esta semana, inicialmente la jueza accedió a que se entregara información personal del ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo, y el exministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, ante el pedido de los abogados argentinos, luego “reservó su decisión hasta un nuevo cruce de cartas”, escribió en X Sebastián Soler, ex miembro de la Procuración del Tesoro. Sin embargo, fuentes cercanas a la causa consideran que en las próximas semanas la jueza podría conceder la información.”
Inicialmente, la defensa argentina había accedido a entregar los correos electrónicos laborales de 18 funcionarios y exfuncionarios argentinos. Luego, los demandantes reclamaron sumar a otras 12 personas vinculadas a la gestión de gobierno, en conjunto con sus datos personales, como mails propios y hasta sus WhatsApp. Eso es justamente lo que la jueza definió esta semana. Preska accedió a que se entregue información adicional de otros dos exfuncionarios: quien fuera secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, número dos de Massa.
En la transcripción literal de la audiencia se observa que inicialmente la jueza había accedido a que se entregue información del ministro Caputo, su sobrino y asesor presidencial, Santiago Caputo, y el exministro Massa. Sin embargo, ante el pedido de los abogados argentinos, “postergó su decisión sobre Luis y Santiago Caputo, Sergio Massa y Guillermo Michel, y pidió más escritos de las partes”. En la transcripción literal, se observa que los abogados de Burford piden particularmente por 4 nombres: Luis y Santiago Caputo, Massa y Michel.
Michel era hasta diciembre el titular de la Aduana y el funcionario más cercano a Massa. En tanto, la jueza rechazó que haya que entregar información del exsecretario de Legales de Economía, Ricardo Casal, de Rita Tanuz, quien estaba en el gobierno anterior en la Secretaría de Legales y de la actual funcionaria Mariela Beliansky, subsecretaria de Planeamiento Energético. Mientras que postergó la decisión sobre los pedidos que se hacen en: Eduardo “Wado” De Pedro, exministro de Interior, Matías Tombolini, exsecretario de Comercio, y Julio Vitobello, exsecretario General de la Presidencia.
Además, Maril consideró, expresa El Cronista: ´Faltan decidir las palabras claves de la búsqueda de información de estos funcionarios y exfuncionarios. Esas palabras claves las están negociando entre las partes´. En tanto, Sebastián Maril, abogado de Research For Traders, sumó otro condimento al caso: “El DNU del Gobierno argentino sobre el acceso a la información pública, publicado el mismo día de la Orden de la Juez Preska, puede ser visto como una obstrucción del Gobierno al discovery de los beneficiarios del fallo YPF”. (El Cronista, Buenos Aires, 06/09/2024)
Fallo contra el Estado: la historia de un desmanejo millonario
o.- Socios argentinos. Los Eskenazi.
1999
El camino a la privatización de YPF había comenzado en 1990. El 23 de junio de 1999, Repsol, que tenía el 15% de YPF, compró el resto de las acciones. Pagó unos u$s 12.000 M de los cuales u$s 853 M fueron para el Estado y u$s 1.000 M para las provincias petroleras. Según el diario El País desde 1999 hasta 2011, puso más de u$s 20.000 M en inversiones. Hacia fines de 2011, Repsol era dueña del 57,4% de YPF y compartía la posesión junto con Grupo Petersen.
2007
Antoni Brufau, presidente de Repsol-YPF, afirma que se vende el 25% de YPF a un argentino. Los gobiernos de España (el socialista José Luis Rodríguez) y Néstor Kirchner, ratifican su apoyo. El dueño del grupo Petersen, Enrique Eskenazi, compra el 25% de las acciones con préstamos de bancos. Eskenazi era dueño del Banco de Santa Cruz de donde conocía a la familia Kirchner. Sebastián Eskenazi, hijo de Enrique, negociaría años posteriores con el Gobierno.
2012
El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Kirchner presentó el proyecto de ley «De la soberanía hidrocarburífera de la Argentina» que dispone la estatización parcial de YPF, desplazando a Enrique Eskenazi y su hijo, Sebastián. En abril de 2015 Petersen Energía inician el caso en la justicia de EE.UU.
2023
Para EE.UU. Argentina violó el estatuto de YPF al expropiarla. (Clarín, Buenos Aires, 06/09/2024)
