Explotación Petrolera en las Islas Malvinas
La cruzada por Malvinas enfrió la llegada de un fondo canadiense al país. Qué va a hacer Milei
o.- Freno a las inversiones. El grupo Canaccord canceló la llegada de sus ejecutivos al país luego de quedar incluido en el procedimiento abierto por Cancillería, que abarca a 45 accionistas. La paradoja que enfrenta el Gobierno.
La ofensiva del Gobierno contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas empezó a mostrar un efecto que hasta ahora aparecía apenas como una posibilidad: las sanciones pueden alcanzar a grupos que, al mismo tiempo, tienen inversiones o negocios en sectores que Javier Milei busca impulsar en la Argentina. El fondo canadiense Canaccord canceló la llegada de sus ejecutivos al país luego de quedar incluido en el procedimiento abierto por Cancillería y encendió una pregunta incómoda para la Casa Rosada: ¿qué hará el Gobierno si la defensa de la soberanía empieza a interferir con las inversiones en minería y Vaca Muerta?
Canaccord Genuity Limited debía participar de la recepción de bienvenida del Energy Week realizada en la embajada de Canadá, junto con la Bolsa de Toronto. Sus ejecutivos finalmente decidieron no viajar. El grupo figura entre las 45 empresas y accionistas contra los cuales Cancillería inició procedimientos sancionatorios por actividades hidrocarburíferas no autorizadas alrededor de las Islas Malvinas. Su vínculo aparece a través de Eco Oil & Gas, que controla a JHI Associates y JHI Falklands, licenciatarias en las islas.
El problema para el Gobierno es que Canaccord no tiene intereses exclusivamente vinculados con el Atlántico Sur. El grupo también posee presencia en el negocio del litio en Salta y sus representantes planeaban aprovechar su visita para buscar socios y ampliar sus negocios en el país. El episodio muestra así una primera consecuencia concreta de una estrategia que puede terminar chocando con otra de las prioridades económicas de Milei: atraer capital extranjero hacia energía y minería.
La situación podría volverse todavía más compleja porque la industria energética funciona mediante una extensa red internacional de proveedores, financistas, aseguradoras, auditoras y empresas de servicios. Las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos alrededor de Malvinas pueden participar también en emprendimientos dentro del territorio argentino. Los mismos bancos internacionales que financian operaciones petroleras pueden evaluar proyectos en Vaca Muerta, mientras aseguradoras y reaseguradoras trabajan simultáneamente con diferentes compañías del sector.
El ejemplo más evidente es Bluewater Energy Services.
La empresa holandesa fue incorporada a la ofensiva argentina por su participación como proveedor estratégico de infraestructura del proyecto Sea Lion: alquiló por 20 años el buque de producción Aoka Mizu. Pero Bluewater también tuvo participación directa en una infraestructura estratégica para Vaca Muerta, ya que construyó las 2 monoboyas del terminal marítimo del oleoducto VMOS, que conecta la formación neuquina con Punta Colorada, Río Negro.
Ahí aparece el dilema. Milei anunció que buscará endurecer la Ley 26.659 y ampliar las consecuencias contra quienes presten servicios a las compañías que explotan hidrocarburos sin autorización argentina. Además, incorporará declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para impedir que accedan a esos beneficios empresas involucradas en actividades que desconozcan la soberanía argentina.
Pero cuanto más se extienda la definición de proveedor, mayor será la posibilidad de encontrar empresas que también tengan negocios dentro de la Argentina. Una aplicación amplia podría obligar al Gobierno a elegir entre sostener hasta las últimas consecuencias el régimen sancionatorio o establecer límites que eviten afectar proyectos considerados estratégicos para su programa económico.
Algunas multinacionales ya comenzaron a tomar distancia. SLB, la ex Schlumberger, que participó del primer pozo exploratorio, pero actualmente no opera en las islas, ratificó ante las autoridades argentinas el cumplimiento de la normativa local y descartó vínculos contractuales o técnicos con las compañías involucradas actualmente en el desarrollo de Malvinas.
El Gobierno consiguió inicialmente afectar a quienes impulsan Sea Lion. Tras los anuncios presidenciales, las acciones de Rockhopper llegaron a caer 10 por ciento durante la rueda de Londres, mientras Navitas también retrocedió en Tel Aviv. Sin embargo, ambas compañías ratificaron que continuarán con el proyecto y sostuvieron que los acontecimientos no modificarán su cronograma.
Sea Lion contempla una primera fase de inversión por u$s 1.800 M y el comienzo de la producción en 2028. El desarrollo prevé extraer alrededor de 50.000b/d.
El procedimiento argentino, mientras tanto, comienza con una investigación administrativa de Cancillería y puede terminar con el expediente en la Procuración para evaluar acciones penales contra los directores de las compañías involucradas.
El desafío para Milei empieza cuando las sanciones salen del perímetro de Rockhopper y Navitas. El costo económico cambia cuando aparecen fondos, bancos, aseguradoras o proveedores internacionales con negocios a ambos lados de la disputa. Canaccord ofrece una primera señal concreta: una empresa que venía a buscar oportunidades de inversión decidió directamente no viajar.
Si esos casos empiezan a multiplicarse, el Gobierno tendrá que definir hasta dónde está dispuesto a llevar su política. La paradoja es que la misma administración que construyó buena parte de su estrategia económica alrededor de la llegada de inversiones extranjeras podría terminar colocando restricciones sobre algunas de las compañías capaces de financiarlas.
La ofensiva por Malvinas abrió así un frente inesperado para Milei: sostener las sanciones sin que terminen golpeando a los sectores que presenta como motores de su modelo económico. (Página 12, Buenos Aires, 10/09/2026-00:01hs)
La Justicia aceptó intervenir en una causa contra las petroleras
o.- (Martín Angulo) La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó ayer un planteo de ex combatientes de Malvinas para decidir si suspende la exploración de petróleo del proyecto Sea Lion que llevan adelante en la zona las empresas de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, a quienes el gobierno de Javier Milei busca sancionar y que denunció penalmente.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada se declaró competente para intervenir en una causa que inició este año el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata- (CECIM) por el presunto daño ambiental que ambas petroleras estarían realizando en el mar Argentino y en las islas del Atlántico Sur y que reclaman que se dicte una medida que suspenda los trabajos de ambas compañías.
“Que el objeto de la pretensión consiste en que las demandadas se abstengan de iniciar y/o continuar las obras, instalaciones, perforaciones y demás intervenciones vinculadas a dicho emprendimiento mientras no se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, explicó la jueza en su resolución.
La causa es distinta a la que esta semana inició el gobierno nacional contras las empresas petroleras que exploran en Malvinas. Esa es una denuncia penal para que se investigue a las compañías por posibles delitos de acción pública.
Incluso en las últimas horas se supo que el Gobierno evalúa incluir la explotación pesquera en el nuevo régimen de sanciones por Malvinas que enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja en extender a esa actividad parte del esquema que prepara para endurecer las penas contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones sin autorización argentina en las islas.
El expediente que tramita en Tierra del Fuego es el primera que podría tener una resolución contra Rockhopper y Navitas en el corto plazo. Los ex combatientes reclamaron una cautelar que la ley marca que debe ser resuelta en poco tiempo para evitar que continúe el daño denunciado.
La jueza Borruto adelantó en su resolución que lo hará luego de recibir una serie de informes y medidas, entre ellas que el gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella, tenga intervención en el expediente.
Milei anunció la semana pasada en cadena nacional sanciones a las empresas que exploran petróleo en Malvinas y que desde 2028 estarán en condiciones de explorarlo.
Todo en el contexto de la reafirmación de la soberanía argentina en Malvinas, lo que generó controversia con el Reino Unido. Después de la cadena nacional, Rockhopper y Navitas dijeron que van a continuar con la exploración porque tienen el aval de las autoridades de Malvinas y del Reino Unido. (Clarín, Buenos Aires, 10/09/2026)
La JUSTICIA se declaró COMPETENTE
o.- La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina.
En un dictamen de alto impacto, la jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado frente a la costa de las Islas Malvinas. (La Nación, Buenos Aires, 10/09/2026)
Luz, cámara, Malvinas
o.- (Carlos Pagni) Dos novedades internacionales están modelando la estrategia de Javier Milei para defender, como obliga la Constitución, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La primera es la divergencia cada vez más profunda entre los Estados Unidos e Israel, por un lado, y el Reino Unido, acompañado por Francia y Canadá, por otro, respecto de los conflictos de Medio Oriente. Es imposible saber qué duración tendrá ese entredicho entre antiguos aliados. La otra novedad es el atractivo económico de Vaca Muerta.
Ese interés por el yacimiento es utilizado por el Gobierno como herramienta de presión para inhibir a las petroleras que quieran hacer negocios con los “kelpers”.
La escena que se configuró a partir de estos factores, que tienen alcance muy diverso, fortalece una decisión que Milei parece haber tomado hace ya tiempo. Él está relativizando la estrategia fundada por Miguel Ángel Zavala Ortiz durante el gobierno de Arturo Illia, que consistió en apostar a las negociaciones con Londres en el marco de las Naciones Unidas. El Presidente está más próximo al curso de acción que prefirió el kirchnerismo: ejercer una especie de embargo sobre la población de las islas acorralando con sanciones a los potenciales inversores que quieran hacer negocios habilitados por el gobierno usurpador.
El desencuentro de los Estados Unidos e Israel con el Reino Unido tuvo una manifestación muy elocuente en marzo pasado, cuando el gobierno laborista de Keir Starmer se negó a autorizar al de Donald Trump a utilizar la base militar de la isla Diego García para atacar a Irán. Más agresivo que ese veto fue el argumento en que se sostuvo: Irán no era el agresor, sino el agredido. Si se repasa la historia de la alianza militar norteamericano-británica, esa fue una diferencia de primera magnitud. En ese contexto apareció un cable del Pentágono que insinuaba que Washington podría revisar su neutralidad en el diferendo por Malvinas.
El episodio ligado a la guerra contra Irán se inscribe en una tensión más amplia: la decisión de Trump de replegar a los Estados Unidos de su rol de garante de la defensa atlántica, exigiendo un mayor aporte económico europeo al sostenimiento de la OTAN. También en este punto Londres está enfrentada con Washington. El gobierno laborista se niega a hacer los recortes fiscales a los que estaría obligado si tuviera que contribuir, como pretende Trump, con 3% de su PBI al sostenimiento de la organización militar aliada. El actual primer ministro, Andy Burnham, promete cumplir con ese requisito para 2035. Pragmáticos, los ingleses se proponen arrastrar los pies hasta que Trump abandone la Casa Blanca. Como si la retracción norteamericana fuera una ocurrencia exclusiva del actual presidente.
En este clima de desavenencia, la semana pasada Trump repitió los términos de aquel cable del Pentágono. Milei, impulsado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, le tomó la palabra y lanzó una iniciativa política que ocupa hoy los principales esfuerzos de la administración.
A esta divergencia se agregó la crítica del Reino Unido, Francia y Canadá contra Israel por la expansión de los asentamientos de colonos sobre Cisjordania.
La posición tradicional del Reino Unido es que la ocupación israelí sobre esos territorios de Cisjordania viola el derecho internacional. Además de ratificar esa tesis, el gobierno del laborista Andy Burnham propuso castigar a las compañías que faciliten el establecimiento de israelíes en esa región. El principal argumento de Burnham es que Israel dificulta la existencia de un Estado palestino con territorio en Cisjordania y Gaza. Además, denuncia que la ocupación se realiza con violencia.
Burnham es criticado por la oposición conservadora, que alerta sobre el costo que puede tener para Gran Bretaña un conflicto con Israel y con empresas que operen en la Cisjordania ocupada.
La reacción en Israel ha sido, siguiendo a Trump, utilizar la usurpación de las Malvinas como argumento contra Londres. En un juego de espejos, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, pidió a Benjamin Netanyahu que sancione al Reino Unido por la anexión ilegal de Malvinas.
La defensa británica en el Parlamento es muy significativa para la disputa con la Argentina: el avance de los colonos israelíes no sería igual a la presencia del Reino Unido en las islas porque es resistido por el pueblo palestino. En otras palabras, los británicos apelan al principio de autodeterminación de los pueblos, al deseo de la población radicada en las tierras en conflicto. Es una diferencia importantísima con la diplomacia argentina, que siempre ha considerado que los “kelpers” no son el “pueblo” de Malvinas, sino una población implantada por una apropiación ilegal. Para dirimir la soberanía se pueden tener en cuenta los intereses de los habitantes, pero no sus deseos. De este debate depende, entre otras cosas, qué comité de las Naciones Unidas tiene competencia sobre el diferendo. La Argentina siempre fue exitosa en conseguir que fuera el comité de descolonización.
El puñal
Más allá de las diversas modulaciones de estos conflictos entrelazados, apareció un fenómeno nuevo del que Milei intenta sacar todo el provecho posible. Es este: la ocupación de Malvinas se ha convertido para el Reino Unido en una vulnerabilidad en la que hunden el puñal las potencias que rivalizan con él.
El gobierno libertario profundizó una estrategia que ya había esbozado. Cuando la canciller Diana Mondino justificó un voto en contra del embargo norteamericano a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas con el argumento de que, si no acompañábamos esa posición tradicional, no conseguiríamos los votos contra el Reino Unido en la cuestión Malvinas, Milei no dudó en despedirla. Demostró allí que él no sacralizaba la escena multilateral de la ONU. Y que prefería mucho más obtener beneficios de una lealtad canina hacia los Estados Unidos de Trump.
Milei tiene derecho a pensar que eligió el camino correcto. Por las ambiguas declaraciones de Trump y por la posición proargentina de su otro aliado, la derecha israelí. A la luz de ese éxito, la Casa Rosada vuelve a confiar en la estrategia que arrojó a Mondino fuera del palacio. El reclamo por Malvinas no debe sostenerse tanto en las gestiones multilaterales como en el hostigamiento a la economía “kelper” a través de algo muy parecido a un embargo.
La administración libertaria se distancia, entonces, de la línea radical. Y se recuesta sobre la del kirchnerismo. La ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso potencia la que en su momento impulsaron dos nacionalistas como
Pino Solanas y Cristina Kirchner. Con una curiosidad: el espíritu de esa normativa procede de un proyecto frustrado de Eduardo Menem, quien siendo senador siempre mantuvo en relación con las Malvinas un temperamento mucho más combativo que el que convalidaba su hermano Carlos, respaldando al canciller Guido Di Tella.
En el menemismo convivieron dos concepciones alrededor de esa disputa: la de Carlos Menem/ Di Tella y la de Eduardo Menem/ Mario Cámpora, su asesor en la materia.
No deben sorprender algunas afinidades. La Libertad Avanza tiene algunas expresiones nacionalistas afines e incluso más marcadas que las del kirchnerismo. Basta repasar los mensajes del “Mago” Caputo a través de su cuenta de X. Allí declaró que para los Estados Unidos “Inglaterra es el pasado y la Argentina es el futuro”. Dijo que para defender la soberanía territorial la Argentina debe ser, entre otras cosas, “militarmente respetable”, una afirmación inquietante en el contexto de la discusión sobre Malvinas. Caputo también señaló como agentes británicos a quienes se opongan a las actuales decisiones del Gobierno en relación con esta materia. Y ordenó: “Márquenlos”. Bromas de un mago.
La soberanía argentina sobre las islas se convirtió en un argumento de conflictos mucho más globales
La decisión de sancionar a empresas que hagan negocios concedidos por el gobierno “kelper” en territorio argentino se apalanca sobre otra novedad de época: el valor que tiene la formación Vaca Muerta para las empresas internacionales de servicios petroleros. La amenaza de “no hacés negocios en la Argentina si te involucrás con los negocios de los usurpadores en Malvinas” tiene otro voltaje. Milei resolvió llevarla a fondo. Más allá de lo que en su momento ensayaron Cristina Kirchner o Alberto Fernández.
El programa de sanciones debe atravesar algunas encrucijadas críticas que, cabe esperar, ya fueron contempladas. Son los desafíos propios de un sector, el petrolero, en el que las operaciones suelen estar entrelazadas. El Gobierno ya experimentó este problema. Una de las notificaciones que advertía sobre castigos a empresas que operaran en relación con el proyecto Sea Lion, en Malvinas, estaba dirigida a la empresa Bluewater. Es la compañía de servicios contratada por Navitas, la principal accionista del consorcio que opera en las islas, para proveer la planta flotante para la extracción de petróleo de Sea Lion.
Gracias al aviso de un diplomático advertido de esta historia, se demoró el envío de la carta. Sencillo: Bluewater es la fabricante de las dos monoboyas en las que se sostendrá el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades hicieron una excepción y esperaron a que esas boyas salieran de Dubái, sortearan el bloqueo del estrecho de Ormuz y fueran transportadas hasta la Argentina.
Las fechas de los contratos de Bluewater plantean un problema. En junio de 2025, el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a esta compañía como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, que ya era público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo, y que Milei quiere endurecer, no se aplicó. ¿Se ignoraba la relación de Bluewater con Navitas? ¿O el Gobierno no estaba tan sensibilizado con las inversiones en Malvinas como empezó a estarlo después de las declaraciones de Trump?
Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron, de un modo u otro, con la explotación petrolera de Malvinas. En el marco de esta vía de acción, el caso Bluewater habilita a plantear algunas incógnitas que ya deben haber sido despejadas por el “Mago” y los funcionarios oficiales. Por ejemplo, ¿qué bancos financiaron a Navitas, la empresa israelí que, en sociedad con la inglesa Rockhopper, opera Sea Lion? ¿Son bancos que gestionan intereses argentinos?
Es posible que Luis “Toto” Caputo y el propio Quirno, exsecretario de Finanzas, se lo estén preguntando. Otro interrogante: ¿cuáles son las compañías de trading que comercializarán el petróleo argentino usurpado en Sea Lion? En ese rubro no hay muchas firmas. ¿Ninguna opera u operará en Vaca Muerta? No hay por qué dudar de la consistencia técnica de la arremetida penal de la Casa Rosada. En todo caso, esa consistencia se podrá calibrar por un detalle: las excepciones que se vayan decidiendo, como en el caso de la demora con Bluewater.
Un detalle relevante: el procurador Amerio está en contacto permanente con el ministro de Economía para evaluar el costo eventual de las denuncias. Habrá que ver cómo se proyecta esta prudencia sobre la redacción de la reforma a la ley de sanciones. Es posible que se introduzcan dispositivos disuasivos más que punitivos.
Es posible que entre las excepciones en danza esté la situación de Eduardo Elsztain. Este reconocido empresario estuvo comprando desde 2005 acciones del Falkland Islands Holding, controlante de Falkland Islands Company, la empresa que durante años controló casi toda la economía de Malvinas. Elsztain publicó una nota para explicar esa operación. El texto es muy interesante en varios aspectos. Uno de ellos: en 2017, cuando estuvo cerca de convertirse en accionista mayoritario, el gobierno británico lo bloqueó con el argumento de su origen argentino. Elsztain recuerda ese antecedente para verificar que él no pretendía solo hacer negocios en Malvinas: creía que la posición que había adquirido forzaría un acercamiento capaz de facilitar la discusión de soberanía.
La evocación de Elsztain hace juego con la ocurrencia de un experto que se acercó a Julio De Vido en pleno kirchnerismo para sugerirle: “Si varios empresarios siguen a Elsztain, una vez que los argentinos controlen la Falkland Islands Company pueden bloquear todo el juego ‘kelper’ en las islas”. La ocurrencia no voló.
La carta de Elsztain para justificar sus negocios en Malvinas tiene otro aspecto interesante. Reivindica un enfoque particular del problema de la soberanía. Es el punto de vista que adoptaron Carlos Menem y Di Tella. Para recuperar las islas no hay que hostigar a los “kelpers”. Al revés, hay que involucrarse con ellos a partir de los negocios. Si esos lazos se fortalecen, habrá un día en que la discusión por la soberanía será inevitable. Si algo no se puede sospechar de Elsztain es que sea crítico del gobierno de Milei. Aun cuando, en contra de una versión muy extendida, no le haya prestado un departamento a la hermana del Presidente. Sin embargo, la nota de este empresario es una crítica tácita, implícita, pero muy fundada, a la vía que acaba de adoptar el Gobierno.
El “Mago” Caputo parece haber ordenado: “Luz, cámara, Malvinas”. Es natural. La soberanía argentina sobre las islas se convirtió en un argumento de conflictos mucho más globales. Fue puesta en el centro de la escena internacional por Trump y por el gobierno israelí en su disputa con el Reino Unido. Imposible no aprovechar esa oportunidad. Caputo la aprovechó al cuadrado: avanzó también sobre el presupuesto de la administración y fortaleció las áreas que él domina. En especial, la SIDE y sus fondos reservados. Otro desafío a la señorita Milei.
La puesta en escena no alivia al Gobierno en otros frentes. Desde la batalla parlamentaria por las moras financieras hasta el nuevo derrumbe de la construcción y de la industria. Malvinas debe compensar esos sinsabores. Con una dificultad. Como señaló la especialista en campañas electorales Ana Iparraguirre, es casi imposible llevar agua para el propio molino cuando se trata de una cuestión que, como la “sagrada causa” de Malvinas, no provoca debate alguno. El “Mago” por un momento exhibió algún sentido del humor y ordenó: “Márquenlos”. Pero no hay a quién marcar. (La Nación, Buenos Aires, 10/09/2026)
