Los conflictos de intereses que frenan la nueva ley de biocombustibles
o.- Hace más de un mes y medio –a mediados de septiembre–, el Senado nacional dio media sanción, con 41 votos a favor y 25 en contra, al proyecto de una nueva ley de biocombustibles enviado por el Gobierno. Sin embargo, tras varios debates políticos y uno muy intenso de carácter multisectorial, el plenario de comisiones de Diputados no logró la semana última acordar posiciones: los bloques dialoguistas que responden a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy apoyaron la iniciativa oficial, mientras diputados de la provincia de Buenos Aires (peronistas K, UCR, MID y parte de Pro) reclamaron cambios, que fueron rechazados por el oficialismo.
De no alcanzarse consenso este mes, el proyecto podría ser incluido en sesiones extraordinarias y pasar a 2027 en un escenario político aún más complicado.
Si la ley fuera sancionada, liberará la comercialización y establecerá nuevos porcentajes de mezclas obligatorias de bioetanol de azúcar y maíz para las naftas, que permite elevar su octanaje a menor costo, así como de biodiésel de soja para el gasoil y reducir emisiones contaminantes. Más aún cuando el petróleo, que sigue afectado por la guerra de Medio Oriente y mantiene el precio del barril por encima de los u$s 110, encarece el costo de los combustibles.
En 2006, como correlato de la “revolución verde” de la década del 90 que impulsó la siembra directa de soja, fue sancionada la primera ley de promoción agroindustrial (26.093).
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (Ciara), destaca que permitió a cooperativas, asociaciones de productores, empresas familiares, pymes y grandes empresas invertir más de u$s 2500M en 55 plantas industriales de bioetanol y de biodiésel.
Pero con el péndulo político que caracteriza a la Argentina, 15 años después –en 2021– fue reemplazada por otra ley (27.640) con regulaciones más rigurosas y discrecionales para elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, con vigencia hasta fin de 2030 y posibilidad de extenderla por otros cinco años. El régimen –aún vigente– determina un piso de 7,5% para la mezcla de biodiésel en gasoil y de 12% para bioetanol en naftas, pero con precios diferenciados por tamaño, categoría y cupos para empresas proveedoras.
El proyecto de esa ley sustituta fue presentado por Máximo Kirchner, entonces titular del mayoritario bloque de diputados K que, llamativamente, recibió el apoyo público de Juan Carlos Bojanich. Un empresario que no solo es operador de salas de bingo y socio de un casino en Bahía Blanca, sino el principal accionista del Grupo Bahía Energía (GBE), con plantas de biodiésel en esa ciudad, Junín, Malvinas Argentinas y cuatro en Ramallo; o sea, todas en la provincia de Buenos Aires.
En aquel momento pasó a ser vox populi en el sector que el interés kirchnerista en sancionar esa ley “a medida” habría sido una suerte de devolución de favores por presuntos aportes a varios dirigentes políticos bonaerenses del kirchnerismo y otros partidos.
Por caso, la ley de 2021 redujo la mezcla obligatoria de biodiésel de 10 a 5% (muy por debajo de Brasil y Colombia, con 20%) y también incluyó el concepto de grupo económico a pymes, que en varios casos no son tales. Al no contar con fábricas propias, su negocio consiste en comprar aceite de soja a plantas integradas (existen 33 con capacidad de 3,9 M de toneladas de biodiésel, mayoritariamente en Santa Fe), para procesarlo y venderlo a las refinerías petroleras a precios más altos fijados por la Secretaría de Energía. Extraoficialmente se estima que 15 pymes bonaerenses colocan volúmenes equivalentes al 50% del cupo de consumo anual establecido para ese segmento, vedado a las empresas de crushing (molienda de soja).
Para corregir esas distorsiones, el nuevo proyecto de ley con media sanción del Senado deroga regulaciones, estimula exportaciones de biodiésel y fue votado con varios cambios por el oficialismo y la oposición dialoguista.
Aunque hay consenso sobre el bioetanol, el avance en la Cámara baja se frenó debido al intenso lobby basado en conflictos de intereses alrededor del biodiésel.
Los bloques de diputados se dividen en dos posiciones políticas y regionales. Por un lado, los legisladores bonaerenses del peronismo K, parte de la UCR, Pro y MID, que apoyan a 25 pymes no integradas nucleadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), con plantas en la provincia de Buenos Aires más otras en La Pampa, San Luis y Entre Ríos y cuyo director ejecutivo es Federico Martelli.
Por otro, los que respaldan a las grandes compañías del complejo aceitero agrupadas en Ciara, que exportan a través de puertos privados sobre el río Paraná en el Gran Rosario y cuentan con los votos de legisladores de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán (estas tres últimas productoras de caña de azúcar, maíz y parte de soja).
Cambios de fondo
Uno de los cambios más relevantes del proyecto elimina la asignación discrecional de cupos individuales por empresa y la fijación de precios por resolución de la Secretaría de Energía. Los volúmenes de corte obligatorio se comercializarán en un mercado electrónico único, público y transparente, mediante subastas mensuales operadas por un organismo independiente. Además, se autorizan contratos a término de libre negociación en precios y plazos entre elaboradores (aceiteras) y mezcladores (refinerías petroleras).
Claudio Molina, especialista con amplia experiencia en bio combustibles, considera necesaria la aprobación de la nueva ley y positiva la propuesta de aumentar al año de vigencia el contenido de bioetanol en las mezclas obligatorias con naftas desde el 12% actual. En cambio, afirma que el aumento a 10% del contenido de biodiésel en el gasoil resulta insuficiente para reducir el impacto ambiental de las emisiones. Paralelamente, reconoce el derecho de las grandes aceiteras a participar del mercado, pero reclamó condiciones que contemplen las diferencias entre los competidores. “No pongamos en la misma pista un Fórmula 1 con un Fórmula 4”, expresó. No obstante, objeta los límites de participación por empresa o grupo económico, la definición retroactiva de esos grupos y el desajuste que podría producirse entre un precio tope para el biodiésel y una materia prima negociada libremente.
Por su lado, fuentes de la industria petrolera refinadora expresan su conformidad con los niveles de corte que fija el proyecto, tanto para bioetanol como para biodiésel, al señalarlo como resultado de una negociación de años y los aportes de todos los sectores productores y mezcladores. “En bioetanol el acuerdo es prácticamente unánime. En biodiésel el consenso no es total, pero 10% es el punto de equilibrio posible y la mejor ley que puede salir en la actualidad”, sostienen. Aun así, aclaran que la mezcla de 10% “debe ser un techo por razones de calidad, ya que a bajas temperaturas el biodiésel cristaliza mucho más que la base fósil y se congela, lo cual lleva a alteraciones en el funcionamiento de los motores y adquiere relevancia en ciertas regiones”.
Para completar el cuadro, YPF anunció a comienzos de octubre un ambicioso proyecto, con inversiones por más de u$s 400 M para reconvertir el complejo industrial de San Lorenzo (Santa Fe) y participar de nuevos negocios energéticos.
Con Santa Fe Bio –una sociedad conformada con Essential Energy y Total Energies Trading (TOTSA)– suscribió un acuerdo de compraventa de largo plazo para producir combustible sostenible de aviación (SAF) y otros renovables en la futura biorrefinería. El esquema financiero prevé avanzar en próximas etapas de ingeniería y desarrollo para abastecer la creciente demanda global de combustibles renovables con una capacidad estimada de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) orientada principalmente a los mercados internacionales. (La Nación, Buenos Aires, 02/11/2026)
Los conflictos de intereses que frenan la nueva ley de biocombustibles
