La ley que regulará a los proveedores mineros de San Juan, con los votos para ser aprobada
o.- Aún no toma estado parlamentario, pero el oficialismo ya contaría con los números para sacar la normativa. Las voluntades que sumó.
El oficialismo comenzó a mostrar sus cartas en la Cámara de Diputados y ya tendría asegurados al menos 23 votos para aprobar la denominada Ley de Desarrollo Local Minero, conocida popularmente como ley de proveedores. El proyecto impulsado por el oficialismo, que aún no toma estado parlamentario, persigue fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera, y todo indica que cuenta con respaldo suficiente para avanzar en el recinto.
La iniciativa, que cuenta con la bendición de cámaras empresarias e industriales, busca establecer reglas claras para que las grandes compañías mineras incrementen la contratación de mano de obra y proveedores locales. Si bien no fija cupos obligatorios, sí exige la presentación de planes concretos para alcanzar objetivos de desarrollo local, con mecanismos de seguimiento e incentivos para su cumplimiento.
A los 12 diputados del oficialismo, se le suman los cuatro legisladores del bloquismo y el representante de Angaco, Marcelo Mallea, conformando un piso de 17 votos.
Según distintas fuentes legislativas, Eduardo Cabello acompañaría la iniciativa, siguiendo la misma línea del voto positivo al endeudamiento para generar un plan de infraestructura. El voto responde a su representación sindical (en la CGT y en la UOCRA). En la misma sintonía, se ubicaría Franco Aranda, del Frente Renovador.
También aparecen inclinados a respaldar el proyecto el vallisto Omar Ortiz y el chimbero Gabriel Sánchez, mientras que Jorge Castañeda, representante de Calingasta, un departamento estrechamente vinculado a la actividad minera, tendría una posición favorable.
La incógnita dentro de los sectores opositores pasaba por Fernando Patinella, de La Libertad Avanza. No obstante, el legislador habría realizado consultas con referentes nacionales del espacio para verificar que la norma no entre en contradicción con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales banderas económicas del gobierno nacional. Superado ese análisis, su acompañamiento también aparece como una posibilidad concreta.
Con ese esquema, el oficialismo alcanzaría alrededor de 23 votos, una cifra que le permitiría aprobar el proyecto sin sobresaltos y exhibir una mayoría amplia en un tema considerado estratégico para el desarrollo económico de la provincia.
La atención se concentra ahora en el bloque justicialista. Hasta el momento, el peronismo no ha expresado una posición unificada ni ha otorgado una bendición formal a la iniciativa. La discusión no es menor: se trata de una ley vinculada a uno de los principales motores económicos de San Juan y cuyo contenido, en términos generales, coincide con históricos reclamos de sectores productivos y laborales. (Tiempo de San Juan)
