La fiebre del cobre y el apoyo total del gobierno de Milei a la minería en Mendoza
o.- (Por Ricardo Montacuto) La reunión duró dos horas y media. Fue el primer encuentro entre la ministra de Energía Jimena Latorre y su par nacional, el secretario de Minería de la Nación Luis Lucero. También estuvo el director de Minería de la provincia Jerónimo Shantal. Hubo café y agua. Ni una sola galletita. No hay un cobre.
Lucero no tenía asistentes a disposición y salió a recibir a los mendocinos a la puerta de la Secretaría en el Ministerio de Economía de la Nación, el viernes por la mañana. El funcionario anotó prolijamente cada concepto que le indujeron -porque ese es el término correcto- los funcionarios de la provincia, repasando las reformas al Código de Procedimiento Minero de Mendoza que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Legislatura y desde este lunes pasará el cedazo del Senado. El asunto central fue la perspectiva de exploración y futura explotación del cobre en la provincia.
Luis Lucero es uno de los funcionarios que ingresó al gobierno nacional luego de la primera ola de renuncias en la administración de Javier Milei. Lo hizo en reemplazo de la salteña Flavia Royón, una sobreviviente del gobierno anterior de Alberto Fernández y Sergio Massa. El pecado de Royón fue que diputados de su provincia votaron en contra de la Ley Ómnibus “original”. Llegó a la Secretaría de Minería de la Nación tras su paso como socio del estudio de abogados Marval, O’Farrel & Mairal, uno de los más importantes de Buenos Aires, con clientes en el negocio de la minería. De hecho, atendió en algún momento los intereses de Río Tinto, la compañía británica que le había vendido la mina de sal de potasio de Malargüe a la brasileña Vale. Todo ese proceso terminó en la concepción del proyecto de PRC. El sitio Forbes destaca del nuevo hombre de la minería oficial “…es abogado especializado en esta materia, en derecho de los recursos naturales y con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, en materia societaria, y en arbitrajes y litigios complejos”. La publicación dice que fue uno de los impulsores de la minería en los noventa. “Fue consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos. A su vez, ocupó posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras”. Formado en las mejores universidades del mundo, ahora deberá recorrer el camino de la política.
El secretario Lucero tomó nota de cada detalle de lo que le iban contando Latorre y Shantal sobre el nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza. Les dijo que -a su juicio- era la primera vez que veía una estrategia real y completa para poder avanzar con la minería del cobre en la provincia. Aunque es un abogado que probablemente ha recorrido el campo mucho menos que los geólogos, Lucero conocía bien la ley 7.722, los conflictos posteriores, el caso de la minera San Jorge y el fallo de la Suprema Corte de Mendoza que corrigió algún vicio de la ley antiminera. Prohibía sustancias de modo indeterminado y ello fue juzgado inconstitucional por el máximo tribunal de la provincia. Al final de la reunión, Lucero comprometió el más pleno apoyo del gobierno nacional al desarrollo de la minería local. Sobre todo, por el alineamiento que significaba este avance -concreto- en el punto número 6 del Pacto de Mayo que se propone firmar el Presidente con los gobernadores: “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
Latorre y Shantal se fueron de la oficina de Lucero con un espaldarazo importante del gobierno nacional, a un proceso que Mendoza ha iniciado y que -aunque llevará años- parece indetenible.
La verdad es que Mendoza no necesita legal ni institucionalmente ninguna acción del gobierno nacional para hacer minería. El apoyo que dio Lucero es político, declarativo. La única limitante aquí consiste en las condiciones que exige la 7.722, que en los últimos años logró ubicar a la provincia en una suerte de “lista negra” internacional. El otro dilema es la falta de apoyo -rechazo, en realidad- en capas medias de la sociedad por cuestiones culturales, y en sectores relacionados a la producción que paga salarios de pobreza. Sólo hay licencia social en Malargüe. Por lo demás, el apoyo de un Presidente de la Nación en el pico de su popularidad es importante. Pero no es excluyente, ni definitivo. La Argentina siempre es un volcán político.
La reunión que tuvieron Latorre y Shantal con Lucero, y más tarde el mismo viernes con empresarios del sector, apunta a darle fortaleza al Código de Procedimiento Minero de la Provincia, que está en pleno proceso de actualización con pelea política añadida, coletazo de las elecciones del año pasado y de la fractura de Cambia Mendoza. El miércoles, el ex diputado y ex candidato a gobernador por La Unión Mendocina Omar De Marchi, ahora funcionario de Javier Milei, tiró una bomba de humo contra la firma Impulsa SA, la sociedad anónima de mayoría estatal mendocina que licitará las minas vacantes. Oponerse a todo no es un gran negocio político. Quedó demostrado en las elecciones del año pasado. El razonamiento de De Marchi respecto de desregular y liberar la economía es correcto. Pero el caso de la minería es especial, porque ahí rige hoy un conjunto de reglas antiguas donde justamente las avivadas son posibles. Hoy el marco es más cercano a la fiebre del oro de siglos pasados en el Far West americano, que a las necesidades del Siglo XXI.
El nuevo Código de Procedimiento Minero lo que propone es agilizar, transparentar, sistematizar los procesos. Y obligar a que los dueños de las propiedades mineras o bien inviertan, o que las vendan. Se trata de impedir que la minería sea un negocio inmobiliario tal como ocurriría hoy. (Diario Uno Mendoza)
