La concesión de las centrales hidroeléctricas ingresa en la recta final
o.- Luego de las elecciones legislativas del pasado fin de semana, el Gobierno volvió a enfocarse en la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue. Se trata de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.
Según fuentes de la Casa Rosada, el objetivo es renovar los contratos de concesión vencidos en 2023, incorporando reglas más claras y un análisis detallado de los antecedentes de las empresas oferentes.
El esquema contempla la participación privada en la gestión de las represas, con la posibilidad de que las provincias de Neuquén y Río Negro ingresen con hasta un 10% del capital accionario.
También se incorporó un canon por el uso del agua, y un porcentaje de los ingresos se destinará a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Entre las empresas interesadas están las operadoras actuales: Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation.
Se sumarían nuevos actores como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y grupos chinos vinculados al sector hidroeléctrico.
La nueva fecha de presentación de ofertas es el próximo 7.
Un aspecto que el Gobierno no pasa por alto es el antecedente de juicios que las empresas tienen con el país.
Entre esos antecedentes figura el caso de AES, que operaba la represa Alicurá y obtuvo en 2025 un fallo favorable en un juicio internacional por más de US$700 millones, tras un extenso litigio iniciado tras la pesificación de contratos en los años 2000.
Fuentes oficiales aclaran que la existencia de estos antecedentes no impide la participación de las empresas, pero sí “obliga a un análisis más cuidadoso” antes de adjudicar la concesión.
“El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares”, señalaron.
La nueva fecha de presentación de ofertas está prevista para el 7 de noviembre de 2025, y el Gobierno espera concluir el proceso antes de fin de año.
Las centrales actualmente están concesionadas y controladas por privados, en un esquema implementado durante la gestión menemista. 30 años después cambiarán de manos, también privadas.
En ese sentido, desde el Gobierno plantean que lo que se pone en venta son las acciones de las sociedades creadas como unidades de negocio, pero no las represas, que son un activo del Estado.
Fuentes oficiales señalaron que la concesión también establece “obras y trabajos obligatorios en seguridad de presas, medioambiente y operación”. En cuanto a los plazos, el Gobierno planteó que los actuales concesionarios, cuyo contrato ha sido prorrogado, operarán en las centrales hasta el 31 de diciembre o el momento en que se encuentren operativos los nuevos dueños de las sociedades que el Estado puso en venta. “Lo que ocurra primero”, decidió Economía. (Clarín, Buenos Aires)
