La apuesta por los sectores primarios: agro, minería y energía
o.- (Juan Garriga) Hay mucho ruido y pocas nueces A pesar de los grandes anuncios, el año pasado la inversión extranjera en Argentina tuvo un desempeño muy flojo.
Antes del RIGI, la minería venía creciendo en importancia.
El Gobierno apostó fuerte al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta para atraer capitales externos. Exenciones impositivas, ventajas cambiarias, eliminación de retenciones y estabilidad fiscal por 30 años fueron presentadas como la llave para transformar a la Argentina en un polo de inversiones globales. Sin embargo, los datos muestran un resultado muy distinto: aun con ese esquema de beneficios extraordinarios para grandes empresas, el país quedó último en América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED).
Según un informe de Misión Productiva elaborado en base a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina captó apenas u$s 3.100 M de IED durante 2025. El contraste regional es contundente: Brasil recibió alrededor de u$s 77.000M, México más de 40.000 M y Chile superó los 13.000M. Incluso Costa Rica, una economía mucho más pequeña, logró atraer mayores flujos de capital que la Argentina.
El dato golpea de lleno sobre uno de los principales argumentos económicos del oficialismo. El Gobierno sostuvo desde la aprobación de la Ley Bases que el RIGI permitiría destrabar un ciclo masivo de inversiones privadas, especialmente en sectores estratégicos vinculados a energía, minería y litio. Pero los números muestran que la flexibilización regulatoria y los beneficios tributarios no alcanzaron para modificar la dinámica general de la inversión.
El régimen contempla una batería de ventajas para grandes empresas. Los proyectos adheridos pueden acceder a estabilidad fiscal por 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias, eliminación de retenciones a las exportaciones, beneficios aduaneros, libre disponibilidad de divisas y devolución acelerada de IVA para las inversiones. El foco está puesto principalmente en sectores extractivos y energéticos, como petróleo, gas natural licuado, minería y litio.
Sin embargo, ese esquema tiene un costo fiscal creciente. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que los proyectos ya aprobados bajo el RIGI implicarán una pérdida de recursos públicos superior a u$s 1.800 M anuales cuando entren en régimen pleno de producción. El principal componente de esa renuncia fiscal son las retenciones de exportación que el Estado dejará de cobrar, con un costo estimado de u$s 851 M por año. A eso se suma la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas adheridas, que representa otros 545 millones anuales.
El estudio también pone el foco sobre otro aspecto sensible: gran parte de las inversiones beneficiadas ya estaban anunciadas o en marcha antes de la creación del régimen. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados tenían definiciones estratégicas previas a la sanción de la Ley Bases. Entre ellos aparece el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), impulsado por YPF junto a otras petroleras, que por sí solo representa un costo fiscal estimado en u$s 869 M anuales. También figura el proyecto de GNL de Southern Energy, con beneficios tributarios proyectados en torno a 420 M anuales.
El informe de CEPA sostiene que, más que generar inversiones nuevas, el RIGI está ampliando beneficios fiscales para proyectos que probablemente se hubieran realizado de todos modos. La propia YPF tiene participación directa o indirecta en iniciativas que concentran casi el 70% de las inversiones aprobadas bajo el régimen.
Desde Misión Productiva advierten además que la inversión no depende únicamente de incentivos tributarios. El trabajo remarca que la fuerte caída del consumo, la paralización de la obra pública, la falta de crédito productivo, la apreciación cambiaria y la incertidumbre macroeconómica desalientan la llegada de capitales de largo plazo. También señalan el deterioro del entramado PyME y la caída de sectores intensivos en empleo como factores que afectan la capacidad de expansión productiva.
“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI. Sin embargo, los números muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, señala el documento.
La diputada nacional de Unión por la Patria y directora de CEPA, Julia Strada, cuestionó además el impacto de largo plazo del esquema. “Es preocupante la reducción de impuestos de Milei a sectores pudientes y a grandes empresas. Se compromete espacio fiscal de gobiernos futuros. El RIGI y la estabilidad de la reducción de Bienes Personales hasta el año 2038 son graves en términos tributarios”, sostuvo. (Página 12, Buenos Aires, 27/05/2026)
