Judicialización de proyectos mineros: cuatro propuestas desde la ingeniería
o.- Chile. La minería chilena atraviesa una etapa decisiva. Los yacimientos envejecen —con leyes decrecientes y mayor complejidad de extracción y procesamiento—, mientras la cartera de inversión proyectada por Cochilco supera los u$s104 mil millones al año 2034, la mayor en más de una década. La materialización de esa cartera, sin embargo, no depende solo de la geología ni del precio del cobre: depende de la capacidad institucional del país para convertir proyectos en obras. Y es precisamente allí donde la judicialización se ha transformado en el principal factor de erosión de nuestra competitividad.
Las cifras de la CPC, nos permite dimensionar el fenómeno con objetividad. Desde la creación de los tribunales ambientales se han judicializado 199 proyectos de inversión, por un monto comprometido de u$s57.536M, con los sectores minero y energético concentrando la mayoría de los casos.
Según informes de Pivotes, los procesos agregan, en promedio, más de cuatro años a proyectos que ya contaban con resolución favorable, en circunstancias que la propia evidencia judicial demuestra que el sistema termina confirmando la decisión técnica original: el 64% de las sentencias de los tribunales ambientales ratifica la resolución administrativa impugnada, proporción que asciende al 76% en la Corte Suprema.
El resultado es conocido: Chile redujo su participación en la producción mundial de cobre desde el 30% a cifras en torno al 22%, según Cochilco, en el momento en que la transición energética global demanda estos minerales con mayor intensidad.
Conviene distinguir con precisión las dos patologías que explican este escenario. La demora —trámites duplicados, permisos que exceden con creces sus plazos legales— constituye un problema de gestión pública, del cual se hace cargo la reciente Ley N° 21.770 de Autorizaciones Sectoriales.
La incerteza, en cambio, deriva de la posibilidad de relitigar aspectos técnicos ya definidos en la evaluación, incluidas resoluciones de calificación ambiental firmes que se reabren por vías paralelas. Este segundo problema es el que genera el escenario más desalentador para la inversión, y es donde la ingeniería y las ciencias pueden y deben realizar un aporte sustantivo. Debo enfatizar que no se trata de flexibilizar los requisitos ambientales; se trata, probablemente, de elevar las exigencias, acotando al mismo tiempo las incertidumbres y los plazos.
La clave consiste en desplazar la exigencia desde el expediente hacia el desempeño verificable de la operación. El sistema actual concentra el rigor en la etapa documental —líneas de base, adendas, informes— y resulta comparativamente débil en la fase operacional, que es donde efectivamente se protege el medio ambiente. Con ese propósito, propongo cuatro líneas de trabajo:
Primero, evaluación por estándares. Establecer normas técnicas ex ante, públicas y medibles —calidad de efluentes, material particulado, eficiencia hídrica, estabilidad geotécnica de depósitos de relaves y botaderos, entre otras—, de modo que el titular conozca desde el primer día las exigencias que debe satisfacer y el evaluador no rediscuta criterios caso a caso. La discrecionalidad interpretativa es la principal fábrica de litigios: cada criterio que se define en el expediente, en lugar de estar definido en una norma, constituye una puerta de impugnación.
Segundo, ingeniería temprana robusta. Ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con madurez de ingeniería a nivel FEL 2–FEL 3, líneas de base plurianuales y modelamiento predictivo de los aspectos críticos del proyecto. Un expediente técnicamente sólido reduce las adendas, acorta la evaluación y disminuye significativamente la probabilidad de una impugnación exitosa.
Tercero, monitoreo continuo y transparente. Implementar el seguimiento en línea de las variables críticas tanto para el proyecto como para las comunidades aledañas —en particular generación de polvo, ruido, vibraciones asociadas a tronaduras y tráfico en vías públicas, especialmente durante la construcción—, con datos abiertos a la comunidad y a la Superintendencia del Medio Ambiente. La exigencia ambiental se eleva, porque el cumplimiento se observa en tiempo real y no en informes anuales; y la confianza social aumenta, lo que desactiva los conflictos antes de que escalen a tribunales.
Cuarto, gestión adaptativa reglada en la RCA: Diseñar autorizaciones ambientales con condiciones de desempeño y protocolos de ajuste predefinidos ante desviaciones, evitando reabrir la evaluación completa del proyecto. Esto permite mayor rigor en la faena con total certeza jurídica en el permiso.
Recapitulando, el desafío que se juega hoy la minería nacional es ingenieril e institucional. Estamos en una etapa distinta respecto a 20 años en la minería nacional. Las políticas y nuestra capacidad productiva no pueden quedarse atrás u otros distritos irán capturando el cetro que Chile todavía ostenta para el sector minero. Y en esto, resolver ya el problema de la judicialización es clave para poder concretar las anheladas inversiones. (Portal Minero)
