Islas Malvinas ¿son argentinas… o no?
Malvinas: imputan a directivos de las petroleras que buscan explotar petróleo
o.- (Vanesa Petrillo) El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó sobre los responsables de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Los delitos investigados contemplan penas de hasta 20 años de prisión. También solicitó reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías.
El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó con la investigación penal contra las empresas que buscan desarrollar proyectos de exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas y puso el foco en sus directivos.
En el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del gobierno de Javier Milei, el fiscal requirió investigar a los responsables de Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, las dos compañías vinculadas al proyecto Sea Lion.
El planteo de Stornelli apunta a determinar la eventual responsabilidad de los directivos que participaron de las decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considera ilegales por desarrollarse sin autorización nacional.
La investigación no se limitará a determinar qué empresas participan de los proyectos. El fiscal también busca establecer quiénes intervinieron en las decisiones, qué sociedades fueron utilizadas y cuál fue el circuito económico detrás de las operaciones.
En ese sentido, Stornelli pidió reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías. La medida apunta a identificar el origen y destino de los fondos, las operaciones realizadas y las relaciones entre las distintas sociedades involucradas.
El avance judicial alcanza a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que participan del desarrollo de Sea Lion, un proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla avanzar con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
Los delitos bajo investigación contemplan penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión, de acuerdo con las figuras penales que podrían aplicarse en caso de que se acrediten las conductas denunciadas.
La imputación de los directivos supone un nuevo paso en la causa iniciada por el Gobierno. La estrategia oficial busca extender la responsabilidad más allá de las personas jurídicas y alcanzar a quienes tuvieron participación concreta en las decisiones empresariales.
El proyecto Sea Lion es uno de los principales desarrollos petroleros en las aguas próximas a las Islas Malvinas. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están asociadas en su desarrollo y buscan avanzar hacia una etapa de producción.
El Gobierno prepara nuevas denuncias contra las petroleras
La presentación de Stornelli se produce en paralelo con el avance de nuevas acciones impulsadas por el Gobierno contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias existentes y que se presentarán nuevas acciones contra compañías que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina y en violación de la Ley 26.659.
La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas. (ámbito.com; 15/09/2026-13:26hs)
El Gobierno de Milei rechazó la guía británica para hacer negocios en Malvinas (endurece advertencias)
o.– Cancillería cuestionó el respaldo británico al proyecto Sea Lion y advirtió que aplicará sanciones a quienes operen sin autorización argentina.
El Gobierno de Javier Milei expresó su “más enérgico rechazo” a la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, que difundió el Reino Unido para promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en el archipiélago. La Cancillería argentina cuestionó el documento y advirtió que ninguna iniciativa extranjera puede ubicarse por encima de la legislación nacional ni del derecho internacional.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, reiteró la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y calificó como “ilegítimas” las actividades que empresas extranjeras desarrollan en esos territorios y sus espacios marítimos.
El Gobierno puso el foco en particular sobre Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum LP, de origen israelí, por su participación en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno apuntó contra el proyecto Sea Lion
La Cancillería sostuvo que profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales del país ante los avances de las compañías involucradas en Sea Lion.
Después de que las empresas anunciaran la denominada “Decisión Final de Inversión”, el Gobierno argentino convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal.
Durante esos encuentros, según informó Cancillería, los funcionarios argentinos repudiaron el avance del proyecto y “la totalidad de los actos conexos”, entre ellos la emisión de normas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y las iniciativas del Gobierno británico para incentivar negocios vinculados con las islas.
El Gobierno también cuestionó la guía comercial difundida por el Reino Unido porque, según sostuvo, impulsa actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos sobre los recursos naturales.
Qué advirtió el Gobierno a las empresas
La administración de Milei recordó que la legislación argentina establece sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional en la Plataforma Continental Argentina.
En ese marco, la Cancillería citó las leyes 26.659 y 26.915, junto con el Decreto 868/2026, y remarcó que aplicará la normativa “con todo su rigor”.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, señaló el comunicado.
La Cancillería informó además que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países. También indicó que inició 60 procedimientos administrativos y que el canciller realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 compañías y sus directivos.
La disputa por los recursos de Malvinas
El Gobierno argentino también cuestionó las acciones británicas por considerar que vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
Cancillería sostuvo que las actividades hidrocarburíferas pueden comprometer recursos no renovables y generar efectos futuros que considera potencialmente irreversibles.
A pesar del endurecimiento de las medidas, el Gobierno reiteró su disposición a mantener un diálogo con el Reino Unido para retomar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La Cancillería indicó que ese proceso debe desarrollarse de acuerdo con la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y otras resoluciones relacionadas con la disputa.
El Gobierno cerró su comunicado con una advertencia para las empresas y personas que mantengan vínculos comerciales con las islas sin las autorizaciones correspondientes: aseguró que utilizará las vías administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para defender sus derechos y buscar que quienes participen de la explotación de recursos que Argentina considera ilegal respondan ante la ley. (BAE Negocios; 15(09/2026-19:44hs)
Fuerte cruce de Gran Bretaña y Argentina por las sanciones a petroleras
o.- (Natasha Niebieskikwiat) Londres difundió una guía en la que ofrece apoyo a las empresas que operen en las Islas. Provocó el rechazo de Cancillería, que reafirmó la soberanía.
El gobierno británico publicó una nueva guía oficial sobre el desarrollo de las islas en la que hizo una fuerte defensa de la política pesquera e hidrocarburífera. Afirma que la Argentina “no tiene jurisdicción” sobre las firmas que operen allí, a las que Londres les ofreció apoyo ante eventuales denuncias. La Cancillería argentina expresó un fuerte rechazo. En tanto el fiscal Carlos Stornelli imputó a los empresarios que buscan petróleo en las Malvinas.
El gobierno del Reino Unido publicó ayer una nueva guía oficial sobre el desarrollo económico de las Islas Malvinas, en la que hace una fuerte defensa de la política pesquera del archipiélago y la explotación de los hidrocarburos que esperan concretar entre 2027 y 2028. El documento advierte que la Argentina “no tiene jurisdicción” alguna sobre las empresas que operen allí, y les ofrecen apoyo para enfrentar problemas que tengan al hacer negocios con las islas.
Frente al desafío de Londres, ayer la Cancillería argentina rechazó a través de un comunicado la guía británica. “La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto finaliza con una advertencia: “Se les recuerda a todas aquellas empresas e individuos que persistan en entablar vínculos comerciales con las Islas Malvinas en ausencia de las correspondientes autorizaciones por parte de la autoridad argentina competente, que el Gobierno de la República Argentina agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance para defender los derechos soberanos”.
La guía británica puede leerse en varios sentidos, pero hace alusión directa al giro de 180 grados por parte de Javier Milei en su política hacia Londres y el archipiélago. El gobierno libertario que, en sus inicios mantenía una política de acercamiento, diálogo y levantamiento de los llamados “obstáculos” económicos en el Atlántico Sur, dio un volantazo para endurecerse fuertemente en esta causa.
En ese sentido, en su cadena nacional prometió un endurecimiento fuerte de las sanciones pesqueras y petroleras que habían sido montadas por el kirchnerismo y nunca aplicadas. El Presidente emitió un decreto de necesidad de urgencia con empresas y proveedores supuestamente vinculados a la economía de las islas y prometió endurecer las sanciones enviando proyectos de ley al Congreso.
Actualmente, las islas se encuentran a las puertas de un giro económico y geopolítico empresa Navitas Petroleum, de Israel, y la Rockhopper Exploration, mantienen su decisión de extraer entre 55.000 y 180.000 barriles de petróleo diario a partir de 2027/2028. Un negocio de miles de millones de dólares, sin aval de la Argentina. El primero en su tipo en el Atlántico Sur.
Por eso también se puede interpretar que el documento publicado ayer bajo el título Doing business with the Falkland Islands (“Haciendo negocio con las Islas Fakland”) está destinado a las firmas que quieran hacer negocios allí, por lo cual demuestra que también hay preocupación por la desestabilización que causa la nueva política argentina en las Islas.
Y también se impone decir que al hacer un documento así, el Reino Unido puede apuntar a crear un escenario internacional para acusar a la Argentina de bloqueo.
La guía publicada afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado” de las mismas. Está dirigida a las que desarrollen actividades comerciales o de otro tipo; a las que suministren bienes o servicios a las “Islas Falkland”; y “a las que participen de otro modo en el desarrollo de la economía de las Islas, incluida la explotación de sus recursos naturales”. Se entiende pesca y petróleo.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sentencia.
La resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la disputa de soberanía y encuadra a las Islas Malvinas en una situación colonial. Y previamente, la Resolución 1514 de 1960 sentó las bases generales sobre la descolonización.
En la guía publicada ayer, los británicos escriben: “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas.” El documento dice que “el Gobierno de las Islas Falkland es responsable de regular toda actividad económica dentro de las Islas”. Y que “el gobierno británico respalda ese derecho” de los isleños, -incluyendo hidrocarburos-, para “su propio beneficio económico” y que “las decisiones sobre el desarrollo de esos recursos son asuntos que corresponden al Gobierno de las Islas Falkland y a las empresas comerciales involucradas.”
Se deduce de ello que la “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas.” Insiste: “Las actividades relacionadas con hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Falkland están reguladas por la legislación de las Islas (…) y el Gobierno británico apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a llevar adelante esas actividades.”
“Algunas empresas y particulares pueden recibir comunicaciones de las autoridades argentinas en relación con sus actividades en las Islas Falkland o vinculadas con ellas. La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”.
Y afirman sobre las sanciones del kirchnerismo para disuadir a empresas que “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa”. (Clarín, Buenos Aires, 16/09/2026)
Reacción del Reino Unido por Malvinas
o.- Anunció que “protegerá” a las empresas ante las sanciones argentinas.
En una reacción directa al anuncio de sanciones del gobierno argentino, el Reino Unido publicó ayer una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas.
En el documento “Hacer negocios con las islas Malvinas [ Doing business with the Falkland Islands en el título original]”, publicado en el sitio oficial de la administración, incentivaron a las compañías a trabajar en las islas y hablaron de actividad económica “legítima” en el archipiélago.
En el texto también argumentaron que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar la ley en las islas.
“El gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el continuo interés y la participación del sector privado en las islas”, expresaron.
La publicación de la guía ocurre un día después de que el Reino Unido anunciara que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en el archipiélago. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazadas con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN.
La guía está destinada a empresas y particulares que buscan realizar negocios u otra actividad económica en el archipiélago; suministrar bienes o servicios a las islas; o que están involucradas de alguna otra manera (directa o indirectamente) en el desarrollo de la economía local, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico; esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, aseguraron.
Hace dos semanas el presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago y el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional. Señaló que el Estado argentino tiene la obligación de usar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para “defender la soberanía y los recursos” del país.
Desde Londres argumentaron en su guía que las Malvinas son “un territorio británico de ultramar”. “El gobierno no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas y las zonas marítimas circundantes. No hablaremos de soberanía a menos que los isleños así lo deseen”, sostuvieron.
Más adelante profundizaron sobre este punto en un apartado dedicado a aquellas empresas que fueron notificadas de las sanciones de parte del gobierno argentino.
“Algunas empresas y particulares podrían recibir correspondencia de las autoridades argentinas en relación con sus actividades en las islas o vinculadas a ellas. La postura del gobierno del Reino Unido es que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto de ninguna empresa o particular que realice negocios en las islas o vinculados a ellas”, expresaron.
Dos semanas atrás, el canciller Pablo Quirno anticipó que hay un entramado de 180 empresas que tendrán que “elegir” si invertir en la Argentina o hacerlo en Malvinas y ser sancionadas. Un día después se conoció que 45 personas físicas y jurídicas fueron notificadas de las sanciones. Posteriormente se sumaron 15 más.
Ayer, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el gobierno ampliará la denuncia presentada contra las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina en las Islas Malvinas. Allí se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa, aunque no dio los nombres.
Desde el Reino Unido detallaron que no es la primera vez que la Argentina introduce medidas en su legislación nacional para sancionar a empresas y particulares, y que eso previamente “no impidió que los habitantes de las islas desarrollen una economía próspera”. “El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de la Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto a las medidas”, cerraron. (La Nación; Buenos Aires, 16/09/2026)
Imputaron a empresarios que buscan petróleo en las Islas con penas de 20 años de prisión
o.- (Daniel Santoro) Lo hizo el fiscal Stornelli en un requerimiento que presentó ante el juez Ercolini. Buscan identificar a terceros que colaboren con el proyecto.
El fiscal Carlos Stornelli imputó ayer a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña, que buscan petróleo en las aguas de las Islas Malvinas, entre otros.
También pidió investigar a toda persona física o jurídica que pudiera colaborar con el proyecto por presunta violación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, daño al medio ambiente, contrabando, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros posibles delitos.
Además, el fiscal solicitó al Gobierno toda la documentación respaldatoria de la denuncia que había presentado la semana pasada, con el objetivo de incorporarla a la causa que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. También pidió avanzar en la identificación de los accionistas y de las personas o empresas que pudieran prestar logística o asistencia a la búsqueda de hidrocarburos.
Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, algunos de los delitos que podrían investigarse contemplan en total penas de más de 20 años de prisión, además de sanciones económicas y decomisos, aunque la eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante la investigación.
Así comenzó la ofensiva judicial del gobierno de Javier Milei contra las empresas que proyectan extraer petróleo de las aguas próximas a las Islas Malvinas antes de fin de año.
En su dictamen, Stornelli precisó que, “conforme la denuncia formulada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane”, el objeto procesal será establecer “la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, concretamente en áreas próximas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa Desire Petroleum Limited —antes, Desire Petroleum Public Limited Company—, sin contar con la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, ello al menos a partir del año 2012”.
En efecto, agrega el fiscal, “consta en la denuncia que dicha empresa registraría antecedentes vinculados con tales actividades” y se menciona la Resolución 130/2012, del 23 de mayo de ese año, de la Secretaría de Energía, mediante la cual se declararon ilegales las actividades desarrolladas por Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina.
Según la denuncia, esa empresa habría sido considerada clandestina por llevar adelante actividades hidrocarburíferas sin encontrarse habilitada por las autoridades argentinas competentes.
Posteriormente, mediante la Resolución 457/2013, del 13 de agosto de 2013, del mismo organismo, se la habría inhabilitado por el término de veinte años para desarrollar actividades en la República Argentina. La medida se habría basado en que las operaciones eran realizadas sin autorización nacional y mediante el usufructo de una licencia ilegítima de exploración de hidrocarburos otorgada por autoridades británicas establecidas en las Islas Malvinas.
“Las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incisos 1 y 2, y bajo las circunstancias contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.659, sin perjuicio de toda otra calificación legal que pudiera determinarse de la instrucción sumarial”, sostuvo Stornelli.
El fiscal agregó que tampoco debe descartarse, “tal como así lo sugiere el funcionario denunciante y conforme el devenir del proceso”, la eventual configuración de otros delitos, entre ellos aquellos vinculados con el medio ambiente, posibles infracciones aduaneras y lavado de activos provenientes de las actividades denunciadas.
En ese sentido, Stornelli reclamó que se profundice la investigación sobre el entramado empresario detrás de la explotación petrolera en las aguas próximas a las Malvinas y sobre las personas físicas y jurídicas que pudieran intervenir directa o indirectamente.
Como una de las primeras medidas de investigación, el fiscal solicitó a la Cancillería que remita la información mencionada en el punto 3 de su presentación del 14 de septiembre, junto con “la totalidad de la documentación respaldatoria” allí consignada.
Además, pidió que se libre un exhorto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para activar los mecanismos de cooperación penal internacional y obtener información societaria completa de Desire Petroleum Limited y Desire Petroleum Public Limited Company. El requerimiento incluye la integración de sus directorios y de sus órganos de representación legal desde 2012 en adelante, así como toda la documentación vinculada a estas empresas. (Clarín, Buenos Aires, 16/09/2026)
Estiman que a fin de año empiezan a sacar petróleo de once pozos
o.- Según documentos de Navitas, Sea Lion es un emprendimiento en las aguas de las Malvinas destinado a la explotación comercial de hidrocarburos mediante instalaciones offshore, cuya primera etapa comprende la perforación de once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (Floating Production Storage and Offloading – FPSO), con sucesivas fases de expansión previstas durante las décadas siguientes. En particular, la documentación pública permite identificar, prima facie, a Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y Navitas Petroleum Atlantic Limited como sociedades titulares de licencias de exploración y explotación.
El artículo 7° de la Ley N.° 26.659, en la redacción introducida por el artículo 1° de la Ley N.° 26.915, establece dos figuras penales diferenciadas. En su inciso 1), reprime con prisión de cinco a diez años, multa e inhabilitación especial a quien, “sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos mediante la exploración en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos”. (Clarín, Buenos Aires, 16/09/2026)
