Empresarios temen que la política demore una norma clave para el desarrollo minero local y piden su tratamiento urgente
o.- (Elizabeth Pérez) Mientras el proyecto llamado Ley de Desarrollo Local Minero, más conocida como Ley de Proveedores mineros ya comenzó su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados de San Juan, luego de ser ingresada por el Ejecutivo provincial, las entidades empresarias más fuertes de la provincia y de los departamentos mineros salieron a respaldar la iniciativa y reclamar que su tratamiento no sea demorado.
Por lo bajo, algunos empresarios sostienen que temen que algún chispazo político de la oposición retrase que se convierta en ley y entorpezca la vigencia de la única herramienta legal que establecerá reglas claras para la contratación de mano de obra y empresas locales. El temor es que ante el boom del cobre que empieza a tomar forma, parte de los beneficios puedan quedar fuera de San Juan.
Sobre todo, después de la polémica generada por la adjudicación días atrás de la construcción del campamento del Proyecto Vicuña a dos empresas de origen chino, en UTE con una firma santafecina; una decisión que reavivó el debate sobre la participación de proveedores locales en las distintas etapas de los desarrollos mineros.
El reclamo de los proveedores jachalleros
Uno de los planteos más contundentes llegó desde la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Jáchal (CAPSEMIJA). Su presidente, Rodolfo Aballay, sostuvo que la sanción de la ley es urgente porque actualmente no existe una normativa que ordene los criterios de compre local.
“Consideramos que es muy importante que el tratamiento de la ley se dé lo antes posible. Al no existir legislación que ordene todo lo que tiene que ver con el compre local, seguirán existiendo estas manifestaciones de disconformidad por contrataciones de empresas extranjeras”, afirmó. Aballay recordó además que muchas empresas locales vienen preparándose desde hace años para participar de los grandes proyectos mineros y cuestionó que las primeras contrataciones terminen beneficiando a firmas extranjeras.
En un comunicado institucional, CAPSEMIJA sostuvo que San Juan necesita una herramienta legal robusta que articule los esfuerzos del Estado, las operadoras y las empresas locales para generar empleo, capacitación y valor agregado en toda la provincia.
La entidad también envió un mensaje dirigido al ámbito político al pedir que se superen intereses sectoriales y se construyan consensos que permitan acelerar el desarrollo de los departamentos mineros.
La señal de alerta tras el caso Vicuña
Desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), su presidente Fernando Godoy también pidió a los diputados avanzar con el tratamiento del proyecto. La entidad señaló que la etapa de expansión minera que vive San Juan representa una oportunidad única para incrementar la participación de proveedores locales, generar empleo y multiplicar el impacto económico de las inversiones.
Según indicaron, la reciente adjudicación de obras del Proyecto Vicuña a una empresa extranjera volvió a poner sobre la mesa una discusión que el sector viene impulsando desde hace años: la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan una mayor integración de empresas sanjuaninas y nacionales en las distintas etapas de los proyectos mineros.
Iglesia pide prioridad para las comunidades mineras
La Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (Capresmi) celebró la presentación del proyecto de ley a través de un comunicado y la calificó como un paso histórico para brindar previsibilidad a los proveedores locales. La entidad destacó especialmente la creación del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) y el esquema de certificados de crédito fiscal transferibles para las compañías que cumplan con los objetivos previstos por la norma, dos puntos clave del proyecto, tal como reflejó días atrás Tiempo de San Juan.
No obstante, advirtió que el éxito final dependerá de la reglamentación y reclamó que la legislación garantice igualdad de oportunidades para todas las empresas, otorgando prioridad efectiva a las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros.
Desde la cámara iglesiana sostuvieron además que será necesario implementar políticas que fortalezcan a las pequeñas y medianas empresas departamentales para que puedan competir en igualdad de condiciones con firmas radicadas en los grandes centros urbanos.
Calingasta y su reclamo
Un planteo similar realizó la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica). Su presidente, José Adolfo Ibazeta, aseguró que la ley representa una herramienta fundamental para que las pequeñas empresas y emprendedores locales puedan acceder a oportunidades de negocios cuando comiencen las grandes obras asociadas al desarrollo del cobre.
“La ley es fundamental porque nos dará a las pymes y emprendedores locales una herramienta para participar cuando lleguen las grandes obras mineras. Sin esa norma, tememos quedar afuera de los negocios que generará el desarrollo del cobre en San Juan”, afirmó. Ibazeta sostuvo que la experiencia reciente del Proyecto Vicuña con un contrato a empresas de afuera dejó una señal de alerta para las comunidades mineras y pidió que todos los bloques políticos otorguen prioridad al tratamiento de la iniciativa.
“Solicitamos a todos los bloques políticos que acompañen y otorguen un tratamiento prioritario a esta ley cuya aprobación resulta urgente para nuestras comunidades”, concluyó.
Las entidades empresariales más fuertes se suman
Al respaldo expresado por las cámaras de proveedores de Jáchal, Iglesia, Calingasta y CAPRIMSA se sumó este sábado el apoyo conjunto de tres de las principales entidades empresariales de San Juan: la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan (CAMARCO), la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI).
A través de un comunicado conjunto, las instituciones manifestaron su acompañamiento al Proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero tal como fue presentado originalmente en la Cámara de Diputados y sostuvieron que se trata de una herramienta clave para articular el trabajo entre el Estado, las empresas mineras y el entramado productivo provincial.
Las entidades señalaron que el principal valor de la iniciativa radica en preservar su espíritu original, orientado al fortalecimiento y desarrollo sostenible de los proveedores y empresas sanjuaninas. En ese sentido, consideraron que la ley debe convertirse en el punto de partida para garantizar igualdad de oportunidades y una prioridad efectiva para las firmas locales en la cadena de valor minera.
Asimismo, destacaron que la futura normativa deberá asentarse sobre criterios de transparencia, previsibilidad y competitividad, con reglas claras y objetivos medibles que permitan transformar el potencial minero en crecimiento económico concreto para la provincia.
Otro de los ejes planteados por las entidades fue la necesidad de fortalecer la licencia social de la actividad minera mediante una mayor participación de empresas sanjuaninas. Según remarcaron, contar con proveedores locales capacitados y especializados no solo representa un beneficio económico, sino también una condición fundamental para la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.
El presidente de Camarco, Ramón Martínez, dijo a Tiempo de San Juan que la urgencia en el tratamiento de la norma trasciende los intereses sectoriales. “El apuro,la necesidad de urgencia de tratamiento de esta ley es de todos los sanjuaninos, no solamente de nosotros. Habla de un porcentaje mínimo de contratación local y de empresas locales. Eso es una necesidad de todos los sanjuaninos”, afirmó.
De esta manera, el proyecto sumó el respaldo de cámaras que representan a proveedores mineros, empresas constructoras e industrias de distintos sectores, configurando uno de los pronunciamientos empresariales más amplios registrados hasta el momento en torno a la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial. (Tiempo de San Juan)
