El bajo mundo de las coimas
Un ex directivo de Techint admitió que le pagaron coimas al kirchnerismo
o.- (Lucía Salinas) Héctor Zabaleta, que está sobreseído en la causa y declaró como testigo, dijo que las fechas fueron coincidentes con las anotaciones del chofer del ex secretario K, Oscar Centeno.
Héctor Zabaleta, ex directivo de la empresa, declaró en carácter de imputado colaborador en el juicio por los Cuadernos de las Coimas.
Allí, confirmó el pago de alrededor de un millón de dólares a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. Y dio así por ciertas las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Esa versión fue ratificada por el ex director de Relaciones Institucionales de Techint, Luis Betnaza.
En el marco del debate por el caso Cuadernos, donde se juzga el circuito de sobornos desarrollado desde 2003 a 2015 por el gobierno kirchnerista, un ex directivo de la empresa Techint aseguró -en su rol de testigo-, que realizó pagos indebidos a Roberto Baratta, el ex funcionario kirchnerista de Planificación Federal. Héctor Zabaleta se convirtió en uno de los imputados colaboradores en el marco de la investigación, sin embargo, tiempo después junto a otros integrantes de la firma de la familia Rocca, quedó sobreseído.
El ex directivo, según sus dichos, fue el responsable de “los pagos a Roberto Baratta por unos 900.000, 1.000.000 de dólares”. Corroboró que las anotaciones de Oscar Centeno “eran correctas” en cuanto a fechas de pagos que él realizó “en el segundo subsuelo del edificio de la empresa, donde no había cámaras”. “Las entregas eran de cerca de un millón de dólares”, agregó y dijo que se hicieron “en pesos” algo que molestaba a Baratta. Según rememoró, las entregas fueron en 2008.
Con 80 años, y bajo juramento de decir verdad, el contador público que cumplió funciones en la compañía Techint subió poco después de las 9 de la mañana al estrado. Declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
El testigo, que cuando fue detenido el 2018 por orden del juez federal Claudio Bonadio decidió acogerse a la figura del imputado colaborador, dio su testimonio respecto a los pagos realizados a Roberto Baratta. Ratificó lo que había aportado en su rol de arrepentido cuando la causa estaba en etapa de instrucción.
Es dable destacar que la situación de un imputado colaborador, sobreseído y citado como testigo, fue calificado por algunas defensas como algo “inédito”, remarcó Elizabeth Gómez Alcorta -abogada de Baratta-. Señaló que se les impedía “confrontar los dichos contradictorios de un testigo que fue arrepentido y sobreseído en esta causa y vulnera el derecho de defensa”.
Zabaleta fue sugerido como testigo por el Ministerio Público Fiscal, representado en este juicio por Fabiana León, quien inició el interrogatorio. Se desarrolló la historia del testigo como gerente administrativo de la compañía, a la cual ingresó cuando aún no se graduaba. “Todo lo que hice para la familia Rocca fue por la confianza que tenían en mí”, señaló y aseguró que con Paolo Rocca “jamás hablé de Tenaris, ni de Techint, ni otras compañías, sólo hablábamos de temas personales”.
A lo largo de su declaración testimonial, explicó que tuvo conocimiento del caso Cuadernos cuando tomó estado público y posteriormente, cuando se dictó la prisión preventiva sobre él.
Le atribuyeron en ese momento que en seis oportunidades realizó pagos al ex funcionario de Planificación Federal. “Lo primero que se mencionó fue que, sin nombrar mi apellido, yo le había entregado a Baratta paquetes sin especificar qué eran”.
En ese contexto, la fiscal Fabiana León le preguntó, “¿Recibió directiva de alguien de entregar esos paquetes?” sin dudarlo el testigo dijo: “Sí, Luis Betnaza me instruyó para entregar esos paquetes”.
“Le dijo a Baratta que no podíamos pagar en dólares y se molestó”.
Era el Director de Relaciones Institucionales de Techint y lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”.
La pregunta siguiente fue sobre si las entregas realizadas correspondían a dinero.
En ese marco, Zabaleta dijo: “Sí, era dinero. Cada entrega estaba en el orden de los 600.00 a 700.000 pesos. El total de las entregadas debían ser de cerca de 900.000 a 1.000.000 de dólares, según me instruyó Betnaza. Si no mal recuerdo, se cumplió pero se entregó en pesos”.
La representante del Ministerio Público Fiscal en ese momento le consultó al testigo si las fechas consignadas en los cuadernos de Oscar Centeno (el ex chofer de Baratta), eran correctas.
El testigo corroboró que guardaban congruencia con las entregas que él realizó.
“Las fechas coincidían con las entregas, eran las cocheras del Edificio Catalinas en el segundo subsuelo”, dijo Zabaleta.
Contó en ese contexto que “a pedido del señor (Roberto) Baratta, la primera vez me dijo que no quería ser visto por nadie, entonces yo lo hacía subir al auto, él ingresaba y yo le daba el paquete. El chofer no estaba cerca nuestro vehículo”.
Recordó -al continuar con su exposición-, que se trataba, en algunas ocasiones, “de un Toyota Corolla” (el auto en el que llegaba Roberto Baratta).
Ante la consulta del Ministerio Público, Zabaleta consignó que en ese segundo subsuelo donde se hacían las entregas de dinero, “no había cámaras”.
Cuando declaró en Comodoro Py -recordó Zabaleta frente a una pregunta de León- que no recibió ningún tipo de presión ni del fiscal ni del juez: “sólo me preguntaron si me quería acoger a la figura del (imputado) colaborador y le dije que sí”.
Reconstruyó un diálogo y explicó que no tenía posibilidades de realizar entregas en dólares, sí en pesos argentinos.
En consecuencia, relató ante el TOF 7, que mantuvo una conversación telefónica con Baratta sobre la moneda en la que se realizaban los pagos, “le dije que eran en pesos y se molestó, me dijo que no podía ser, les voy a cortar el gas en la sede de Campana, quejoso”, pero finalmente los pagos se realizaron en moneda nacional.
La fiscal le preguntó si -en retrospectiva- esas expresiones podían ser consideradas presiones, y el testigo consideró que sí. “Yo no me sentía intimidado porque no teníamos dólares, pero fue las primeras veces que se quejó así, después coordinamos la entrega y listo”.
En su testimonial, Zabaleta relató que los fondos destinados a los pagos que reclamaba Baratta con cada llamado provenían de Techint Finanzas, que contaba con cuentas bancarias en el exterior. “Fue el lugar desde el cual se financió para pagar el millón de dólares, esos fondos eran producto de los dividendos de esa firma”.
Puso como ejemplo que cuando la guerrilla colombiana secuestró a un ingeniero de la compañía, y se exigió el pago de un rescate, “pagamos con dinero de ese fondo que los accionistas habían puesto a disposición”.
Solicitó al banco radicado en el exterior que colocaran “el contravalor a un millón de dólares en las oficinas. El dinero llegó en tres o cuatro tandas”, relató.
En ese momento, detalló que realizó seis o siete entregas a Baratta: “se pagaban 100 mil dólares cada quince días. Él llamaba e iba pidiendo el dinero” y que había un plazo para concluir la entrega por el millón de dólares, “debía pagarse en el plazo de tres meses o cuatro”.
Sobreseimiento
Cuando Zabaleta y otros ex directivos de Techint fueron sobreseídos por la Justicia federal, se argumentó que los pagos realizados a ex integrantes del entonces Ministerio de Planificación Federal no formaron parte del esquema habitual de coimas de la obra pública, sino que se realizaron bajo una situación de urgencia e “inminencia de un peligro concreto”.
Todo se sustentó en el conflicto de la compañía en Venezuela.
Se comprobó que las entregas de dinero efectuadas a Baratta en 2008 tenían como fin que el gobierno de Cristina Kirchner gestionara e intercediera ante el régimen de Hugo Chávez en Venezuela.
Un poco más de historia reciente
En ese momento, Chávez había dispuesto la expropiación de la siderúrgica Sidor (controlada por Techint) y la integridad física y libertad del personal argentino que trabajaba allí se encontraban bajo amenaza o riesgo extremo de detención.
En función de tal circunstancia, en su momento se explicó que los pagos realizados por Techint “no respondían al pago de retornos ilegales para obtener contratos o licitaciones públicas de obras en Argentina,” sino a una exigencia ilegítima formulada por funcionarios para “interceder humanitariamente y repatriar a los trabajadores en riesgo”.
Ante una eventual privatización de la empresa por orden de Chávez, la compañía acudió a Néstor y Cristina Kirchner quienes “lograron intermediar y se zanjó la crisis, seguimos operando normalmente”. En todo el período del gobierno K -relató Betnaza-, “tuvimos una participación marginal en la obra pública, no superábamos el 1% siendo la empresa más grande del país, contrastaba con grandes obras que ganábamos en las provincias”. (Clarín, Buenos Aires, 26/08/2026)
Otro ex directivo de la empresa dijo que él dio la orden de entregar la plata
o.- (Lucía Salinas) Luis Betnaza, ex director de Relaciones Institucionales de Techint, admitió mandar a darle dinero a Baratta.
La fiscal del juicio. Fabiana León interroga a testigos.
“Era una suerte de mensualidad de unos 100 mil dólares por mes, accedió al reclamo (de dinero) frente a una emergencia”, indicó Luis Betnaza al señalar que el pago de ese dinero era necesario “para sacar a la gente de Venezuela”. En su exposición, ratificó que él le dio la orden a Héctor Zabaleta, otro directivo de la compañía, para “hacer los pagos a Baratta”.
Betnaza subió al estrado poco después de las tres de la tarde. Se desempeñó como Director Corporativo Institucional del Grupo Techint y, en función de ese cargo, tenía responsabilidad en varios países. “En esa época tuve una actividad intensa en Venezuela dada la crisis que se había suscitado y sacamos a las personas con representación directa en las empresas e intervine yo”, contó.
Sobre los pagos que Techint realizó al ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, Betnaza los vinculó a pagos que facilitarían la salida de los trabajadores de SIDOR en Venezuela tras la extendida conflictividad producto de la decisión de Chávez de nacionalizar la compañía.
En territorio venezolano el holding tenía tres empresas relevantes y después, según explicó el testigo, había subempresas. Ternium era la más importante, controlante y operadora de SIDOR, y la otra era Tenaris, principal accionista de Tabsa. “Le planteé a (Héctor) Zabaleta, que era quien podía disponer de fondos para estos eventos, que se ponga en contacto con Baratta y que se ponga a disposición para resolver esto”, dijo ante la consulta de la abogada del ex funcionario.
“No era un delito, era una emergencia le expliqué al juez”.
Horas previas el propio Zabaleta contó ante el Tribunal y el Ministerio Público Fiscal que la orden de realizar los pagos a Baratta la había recibido de Luis Betnaza.
Esa manifestación fue corroborada por el propio ex director corporativo. Contó el testigo que debían sacar a la gente de la empresa que se encontraba en Venezuela ante lo que definió como un clima de total hostilidad y que la gente estaba en riesgo. “Zabaleta no estaba al tanto (del motivo de los pagos), yo le avisé. Le hice saber de qué se trataba, después, intentamos mantener esto en la mayor reserva”.
La abogada K del ex funcionario insistió: “¿Zabaleta le preguntó algo?”, la respuesta fue la misma, “no”. Y contó sobre que los pagos que exigía Baratta que “en ese momento, al tipo de cambio oficial, era más una mensualidad, era el equivalente a 100 mil dólares por mes”.
Nuevamente, la abogada insistió: “¿Zabaleta le preguntó algo?”, Betnaza repitió la respuesta, “no”, la repregunta siguiente, fue: “¿Zabaleta confiaba en usted?”, el ex directivo sostuvo: “Totalmente”.
Bajo esa misma premisa, la defensa de Baratta volvió a preguntar si él había dado la instrucción de los pagos que exigía el ex funcionario. “La orden la di yo, no sé de dónde sacó los fondos Zabaleta”. Y añadió que “no fue un pedido, fue sucesivo. Desde principios de 2008 en adelante”. Más adelante, y ante la consulta de si consideró que el pago de un millón de dólares realizado al ex funcionario kirchnerista podría constituir un delito, Betnaza sostuvo: “No era un delito, era una emergencia”. Al momento de brindar más detalles, dijo que el dinero provenía de “los accionistas y era destinado a este tipo de gastos, fuera de la actividad empresarial”. Volvió sobre este concepto y relató que en 2018 cuando declaró como testigo frente al juez Bonadio le preguntó si quería ser imputado colaborador, “le dije que yo estaba contando un hecho de emergencia, no un delito, que no había necesidad de convertirse de ser arrepentido”. Después indicó que “este tipo de gastos”, es decir “la exigencia de dinero por parte de un funcionario, fue la única vez que yo tuve que pedir que se pague”. (Clarín, Buenos Aires, 26/07/2026)
