Claves de los beneficios fiscales de la Ley de Proveedores Mineros
o.- El Ministerio de Minería de San Juan, liderado por Juan Pablo Perea, ultimó los detalles del proyecto de Ley de Proveedores Mineros, o Ley de Desarrollo de Comunidades. Tras su paso por la Secretaría General de la Gobernación, la norma ingresará a la Legislatura Provincial. El eje central radica en un esquema de incentivos mediante certificados de crédito fiscal que operadoras y prestadores podrán aplicar anualmente al pago de sus impuestos provinciales, promoviendo el desarrollo productivo.
Según explicó la periodista Celeste Williner este lunes en el programa “Todos Vivos”, para acceder a estos beneficios impositivos las empresas deberán acreditar estrictos requisitos de radicación y empleo. El texto estipula la obligatoriedad de poseer domicilio legal y fiscal en San Juan, además de una antigüedad mínima de un año de inscripción en la provincia. En el caso de las firmas que aspiren a ser catalogadas como “proveedores de comunidades” para maximizar el impacto en las zonas de influencia directa, la exigencia de antigüedad acumulada se elevará a dos años.
El acceso al crédito fiscal estará estrictamente condicionado al cumplimiento simultáneo de un doble objetivo operativo. Las empresas beneficiarias deberán garantizar de forma obligatoria que el 80% de su nómina corresponda a mano de obra local, mientras que el 60% de sus contrataciones debe realizarse con proveedores sanjuaninos. Este diseño generó advertencias en el sector productivo, ya que si no se alcanza el 80% de empleo local, se perderá el beneficio fiscal aunque se cumpla el cupo de compras.
Uno de los puntos más debatidos es la naturaleza de estos instrumentos fiscales. Los certificados tendrán vigencia anual y no serán acumulativos, por lo que no podrán usarse el año siguiente. Sin embargo, si el crédito obtenido supera los impuestos provinciales de la firma, la ley faculta transferir ese saldo a otros proveedores, abriendo un canal de negociación directa.
El inminente debate legislativo reavivó los reclamos territoriales. Cámaras como la de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (CAPRESMI) exigen que la ley defina con precisión la “localía”, reclamando que los departamentos que conviven con los yacimientos tengan prioridad absoluta en las contrataciones frente al resto de la provincia. (Canal 13San Juan)
