Carga fiscal sofoca u$s43.000M en proyectos mineros de México
o.- México. (Por Diego Betancour). El país tiene proyectos mineros identificados por un valor potencial de u$s43,000M. Y los tiene frenados. No por falta de mineral, ni por ausencia de interés internacional, sino por una estructura fiscal que, acumulada sobre una reforma legal incompleta y un backlog de permisos que tardó años en corregirse, convierte al país en una opción cara frente a competidores que ofrecen certeza jurídica y mejores condiciones de retorno. El diagnóstico no es nuevo. Lo nuevo es la magnitud del número y la urgencia que impone.
El inventario de lo que no se ha explotado
Los u$s43,000M no son una cifra especulativa. Corresponden a proyectos identificados, muchos con exploración avanzada, que permanecen sin desarrollar por razones que van desde la incertidumbre regulatoria hasta la rentabilidad comprimida por el peso fiscal. México es el primer productor mundial de plata —6,300 toneladas en 2024, el 24% de la producción global— y registró un valor de producción de u$s17,500M el año pasado, con un crecimiento de 15.9% frente a 2023. El sector genera 400,000 empleos directos y 2.5 millones indirectos. Con esa base, la pregunta es obvia: ¿por qué ese potencial de u$s43,000M sigue sin moverse?
La respuesta tiene varias capas, pero la fiscal es la más cuantificable. El régimen minero mexicano combina el Derecho Especial sobre Minería —una tasa de 7.5% sobre la utilidad antes de deducir depreciación, amortización e intereses—, el Derecho Extraordinario sobre Extracción de Oro, Plata y Platino de 0.5% sobre ingresos, y el IEPS aplicable al diésel. En contextos de precios altos, estas tasas son absorbibles. En ciclos de contracción o en proyectos con costos operativos elevados —minería subterránea de alta ley, operaciones en altitud, zonas con infraestructura deficiente—, hacen que el umbral de rentabilidad sea simplemente inalcanzable para muchos proyectos.
La Reforma Minera de 2023 aún pesa sobre la cartera
La carga fiscal no opera en el vacío. Se superpone a un marco legal que, desde la Reforma Minera de 2023 bajo la administración anterior, introdujo incertidumbre estructural. La reducción efectiva de los plazos de concesión, el reforzamiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado en términos que muchas empresas consideraron ambiguos, y la propuesta —nunca concretada en su totalidad— de elevar el Derecho Especial de 7.5% a 8.5%, generaron un freno visible en la exploración. Según CAMIMEX, la exploración cayó 11.5% en 2024. Varios proyectos junior suspendieron permisos de acceso. Algunos capitales canadienses —los más sensibles a la señal regulatoria— migraron a jurisdicciones con marcos más predecibles.
El amparo constitucional que varias empresas interpusieron ante la SCJN contra aspectos de esa reforma sigue pendiente de resolución. Mientras la Suprema Corte no emita un fallo definitivo, persiste una zona de incertidumbre jurídica que ningún director de finanzas de una minera mediana puede ignorar al momento de aprobar un presupuesto de exploración. El costo de esa ambigüedad no se mide en declaraciones: se mide en taladros que no se contratan y en estudios de factibilidad que se posponen.
Sonora y Zacatecas: donde el número se vuelve concreto
Sonora concentra aproximadamente 45% de la producción minera nacional —cobre, oro, plata— y es el estado con mayor exposición directa a la combinación de presión fiscal y regulación hídrica. La Ley de Aguas 2026 introdujo nuevas obligaciones de gestión que, en una cuenca tan disputada como la del Sonora, elevan los costos de cumplimiento para operaciones como Buenavista del Cobre. Grupo México ya opera con márgenes de cobre ajustados por el tipo de cambio y la presión de los contratos colectivos. Agregar obligaciones hídrica sin claridad sobre los plazos y mecanismos de cumplimiento es un factor real de incertidumbre operativa.
Zacatecas, que aporta cerca de 33% de la plata nacional y alberga proyectos de clase mundial como Peñasquito (Newmont), Juanicipio (MAG Silver-Fresnillo), Camino Rojo (Orla Mining) y el JV San Nicolás de Agnico Eagle y Teck con una inversión comprometida de u$s1,100M, enfrenta una doble presión: la fiscal estructural y la seguridad. En enero de 2026, el secuestro y muerte de trabajadores de Vizsla Silver en Sinaloa reactivó alertas que TD Cowen ya había emitido sobre el riesgo operativo en Zacatecas y Chihuahua. CAMIMEX y el gobierno federal instalaron una mesa de seguridad, pero la percepción de riesgo en los mercados financieros tarda meses en corregirse, incluso cuando las condiciones sobre el terreno mejoran.
El giro Sheinbaum: señales correctas, velocidad insuficiente
La administración de Claudia Sheinbaum marcó desde octubre de 2024 un cambio de tono con respecto al sector. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, anunciado en febrero de 2026, posiciona a México como proveedor estratégico dentro de las cadenas de suministro del USMCA. El backlog de permisos en Zacatecas —que llegó a acumular 25 resoluciones pendientes— bajó a 5. El modelo de litio migró del esquema de nationalización pura hacia un enfoque mixto público-privado. Las señales son correctas.
Pero las señales no sustituyen al marco. Un inversionista institucional que evalúa comprometer capital en un proyecto con horizonte de 15 años necesita predictibilidad fiscal, no pragmatismo coyuntural. Lo que el sector minero requiere de la administración Sheinbaum —y lo que aún no ha llegado— es una respuesta legislativa clara a las distorsiones de la Reforma Minera de 2023, un régimen fiscal que diferencie entre proyectos en producción y proyectos en desarrollo, y una política explícita sobre los derechos especiales que deje de vivir en el limbo de la “propuesta que podría concretarse”.
La comparación regional que México no puede ignorar
Chile reformó su régimen de royalties con un proceso que, aunque conflictivo, produjo un marco final negociado con la industria. Perú, pese a su inestabilidad política crónica, mantiene contratos de estabilidad que protegen las condiciones fiscales acordadas al momento de la inversión. Argentina lanzó el RIGI —Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones— con estabilidad fiscal garantizada por 30 años para proyectos de más de u$s200M. Ninguno de estos marcos es perfecto. Pero todos ofrecen algo que México no ha terminado de construir: una garantía temporal sobre las reglas del juego.
El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en 2024 —una mejora significativa desde el lugar 74—, pero el puesto 6 en América Latina sigue por debajo de lo que justificaría ser el primer productor de plata del mundo. La percepción de riesgo político y regulatorio sigue pesando más que los fundamentos geológicos en las decisiones de asignación de capital.
Lo que u$s43,000 en espera le cuestan al país
Traducir ese número a consecuencias concretas no requiere modelos econométricos. Si apenas una quinta parte de ese potencial se desarrollara en los próximos cinco años, implicaría inversión directa cercana a US$8,600 millones adicionales, decenas de miles de empleos en estados con alto índice de marginación, y una ampliación sustancial de la base exportadora que hoy representa el sexto generador de divisas del país. Cada mes que ese capital permanece inmovilizado —o se redirige a otra jurisdicción— tiene un costo fiscal, social y geopolítico que el gobierno Sheinbaum conoce perfectamente.
La Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard negociando en Washington el componente de minerales críticos del vínculo bilateral, sabe que la cadena de suministro que Estados Unidos quiere construir fuera de China requiere producción nueva, no solo producción existente. Y producción nueva requiere proyectos. Y proyectos requieren un régimen fiscal que no convierta la explotación de depósitos de alta ley en una apuesta perdedora antes de encender el primer compresor.
U$s43,000M en potencial identificado y sin desarrollar no es un indicador de riqueza. Es un indicador de cuánto cuesta la incertidumbre. Mientras la SCJN no resuelva el amparo sobre la Reforma Minera, mientras el régimen fiscal no distinga entre etapas del ciclo minero, y mientras la estabilidad jurídica sea una aspiración y no una garantía codificada, ese número seguirá siendo el argumento más incómodo en cualquier reunión entre el sector y el gobierno federal. (Minería en Línea)
