Audiencia pública: Gas
La Argentina presentó una nueva propuesta para el sistema gasífero
o.- Este lunes 8, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó un nuevo modelo para el sector del gas en el país, en el marco de la audiencia pública del gas. Durante su exposición de 25 minutos, Rodríguez Chirillo describió el diagnóstico de la situación actual del sistema y realizó una propuesta de mejora integral del mismo.
En cuanto al diagnóstico, el Secretario señaló: “El sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado, es deficiente, presenta riesgo de desabastecimiento y posee una balanza comercial deficitaria en torno a los 30 mil millones de dólares durante la última década”. Luego, precisó: “El sistema gasífero en su conjunto está en emergencia. El Estado argentino cubre dos tercios de los costos de generación del gas mediante su presupuesto, afectando significativamente sus arcas. Esto se traduce en menores jubilaciones, menores sueldos docentes o policiales, menores obras públicas”.
Por otra parte, Chirillo hizo foco en que la interrupción de las revisiones de tarifas provocó: (a) que no se pueda cubrir el costo de suministro, (b) que las empresas suspendan sus inversiones y (c) un crecimiento de la demanda como consecuencia de un uso irresponsable del gas. “Los subsidios son escandalosos en muchos casos, al tiempo que distorsionan el comportamiento de la demanda y van a consumidores que no lo necesitan”, explicó.
La propuesta del nuevo modelo para el sistema gasífero argentino consiste en un traslado gradual del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios” y en la creación de una canasta energética básica, que es un subsidio a personas en situación de vulnerabilidad.
En relación al incremento de producción de gas, Chirillo aclaró que ese aumento de precio será un 33% desde el 1º de febrero de 2024, 33% desde el 1º de marzo de 2024 y 33% desde el 1° de abril de 2024, hasta llegar a pagar el costo total. Es que, en promedio, los usuarios pagan solo el 17,5% de lo que cuesta producir el gas. “El 82,5% restante los pagan injustamente todos los argentinos, tengan o no suministro”, resaltó el Secretario.
Finalmente, Rodríguez Chirillo afirmó: “Queremos asegurar el suministro energético para que la energía se convierta en el motor indispensable del crecimiento sostenido de la economía y la mejora del bienestar de la sociedad. Así, estamos convencidos de que contribuiremos al consumo eficiente de la energía y a la recuperación del sector”.
La audiencia, que fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas a través de la Resolución 704/2023, cuenta con la participación de 124 expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes y puede seguirse en vivo a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=AtDI32hcv14. (Argentina.gob.ar, 10/01/2024)
El Gobierno provincial expresó en audiencia pública el rechazo a aumentos desmedidos en las tarifas de gas
o.- Tierra del Fuego. El Ministro de Energía de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Alejandro Aguirre, participó este lunes de la audiencia pública convocada por ENARGAS para tratar los aumentos solicitados por las empresas en las tarifas de transporte y distribución de gas.
En su exposición, el funcionario resaltó la característica insular de la provincia, así como las temperaturas subpolares típicas de la zona. En este marco, recordó que “la empresa solicita a la autoridad regulatoria un incremento de 543,6% en la tarifa de distribución, que según los cálculos realizados impactará como mínimo en las residenciales de bajo consumo en un 250% en la factura final, hasta un incremento del 338% en la factura mensual en usuarios de mayor consumo que son los que preponderan en nuestra provincia por las características climáticas. Esto significará un demoledor impacto económico en los hogares fueguinos. Ese no es el camino”.
“En la actualidad, al año 2023, la empresa Camuzzi Gas del Sur cuenta en la provincia con 56.928 usuarios, lo que significa un crecimiento interanual promedio del 3% en los últimos 9 años, sumando un total de un 26% desde el año 2015. Este crecimiento de usuarios demandó que entre el año 2015 al 2017 creciera un 6% el volumen de gas natural entregado en la provincia, situación que no es menor, ya que Tierra del Fuego es la segunda productora de gas natural del país, llegando a suministrar en continente un 17% de la producción total de este fluido a través del gasoducto transmagallánico San Martín”, detalló.
En relación a esto, Aguirre recordó “las obras públicas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno Provincial a los efectos de solucionar no solo el sistema de transporte, sino que también la sostenibilidad del sistema de distribución interna. Entre ellas destacan las que constituyen las obras civiles y fabricación de compresoras. A la fecha, en el ámbito de la obra pública declarada por la provincia en relación al sistema troncal se han invertido u$s 42 M aproximadamente.
Así mismo se han invertido en el sistema de distribución de redes urbanas de gas ejecutadas o en ejecución más de u$s 3.700.000, y en licitaciones de redes urbanas de gas en ejecución se han invertido unos u$s 600.000, lo que totaliza desde el año 2015 a la fecha una inversión pública de más de u$s 46 M aproximadamente. Estos datos demuestran cómo el Gobierno de la Provincia se ha puesto a la cabeza con obras públicas en las principales inversiones que requería el sistema de transporte y distribución, por necesidad de sus habitantes”.
“La provincia ha participado en brindar la seguridad del abastecimiento, ha modificado los impactos de las inversiones de la licenciataria en su rentabilidad y ha protegido los intereses de los usuarios, cuestión que no es mencionada por la licenciataria al momento de solicitar los aumentos. Estas inversiones realizadas por el Gobierno Provincial han permitido el crecimiento de la cantidad de usuarios un 3% anual promedio y un 26% desde 2015 al 2023 y han redundado en una mejora en el negocio de distribución de la empresa. Si estas cuestiones no son tenidas en cuenta, tanto por la autoridad regulatoria como por la licenciataria, el Gobierno Provincial se reserva el derecho de requerir las acreencias equivalentes a lo invertido”, aseguró.
Finalmente, Aguirre solicitó “que los ajustes de tarifas que se evalúan contemplen la integralidad y climatología de la provincia. También queremos pedir que dejen de comparar los aumentos de tarifas con los alimentos, bien podría ser que se comparen las facturas de los usuarios con los ingresos que tienen los directores de las empresas o sus accionistas”.
Concluida la audiencia pública, el ENARGAS iniciará un proceso de revisión de los informes presentados y deberá implementar o no las nuevas tarifas o ajustarlas a los requerimientos que se hicieron en la audiencia. (Gobierno de Tierra del Fuego, 09/01/2024)
Una factura de gas pasaría de 4 mil a 25 mil pesos
o.- (Antonio Ojeda) La clase media será una de las más perjudicadas con el aumento de tarifas de gas que propone el Gobierno nacional. En la audiencia pública, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que se retirarán los subsidios a las mayoristas en tres tramos: febrero, marzo y abril.
Las dudas se dispararon, pero ya se hacen proyecciones. Si el plan de la gestión de Javier Milei se lleva a cabo tal cual se estipula, un hogar de clase media pasaría de pagar 4 mil pesos a 25 mil pesos en su tarifa de gas.
Para entender cómo se llega a esa proyección hay que tener en cuenta una serie de disposiciones del Ejecutivo y conceptos de las boletas de servicios públicos.
La boleta de luz y gas tiene 8 componentes: dos de ellos son impuestos (nacionales, provinciales y municipales); otro componente que es el precio mayorista, es decir cuánto sale producir el gas natural o los megavatios eléctricos; y dos componentes en luz y dos componentes en gas están regulados, que son transporte y distribución. Esto implica que las prestadoras de servicio no pueden poner el precio que ellas quieran, sino que tienen que esperar que el ente regulador sea Enargas o el ENRE definan esos cuadros tarifarios.
Cuando las autoridades deciden aumentar los servicios públicos o bajar los subsidios, se debe saber cuál de todos estos componentes se tocan.
En este sentido, el Gobierno nacional emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU). Uno de ellos establece una revisión tarifaria integral para transporte y distribución tanto de electricidad como en gas. El estudio implicará saber cuáles son los ingresos, la inflación, las inversiones y la rentabilidad de las prestadoras de servicio. El trabajo del ENRE y el Enargas se extenderá por un año.
El segundo DNU implicó que Nación le exija a la Secretaría de Energía llevar a cabo una revisión tarifaria donde solamente se va a subsidiar un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente en un hogar tanto para energía eléctrica como para el gas.
La novedad fue que los subsidios serán retirados en tres tramos de un 33%. Esto despertó las alarmas y comenzó a generar incertidumbre entre los usuarios de ingresos medios. “Ya no estamos hablando de transporte y distribución, sino que va más allá. El secretario de Energía tiene facultades para eliminar los subsidios a la energía eléctrica mayorista o al precio del gas mayorista y lo que dice es que voy a sacar todo el subsidio mayorista y lo voy a hacer en tres meses. Esa fue la gran definición de la audiencia”, consideró Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú.
La meta del Gobierno
El precio de gas mayorista está fijado mediante los contratos del Plan Gas.Ar y tiene un valor promedio de u$s 4,30 por millón de BTU. La gestión de Alberto Fernández llevó a cabo una segmentación que dividió a la población en tres niveles: nivel 1 de altos ingresos, nivel 2 de bajos ingresos con tarifa social y nivel 3 de ingresos medios. De esos u$s 4,3, el nivel 1 paga el 1,1%, el nivel 2 paga el 0,1% y el nivel 3 paga el 0,6%.
Otro dato para tener en cuenta es que el nivel 1 no sentirá tanto el incremento de las facturas y el nivel 2 está fuertemente subsidiada, por lo que el nivel 3 (la clase media) sentirá el golpe del ajuste.
“La clase media puede estar pagando un consumo medio de 4 mil pesos. Obviamente hay que ver qué pasa con transporte y distribución porque no sabemos el resultado de la audiencia. Sin embargo, hablando solamente del componente mayorista, la clase media podría llegar a pagar 25 mil pesos”, explicó Carbajales en diálogo con Radio Con Vos.
El otro anuncio que realizó Rodríguez Chirillo fue la implementación de una canasta básica energética, que implicará un bloque de energía tanto en gas natural como en energía eléctrica que será subsidiado por el Gobierno. “Uno tendrá una cantidad de energía disponible con subsidio y si se pasa se pasará a pagar la tarifa plena. Esto también puede ser para la clase baja (nivel 2), pero no sabemos ese nivel dónde va a quedar. No lo explicaron”, destacó el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.
Para Carbajales, el incremento de las tarifas tiene lógica y se repite lo que se vivió en 2015-2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó sincerar el precio de los servicios. El problema es que este tarifazo se da en un contexto de alta inflación y donde la clase media no para de recibir golpes al bolsillo.
Asimismo, no hay que pasar por alto el fallo CEPIS de la Corte, que establece que el ajuste debe hacerse de manera proporcional y gradual. “El secretario de Energía dijo que cómo lo va a dividir en tres meses, va a cumplir con el fallo. Yo la verdad que tengo dudas si realmente es gradual y si es razonable quitar así en tres meses todos los subsidios al precio mayorista”, advirtió. (La Mañana de Neuquén, 10/01/2024)
“Romper los contratos del Plan Gas solo provocará un aumento injustificado de precios”
o.- El DNU y la Ley Ómnibus liberan la exportación, lo que va en contra con los premios del Plan Gas.Ar. Tal como informó +e, esto genera preocupación en la industria hidrocarburífera y Darío Martínez salió al cruce de los planes del Gobierno nacional.
El exsecretario de Energía de la Nación expresó que “el Plan Gas.Ar es tan virtuoso como lo reconoce todo el sector, que romper los contratos solo traerá aumentos injustificados de precios del gas para la economía argentina, y un desorden en el mercado interno muy nocivo”.
En este marco, el diputado provincial manifestó que “no hay crisis en la producción de petróleo y gas. Por el contrario, se están batiendo récords permanentemente, de producción y actividad de perforación y fracturas, y todas las previsiones para estas variables y para las Inversiones apuntan a duplicar en un año los niveles actuales”.
“El desarrollo de Vaca Muerta y el Plan Gas.Ar que le dio certeza, precio y seguridad a las empresas, han generado récords permanentes de producción de gas no convencional, que impulsa permanentemente la producción total del país, y la ampliación de la concesión de Fénix, asegura los niveles de producción del gas offshore en Tierra del Fuego”, agregó.
Asimismo, el legislador expresó que “en noviembre se alcanzó la producción de crudo más alta de los últimos 19 años con 675 MMbbl/día, y sólo en Neuquén, en un año estaremos produciendo cerca de 800 mil barriles diarios”.
Por otra parte, Martínez afirmó que “no hay crisis tampoco en el transporte de Hidrocarburos, y (el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez) Chirillo también debería saberlo”; y agregó que “en materia de oleoductos está en marcha la obra privada más importante de la historia ejecutada por Oldelval y sus socios, que en un año va a duplicar la capacidad actual de transporte de crudo desde Vaca Muerta; YPF está avanzando en el Oleoducto Vaca Muerta Norte, que potenciará el transporte hasta Mendoza y Chile, y otra empresa privada, OTASA, reacondicionó y puso en actividad el Oleoducto Transcordillerano que ya exporta 40 mil barriles diarios a Chile”.
En este sentido, el exsecretario de Energía manifestó que “en materia de transporte de gas, nuestro gobierno dejó en funcionamiento la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, y el plan de Obras Transport.Ar Producción Nacional que tienen por objeto alcanzar el autoabastecimiento con gas argentino de la demanda, en reemplazo de gas y líquidos importados, entre cuyas obras está la reversión del Gasoducto Norte, que, con buen tino, este gobierno está continuando”.
Más adelante, Martínez expresó que “el Plan Gas.Ar debe ser una política de Estado que el actual gobierno debería mantener, ya que los precios y las cantidades fueron fijados por la libre concurrencia de las productoras, los precios son altamente convenientes y con contratos de hasta 2028 que garantizan abastecimiento nacional y seguridad a las productoras para planificar sus inversiones. Romper esos contratos solo provocará un aumento injustificado de precios, y quizás ese sea el objetivo del gobierno de Milei”.
“Claro que hay mucho por hacer ya que pasamos de ser un país con petróleo y gas a un país Petrolero y Gasífero por el desarrollo de Vaca Muerta, pero eso no significa que estemos en crisis”, agregó.
Además, el extitular de la cartera energética explicó que “es obvio que tenemos visiones distintas respecto de la manera de subsidiar la tarifas y los niveles de las mismas, y quizás, sobre la financiación de las obras prioritarias, pero muchas de las obras de transporte de gas planificadas son de gran interés para las empresas productoras ya que su objetivo es la exportación y pueden encararlas a riesgo, y el Plan Gas.Ar es independiente del nivel de subsidio que el nuevo gobierno pretenda establecer. Solo hace falta que la nueva gestión se ponga a la cabeza con planificación y seguridad jurídica, afiance el Plan Gas.Ar y convoque a las empresas productoras a ejecutar nuevas obras de transporte de hidrocarburos que, dados los precios y las posibilidades de exportación, tienen una altísima tasa de retorno” (La Mañana de Neuquén, 10/01/2024)
Proponen trabajar en una nueva Ley de Hidrocarburos
o.- El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, señaló que la Ley Ómnibus propone “una enorme modificación a la ley 17.319 y genera inseguridad jurídica en la industria hidrocarburífera”.
Añadió que, entre otros, “modifica el artículo 3, dándole un sentido totalmente distinto a la ley, ya que este artículo es el que marca los principios por los cuales debe regirse la política energética nacional”.
El diputado también aseguró que “en varias de las otras modificaciones, establece que el Poder Ejecutivo pasa a tener atribuciones que les son propias a las provincias, en tanto dueñas originarias del recurso tal lo establecido en la Constitución Nacional del 94 y reglamentado específicamente en la Ley Corta. Es cierto que la actual normativa se estableció cuando nuestra Nación era un país con gas y petróleo”.
“El desarrollo de Vaca Muerta y probablemente la explotación offshore ha permitido que nuestro país pase a tener reservas de gas para abastecer a nuestro país, a los países vecinos y, vía GNL, a muchas naciones de la tierra”, indicó Todero
Advirtió que “con la cuarta reserva no convencional del mundo, en materia petrolera nuestra producción solo tiene techo en los ductos que puedan transportarla”.
“De tal forma, y a la luz de tal realidad, es importante y necesario hacer una revisión general de la Ley de Hidrocarburos, en un trabajo serio, sin apuros ni improvisaciones que quiten derechos a las provincias productoras, y generen incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas que deben decidir sus inversiones”, propuso el legislador.
“La redacción actual de la Ley no ha sido obstáculo para que las empresas petroleras inviertan y estén alcanzando récords permanentes de producción de ambos hidrocarburos. Tampoco obstaculiza la inversión en ductos, y la muestra de ello es el oleoducto del Plan Duplicar, la inversión privada más grande de la historia que está ejecutando Oldelval”, detalló.
Asimismo, dijo que “lo más lógico es sacar del proyecto de Ley Ómnibus las modificaciones a la ley 17.319, e iniciar un proceso de revisión ordenado donde participen el estado nacional y provinciales, legisladores, empresas productoras, pymes de servicios, sindicatos de trabajadores y especialistas, nos pongamos de acuerdo y pensemos entre todos, la mejor ley de hidrocarburos de acá para adelante, dándole seguridad jurídica a quien invierte, previsibilidad al estado de sus recursos y tranquilidad a los trabajadores en sus empleos”. (La Mañana de Neuquén, 10/01/2024)
Estaciones de Servicio de GNC reclamaron al gobierno “prudencia” en la determinación de precios
o.- Ayer se desarrolló la última de las jornadas de la Audiencia Pública de Gas, evento en el que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó un modelo para establecer los nuevos precios en la tarifa.
Entre los 124 participantes -miembros de compañías, asociaciones y cámaras sectoriales, así como entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes- fueron de la partida la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA, la Federación de Expendedores del Interior (FAENI), la Cámara de Expendedores de Entre Ríos (CECAER) y la de Jujuy, además de la consultora Contegas. Todos en su conjunto, expresaron su preocupación ante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 que introduce reformas significativas en la industria energética argentina que buscan simplificar la legislación existente, eliminar ayudas estatales y reestructurar el control en el sector energético, lo que sin dudas impactará en el sector.
La exposición tuvo como eje principal la situación que presentan las pequeñas y medianas empresas expendedoras de GNC, como consecuencia de los importantes incrementos de variables clave que afectan los costos de operación del sector, como son las tarifas de energía eléctrica, el aumento la nafta súper y sus impuestos asociados y los ajustes salariales de las recientes negociaciones paritarias. Durante el tiempo de exposición del tema, explicaron el impacto que los aumentos tienen en la base para el cálculo del costo del gas natural que llega a las Estaciones de Servicio, insumos básicos para el desarrollo de sus actividades.
Para contextualizar cabe destacar que los citados aumentos han impactado fuerte y negativamente en la estructura de costos de las referidas PyMES, quienes, por razones de mercado, se ven impedidas de trasladar los mismos a los precios de venta en su totalidad, lo que deriva, en algunos casos en decisiones no gratas como despidos de personal, cierre de establecimientos y un contexto social que se agrava en nuestro país.
Los empresarios dejaron en claro que es de interés del sector dar cuenta de lo que implican nuevos y futuros incrementos en un combustible que utilizan vastos sectores de la economía y que impactan en el bolsillo de todos los ciudadanos que se ven obligados a restringir su uso o limitarlo a situaciones de necesidad. “Una decisión de esta envergadura, tiene efecto en cadena sobre todos los participantes que se relacionan con la actividad del GNC, incluyendo a los consumidores finales”, señalaron.
Asimismo, advirtieron que los aumentos propuestos en los precios del GNC podrían tener un impacto en la demanda y la rentabilidad de las Estaciones de Servicio, así como en la decisión de los consumidores de convertir sus vehículos a GNC.
Cabe destacar que los empresarios del rubro han estado solicitando en los últimos años al ENARGAS y al Ministerio de Energía una solución que ofrezca un sendero de precios que no esté sujeto a fluctuaciones abruptas o inesperadas, garantizando así la estabilidad y previsibilidad en los costos para los operadores de Estaciones de Servicio y para los consumidores finales, fomentando la conversión de vehículos a GNC, una opción más económica frente a los combustibles tradicionales. Al día de hoy, no se obtuvo respuesta alguna.
Es por ello que FAENI dejó sentado, que las decisiones y objetivos de política económica a implementar implican un importante cambio de financiamiento del sistema energético nacional e “imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”.
En ese sentido, propusieron la unificación de los valores del gas a boca de pozo, decisión que permitiría transparentar el valor de referencia en la cadena de comercialización del GNC y unificar los valores para todos los expendedores.
“Con la implementación de las medidas sugeridas, el GNC puede mantenerse como una opción competitiva y atractiva frente a la nafta súper y otros combustibles líquidos, beneficiando tanto a los consumidores como al medio ambiente, manteniéndose alineado con el objetivo de sostener el crecimiento de GNC anhelando el desarrollo de Vaca Muerta y el mercado de gas en general”, puntualizaron.
Finalmente manifestaron que “si la meseta que presenta hoy la cantidad de vehículos habilitados a GNC y si no se acelera el gran desafío de volcar la flota de vehículos de transporte de carga o de pasajeros se entenderá con todo lo expuesto lo dificultoso del camino a recorrer por nuestras Estaciones de Carga”. (Surtidores, 10/01/2024)
