Mendoza aprobó la DIA del proyecto de cobre San Romeleo, en Malargüe
o.- La Cámara de Diputados provincial dio sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del emprendimiento, perteneciente a LABSA S.A. y operado por AREX MINING S.A. El bloque LUM votó en contra.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó, por mayoría de votos, la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe. El bloque La Unión Mendocina (LUM) fue el único que votó en contra.
El emprendimiento corresponde a LABSA S.A. y es operado por AREX MINING S.A., que solicitó autorización para reactivar la actividad minera. Según los antecedentes del expediente, la Dirección de Minería categorizó la iniciativa como una mina a reactivar. Debido a que la planta de beneficio proyectada supera una capacidad de 80.000 toneladas anuales, el procedimiento se encuadró en la etapa V del Decreto N.º 820/06.
Evaluación ambiental y participación ciudadana
El procedimiento incluyó dictámenes técnicos y sectoriales, observaciones de organismos competentes y documentación complementaria presentada por la empresa.
Se realizaron tres talleres participativos —dos organizados virtualmente por la Autoridad Ambiental Minera y uno por la empresa— y una audiencia pública el 6 de diciembre de 2025, en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe.
También intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos e instituciones como el INTA, la Municipalidad de Malargüe, el CONICET Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el Departamento General de Irrigación y distintas dependencias provinciales. La comisión emitió un informe final con conclusiones y recomendaciones sobre el Informe de Impacto Ambiental.
En cuanto a las comunidades indígenas, los fundamentos incorporaron un informe actualizado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), según el cual no se identificó superposición territorial con comunidades registradas, relevadas o identificadas por ese organismo.
Controles y exigencias ambientales
La DIA establece una serie de condiciones para las distintas etapas del proyecto. Antes del inicio de las actividades, la empresa deberá acreditar la línea de base ambiental, presentar un protocolo de rescate y protección de fauna y contratar un seguro de recomposición ambiental. También deberá medir su huella de carbono.
En materia hídrica, antes de cualquier movimiento de suelo, deberá contar con los permisos correspondientes y con el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación. Se prevén, además, sistemas de aforo continuo y telemedición.
La declaración contempla pruebas de estanqueidad e impermeabilización de piletas y escombreras, sistemas de contención secundaria y estudios geoquímicos para evaluar posibles riesgos de lixiviación o movilidad de metales.
Los controles abarcarán la calidad del agua superficial y subterránea, el material particulado, los ruidos y los residuos. También se establecen planes de contingencia y medidas para la protección de los cielos de Malargüe.
Las obligaciones se extenderán al cierre y post cierre, con un plan de recuperación ambiental que deberá aprobarse anticipadamente y garantías financieras específicas. El monitoreo continuará hasta que la autoridad ambiental minera determine que el sitio reúne condiciones adecuadas de seguridad.
Asimismo, los estudios de impacto ambiental deberán actualizarse cada dos años y las modificaciones de infraestructura o procedimientos tendrán que comunicarse a la autoridad para su evaluación.
Las posiciones durante el debate
El diputado Leonardo Mastrángelo (UCR) defendió la aprobación de la DIA y explicó que el proyecto permitirá obtener óxido de cobre para producir sulfato de cobre, utilizado principalmente en la agricultura y la vitivinicultura.
El legislador repasó el procedimiento de evaluación, los informes técnicos y las instancias de participación ciudadana. Además, sostuvo que la ciudadanía podrá controlar y fiscalizar públicamente el proceso.
Por su parte, Jorge Difonso (LUM) fundamentó el rechazo de su bloque en la falta de un inventario cartográfico de amenazas naturales y antrópicas, un índice de riesgos que contemple la peligrosidad y la vulnerabilidad social, medidas de prevención de desastres y un proyecto pedagógico para reducir la vulnerabilidad.
Stella Huczack (PRO) anticipó el voto favorable de su espacio y destacó la participación ciudadana, los talleres y la audiencia pública. También afirmó que el proyecto cumple con la Ley 7722. Según indicó, en la audiencia participaron 237 personas y hubo 75 oradores.
La diputada sostuvo, además, que si la cantera funciona adecuadamente, Mendoza podría dejar de importar el 75% del sulfato de cobre que utiliza.
Gustavo Perret (PJ) también adelantó el acompañamiento de su bloque. Consideró necesario el proyecto, aunque cuestionó la cantidad de informes y gastos que demanda una DIA para una cantera que, según describió, extrae material y lo procesa en otro lugar, sin realizar procesos químicos.
Finalmente, Lucas Ilardo (FP) expresó el apoyo de su espacio y señaló que durante el tratamiento en el Senado se incorporaron propuestas planteadas por su sector. (El Pregón Minero)
