Un informe detectó irregularidades en casi la mitad de las empresas públicas
o.- (Ignacio Grimaldi) El trabajo señala deficiencias en contrataciones, obras y compras; AYSA, Enarsa, Arsat y Ferrocarriles, entre las observadas. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó que 13 de las 29 empresas públicas no financieras relevadas evidencian irregularidades de distinta índole, según un informe elaborado por el organismo.
En el trabajo, al que accedió La Nación, realizado a fines de 2023, predominan los señalamientos sobre deficiencias administrativas en las contrataciones de obras públicas, compras sin documentación respaldatoria, ociosidad de empleados y deudas no cobradas con diferentes áreas del Estado que comprometen a las compañías en su estado contable y patrimonial.
Entre las empresas observadas se encuentran AYSA, Ferrocarriles Argentinos, Arsat, Enarsa, Radio y Televisión Argentina (RTA), Intercargo, Fabricaciones Militares, Fadea, Corredores Viales y Nucleoeléctrica.
El presidente Javier Milei, y su alegoría de la motosierra llevaron todas las miradas al ajuste. Aplicado esto en el universo de las empresas públicas, la caída de las transferencias del Gobierno concentró casi toda la atención. Pero en relación con su funcionamiento, La Nación presentó pedidos de acceso a la información pública de todos los reportes del organismo de control, Sindicatura General de la Nación (Sigen), sobre las auditorías a las compañías estatales no financieras. De allí se desprende que cerca de la mitad tienen observaciones por presuntas irregularidades, falta de control que permita una satisfactoria fiscalización de fondos o ineficiencia.
Las empresas señaladas son Enarsa, AYSA, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica, Arsat, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Intea, Polo Tecnológico Constituyentes, Fabricaciones Militares, Fadea y Corredores Viales. Predominan las observaciones sobre obras públicas puntuales, compras sin documentación respaldatoria y ociosidad de empleados, entre otras.
Esta información está basada en los últimos informes de la Sigen, publicados durante 2023, que hacen referencia a 2022. Las auditorías sobre el ejercicio del año pasado aún no fueron publicadas.
Enarsa
La Sigen calificó como “de carácter irregular” la suspensión de obras del Gasoducto NEA. “Fue decidida sin efectuar el análisis pertinente respecto de las consecuencias de la misma”, informó. Además, la auditoría indica que la determinación habría sido comunicada a las firmas contratistas antes de que el directorio de la compañía haya tomado tal decisión. En ese sentido, afirma haber verificado inconsistencias en la entrega y registro de los bienes en posesión de los contratistas.
La Sigen también describe “graves deficiencias” en la gestión de documentación de respaldo correspondiente a la obra de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Pte. Néstor Kirchner y Gdor. Jorge Cepernic. Según el informe, dicha situación “impide conocer la operatoria real”. En otras palabras, lo que sostuvo dicho organismo de control es que esto dificultaría conocer el grado de avance del proyecto, que tal como admiten desde Enarsa, ha sufrido vaivenes.
Al respecto, desde la empresa comentaron a La Nación: “Es materia de revisión. Las irregularidades que se detecten serán llevadas a los ámbitos que corresponda”.
AYSA
El informe resaltó el desembolso de $ 101.524.955 en concepto de intereses por retrasos en un pago durante la gestión de Malena Galmarini. “Falta evidencia de un análisis de los motivos que justifiquen las causas por las cuales se han abonado fuera de término”, sostuvo la auditoría. Se trata de órdenes de compra correspondientes a obras del Sistema Riachuelo.
Un dossier de la compañía adjudicó dichas demoras a la pandemia. El equipo de prensa de Galmarini convalida esa versión. Pese a esto, el organismo de control no pudo corroborar la existencia de un análisis de los motivos que ocasionaron el pago fuera de término.
Contenidos Públicos
La auditoría resaltó la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de pagos sin contrato. Dichas erogaciones alcanzan los $ 77.798.796,79. “Realizar pagos bajo esta modalidad implica un desvío del procedimiento que debe tener carácter excepcional y debe estar debidamente justificado”, señaló el informe. Precisamente, en él se advirtió la falta de justificación técnica de la contratación. Las por entonces autoridades de la empresa no emitieron comentarios ante la consulta de La Nación.
Fadea (Fábrica de Aviones)
El informe enfatizó el efecto negativo de “horas subutilizadas”, que afectarían el costo de ventas en $ 1.576.412.008. Esto alude a horas de trabajo valorizadas “que no fueron asignadas a órdenes productivas, sino a tareas de asistencia al área de producción”.
Fuentes de la empresa contactadas por La Nación admitieron una “ralentización de la producción” en relación con la supuesta ociosidad.
Radio y Televisión Argentina (RTA) “Se observan omisiones e irregularidades respecto de la operatoria”, describió la Sigen. Sostuvo que se habría incumplido el procedimiento establecido por el reglamento de compras y contrataciones de la compañía. “No se pudo constatar el reintegro por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a RTA SE por la suma total de $ 7.323.666, correspondientes a las órdenes de pago objeto de la presente auditoría”, indicó.
La por entonces presidenta de la empresa, Rosario Lufrano, remitió documentación a La Nación que muestra que dicha observación hace referencia a la gestión anterior. De todos modos, hasta el último informe de la Sigen, ese dinero continúa sin aparecer.
Otro antecedente es el hallazgo de un bolso con $ 4 M en la TV Pública, que motivó la presentación de una denuncia por parte de Lufrano por “irregularidades” detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo.
Nucleoeléctrica
Las observaciones más relevantes se centraron en la central nuclear Atucha III. El informe detalló que “el presidente de NASA [Nucleoeléctrica] firmó un contrato con la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC)” antes de que fuera tratado y aprobado en el directorio de la empresa. Incluso, agrega que la Comisión Fiscalizadora habría tomado conocimiento del convenio con el gobierno chino “a través de los medios de comunicación” sin haber recibido documentación ni antecedentes sobre el contrato.
Pese a esto, la empresa explicó a La Nación que el contrato “está correctamente aprobado”.
Intea
El análisis de los estados contables afirmó: “No se ha podido corroborar la existencia de $ 32.181.266 (un 1,89% de los activos totales de la entidad)”. A su vez, informó que la compañía no habría tomado inventario físico de sus bienes, que a fin de año contabilizarían $ 187.380.266. El faltante de los más de $ 32 M se explica a raíz de que la auditoría pudo verificar la existencia de activos por un monto de $ 155.198.980. La Nación consultó al equipo de prensa de Intea pero no obtuvo respuesta.
Ferrocarriles Argentinos
La auditoría remarcó una conducta llamativa de las autoridades de las empresas ferroviarias. “La participación en los directorios por parte de los directores titulares pertenecientes a las compañías controladas se ve habitualmente delegada a sus suplentes”. Las empresas aludidas son Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Operador Ferroviario y Belgrano Cargas.
La empresa auditada respondió, ante la consulta de La Nación, que no hará comentarios al respecto.
Arsat
La Sigen describió riesgos operativos en la empresa dedicada a tecnología satelital. Según muestra la auditoría, distintas dependencias del Estado le deben $ 31.116M. El ex ministerio de Educación y Jefatura de Gabinete son las dos que más dinero deberían abonarle.
Ante la consulta de La Nación, desde la empresa admitieron “el gran descalabro económico” y detallaron que trabajan para ordenar la documentación respaldatoria.
Fabricaciones Militares
La auditoría advirtió sobre presuntas ineficiencias en la descripción de las metas cuantificables de la empresa. Esto limitaría “la potencialidad de analizar ejecución presupuestaria [y] magnitud de los desvíos”, explicó.
La actual gestión de la empresa le informó a La Nación que “no tiene sistema contable presupuestario ni de control interno” y que “el único balance que existe data de 2019.
Intercargo
Esta compañía presta servicios de rampa en aeropuertos. El trabajo de la Sigen afirma que “se detectó equipamiento de rampa que no reúne medidas de seguridad”. Incluso, detalla que la maquinaria tiene una antigüedad superior a 20 años. Desde la empresa aclararon, en diálogo con la nacion, que “se invirtió en equipamiento de rampa y no hay riesgo”.
Corredores Viales
La auditoría expuso que detectó “debilidades en el sistema de control interno, específicamente con relación a los circuitos de compras y contrataciones”.
Al respecto, la empresa sostiene que actualmente elabora un nuevo “Manual de Compras y Contrataciones”, ajustado a las normas de control.
AYSA, Fabricaciones Militares, Corredores Viales y Arsat, entre las observadas
Polo Tecnológico Constituyentes El informe explicó que si bien la empresa no posee un capital cuantioso, administra millones de pesos del Estado en proyectos vinculados con la ciencia y la tecnología. En ese sentido, se reitera la falta de mecanismos de control que “permitan atender posibles desvíos”.
El proyecto de “Ley de bases” contiene a Enarsa, Intercargo y RTA en el listado de privatizables; AYSA y Corredores Viales, en el grupo de las “concesionables”. (La Nación, Buenos Aires, 28/04/2024)
