Se cumplen 25 años de la Ley de Procedimientos Mineros de Salta
o.- (Gonzalo Castañeda Nordmann) La minería argentina ya no se mueve al ritmo de hace veinte o treinta años. Hoy compite por capital, tecnología, talento y tiempo. Y en esa carrera, las provincias no solo compiten a través de sus recursos minerales y lo que yace inexplorado bajo el suelo montañoso: compiten también por tener reglas claras, trámites previsibles, controles serios y procedimientos que no espanten inversiones. En ese escenario, Salta tiene una ventaja enorme por su potencial geológico, pero también un desafío cada vez más visible: actualizar su Ley de Procedimientos Mineros para que acompañe el tiempo de la actividad y no quede corriendo detrás de ella.
La Ley de Procedimientos Mineros de Salta, la 7.141, cumplió ya un cuarto de siglo. No es una mala ley. De hecho, tiene virtudes importantes: conserva una estructura bastante completa, regula con detalle los principales trámites y, aplicada con buen criterio, ha permitido durante décadas dar curso a expedientes y sostener inversiones. El problema no es que Salta carezca de reglas, que de hecho las tiene y alberga una política de promoción de inversiones y cuidado de las operaciones de larga data. El problema es que muchas de esas reglas fueron pensadas para otra etapa: una minería menos digital, con menos expedientes, menos complejidad técnica, menos cruce con lo ambiental y menos necesidad de velocidad. En otras palabras, el andamiaje todavía sirve, pero empieza a mostrar desgaste en puntos críticos.
Eso se advierte con nitidez cuando se compara a Salta con otras provincias. Mendoza sancionó en 2024 un nuevo código; Río Negro actualizó el suyo en 2023; Catamarca lo había hecho en 2020; San Juan ya venía con reformas previas; y quien suscribe trabajó con Neuquén en un proyecto integral para reemplazar una ley de 1975 por un régimen moderno, sistemático, digitalizado y con mayores herramientas de control que entró en marzo a la Legislatura.
En esa misma línea de modernización, Jujuy avanzó con la implementación del Sistema Legal y Administrativo Minero (SI.L.A.MI.), cuya puesta en marcha fue dispuesta en forma gradual desde mayo de 2025 en el ámbito del Juzgado Administrativo de Minas, y cuya entrada obligatoria terminó de consolidarse como eje de la gestión minera digital. El sistema apunta a reemplazar progresivamente el expediente papel, ordenar el alta de usuarios, canalizar trámites en entorno digital y dotar de mayor trazabilidad, estandarización y acceso remoto a los viejos papeles mineros.
Competitividad
Salta, por su parte, acaba de dar un paso importante con la Acordada 14628 de la Corte de Justicia, que dispuso la plena implementación del Sistema de Expediente Digital (SED) en el Juzgado de Minas a partir del 18 de mayo de 2026. La decisión no solo demuestra un fuerte interés en el proceso de despapelización ya iniciado, sino que establece que todas las actuaciones tramitarán exclusivamente en formato digital, aunque preservando ciertas particularidades propias de la materia minera, como la presentación física de la muestra legal, la exhibición en papel de determinados instrumentos originales para su registro y la subsistencia transitoria de algunos libros de registro en soporte material. Sin embargo, la Ley que regula ese procedimiento, sigue camino a jubilarse en puntos donde la digitalización se abrió camino.
El mapa es claro: casi todas las jurisdicciones mineras relevantes vienen revisando sus procedimientos para hacerlos más ágiles, más trazables y más compatibles con la realidad digital de la industria. Salta no quedó vieja en términos absolutos, pero sí quedó en una posición intermedia, con un modelo híbrido que empieza a ser menos competitivo frente a los diseños más modernos. El desafío pasa, justamente, por introducir mejoras puntuales y necesarias, sin abrir frentes de incertidumbre que puedan afectar la seguridad jurídica ni desalentar inversiones.
¿Cuáles son hoy las grandes tendencias? La primera es la digitalización integral. Ya no alcanza con tener una parte del expediente en digital y otra en papel, o una oficina conectada y otra trabajando como hace veinte años. Las provincias más modernas avanzan hacia expediente electrónico completo, firma digital, notificaciones digitales, pagos online, trazabilidad de cada movimiento del expediente y registros públicos electrónicos. Dicho en lenguaje simple: que el minero, el abogado, el funcionario y el inversor puedan saber dónde está el trámite, qué falta, quién intervino y cuánto tarda cada etapa. Menos peregrinaje, menos papel, y menos incertidumbre: son el horizonte que se empieza a ver. Más control y más transparencia.
La segunda tendencia es la simplificación de trámites. No significa bajar exigencias, sino ordenar mejor el procedimiento, eliminar formalismos inútiles, permitir subsanar errores antes de aplicar caducidades, usar formularios inteligentes y acortar tiempos muertos.
La tercera tendencia es la especialización de respuestas para problemas concretos. La minería real no es uniforme. No es lo mismo un gran proyecto de litio o de cobre en la Puna, que una cantera de áridos, una obra pública municipal, una extracción de emergencia o una exploración temprana e incipiente. El verdadero fomento debe estar en no sobredimensionar las exigencias para etapas tempranas de la exploración, acortar los tiempos de respuesta y mejorar las herramientas de cumplimiento ambiental.
Acá aparece otro nudo clave para Salta: el régimen de canteras y áridos. El diagnóstico preliminar es directo: el sistema actual resulta anacrónico, lento y termina incluso fomentando extracciones furtivas, porque la legalidad tarda más de lo que la realidad económica tolera. Otras provincias ya avanzaron e innovaron en subregímenes más ágiles y diferenciados para canteras públicas, privadas, municipales, de obras y de emergencia con mecanismos más ágiles de concesión y control. Ese es un campo en el que Salta tiene margen claro para mejorar sin tocar los pilares esenciales de su sistema.
En esa línea, una de las innovaciones más interesantes que surge de la comparación es la idea de fortalecer la dimensión registral. El futuro parece ir hacia un “folio real minero digital”: una matrícula única por cada derecho minero, donde pueda verse en línea quién es el titular, qué gravámenes tiene, si hubo cesiones, en qué estado está el trámite y qué cargas pesan sobre el derecho. Para cualquier inversor serio, eso vale oro. Porque donde hay publicidad registral clara y segura bajo estándares registrales modernos, hay menos conflicto, menos sorpresas y menos costo de transacción. La provincia gana en control; el privado gana en previsibilidad. Todos ganan en trazabilidad.
Ahora bien, ¿por qué todo esto sería provechoso para Salta? Porque una buena ley de procedimientos no es un lujo académico. Es infraestructura institucional. Y así como nadie invierte miles de millones donde no hay caminos, energía o agua, tampoco se invierte cómodamente donde los expedientes son lentos, opacos, inciertos o excesivamente rígidos, y esto todas las Provincias lo están mirando. La digitalización bien hecha reduce tiempos y costos. La claridad competencial evita demoras. Los controles más modernos mejoran la fiscalización. Los procedimientos más razonables refuerzan la seguridad jurídica. Y todo eso, junto, vuelve a la provincia más atractiva para invertir. No porque regale nada, sino porque transmite algo elemental: acá hay reglas, funcionan y se pueden prever.
La discusión, entonces, no debería plantearse en términos de “romper todo y empezar de cero”. El propio diagnóstico preliminar de Salta sugiere otra cosa: una reforma evolutiva, focalizada en nudos críticos, que preserve lo que sirve y modernice lo que hoy frena. Salta tiene una base útil. No necesita dinamitar su sistema. Necesita aggiornarlo.
Dicho sin vueltas: si el litio y la minería moderna avanzan a velocidad de tren bala, los procedimientos no pueden ir a paso de carreta. Una nueva etapa minera para Argentina exige no solo buenos recursos, sino también un buen derecho minero procedimental. (El Tribuno)
