Polémica por Vicuña: San Juan evita responder a Quintela y espera notificación judicial
o.- El Gobierno de San Juan optó por la cautela en medio de la creciente tensión con La Rioja por el proyecto minero Vicuña. Aunque puertas adentro califican como “un disparate” los planteos del gobernador Ricardo Quintela, por ahora evitarán polemizar públicamente.
Fuentes calificadas aseguraron que “hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación o comunicación formal”, por lo que la provincia se limita a seguir el tema a partir de lo que trascendió en medios de comunicación, sin adoptar una postura oficial.
En esa línea, remarcaron: “Por ahora no intervenimos”, y agregaron que incluso la empresa vinculada al proyecto, Vicuña Corp, “todavía no ha sido notificada judicialmente”.
El origen
La disputa se intensificó en los últimos días luego de que autoridades riojanas impulsaran una medida judicial para frenar la actividad del proyecto, argumentando que la empresa no presentó un informe de impacto ambiental integral ante esa provincia.
El planteo derivó en un fallo judicial que busca paralizar las tareas y bloquear el uso de caminos en territorio riojano, específicamente el acceso al campamento Batidero a través de Guandacol.
Sin embargo, desde la compañía negaron haber sido notificadas. El country manager de la firma, José Luis Morea, aseguró que las operaciones continúan con normalidad, ya que utilizan el denominado corredor norte, ubicado íntegramente en territorio sanjuanino.
Posturas enfrentadas
Desde La Rioja sostienen que el proyecto podría generar impactos ambientales en su territorio debido a la cercanía geográfica, y reclaman participar en la evaluación ambiental. También buscan beneficios económicos, empleo y participación de proveedores locales.
En cambio, desde San Juan remarcan que el proyecto se desarrolla completamente dentro de su jurisdicción y que ya cuenta con declaraciones de impacto ambiental aprobadas en dos oportunidades.
Un momento clave
El conflicto judicial llega en un momento estratégico para el proyecto Vicuña, ya que los inversores internacionales analizan la decisión final para avanzar con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares.
En este contexto, desde el sector minero advierten que la judicialización del conflicto podría generar incertidumbre y afectar el desarrollo del emprendimiento.
Incluso, especialistas consideran que el camino judicial iniciado por La Rioja podría no prosperar, ya que no existen antecedentes recientes de que una provincia exija una evaluación ambiental sobre un proyecto ubicado íntegramente en otra jurisdicción.
Cautela
Por ahora, en el gobierno sanjuanino mantienen una postura expectante. Evitan escalar el conflicto político y aguardan definiciones judiciales concretas antes de responder formalmente. (Canal 13 San Juan)
