Guandacol se declaró en “estado de alerta” y solicitará una audiencia con el Gobernador
o.- Tras el freno judicial al uso del camino riojano, la Asamblea de Vecinos y Trabajadores advierte que la operadora ha reorientado sus actividades hacia San Juan. Denuncian un “impacto directo” en la economía local y piden que la Provincia asuma la responsabilidad por las consecuencias sociales de la medida.
La tensión en el departamento Felipe Varela ha escalado un nuevo peldaño. Lo que comenzó como una medida judicial para frenar el uso de una vía de acceso hacia el Proyecto Vicuña (que incluye el yacimiento Josemaría), se ha transformado en un conflicto social en la localidad de Guandacol.
Tras la asamblea pública realizada este lunes en la Plaza Principal, la comunidad emitió un contundente comunicado de prensa donde manifiestan su “profunda preocupación” por los efectos colaterales del fallo dictado por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito. Dicha resolución dispuso la suspensión de actividades vinculadas al proyecto y el cierre del corredor logístico por un plazo de 30 días, fundamentado en cuestiones ambientales.
El “factor San Juan” y el temor al desabastecimiento laboral
Uno de los puntos más críticos que revela el documento de la Asamblea es el desplazamiento de la actividad hacia la provincia vecina. Según denuncian los vecinos, la operadora del proyecto ha reorientado su logística hacia San Juan, lo que implica una pérdida inmediata de ingresos para transportistas, comerciantes y trabajadores riojanos que prestaban servicios en la zona.
Fuentes del sector minero en San Juan han confirmado a medios regionales que la provincia vecina mantiene sus vías de acceso operativas, lo que deja a La Rioja —y específicamente a Guandacol— en una situación de desventaja competitiva y aislamiento económico mientras dure la restricción judicial.
a Asamblea de Guandacol fue clara al desmarcarse de la disputa legal técnica: “Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental; exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores”, sentenciaron.
En el marco de un plan de lucha pacífica, los vecinos resolvieron:
o Pedido de Audiencia: Solicitar una reunión formal y urgente con el gobernador Ricardo Quintela para canalizar soluciones concretas.
o Acciones Legales: Impulsar medidas para visibilizar que la comunidad, aunque no es parte del expediente judicial, es la principal damnificada.
o Censo de Afectados: Conformar comisiones para elaborar un padrón documentado que refleje el impacto real en las familias del oeste riojano.
o Apoyo al Proyecto: Ratificar, mediante votación a mano alzada, el apoyo mayoritario del pueblo de Guandacol a la continuidad de las actividades del Proyecto Vicuña.
Un pueblo en “alerta y organización”
El malestar en Guandacol radica en lo que perciben como una falta de acompañamiento estatal ante una decisión que frena el motor económico de la región. “La comunidad reafirma su compromiso con el trabajo y el desarrollo”, concluye el comunicado, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no reciben una respuesta por parte de las autoridades provinciales en el corto plazo.
Mientras tanto, el corredor logístico permanece custodiado por fuerzas policiales, tal como lo ordenó la Justicia, y el silencio en las rutas de la zona preocupa a un sector comercial que depende casi exclusivamente del movimiento minero. (Nuevas Rioja)
