Dividide, Mendoza vota una apertura minera
o.- (Pablo Mannino) El proyecto prevé una inversión de u$s 600M, pero es resistido por los ambientalistas por la crisis hídrica.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, busca que se apruebe hoy una ley minera que divide posturas en la provincia. “La minería será el motor del progreso”, dijo Cornejo, radical, aliado del presidente Javier Milei. El mandatario asegura que ahora hay más consenso político y licencia social para avanzar con la iniciativa.
“El agua no se toca”, vuelven a afirmar voces disidentes, sobre todo ambientalistas, con manifestaciones constantes que se incrementaron en las últimas semanas. Así se vive por estas horas el debate legislativo para el desarrollo de la controversial actividad metalífera en tierra cuyana, que promete realizarse con importantes controles, de manera sustentable, acorde con las últimas tecnologías. El desafío del gobierno mendocino es profundizar la matriz productiva, con la apuesta a la “coexistencia” de las distintas industrias productivas, como ocurre en Chile.
De esta manera, se pone sobre la mesa con fuerza la actividad extractivista en medio de la montaña, con un proyecto clave, en su etapa de explotación, que estuvo frenado durante 14 años: se trata de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, conocido como Proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, en la comuna de Las Heras, que promete una inversión inicial cercana a los u$s 600 M y casi 4000 empleos, solo en la construcción, con la posibilidad de empezar a operar en 2028.
Hoy es la prueba de fuego y todo indica que la iniciativa tendrá el aval definitivo del Senado, a pesar de la negativa del justicialismo. De acuerdo con las consultas realizadas por La Nación, los números son favorables al oficialismo, tal como ocurrió el mes pasado en Diputados, donde obtuvo mayoría, con el apoyo de otras fuerzas, menos el peronismo y algunos legisladores vinculados a la protección del agua y la ecología. Cornejo reforzará con un operativo de seguridad especial las inmediaciones de la Legislatura.
Pero nada está dicho hasta último momento. Ya se vivió en 2019, cuando asumió el gobernador Rodolfo Suárez, actual senador nacional, quien por las masivas protestas tuvo que dar marcha atrás con las modificaciones a la ley 7722, conocida como “ley antiminera”, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, debido a la presión social y las masivas protestas.
Por eso, el temor de la ciudadanía a la contaminación se volvió ahora a poner en el centro de la escena, más allá de las explicaciones oficiales, el cumplimiento de la normativa vigente y el aval de los diferentes organismos, como el Ministerio de Ambiente, el Departamento General de Irrigación, la Universidad Nacional de Cuyo y el Conicet, que en los últimos días quedó envuelto en una polémica por dar a conocer un comunicado, que luego fue eliminado, donde se ponían en duda la seguridad y el cuidado del agua, sobre todo por la crisis hídrica que vive la provincia desde hace más de una década. Hay voces críticas que aseguran que la toma de agua del arroyo El Tigre, en las inmediaciones de la mina, podría contaminar la cuenca del río Mendoza.
Esto fue negado de plano por las autoridades mendocinas, que buscan por todos los medios dejar en claro que “es falso que haya riesgos de contaminación de la cuenca del Mendoza” y que la mina “no consumirá 140 litros por segundo, ya que el 80% de ese volumen se recircula en un circuito cerrado”.
En paralelo, la Casa Rosada promueve una modificación a la ley de glaciares, para darle mayor impulso a la actividad en áreas hoy protegidas de todo el país, lo que también puso en alerta a los ambientalistas.
Las explicaciones oficiales están a la orden del día, mientras se buscan interesados en desarrollar la actividad en la provincia. De hecho, en el último año se incrementaron las misiones oficiales, en su mayoría lideradas por el gobernador, a destinos claves para la captación de inversiones, como Canadá, los países árabes, Brasil, España, Bruselas e Inglaterra. Por caso, por estas horas, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, expuso sobre minería, transición energética y potencialidades de Mendoza en la Residencia Argentina en Londres, en el marco de la Feria Minera Resourcing Tomorrow.
Latorre afirmó que “la sociedad cambió, ya no se permite rechazar más ninguna actividad productiva que genera desarrollo”, al tiempo que aseguró que todo será regido por la “ley antiminera” y que habrá distintos niveles de control, que incluyen la Policía Ambiental Minera, tecnología satelital permanente, monitoreo ciudadano y fondos compensadores, con sanciones que van desde multas hasta clausuras. Asimismo, les pidió a los ciudadanos que sean “los fiscalizadores más fervientes y aguerridos del ambiente de Mendoza”.
“Es falso que la minería compita por el agua de los mendocinos”, fueron las últimas palabras de la funcionaria antes del debate decisivo que se dará hoy, asegurando que el proyecto de cobre opera con recirculación hídrica y controles ambientales “de máxima”, por lo que volvió a cuestionar a los grupos que construyen escenarios “catastróficos” y utilizan al ambiente “para encubrir otros intereses”.
En esa vereda, para muchos extrema, se encuentran diversas asociaciones sociales y ambientalistas que preparan una fuerte manifestación para hoy. “Este tipo de megaminería utiliza sustancias altamente tóxicas como xantato y libera metales pesados que tienen graves riesgos de contaminar el río Mendoza, que abastece de agua al 75% de los mendocinos”, indicaron a La Nación desde la Asamblea por el Agua, que invita a los ciudadanos a sumarse al reclamo y conocer en detalle el impacto de la minería en otras regiones y los pueblos que lograron frenar su desarrollo.
Mientras, el gobierno mendocino busca poner en valor el avance de la industria minera en todo el mundo y las nuevas tecnologías, asegurando que permiten una actividad moderna, sostenible y transparente. (La Nación, Buenos Aires, 09/12/2025)
