Demandas contra Argentina: ya suman u$s 30.000 millones (I)
o.- (Agustina Devincenzi) Están radicadas en tribunales internacionales. Además de YPF, hay juicios entablados por bonistas, por tarifas que no se ajustaron y “cupón PBI”. El Ciadi decide en las demandas presentadas por incumplimientos.
La Argentina enfrenta varios juicios en el exterior en su contra, que van desde la causa en los tribunales de Nueva York por la irregular expropiación de YPF por parte del kirchnerismo en 2012 hasta demandas por la intervención del Indec con Guillermo Moreno que afectaron a bonos soberanos y empresas con rupturas de contratos con el Estado.
Según estimaciones privadas y del mismo Gobierno, estos litigios, que pasan de gestión en gestión, porque se busca ganar tiempo y postergar un eventual pago, tendrían un costo potencial para el país de alrededor de u$s 30.000M. Equivale a 70% de los u$s 43.014 M que tiene el Banco Central en reservas, que subieron casi u$s 600 M en los últimos días gracias a la devaluación del dólar en el mundo y el aumento del precio global del oro.
Otra comparación: la suma representa 73% de la deuda por los aproximadamente u$s 41.000 M que la Argentina le debe al FMI. Al respecto, el Fondo reconoció los esfuerzos del Gobierno en las negociaciones en estas causas, pero pidió su pronta resolución y advirtió que representan un riesgo legal.
El caso del cupón PBI se originó por la manipulación de las estadísticas cuando gobernaba Cristina”.
Entre los demandantes, hay tanto inversores particulares como grandes fondos y megabufetes. La Procuración del Tesoro tiene bajo su órbita varios de los casos, con distinto grado de avance o resolución.
En algunos, ya están determinados los montos que se deben desembolsar, en dólares y euros. Pero, en otros, la cifra final no se estableció y contempla la posibilidad de sentarse a negociar planes de pago u otras alternativas.
Es lo que ocurre en la causa de YPF –la más relevante, por monto e impacto público–, que se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y en la que esta semana la Argentina recibió una noticia a su favor: la jueza Loretta Preska suspendió su orden de investigar si la petrolera tiene potenciales activos para embargar.
La Argentina fue condenada a abonar u$s 16.100 M más intereses que se acumulan, a razón de más de u$s1 millón por día, estiman especialistas.
También resalta la causa de ‘Cupón PBI’ en Londres, con una sentencia firme contra el país por 1.300 millones de euros. El fallo fue ratificado tras el rechazo de la Corte Suprema de Londres al planteo argentino. El caso se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento del PBI en la gestión kirchnerista para evitar el pago de intereses de dichos cupones, atados a la evolución del producto bruto interno.
Otro es el reclamo de holdouts de la deuda de 2001. Son bonistas con títulos que defaultearon y no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016, y representan un pasivo de alrededor de u$s 2.400M.
En el caso de Móbil Exploration, Argentina enfrenta un plan de pagos por la sentencia adversa de u$s 196 M que el país recibió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los perjuicios que la pesificación generó en los negocios gasíferos de la petrolera.
A su vez, frente al organismo con sede en Washington que lauda ante demandas de empresas privadas por incumplimientos de contratos por parte del Estado, la Argentina tiene demandas abiertas por más de u$s 2.500 M más intereses. AES Corporation encara el reclamo más antiguo y por mayor monto, que corresponde a 2002 y es por u$s 1.814M. Se centra en la negativa de la Argentina a aplicar mecanismos previamente acordados para el cálculo y ajuste de tarifas. (Clarín, Buenos Aires, 26/12/2025)
El fondo Burford pide declarar a la Argentina en desacato (II)
o.- Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton en Nueva York contra la Argentina por la irregular expropiación de YPF en 2012 por parte del kirchnerismo, anticipó que le pedirá a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato, lo que abre la puerta a posibles embargos de activos y sanciones adicionales.
Es porque considera que el Estado no cumplió con el pedido de entrega de las comunicaciones de funcionarios y ex autoridades, pese a que el país todavía tiene tiempo hasta el 10 de enero para hacerlo, en la nueva fecha límite formal que fijó Preska.
Aunque la magistrada apuntó que el país está incumpliendo sus órdenes, la Argentina debía recolectar el material a comienzos de noviembre, concedió una prórroga y busca dar un último plazo definitivo antes de tomar una decisión judicial.
Al respecto, en la audiencia del 9 de diciembre pasado, la jueza reconoció el incumplimiento y adelantó que la negativa del país a producir esa información podía derivar en un pedido de desacato y sanciones económicas y procesales, y autorizó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción.
De esa manera, obtuvieron la autorización para realizar su presentación entre el 15 de enero y el 5 de marzo.
Por el momento, casi la mitad de los funcionarios y ex funcionarios que están implicados el caso entregaron sus chats de WhatsApp y mails.
Sin embargo, las principales figuras políticas rechazaron colaborar. Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no accedieron a proporcionar sus comunicaciones con terceros en dispositivos o cuentas personales.
A su vez, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, no proporcionó respuesta, al igual que una decena de ex funcionarios.
Los demandantes buscan probar que YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central (BCRA) funcionan como ‘alter ego’ del Estado y que las distintas administraciones de gobierno ejecutaron políticas económicas a través de esas empresas.
La causa por el ‘alter ego’ se desarrolla en paralelo a la apelación de fondo, donde en cualquier momento el tribunal puede emitir sentencia.
En el Gobierno consideran que por eso Burford está inquieto y busca acelerar embargos.
El último martes, la jueza Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tomó una decisión que benefició a la petrolera.
Preska accedió al pedido de la YPF de suspender el discovery del Alter Ego (búsqueda de activos para ser embargados) .
Así, la jueza aceptó la protesta de YPF y suspendió el discovery de sus activos, hasta que la instancia superior decida sobre ese punto. Con todo, queda claro en su fallo que confía en que la apelación será a su favor. “La jueza Preska concede la petición de YPF y ordena suspender transitoriamente el discovery de información con el que los demandantes pretenden encontrar algo que les permita, eventualmente, plantear que YPF es un alter ego del Estado nacional”, explicó el abogado Sebastián Soler, en X.w. (Clarín, Buenos Aires, 26/12/2025)
