Argentina, pionero en proteger sus glaciares, avanza con una reforma que compromete la seguridad del agua
o.- (Andrés Nápoli, Agostina Rossi Serra, Mercedes Pombo-El País) Argentina no solo destaca por sus increíbles paisajes y biodiversidad, también lo hace por sus legislaciones en materia ambiental. La Ley de Glaciares, sancionada hace 15 años producto de la movilización de la comunidad científica, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, se consolidó como la primera legislación en el mundo que protege a los glaciares y el ambiente periglacial, por considerarlos bienes de carácter público y fundamentales para la provisión de agua dulce del país.
La modificación propuesta es inconstitucional y sienta un grave antecedente en términos de vulneración de derechos conseguidos por la sociedad civil para poner a resguardo los bienes comunes de los argentinos. Vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio precautorio y de prevención establecidos en la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú.
A su vez, la iniciativa busca trasladar a las provincias la definición de qué glaciares y qué zonas del ambiente periglacial deben ser catalogadas con “función hídrica relevante” y, por ende, protegerse. Esto rompe con el carácter nacional y uniforme de los presupuestos mínimos ambientales y habilita criterios desiguales y meramente administrativos sin ningún tipo de rigor científico para sistemas hídricos que no reconocen límites políticos entre jurisdicciones provinciales. De este modo, la protección de estos ecosistemas dependería de decisiones sujetas a intereses de mérito y conveniencia política.
El país ya cuenta con una ley pionera por su alcance en la protección de glaciares y ambiente periglacial, por la que se debería sentir orgullo, porque resguarda un bien finito e indispensable para el desarrollo de la sociedad y generaciones futuras: el agua dulce.
Sin embargo, nos quieren hacer creer que la norma vigente simboliza un “impedimento” al desarrollo o que “no está bien redactada o definida”. Proteger los glaciares es una política de Estado que la sociedad argentina ya eligió en 2010 y que la Corte Suprema de Justicia ratificó en 2019. Y ahora es el Congreso, a través de sus representantes, quien debe procurar la defensa de la norma y que no se retroceda en lo ya establecido. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo. (El Pregón Minero, 10/02/2026)
