Todas las repercusiones de la reforma de ley de Glaciares
En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua
o.- (Lola Loustalot) En la antesala del debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, el avance de proyectos mineros y definiciones judiciales recientes volvieron a poner en primer plano una discusión histórica del sector.
Este miércoles, el oficialismo buscará impulsar cambios en la norma que regula la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone otorgar mayor margen a las provincias para definir los criterios de preservación, en línea con los reclamos de provincias con desarrollo minero.
Uno de los puntos más sensibles es justamente el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares, donde se concentran reservas clave de agua pero que, al mismo tiempo, coinciden con áreas de alto potencial minero.
En ese marco, el uso del agua es uno de los ejes centrales del debate. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostienen que las modificaciones propuestas no afectan la protección del recurso hídrico y que la ley vigente ya permite operar sin comprometer las reservas de agua. A su vez, destacan que la actividad representa apenas el 1% del consumo total del recurso en el país, es decir, 1 de cada 100 litros disponibles.
La entidad sostiene además que los volúmenes utilizados por operaciones mineras son comparables con los de otras actividades productivas. Como referencia, comparó con otros consumos e indicó que la elaboración de una botella de vino (750 ml) requiere 650 litros de agua; una barra de chocolate (100 gramos), 1.700 litros; y una jarra de café (750 ml), 840 litros.
Inversiones en juego
La discusión se da en un escenario económico en el que el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos, entre ellos la minería, clave para la generación de divisas. Al mismo tiempo, el esquema vigente establece controles sobre el uso del agua a través de concesiones, auditorías e instancias de sanción, un esquema que podría modificarse si prospera la iniciativa en el Congreso.
Inversiones confirmadas
Durante la Argentina Week, que se llevó a cabo en marzo en Nueva York, la minera canadiense First Quantum Minerals ratificó ante el canciller Pablo Quirno la decisión de avanzar en el proyecto Taca-Taca, un yacimiento de cobre considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar.
La inversión inicial estimada para la planta es de USD 4.200 millones, con una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El plan prevé alcanzar una producción de 291.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década y sostener actividad por 35 años.
Durante la etapa de construcción de Taca-Taca, se proyecta la creación de hasta 4.000 empleos, cifra que descenderá a 2.000 puestos directos e indirectos en la fase operativa.
A su vez, para sumar atractivo al mercado internacional y fortalecer las condiciones de financiamiento, el proyecto se comprometió a alinearse con los criterios de sostenibilidad ambiental y social establecidos por IFC, lo cual busca posicionar a la Argentina como destino competitivo para inversiones mineras a largo plazo.
La Argentina posee la cuarta mayor reserva de cobre y la tercera de litio a nivel global, dos minerales esenciales para la electrificación y las nuevas cadenas de suministro energéticas. El desarrollo de grandes proyectos, bajo estándares internacionales y acuerdos de sostenibilidad, se perfila como eje clave para diversificar las exportaciones y consolidar infraestructura.
El peso de la actividad también se refleja en las proyecciones; según estimaciones privadas, la minería argentina podría multiplicar sus envíos en la próxima década y superar los USD 40.000 millones anuales hacia 2035, apalancada en nuevos proyectos, mayores inversiones y un escenario global de alta demanda por minerales críticos.
Fallo de la Corte de Catamarca
En vísperas del debate parlamentario, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió recientemente levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuenca del Río Los Patos tras casi cuatro meses de parálisis. El fallo se produjo luego de la entrega del Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), que concluyó que no existe “daño ambiental provocado” por la actividad minera actual en la zona.
Con el levantamiento de la cautelar, el Gobierno de Catamarca quedó habilitado a otorgar nuevas concesiones mineras en el departamento de Antofagasta de la Sierra, una de las áreas más delicadas por la coexistencia de reservas hídricas y potencial minero. El litigio había comenzado en marzo de 2024 frente a la demanda de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que denunció la ausencia de estudios ambientales integrales para la extracción de litio y otros minerales en el salar del Hombre Muerto.
El uso del agua en la minería
CAEM remarcó que la minería ocupa el 1% del consumo local de agua y que la enorme mayoría se recicla dentro de los ciclos industriales, sin consumos netos definitivos. El agua en esta industria se utiliza en diversas etapas: procesamiento, transporte de minerales, riego de caminos, refrigeración, limpieza y protección ambiental mediante el control de polvo y temperatura, tanto en superficie como en minería subterránea.
Las operaciones mineras se abastecen principalmente de aguas subterráneas, arroyos, ríos, lagos y fuentes marinas, bajo estricta concesión otorgada por la autoridad provincial o nacional.
De acuerdo con la regulación actual, ninguna empresa puede superar el límite fijado y existen procedimientos de inspección y auditoría, con la posibilidad de sanciones o quita de concesión en situaciones de incumplimiento. Este esquema busca garantizar un equilibrio sectorial, priorizando los usos de acuerdo a un régimen de permisos que involucra a todas las actividades económicas. (InfoBae)
El Gobierno nacional busca sancionar la Ley de Glaciares mañana martes
o.- El Gobierno nacional aprobaría la reforma a la Ley de Glaciares este martes.
De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) considera contar con los votos necesarios para aprobar dicha modificación e “impulsar inversiones mineras”, sobre todo en lo que respecta a las zonas de cobre y litio.
Este martes a las 14 en la Cámara Baja se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales comandada por Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanción de la sesión programada para el miércoles 8.
También habrá una reunión informativa con exposición de invitados, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema, y luego se pasar a la firma de los dictámenes.
Esta reunión de comisión se hará luego de haber realizado, durante el mes pasado, las Audiencias Públicas donde expusieron alrededor de 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual, pese a que había 100.000 inscriptos, situación que fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores.
Objetivo de la reforma
Como viene informando El Pregón Minero, la iniciativa de reforma de la ley de Glaciares busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Uno de los aspectos centrales que se modifican son:
– los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial (reserva estratégica de agua dulce y regulador hídrico).
Además, la iniciativa les transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los números del Gobierno para aprobar la modificación a la Ley de Glaciares
La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión para habilitar el debate por la modificación a la Ley de Glaciares, así como convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado, según señalaron fuentes parlamentarias.
Votos
LLA tiene 94 votos -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar- y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de unos 21 diputados de Fuerzas del Cambio (PRO, la UCR y el MID), 11 de Innovación Federal, 2 Producción y Trabajo, y entre 2 y 4 de Provincias Unidas.
Impulsores de la Iniciativa
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para alentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.
Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero. Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.
Los números del Gobierno para aprobar la modificación a la Ley de Glaciares
LLA es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión para habilitar el debate por la modificación a la Ley de Glaciares, así como convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado, según señalaron fuentes parlamentarias.
LLA tiene 94 votos -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar- y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de unos 21 diputados de Fuerzas del Cambio (PRO, la UCR y el MID), 11 de Innovación Federal, 2 Producción y Trabajo, y entre 2 y 4 de Provincias Unidas. (Noticias argentinas)
El Gobierno abre Diputados por glaciares y apuesta a evitar planteos por Adorni
o.- (Delfina Celichini) Cree tener los votos para la reforma; la oposición intentará interpelar al ministro.
El Gobierno buscará avanzar esta semana en el plano legislativo para superar la turbulencia política y judicial que lo atraviesa: planea abrir el recinto de la Cámara de Diputados el miércoles para sancionar la reforma de la ley de glaciares, una iniciativa que busca reducir las áreas protegidas y habilitar inversiones mineras. En el oficialismo confían en tener más de 130 votos para lograrlo.
La apuesta conlleva un riesgo, porque la sesión se dará mientras persisten los interrogantes sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la participación del presidente Javier Milei en el auge y la caída de la criptomoneda $LIBRA, que la Justicia investiga como una presunta estafa.
Los opositores se preparan e intentarán impulsar una interpelación al ministro coordinador. La moción requiere una mayoría simple, por lo que apuestan a las ausencias de aliados del oficialismo incómodos en sostener la defensa de Adorni.
En medio de la turbulencia política y judicial que atraviesa al Gobierno, la Casa Rosada busca avanzar en el plano legislativo. El oficialismo planea abrir el recinto de la Cámara de Diputados el miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la ley de glaciares, una iniciativa que busca reducir las áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.
La jugada se dará mientras persisten los interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la participación del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el auge y la caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia como una presunta estafa.
El recinto amplificará las tensiones políticas que atraviesan al Gobierno. La oposición se prepara para la sesión y trabaja en una estrategia para incomodar al oficialismo por los episodios que aún no logró esclarecer. Según confirmó a La Nación un referente crítico, intentarán impulsar una interpelación al ministro coordinador. Para eso se requiere una mayoría simple: las ausencias pueden ayudar a construir el número, una salida elegante para los aliados del Gobierno que prefieren quedar al margen tanto de la defensa de Adorni como de embestidas directas.
En paralelo, la Justicia se muestra activa. Si persisten las revelaciones sobre viajes, departamentos y gastos, los pedidos de explicaciones públicas podrían cobrar mayor fuerza. Será, en definitiva, la carta que la oposición podrá jugar en una sesión en la que corre de atrás. La correlación de fuerzas no le sería favorable: el Gobierno se encamina, por ahora sin sobresaltos, a convertir la reforma ambiental en ley.
Según un sondeo informal realizado por La Nación, el oficialismo reuniría más de 130 voluntades (necesita 129) junto a sus aliados de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy. En este debate, además, es probable que se quiebren las lógicas partidarias tradicionales: prevalecerán los intereses regionales vinculados al desarrollo minero.
Algo similar podría ocurrir dentro de Unión por la Patria. En el oficialismo descuentan que algunos diputados de distritos cordilleranos acompañarán la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre ellos figuran Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci ya votaron a favor de la reforma.
Mientras tanto, el oficialismo intenta sumar respaldo político de los gobernadores mineros. La Casa Rosada impulsa la convocatoria a un plenario de comisiones, mañana, para dictaminar el proyecto con la presencia de los mandatarios provinciales. Inicialmente estaba previsto hacer una reunión informativa aparte, hoy, con la presencia de un amplio abanico de mandatarios, pero eso luego se descartó. “Algunos gobernadores no quieren aparecer porque saben que sus diputados se dividirán y no quieren exponerse”, deslizó un referente libertario.
Ante ese escenario, el Gobierno al menos buscará que las provincias envíen como expositores a ministros y secretarios. Durante las audiencias públicas previas, solo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó indirectamente del debate a través de representantes, entre ellos su ministro de Producción, Gustavo Fernández. El resto de las provincias mineras evitaron exponer públicamente su posición, pese a que participaron en la elaboración del proyecto.
Los cambios en la legislación ambiental dominarán la agenda de esta semana en la Cámara baja. Pese a que se barajó la posibilidad de avanzar también con el proyecto “hojarasca” –que busca eliminar normas obsoletas que afectan libertades individuales o implican costos inútiles–, esa opción se descartó. En el oficialismo prefirieron no mezclar temas para evitar contratiempos. El primer abordaje de la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se postergó, así, para mitad de abril.
La reforma
La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y, si supera el trámite en Diputados, será ley. La disputa, sin embargo, no terminará allí. Diversas organizaciones socioambientales anticiparon que acudirán a la Justicia para impugnar la reforma por inconstitucional.
Sostienen que la modificación vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución nacional para la protección ambiental, que fija estándares uniformes para todo el territorio argentino.
El proyecto propone diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino únicamente aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La legislación vigente protege tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance al limitar la protección a las geoformas consideradas relevantes desde el punto de vista hídrico.
Otro punto central del debate es el mayor poder que la reforma otorgaría a las provincias. El proyecto establece que será la autoridad jurisdiccional la encargada de actualizar el inventario glaciar “sobre la base de estudios técnico-científicos”.
Actualmente esa tarea está en manos del Ianigla, un organismo científico nacional con sede en Mendoza. Para la oposición, transferir esa atribución a las provincias podría debilitar el sistema de protección ambiental y vulnerar el principio de presupuestos mínimos fijado por la Constitución.
Senado
La agenda del Senado está aún en construcción. El oficialismo evalúa sesionar el jueves con un temario acotado: el pliego de Lucía Crexell como embajadora en Canadá y una serie de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada –Oscar Santiago Zarich y Juan Carlos Romay, respectivamente–, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare. También se les daría ingreso formal a los 62 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.
La decisión final se confirmará el martes tras una reunión de jefes de bloque dialoguistas con la senadora Patricia Bullrich, titular de la bancada de La Libertad Avanza. Es probable también que el miércoles se inicie en comisión el debate sobre los cambios en materia de propiedad privada. Un día antes, la senadora radical Carolina Losada hará un acto para impulsar el proyecto que volvió a presentar sobre “falsas denuncias”. (La Nación, Buenos Aires, 06/04/2026)
Maximiliano Ferraro. “La modificación es regresiva e innecesaria; se va a judicializar”
o.- (Laura Serra) El diputado de la Coalición Cívica enfatiza que la ley actual no es obstáculo para las inversiones y que los cambios fueron redactados por las empresas
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) no duda: si es sancionada, la reforma de la ley de glaciares que se discutirá esta semana en la Cámara baja va a terminar en la Justicia por inconstitucional, ya que vulnera los presupuestos mínimos de protección del ambiente.
–¿Por qué rechaza la reforma?
–Porque creo que es totalmente regresiva e innecesaria. Se pretende una modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución nacional, que es el que establece, nada más y nada menos, que existan leyes de presupuestos mínimos para el cuidado del medio ambiente, en este caso particular, la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. Segundo, porque no es una ley que haya atentado contra el desarrollo minero: durante el período 2001-2009, es decir, sin ley de glaciares, las inversiones mineras fueron de u$s 12.000M; entre 2015 y 2025, con ley, las inversiones ascendieron a u$s 45.000M: un crecimiento del 270%. Tercero, porque se trata de una reforma que pareciera estar claramente redactada por el regulado, que en este caso son muchas empresas mineras.
–¿A qué se refiere?
–El artículo 3 bis es sugestivo: incluye un principio precautorio que establece que los ambientes glaciar y periglaciar estarán protegidos “hasta que” las autoridades de aplicación determinen que no son reservas de recursos hídricos estratégicos o proveedores de agua para cuencas hidrográficas. Pareciera que este artículo, como otros, fue escrito por los regulados más que por el regulador, es decir, el Estado.
–Los defensores de la reforma sostienen que no se desprotege el recurso hídrico, que solo se busca avanzar en los estudios técnicos que permitan establecer a ciencia cierta qué geoformas del ambiente periglaciar contienen agua o no.
–Eso es mentira, porque se debilita totalmente la institucionalidad científica del Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Ahora, las autoridades de aplicación serán las provincias, que podrán determinar qué áreas del ambiente glaciar y periglaciar tienen relevancia hídrica. Entonces ahí surgen algunas preguntas: ¿quién va a hacer los estudios de impacto ambiental? ¿Las provincias o las mismas empresas, como sucede en muchísimos lados? Esta reforma pareciera tener nombre y apellido, y tiene el nombre y apellido de dos provincias: San Juan, con el proyecto minero Vicuña José María, y Mendoza. ¿Acaso las empresas mineras no financiaron las campañas de los gobernadores y los viajes de los legisladores? El lobby detrás de esta reforma es tremendo. Insisto: creo que esta reforma es un claro retroceso en materia de presupuestos mínimos y protección de glaciares; rompe el principio de no regresión; rompe el principio precautorio establecido en la ley general del ambiente, pero a su vez se plantea una mentirosa soberanía federal.
–¿Por qué lo dice? Los partidarios de la reforma dicen que reafirma el dominio que tienen las provincias sobre sus recursos naturales que establece la Constitución.
–El dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, establecido en el artículo 124 de la Constitución, no se refiere solamente a los minerales críticos que pueden contener estos ambientes glaciares y periglaciares. También son recursos naturales los acuíferos y las cuencas hídricas que nacen de esas áreas de la Cordillera y comprometen a otras provincias. Esta reforma no soluciona el problema de la interjurisdiccionalidad; este es uno de los puntos más débiles del proyecto.
–Los impulsores de la reforma sostienen que la ley actual es imprecisa en cuanto a las facultades de las provincias sobre sus propios recursos naturales. Alegan que es necesario dotar a la ley de una mayor seguridad jurídica.
–Si ellos están preocupados por la seguridad jurídica, yo pregunto por qué entonces no se fortalece el Ianigla. ¿Por qué no se robustece la institucionalidad de este organismo científico para que sea este el que determine qué áreas del ambiente glaciar y periglaciar deben ser o no protegidas? En esta reforma el Estado nacional se retira, dejando de financiar las tareas de inventario. Y se les da a los gobernadores la última palabra como autoridad de aplicación. Este es otro problema de la reforma: rompe la uniformidad del criterio. Porque, efectivamente, van a aparecer distintos criterios a la hora de determinar si un cuerpo de hielo tiene o no relevancia hídrica y si debe ser removido o no del inventario de protección. Acá yo me sumo a lo que advirtió la diputada María Inés ▶igarán: vamos hacia un dumping ambiental con esta reforma.
–¿Cómo es eso?
–Podría desatarse una suerte de competencia entre las provincias mineras para ver cuál saca más rápido del inventario a un glaciar o a un ambiente periglaciar. Y así llevarse algún favor del gobierno nacional o de las empresas.
–Los promotores hablan de inversiones cercanas a los u$s 20.000M, empleo y crecimiento de las provincias. ¿No cree que el desarrollo es un punto importante?
–Sería un argumento si no se pusiera en peligro un recurso estratégico como el agua. Yo creo en compatibilizar cómo proteger ese recurso estratégico con cómo las provincias, la Nación y las empresas ayudan a diversificar la matriz productiva y económica de las provincias. Porque estos proyectos que hoy anuncian inversiones millonarias son a veinte, treinta años, ¿y después qué?
–¿Cree que la reforma, si es ley, va a ser judicializada?
–Por supuesto. Vuelvo a lo que decía al principio: el proyecto es regresivo, rompe el principio de no regresión, rompe el principio de precautorio, contradice el acuerdo Unión Europea-Mercosur, contradice y rompe la ley general de ambiente. Va a tener una clara judicialización, y esto no le va a dar la previsibilidad y la seguridad jurídica que necesitan muchos de los proyectos productivos que pretenden instalarse en la zona que son verdaderamente serios en comparación con algunos otros. (La Nación, Buenos Aires, 06/04/2026)
