RIGI minero: las provincias piden un 50% de compre local
o.- (Sabrina Pont) La industria solicita “armonización” de las normas. Los proveedores reclaman que se permita la competencia.
El Gobierno nacional apuesta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para concretar proyectos mineros históricos. Pero las provincias tienen sus propias reglas sobre quién puede trabajar en una mina, quién puede proveerle servicios y qué margen tiene la empresa para elegir. Esas reglas son más exigentes y, en algunos casos, directamente incompatibles con el régimen nacional.
Mientras las provincias tienen pisos que van del 50% al 90% para compre y empleo local, el RIGI apenas exige un plan con un mínimo del 20% de compras nacionales. Con inversiones comprometidas por más de u$s 50.000 M en cobre, oro y litio de aquí a 2035, definir quién se queda con esa torta es una discusión de fondo.
Un caso extremo es Santa Cruz, donde la Legislatura aprobó la Ley 90/10: el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas debe ser de residentes provinciales, con una antigüedad mínima de seis años para ser considerado “local”. Para proveedores, el piso es del 50% del monto anual total. La paradoja santacruceña es que las reglas más exigentes se aplican sobre proyectos maduros y no hay nuevos proyectos de escala en carpeta. De este modo, la ley protege lo que ya existe, pero no atrae lo que viene
En la otra punta se planta Mendoza, que directamente no tiene ley de compre local y el gobierno de Alfredo Cornejo sostiene que cuotas de empleo o proveedores crean “fronteras artificiales” inconstitucionales.
El plan RIGI a nivel nacional exige un mínimo de 20% de contratación local.
Mendoza hoy no tiene minas metalíferas en producción. Su verdadero capital es otro: una red de pymes metalmecánicas y de servicios desarrollada durante décadas alrededor de la industria petrolera. Esa capacidad instalada, si no hay proyectos propios que la absorban, tendrá que volcarse hacia su vecina San Juan.
Las provincias del NOA que componen el “triángulo del litio” obligan a un 70% de compre provincial. Salta exige que los proveedores estén inscriptos en un registro provincial y establece umbrales de empleo local que van del 40% al 70%, según la etapa del proyecto.
Jujuy exige que los proveedores locales tengan domicilio real en la provincia. En empleo, el decreto fija un porcentaje progresivo, entre el 40% y el 70%, según etapa del proyecto, para la nómina local.
Catamarca fue una de las pioneras en este tipo de regulaciones y fijó el piso de al menos el 70% del total de bienes, obras y servicios con proveedores inscriptos en la provincia. Para empleo, exige un 70% de originarios o residentes con antigüedad no menor de dos años.
La última pieza del mosaico la puso San Juan este mes. El gobernador Marcelo Orrego envió el 9 de junio a la Legislatura local la “Ley de Desarrollo Local Minero” que fija como metas que el 80% de los trabajadores sean residentes sanjuaninos y que el 60% de las compras anuales se destinen a proveedores locales.
El proyecto llegó a la Legislatura con un caso testigo. La adjudicación de la ampliación del campamento Batidero del proyecto Vicuña. Se trata de una obra de 2.000 camas y u$s 200M, que quedó en manos de un consorcio liderado por la empresa china PowerChina,junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., lo que generó fuertes cuestionamientos de proveedores locales y cámaras empresarias.
Frente a ese mapa de exigencias provinciales, el RIGI pide bastante menos. El régimen nacional indica que cada proyecto debe contar con un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales que contemple un mínimo de contratación nacional del 20%. Ese porcentaje es nacional, no provincial.
Las mineras no ocultan que ven en ese desfasaje una oportunidad. Argumentan que no en todas las provincias cuentan con los proveedores necesarios, que las pymes locales no siempre cumplen con los estándares internacionales que les exigen sus casas matrices, y que hay dificultad para encontrar trabajadores debidamente capacitados. El pedido al sector político es concreto: un gran pacto entre gobernadores para unificar y bajar los criterios.
La palabra “armonización” apareció con fuerza a fines de mayo en una jornada del Congreso Nacional. Allí, la Unión Industrial Argentina pidió “armonizar las normas de compre local con el marco normativo que da el RIGI” porque “la fragmentación juega en contra” y encarece los proyectos.
El Departamento Minero de la UIA sostuvo que el objetivo no debe ser “obligar” al compre local, sino generar condiciones para que los proveedores argentinos puedan ser competitivos.
En esa línea, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), sostiene que “como son parte de la minería” deberían contar con un régimen similar al RIGI. (Clarín, Buenos Aires, 25/06/2026)
