Repercusiones sobre la reforma a la ley de Glaciares en su primera jornada
Por amplia mayoría, la audiencia pública rechazó la reforma a la ley de Glaciares en su primera jornada
o.- (Fernando Brovelli) La primera jornada de audiencia pública se extendió por casi 12 horas.
o.- En medio de las intervenciones judiciales que piden ampliar la participación, inició la primera de las dos jornadas de audiencias públicas por la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. La última será el jueves 26 de marzo. La actividad contó en total con la participación de 95 de los 196 habilitados para intervenir este miércoles, de los más de los 120.000 inscriptos. De los disertantes, 84 (88,42%) rechazaron la reforma.
Dentro de los 11 restantes, hubo una amplia representación sanjuanina (entre ellos, tres funcionarios provinciales, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector), además del apoyo del presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, o del representante de la asociación empresarial del rubro GEMERA, Mario Hernández. La actividad duró en total 12 horas, cuando las autoridades del plenario decidieron terminar la audiencia -en simultáneo con la transmisión oficial- cuando aún restaban disertantes que se encontraban presentes.
Es en ese marco que se presentó un proyecto de ley, con la firma de diputados de Unión por la Patria, para realizar una consulta popular vinculante en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie al respecto. La pregunta propuesta es: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”. A pesar de esta intención, trascendió la posibilidad de una sesión en Diputados para sancionar la reforma el próximo 8 de abril, por lo que la propuesta podría dictaminarse la próxima semana.
Diputados de la oposición piden por invitados que no pueden ingresar al plenario.
Reforma a la ley de Glaciares: malestar por la falta de participación
Las controversias en el inicio de la actividad enturbiaron el desarrollo de las audiencias públicas, que se encontraron envueltas en procesos judiciales y pedidos de impugnación por la oposición y los disertantes. En este marco, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.
Aún más, la presidencia del plenario redujo el tiempo de intervenciones (de 5 a 4 minutos), mientras que se provocó una interrupción por el reclamo de diputados opositores de que se impidió el ingreso de una serie de inscriptos que estaban autorizados a participar, en un operativo policial extendido en las inmediaciones al Congreso.
La posibilidad de judicialización por su carácter regresivo y su colisión con otros artículos constitucionales, que obtura el objetivo de seguridad jurídica para las inversiones que se propondría la reforma, es el principal argumento de las voces antagonistas a la propuesta. Además de los argumentos que insistieron en las consecuencias ambientales de la flexibilización de controles, también se remarcó el carácter interjurisdiccional de las decisiones distritales sobre cada glaciar.
El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Luego de que la minería se presente como el principal catalizador de inversiones en la Argentina Week, se estima que existen cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s 30.000 M.
El cambio sustancial es que añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de “estratégica” la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un “glaciar o geoforma periglacial” según lo contemplen, incluyendo “una instancia de participación ciudadana”. Los dos cambios (artículo 4° y 6°) de último momento del proyecto en el Senado abonan a este objetivo, dado que se flexibilizaron el esquema de autorizaciones para la explotación minera, quitándole potestades a la Cancillería y los Comité de Cuenca.
En las inmediaciones del Congreso se manifestaron quienes no pudieron ingresar a la audiencia pública.
Audiencia pública por la Ley de Glaciares
Entre las voces que se opusieron a la reforma, se encontró Vanina Basso -secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa-, quien recordó que en su provincia existe “una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel. Es una historia de decisiones unilaterales aguas arribas que generaron desertificación, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de poblaciones”. “Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables”, subrayó.
A ella se le sumó la exdiputada nacional Marta Maffei, una de las autoras de la vigente ley. “Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley”, contrastó e indicó que la reforma “tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción”.
A su turno Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que “me tocó negociar ocho años el acuerdo de Escazú, que se basa en varios principios que no se respetan acá” y criticó que con la sanción de la ley “no va a haber más presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad porque las provincias van a establecer lo que les parezca”. Asimismo, rechazó que antes de esta iniciativa no existía un federalismo, porque actualmente las provincias “pueden ser autoridad de aplicación, hacer evaluación de impacto ambiental, dar licenciamiento ambiental y recibir regalías”.
Una postura media fue presentada por el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera planteó que la actual ley “es defectuosa y no coincide con lo asesorado en el IANIGLA”, dado que “el ambiente periglaciar está mal definido en la ley y es abstracto jurídicamente”. Aún así, dijo que “el inventario de glaciares está bien hecho con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar y debe ser revisado por los habitantes que están en las provincias”. A pesar de ello, dijo que la propuesta que tuvo media sanción en el Senado “hay algunos puntos que están inconclusos”: pidió modificaciones técnicas en el artículo 2°, 4° y 6°.
El respaldo de la reforma fue dado por el ministro de Producción de San Juan Gustavo, Emilio Fernández, quien sostuvo que “la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades” por lo que “la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas”. En ese marco, dijo que para el uso eficiente del agua, lo más conveniente es desarrollar un sistema de riego mecanizado para el uso agrícola, que acapara el 81% de los recursos hídricos de la provincia. (ámbito.com; 26/03/2026)
La audiencia por la ley de Glaciares arrancó con impugnaciones y denuncias
o.- Diputados de la oposición cuestionaron el formato y advirtieron irregularidades en la convocatoria mientras la comisión redujo tiempos de exposición y se registraron cruces en el recinto
La audiencia pública por la modificación de la ley de Glaciares comenzó este miércoles con un pedido formal de impugnación impulsado por legisladores de la oposición, que cuestionaron el mecanismo de participación definido por la Cámara de Diputados y denunciaron que el procedimiento no cumple con los requisitos legales vinculados a la intervención de la sociedad civil.
El reclamo presentado ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
Los legisladores sostienen que la audiencia resulta “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.
El planteo derivó en una respuesta inmediata del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien afirmó que “un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”.
Sin embargo, el intercambio abrió el primer foco de tensión de la jornada, ya que desde la oposición señalaron que no existe un canal administrativo previsto para este tipo de trámite dentro del procedimiento legislativo, lo que profundizó el conflicto desde el inicio del encuentro.
Reclamos por el tiempo de exposición y la reducción del plazo
El segundo punto de conflicto apareció con el tiempo asignado a los oradores, debido a que el plenario de comisión había definido exposiciones de cinco minutos, pero quienes lograron ingresar a la audiencia denunciaron que se les informó un plazo de cuatro minutos, lo que generó protestas tanto de expositores como de legisladores opositores.
El escenario se volvió más tenso en la primera hora, cuando diputados del peronismo interrumpieron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Cámara no permitía el ingreso de oradores que estaban anotados para exponer, situación que derivó en una discusión en el recinto y obligó a Mayoraz a retirarse para gestionar personalmente, junto a legisladores de Unión por la Patria, el acceso de los inscriptos.
La audiencia se realizó en un marco de fuerte controversia por el volumen de participantes anotados, ya que se registraron más de 100.000 inscriptos y solo se autorizó la presencia de 200 expositores, lo que fue cuestionado de manera reiterada por organizaciones ambientales, vecinos y referentes técnicos que participaron del debate.
Exposiciones en contra y advertencias judiciales
Durante el desarrollo de la audiencia, la mayoría de las exposiciones se pronunciaron contra la modificación de la norma y cuestionaron la metodología adoptada, con referencias reiteradas a la restricción de participación y al anuncio de posibles acciones judiciales para frenar la iniciativa.
En ese contexto, se repitieron argumentos vinculados al impacto sobre el cuidado del agua y al riesgo de que “sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos”, además de críticas directas al oficialismo, con acusaciones contra diputados libertarios a quienes señalaron por “reírse” durante las intervenciones.
San Juan respaldó el proyecto y generó cruces en el recinto
En medio de una mayoría de discursos contrarios a la reforma, una de las pocas intervenciones en respaldo del proyecto provino del ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien afirmó que su provincia no enfrenta conflictos por el agua debido a la minería sino “porque el kirchnerismo en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego”.
Su exposición generó abucheos durante el desarrollo, pero también aplausos del oficialismo, y el clima se tensó aún más cuando al superar los cuatro minutos asignados los diputados opositores comenzaron a gritarle que se había acabado su tiempo.
La dinámica dejó expuesto un debate marcado por interrupciones, cruces políticos y fuertes cuestionamientos al formato de participación.
Marta Maffei calificó la audiencia como una “farsa”
Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de Marta Maffei, ex diputada del ARI y autora de la ley original que el oficialismo busca modificar.
Durante su intervención sostuvo que “El Senado votó un proyecto que deroga las claves de la ley actual, omite todos los recaudos legales y constitucionales”.
y agregó “Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa”.
Su intervención se dio en medio de gritos de “mentira” provenientes del bloque libertario, que fueron respondidos por Maffei durante su exposición.
Pérez Esquivel y FARN cuestionaron el cambio
Otro de los expositores de mayor peso fue Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, quien afirmó que asistía “por una gran preocupación que es el agua” y señaló “No es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo”.
También tuvo fuerte repercusión la exposición de Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien cuestionó la legalidad del procedimiento y advirtió que la reforma no generará estabilidad normativa al sostener que “van a ver cientos de demandas con esta ley”.
En esa línea, Nápoli remarcó que la normativa vigente “no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
Denuncias contra empresas mineras y advertencias contra Royón
En otro tramo de la audiencia, el abogado ambientalista Enrique Viale apuntó contra “las multinacionales que se verán beneficiadas con la nueva Ley de Glaciares: Vicuña, Barrick Gold y Glencore” y anunció “Mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función publica y cohecho”.
Viale acusó a Royón de trabajar para el gigante Río Tinto y afirmó “No representa a Salta, representa a las mineras”.
Segunda jornada online y participación limitada
La Cámara continuará este jueves con la segunda jornada de audiencias públicas, que comenzará a las 10 y se realizará de manera online, con una nueva tanda de 180 expositores conectados mediante una plataforma digital y con un tiempo de cuatro minutos para intervenir.
El resto de los más de 100.000 inscriptos tendrá como alternativa enviar un video de no más de cinco minutos o presentar un escrito.
Durante la primera jornada, la mayoría de las intervenciones fueron técnicas y políticas, con participación de vecinos de distintas provincias, ex legisladores y representantes de pueblos originarios, y un predominio amplio de posturas contrarias a la modificación de la ley. (BAE, Buenos Aires, 26/03/2026)
Ley de Glaciares: mejora la imagen de la minería y la sociedad pide equilibrio entre ambiente e inversiones
o.- (Sebastián D. Penelli) Un estudio de Poliarquía Consultores muestra un giro en la percepción de la minería en Argentina, en medio del debate por la reforma de la ley de Glaciares. Crecen el apoyo a la actividad y el interés social, y la mayoría reclama compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental.
En un momento clave para la discusión minera en Argentina, con la adecuación de la ley de Glaciares ya aprobada en el Senado y en pleno proceso de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, un estudio reciente de Poliarquía Consultores, dirigido por Ernesto Cussianovich, revela un cambio profundo en la percepción social sobre la actividad. Los datos muestran una sociedad más receptiva a la minería, con expectativas crecientes y una demanda clara: avanzar en el desarrollo sin resignar el cuidado ambiental, especialmente del agua.
Uno de los indicadores más elocuentes del informe aparece en la forma en que los argentinos asocian la minería. Ante la pregunta sobre qué es lo primero que se les viene a la cabeza, el 33% mencionó “contaminación”, una cifra que, aunque sigue liderando, cayó de manera significativa desde el 48% registrado en 2025.
En paralelo, crecieron las asociaciones vinculadas al desarrollo productivo: el 22% mencionó producción, el 19% desarrollo y el 15% empleo, mientras que el conflicto quedó en el 11%. Desde la consultora señalan que “la contaminación continúa encabezando el ranking de preocupaciones de la opinión pública. Sin embargo, en apenas un año el peso de ese tema se redujo de manera visible”. Y agregan una reflexión que atraviesa todo el estudio: “¿estamos frente a un cambio de época o ante una mirada más ‘oportunista’ de la sociedad, moldeada por la falta de trabajo y de oportunidades?” .
Ese cambio en la percepción convive, sin embargo, con un nivel de conocimiento aún limitado. Solo una minoría declara saber mucho o bastante sobre minería, aunque el dato muestra una mejora respecto de años anteriores. El estudio indica que el nivel de conocimiento “no superó el 20% durante la última década”, pero que en el último año creció alrededor de 10 puntos. Aun así, la advertencia es clara: “argentinos que saben poco sobre minería pero esperan mucho de ella puede convertirse fácilmente en un búmeran”, lo que plantea un desafío para el sector en términos de comunicación y gestión de expectativas.
En este contexto, el respaldo al desarrollo minero alcanza uno de sus niveles más altos de los últimos años. El 61% de los encuestados se manifestó a favor de la actividad, frente a un 19% en contra y un 20% que no sabe o no contesta. Se trata de un dato relevante no solo por su magnitud, sino también por el momento en que fue relevado: la semana del debate en el Senado sobre la Ley de Glaciares. Según el informe, “el 61% de los argentinos se muestra de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera”, aunque advierte que este apoyo “todavía deberá confirmarse en un período más prolongado para evitar caer en la trampa del entusiasmo coyuntural”.
La percepción sobre el desempeño del sector también es positiva. Un 60% de los encuestados considera que a la minería le va bien o muy bien (sumando 28% “bien” y 32% “muy bien” en 2026), mientras que el 21% la evalúa como regular y apenas un 10% como mal o muy mal. Este optimismo contrasta con la realidad productiva: “En los últimos cinco años no hubo un aumento en la producción de oro, el litio no experimentó el crecimiento exponencial del que tanto se habla, y el cobre todavía no se produce en el país”, señala el informe. En ese sentido, advierte que “tarde o temprano, ese mismo porcentaje de argentinos comenzará a reclamar su parte”.
Un 60% de los encuestados considera que a la minería le va bien o muy bien.
El conocimiento sobre minerales específicos muestra cifras aún más contundentes. El 94% de los encuestados afirma estar al tanto de que en Argentina se produce litio, mientras que el 80% reconoce la existencia de yacimientos de cobre en el país. Estos niveles de conocimiento reflejan la creciente centralidad de los minerales críticos en la agenda pública, especialmente en el marco de la transición energética global.
En paralelo, el debate por la ley de Glaciares logró instalarse con fuerza en la opinión pública. El 71% de los argentinos afirma haber escuchado noticias recientes sobre el tema, un aumento significativo respecto del 65% registrado en 2025. Sin embargo, el propio estudio pone en duda la profundidad de esa información: “¿qué es exactamente lo que escuchan?, ¿qué es lo que realmente saben?”. Esa misma tensión se observa en el nivel de conocimiento declarado: el 50% asegura saber mucho o bastante sobre glaciares, cuando un año antes ese porcentaje era apenas del 28%. Para Poliarquía, este fenómeno puede ser determinante: “Este interés puede traducirse tanto en apoyo como en resistencia resulta crucial saber manejar las teclas de la información confiable y de calidad”.
Pero el dato más relevante del estudio aparece al momento de evaluar qué debería priorizar el Gobierno en la reforma de la ley. Lejos de una lógica binaria, la mayoría de los argentinos opta por una posición intermedia: el 56% considera que deben priorizarse tanto la protección del ambiente y las fuentes de agua como el desarrollo económico y las inversiones mineras. Solo el 29% se inclina exclusivamente por el cuidado ambiental y el 15% por el desarrollo económico.
Según el informe, “una mayoría del 56% cree que deberían priorizarse ambas cosas al mismo tiempo esta respuesta es particularmente llamativa y, en términos históricos, casi inédita”. Este resultado redefine el eje del debate público, que deja de plantearse en términos de oposición para avanzar hacia una lógica de integración.
En la misma línea, el estudio arroja un dato contundente sobre la confianza en los actores que deberían definir la reforma. El 69% de los encuestados confía en científicos y expertos, muy por encima de cualquier otro actor: organizaciones ambientalistas (8%), gobierno nacional (8%), Congreso (4%) y gobiernos provinciales (3%). Para la consultora, “el resultado habla casi por sí solo… la voz que debería orientar la decisión es, claramente, la de la ciencia”. Este punto adquiere especial relevancia en el contexto argentino, donde las provincias -titulares de los recursos naturales- tendrían un rol central en la eventual implementación de la ley y en la provisión de esos especialistas.
El 69% de los encuestados confía en científicos y expertos, muy por encima de cualquier otro actor: organizaciones ambientalistas, gobierno nacional, Congreso y gobiernos provinciales.
La encuesta, realizada entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 sobre una muestra de 995 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 3,11% y un nivel de confianza del 95%, se posiciona así como una radiografía precisa de un momento de inflexión. Con una metodología online y una muestra ponderada por variables sociodemográficas, el estudio capta una sociedad que, en medio de tensiones económicas y debates ambientales, comienza a redefinir su vínculo con la minería.
En definitiva, los resultados reflejan un cambio de clima: la minería gana legitimidad social, pero bajo condiciones. La ciudadanía no rechaza el desarrollo, pero tampoco resigna el cuidado ambiental. Y, sobre todo, exige que las decisiones se basen en evidencia técnica. En el marco del tratamiento legislativo de la ley de Glaciares, ese equilibrio -entre producción, sostenibilidad y conocimiento científico- aparece como el verdadero eje de la discusión. (ámbito.com; 25/03/2026-15:00hs)
Ley de Glaciares: bajo críticas, LLA avanzó con la audiencia
o.- Fue en Diputados. La oposición formalizó el pedido de impugnación de la audiencia. Hubo cruces y cuestionamientos a la industria minera. Cruces. La diputada K Lucía Cámpora habla en la audiencia pública, mientras el libertario Nicolás Mayoraz, de pie, se queja
Con algunos cruces, acusaciones a una senadora nacional y cuestionamientos a la industria minera se cumplió ayer la primera de las dos jornadas de la audiencia pública convocada para analizar en Diputados el proyecto de reforma de la
Ley de Glaciares. El oficialismo invitará a los gobernadores de las provincias mineras para la próxima semana, cuando buscará sacar dictamen, para llevar la propuesta al recinto el 8 de abril.
La audiencia, que continuará hoy con las presentaciones virtuales, es comandada por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes presiden las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales.
En la apertura del debate, el oficialismo respondió a las críticas por sólo haber aceptado la participación de 360 expositores (180 por cada jornada) sobre un total de 105.294 inscriptos. Al respecto, Mayoraz destacó que la totalidad de las medidas cautelares presentadas para frenar la audiencia pública fueron rechazadas. Incluso destacó que la justicia de Misiones fue a la cuestión de fondo al no hacer lugar a un amparo resolviendo que el procedimiento era “válido y se ajusta a derecho”.
Esa explicación no impidió que cada uno de los expositores cuestionaran la legalidad de la audiencia al limitar el cupo de participantes, ya que sólo intervinieron los primeros que se anotaron por cada provincia. Aquellos que no participarán en ninguna de las dos jornadas podrán hacer un video de no más de 5 minutos que fueron cargados al canal oficial de YouTube de Diputados.
Además, el oficialismo anunció al comenzar la reunión su decisión de bajar el tiempo de las exposiciones de 5 a 4 minutos porque según explicó “el tiempo es finito y el reglamento de la audiencia permite modificarlo”.
Tal como anticipó Clarín, la oposición formalizó un pedido de impugnación de la audiencia al cuestionar la metodología empleada para la realización de la audiencia es “manifiestamente incompatible” con el reglamento de la Cámara, la Constitución, la Ley General del Ambiente y los pactos internacionales, en particular el Acuerdo de Escazú, ya que restringe “ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva”.
Uno de los momentos de tensión se dio cuando diputados de la oposición se quejaron porque un grupo de oradores que había sido notificado para participar en la audiencia se le impedía ingresar a la sala.
Aunque previamente no la pasó bien el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien defendió la decisión del gobierno de Marcelo Orrego de apoyar la propuesta impulsada por el Gobierno porque con la industria de la minería la provincia “tiene la posibilidad de inversiones, es una llave que abre a obras de infraestructura vial y energética”. “Más de la mitad de nuestros cultivos no cuentan con mecanismos de riego por los 20 años de abandono por parte del gobierno kirchnerista”, protestó el funcionario. La ex diputada Marta Maffei, autora de la ley vigente, cargó duro contra la iniciativa, al tiempo que calificó de “falsa” y de “aberración” a la audiencia porque más del 99 % de los inscriptos se quedó sin participar. (Clarín, Buenos Aires, 26/03/2026)
La oposición anticipó que judicializará los cambios en la ley de glaciares
o.- (Delfina Celichini) Organizaciones socioambientales consideran que la reforma viola los presupuestos mínimos definidos por la Constitución y son “regresivos”; protesta cerca del Congreso
La primera audiencia por la reforma de la ley de glaciares comenzó ayer en la Cámara de Diputados cargada de tensión. Hubo reclamos al oficialismo por acotar las exposiciones –a último momento se bajó de 5 a 4 minutos el tiempo para hablar– y advertencias sobre la futura judicialización de la norma. El extenso debate reunió a unos 180 participantes.
Las organizaciones socioambientales rechazaron la propuesta que impulsa Javier Milei –que ya cuenta con media sanción del Senado– por considerarla inconstitucional y “regresiva”. Argumentaron que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución nacional para las provincias –que impone condiciones de protección uniformes en todo el país– y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.
“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, pero sepan una cosa: la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo”, anticipó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Los defensores de los cambios –sobre todo referentes de las provincias cordilleranas con potencial minero– replican que, en vez de prohibir, se debe mejorar el uso del agua para que conviva la protección con el desarrollo productivo.
Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, defendió los cambios y buscó desarmar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la minería y otras actividades productivas. Para graficarlo, apeló a datos de consumo hídrico: “Se consumen anualmente 1500 hectómetros cúbicos de agua: el 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y apenas el 3% a la minería”.
El oficialismo desplegó un amplio operativo de seguridad en el perímetro del Congreso. Organizaciones socioambientales se movilizaron con una consigna: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. De los más de 100.000 inscriptos, menos del 0,3% estaba habilitado para exponer: ayer de manera presencial y hoy en forma virtual.
La audiencia pública fue conducida por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente.
Uno de los primeros picos de tensión se dio cuando las organizaciones ambientales denunciaron que no dejaban entrar a 15 ciudadanos inscriptos y confirmados. “Ahora dicen que no están en la lista”, vociferó Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Hubo un cruce que fue frenado a tiempo entre el libertario Sebastián Pareja y el peronista de vertiente sindical Mario “Paco” Manrique.
Se dio, además, una fuerte acusación pública que involucró a una senadora nacional. Viale denunció que la reforma “está hecha a medida de grandes transnacionales mineras” y apuntó directamente contra actores del sector y su vínculo con la política. Anunció que presentará una denuncia judicial contra la senadora Flavia Royón, a quien acusó de tener “incompatibilidades con la función pública y cohecho” por su presunta relación con empresas del rubro. “No representa a Salta, representa a las mineras”, sostuvo.
En la antesala de la audiencia, diputados de la Coalición Cívica, el PJ, parte del radicalismo y el Frente Patria Grande impugnaron la audiencia. “Será un argumento más para la judicialización de la norma”, anticiparon a La Nación Viale y Nápoli. La presentación dirigida a Martín Menem sostiene que la audiencia es inválida porque “restringen de manera ilegítima la participación ciudadana”.
Mayoraz señaló que “se le está dando curso”. Recordó que hubo medidas cautelares que se rechazaron por la Justicia y consideró que el procedimiento previsto “se ajusta a derecho y debe seguir”.
Las exposiciones
La secretaria de Ambiente de La Pampa, Marina Basso, advirtió sobre el impacto jurisdiccional. “El 70% de nuestra población depende del río Colorado. Los ríos no reconocen límites políticos, por eso existen los presupuestos mínimos”, señaló. En esa línea, alertó que cualquier flexibilización puede “poner en riesgo la equidad territorial” y evocó la experiencia del río Atuel: “No es una hipótesis, es nuestra historia. Decisiones aguas arriba generaron desertificación. Sin agua no hay presente ni futuro”.
En un sentido similar, la presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba), Natalia Di Pace, cuestionó los cambios propuestos en la autoridad de aplicación. Advirtió que la redacción abre zonas grises que podrían desarticular el esquema institucional actual y derivar en una ola de judicialización. “El agua es un bien público, escaso y vulnerable”, resumió.
Con otro enfoque, el ministro de Producción de San Juan defendió la iniciativa y buscó correr la discusión de una lógica binaria. “Hay una falsa dicotomía entre la minería y el cuidado del agua”, sostuvo. Aseguró que la provincia mantiene un compromiso con la protección de los glaciares, pero remarcó que la actividad minera es “ineludible” para su desarrollo en el marco de una matriz productiva diversificada.
Una de las intervenciones más críticas fue la de Marta Maffei, exdiputada de la Coalición Cívica y coautora de la ley vigente, quien apuntó directamente contra la arquitectura del proyecto. Recordó que el artículo 41 de la Constitución establece presupuestos mínimos de orden público –no meras recomendaciones– y advirtió que el nuevo texto los debilita. “Es una norma regresiva respecto de la legislación ambiental vigente”, afirmó. Y alertó: “Bajo una fachada de federalismo, lo que se habilita es discrecionalidad para que cada provincia disponga sobre el agua y los glaciares”. (La Nación, Buenos Aires, 26/03/2026)
