Privatizaciones
Oficial. Se llama a licitación públicas para la privatización de represas hidroeléctricas del Comahue (I)
o.- (Agencia Noticias Argentinas) El Ejecutivo nacional oficializó el lunes pasado el llamado a licitación pública para la operación de reprivatización de las represas hidroeléctricas del Comahue. Se espera recaudar unos u$s 500 millones. Representan el 10% de la generación de energía del país
Tras meses de negociaciones con los gobiernos provinciales, el Gobierno nacional concretó la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.
La licitación pública para la operación de las centrales por un período de 30 años. Es nacional e internacional,
El acuerdo era un paso obligado para que se conocieran los pliegos de bases y condiciones para la licitación de las sociedades hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas represas representan el 10% de la generación de energía del país y son claves por su producción limpia y menor costo operativo en comparación con las centrales térmicas.
En un comunicado oficial, el Gobierno de la provincia de Neuquén informó: “En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años”.
Asimismo, se acordaron criterios para la distribución de regalías sobre el total de los ingresos por la generación eléctrica y un canon específico por el uso del agua. Además, se fijaron plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, con compromisos de las concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas preventivas. El decreto 718/2024, firmado por el presidente Javier Milei, fue el punto de partida para este proceso, luego de que en agosto de 2023 vencieran los plazos de concesión de 30 años.
Durante la gestión del anterior gobierno, se había prorrogado en siete oportunidades la operación de las represas, mientras se negociaba con las provincias la creación de un ente estatal para administrarlas sin la intervención de privados. La última prórroga se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que culmine el proceso de licitación. (El Pregón Minero, 17/08/2025)
Próximo decreto. Privatización en puerta: Neuquén y Río Negro se aseguran más regalías por las represas del Comahue (II)
o.- (Amparo Beraza) En medio del plan del Gobierno para privatizar las represas y sumar divisas, los gobernadores Figueroa y Weretilneck lograron un nuevo esquema de regalías, canon por uso del agua y control sobre recursos hídricos.
A partir de un deseo del gobierno nacional de avanzar con la privatización de empresas de energía, los libertarios cedieron a requerimientos de los gobernadores de Neuquén y Río Negro sobre las regalías de las represas del Comahue. En esta línea, los mandatarios Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck celebraron mejoras claves para su provincias y mantuvieron el silencio sobre el acuerdo tras bambalinas.
“Luego de meses de trabajo las provincias de Río Negro y Neuquén lograron un gran resultado: asegurar que la fuerza de sus ríos y la energía que producen se traduzcan en más ingresos, más control y más desarrollo para los habitantes de estas dos jurisdicciones”, aseguraron en un comunicado conjunto desde las dos provincias patagónicas.
En esa línea, desde las gobernaciones celebraron el reconocimiento de la propiedad de los estados provinciales sobre los recursos hídricos.
Desde la provincia de Río Negro explicaron a El Cronista que si bien las represas son propiedad de Nación, porque son previas a la reforma de 1994 y fueron construidos por el Poder Ejecutivo, pero la energía que generan los cursos de agua le pertenecen a las provincias.
Por eso, Weretilneck y Figueroa a través de sucesivas visitas a Casa Rosada consiguieron un nuevo esquema garantiza más ingresos por regalías, un nuevo canon por el uso del agua, la creación de un fondo específico para obras y fija plazos concretos para ejecutar trabajos de seguridad hídrica.
Lo que subyace en el fondo de la discusión es la intención del gobierno nacional de privatizar las represas como forma de sumar divisas extranjeras para financiar el modelo de carry-trade de ministro de Economía Luis Caputo.
El Cronista consultó al gobierno de Río Negro si el acuerdo de regalías tenía entre sus condiciones en cuanto a quién recibiera la licitación de le las tres represas, la gestión de Weretilneck se negó a responder y aseguraron que sólo harán “comunicados oficiales”.
Sin embargo, el director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, Luciano Masnú, ya había revelado a El Cronista que avanzarán en medidas respecto a las empresas públicas.
“En materia de energía la próxima que va a salir es Comahue. En las de Mendoza (Los Nihuiles y Diamante) se está trabajando en conjunto entre la provincia y Nación para una licitación de centrales hidroeléctricas de montaña”, destacó Masnú.
Las declaraciones por parte del funcionario mendocino que forma parte de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher, se dieron en el marco del evento que organizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Es así como una vez más, en vistas a la privatización, el gobierno volvió a prorrogar el plazo que tiene para abrir la licitación respecto a la concesión de la central hidroeléctrica Comahue.
Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que la licitación de represas podría colaborar con u$s 400 – u$s 500M al Tesoro Nacional.
Los gobernadores aseguraron que el acuerdo alcanzado por las represas del Comahue es “fruto de una defensa firme y sostenida de los recursos” y un “paso decisivo para que la riqueza de la Patagonia se quede en la región y se convierta en futuro para las próximas generaciones”.
“Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”, consignaron los gobernadores.
“Este es un triunfo de la unidad norpatagónica, un paso decisivo en la defensa de nuestros recursos: nuestros ríos, la energía que producimos y el esfuerzo de nuestra gente. El nuevo marco concesional no solo corrige vacíos históricos, sino que fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país”, agregaron.
La relación excelente entre Figueroa y el gobierno nacional es cada vez más clave. El mismo día que se anunció el acuerdo del Comahue, el neuquino afirmó que se juntó con Pablo Quirno para revisar la planificación de las obras que necesita, en función de los avances que estamos logrando en colaboración con organismos internacionales.
Qué le cedió Nación a las provincias
Según informaron los mandatarios provinciales, los principales “logros” alcanzados por Río Negro y Neuquén en el nuevo esquema de las concesiones:
• Precio de la energía en dólares: el valor de la energía vendida a Cammesa se establece en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad a los ingresos provinciales y mejor estabilidad para proyectar inversiones y facilitar financiamientos.
• Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad: los nuevos contratos prevén que las concesionarias dispongan de una proporción cada vez mayor de energía para su comercialización en el mercado, lo que incrementará año a año, de forma directa, los ingresos por regalías hidroeléctricas y cánones que perciben las provincias.
• Regalías sobre el total de ingresos: las regalías se calcularán tomando en cuenta la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando las ambigüedades que presentaba el esquema actual e incorporando conceptos de cobro que antes se excluían. Es decir, se incluyen el reconocimiento de la totalidad de los conceptos de ingresos en las liquidaciones (a.- potencia disponibilidad real, b.- potencia base en horas de requerimiento, c.- energía operada y d.- regulación de frecuencia que antes solo se abonaban a los concesionarios).
• Cobro de regalías en especie: las provincias podrán optar por percibir la totalidad de sus regalías en energía eléctrica de forma física, con la posibilidad de destinarla al consumo dentro de la provincia o revenderla en el mercado o promocionar actividades productivas.
• Reconocimiento de la obligación de los concesionarios de obtener información hidrometeorológica de las cuencas y contribuir al financiamiento de la misma.
• Canon por uso de agua: el mayor éxito logrado es que se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en las condiciones actuales, que representará un nuevo e importante ingreso para ambas provincias y su reconocimiento.
• Fondos para obras de protección: un porcentaje de los ingresos que perciba la Nación por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con la intervención y definición de las provincias.
• Obras de seguridad hídrica: se fija un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas ante la máxima crecida probable, asegurando así el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 16 años (2009).
“Este acuerdo demuestra que cuando las provincias trabajamos en forma mancomunada, con firmeza y sin ceder en lo que nos corresponde, podemos transformar nuestros reclamos en hechos y beneficios concretos”, aseguraron los gobernadores.
En esa línea, indicaron que “la energía seguirá siendo el motor de la producción, empleo y desarrollo para la gente”.
“Con estas nuevas reglas, las represas del Comahue no solo seguirán produciendo electricidad: producen futuro para Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia”, concluyeron. (El Cronista, Buenos Aires, 13/08/2025
Privatizaciones, con avances a marcha lenta (III)
o.- (Néstor O. Scibona) A lo largo de sus primeros 18 meses de gestión, pero principalmente tras la sanción de la “jibarizada” Ley Bases en junio de 2024, el gobierno de Javier Milei declaró sujetas a privatización parcial o total a casi una docena de empresas de propiedad mayoritariamente estatal, a las que sumó la renovación de concesiones de obras y servicios públicos a cargo de capitales privados que vencieron –o quedaron desvirtuadas– y fueron parte de la herencia kirchnerista.
Las privatizaciones aprobadas por el Congreso (donde el Senado excluyó taxativamente a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos) incluyen a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Intercargo (servicios aeroportuarios de rampa), Enarsa (que posee el 26,3% de las acciones de Transener), Nucleoeléctrica Argentina (NASA, autorizada hace un mes por decreto a vender la energía a precios de mercado e incorporar capital privado, aunque en 2025 tendrá déficit operativo debido a la parada técnica de Atucha I para extender 20 años su vida útil) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (con propiedad participada y mayoría estatal).
También abarcan las concesiones del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística SA (donde acaba de ser renovado hasta fin de 2032 el contrato del ramal que opera Nuevo Central Argentino y se invitó a presentar propuestas a Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano para sus respectivos ramales con modelos de acceso abierto), la Sociedad Operadora Ferroviaria SE y Corredores Viales SA.
Aunque Milei calificó en su momento esa ley de “la reforma estructural más grande de la Argentina”, solo una concesión por peaje está próxima a ser adjudicada: la llamada Ruta del Mercosur, o sea, las rutas nacionales 12 y 14 en la Mesopotamia, que abarcan los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria.
Como anticipó días atrás Diego Cabot en las ofertas serán abiertas el 8 de septiembre próximo. Cuando el ente regulador estatal apruebe las “condiciones de transitabilidad”, el concesionario podrá cobrar un peaje de $ 4200 cada 100 kilómetros para autos (que se multiplicará hasta 7 veces para grandes camiones), ajustable automáticamente por una fórmula polinómica. El mismo sistema se aplicará a otras rutas nacionales que suman 40.000 kilómetros, de los cuales unos 10.000 concentran el 80% del tráfico. Una novedad es que no necesariamente la concesionaria debe ser una constructora, ya que podrá contratar proveedores. Otra, que se pondrá fin al Registro Nacional de Constructores –cuyos sobreprecios pasaron a ser sinónimo del “club de la obra pública”–, en tanto que la Oficina Nacional de Contrataciones aprobó un nuevo módulo digital que habilita la gestión electrónica de licitaciones y concursos públicos en general.
En cambio, la licitación nacional e internacional para renovar las concesiones de los cuatro grandes complejos hidroeléctricos del Comahue, vencidas desde agosto de 2023, ya tuvo siete prórrogas sucesivas; la última, hasta el próximo 31 de diciembre. En el sector estiman ahora que, con bastante anticipación a esa fecha, la Secretaría de Energía dará a conocer los pliegos para adjudicar por otros 30 años la operación de las centrales Alicurá, El ChocónArroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila, que en conjunto suman casi 4400 MW de potencia instalada y representan el 13% del parque de generación total del país.
El procedimiento implica la venta de los paquetes accionarios transferidos al Estado por las actuales sociedades concesionarias, aunque no se descarta que algunas de ellas presenten ofertas para recomprarlos y continuar operándolas bajo nuevas exigencias de inversión. Por lo pronto, habrá un precio base de u$s 15 por megavatio/hora para la venta de electricidad –con 95% de prioridad por dos años para el consumo residencial– y que los gobernadores de Neuquén y Río Negro aceptaron el cobro de regalías en energía y un canon de 1% por el uso del recurso hídrico en las represas.
Otra licitación largamente demorada es el dragado y balizamiento de la Hidrovía (río Paraná-Río de la Plata), por donde se transporta el 75% del comercio exterior argentino. Hace seis meses fue declarada desierta por el Gobierno tras un escándalo político-empresario: la única compañía oferente (la belga Deme) la había impugnado al denunciar que los pliegos favorecían a otra del mismo origen (Jan de Nul). Si bien esta última fue concesionaria desde 1991 (junto con la argentina Emepa), otra controvertida prórroga dispuesta en 2021 por el kirchnerismo los transformó en contratistas y delegó el cobro del peaje en la Administración General de Puertos, convirtiendo a la AGP en una virtual “caja” política.
Ahora surgió una novedad más destacable. Gustavo Idígoras, presidente del CEC (Centro de Exportadores de Cereales) y Ciara (Cámara de la Industria Aceitera), señala que hace dos meses fue reabierto el proceso de licitación internacional de la vía navegable troncal, con tres mesas técnicas realizadas en Buenos Aires, Rosario y Entre Ríos y una cuarta prevista en Zárate antes de fin de agosto. “La nueva Agencia Nacional de Vías Navegables las está conduciendo de manera abierta y transparente, con la participación de usuarios, gremios y provincias que realizan aportes para mejorar la versión anterior de los pliegos”, explica.
Según los usuarios (Ciara, CEC, Cámara de Puertos Privados, UIA, Cámara del Acero y Bolsa de Comercio de Rosario), este proceso permitiría conocer el nuevo pliego tras las elecciones de octubre y abrir paso a la instancia de adjudicación. El directivo considera que “el Gobierno podría seleccionar proveedores no más allá de mayo de 2026 para que inviertan en el dragado, estancado en 34 pies de profundidad desde hace 15 años; lo lleven a 40 pies escalonadamente en tramos de 2 pies, y se evalúe el impacto económico y ambiental con el conocimiento y la experiencia de un organismo internacional como la Unctad”.
Tropiezos judiciales
Por otro lado, un DNU dictado a fin de julio activó la privatización de AySA al autorizar la transferencia del 90% de las acciones del Estado a inversores privados (el 10% restante corresponde a los trabajadores del sindicato que desde hace décadas lidera José Luis Lingieri) y disponer “la licitación pública nacional e internacional de al menos 51% del paquete accionario a un operador estratégico” para la empresa, cuya cobertura abarca la CABA y 26 partidos del Gran Buenos Aires.
En un trabajo publicado este mes en la revista de FIEL, el economista Santiago Urbiztondo puntualiza que uno de los cambios salientes del decreto es haber repuesto la facultad de cortar el servicio de agua por falta de pago a usuarios residenciales con intervención del ente regulador. Regía desde 1949 para Obras Sanitarias de la Nación y fue suprimida por ley en 2006, cuando se rescindió la concesión por 30 años adjudicada en 1993 a Aguas Argentinas SA (Grupo Suez, de Francia, Aguas de Barcelona e inversores argentinos), fuertemente afectada por la crisis de 2001/2002.
El especialista calcula que las transferencias del Tesoro recibidas por AySA para cubrir sus costos totales entre 2006 y 2023 sumaron u$s 14.100M, una cifra muy superior a su “beneficio tarifario bruto” (sin descontar inflación, impuestos vigentes y futuros –vía deuda–), que debieron y deberán pagar usuarios y no usuarios del servicio. En moneda constante –agrega– solo en 2023 y respecto de 2001 los costos operativos por cliente subieron 340% y los totales, 290%. De hecho, hace dos años hubo varias denuncias judiciales y pedidos de informes –entre ellos, del diputado Ricardo López Murphy– sobre el virtual monopolio de la empresa Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, única proveedora de policloruro de aluminio de AySA y ganadora desde 2009 de licitaciones locales por decenas de millones de dólares.
Como contracara, Urbiztondo destaca que entre 2024 y abril de 2025 la actual gestión redujo los subsidios estatales al 37% de los costos totales, aunque a costa de una fuerte caída de la inversión. Y que la “captura” por proveedores de bienes y servicios aún no parece haberse modificado, por lo cual “no solo se requiere normalizar financieramente la empresa antes de su privatización, sino también diseñar el proceso licitatorio y las reglas operativas para reducir al máximo el riesgo regulatorio y asegurar incentivos para minimizar costos y prestar servicios de mayor calidad y cobertura”.
Un caso muy diferente es la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, dispuesta por el decreto 116, dictado en febrero de este año, que además aprobó el estatuto para regirla en reemplazo de su carácter de entidad autárquica integrante de la administración pública con personería jurídica. Fuentes del BNA aclaran que la medida no implica privatizar el banco. Como su capital pertenece al Estado –añaden–, para disponer de él o aceptar capitales privados se requiere la decisión del Congreso nacional. Y tampoco cambiará su pertenencia al sector público, salvo porque al pasar a ser una empresa comercial y no una entidad administrativa varía su régimen de control interno conforme a la ley de administración financiera. En el primer semestre de este año la entidad logró un superávit de $ 386.000M.
No obstante, este proceso está suspendido desde febrero por una medida cautelar promovida por un grupo de empleados, dictada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad, contra la cual el BNA interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente en curso. Una medida similar adoptada en julio por la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, suspendió por seis meses la disolución por decreto de la Dirección Nacional de Vialidad, a pedido del sindicato de empleados de la repartición.
En otro trabajo, publicado en julio por la revista de FIEL, Urbiztondo reseña una serie de reflexiones volcadas en un reciente taller organizado por el BID sobre las experiencias de las privatizaciones de los 90 en la Argentina y el aprendizaje que dejaron los aciertos (electricidad y gas) y errores (regulaciones deficientes en sectores con fallas de mercado, como telefonía, transporte y agua potable).
A su juicio, un error de aquella época fue priorizar la urgencia por transferir empresas públicas, pero sin definir previamente el horizonte económico, la forma institucional de regulación y la claridad de sus reglas, que, tras el colapso de la convertibilidad, provocaron la “contrarreforma” iniciada en 2003, que desembocó en un congelamiento tarifario indiscriminado. Otro, la ausencia de tarifas sociales pese al aumento de la pobreza.
Con respecto a la posibilidad de atraer capitales para las privatizaciones en marcha, el economista subraya que la plata la pone el usuario con las tarifas, por lo cual debe asegurarse su ingreso – o la posibilidad de obtener créditos para futuras inversiones– a partir de regulaciones previas institucionalizadas y con reglas claras. (Clarín, Buenos Aires, 18/08/2025)
