Pelea entre empresas mineras por el uso de la energía y ya aparecen cuellos de botella
o.- (Santiago Spaltro) El boom de la minería del cobre, oro y plata en San Juan, con media decena de proyectos de gran tamaño, empezó a revelar un cuello de botella en infraestructura crítica para su viabilidad, como las redes de transmisión de energía eléctrica en alta tensión. Esto ya desató en los últimos días una pelea entre emprendimientos millonarios que pidieron acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El conflicto se originó porque el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dio a conocer la solicitud de Vicuña, el mayor proyecto minero de la historia argentina -con inversiones previstas en 18.000 millones de dólares por etapas- para el acceso a la capacidad de transporte eléctrico por 260 megavatios (MW), con la construcción de obras para ampliar la transmisión de una línea de alta tensión en San Juan y la prioridad de acceso frente a terceros durante 25 años sobre el 90% de la capacidad adicional.
El acceso a la red eléctrica
Eso se materializó a través de la resolución 79/2026, publicada por el ENRE el pasado 18 de febrero, que abrió un plazo legal para presentar oposición o proyectos alternativos.
En las próximas semanas, la Nación convocará a una audiencia pública, ya que la medida generó la resistencia de Los Azules -proyecto de cobre que ya se garantizó el acceso al RIGI-; del intendente de Calingasta -la ciudad más cercana a Los Azules-, Sebastián Carbajal; y del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan.
Vicuña, la sociedad creada por las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) para desarrollar los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol a entre 4.200 y 5.400 metros de altura, consumirá algo más del 1% de la demanda eléctrica promedio actual, poco menos que el gigante del aluminio Aluar -que es el mayor demandante de energía del país- o lo mismo que todo Posadas, Misiones, un día de 40 grados.
Debido a eso, el proyecto que promete “la mayor inversión extranjera de la historia argentina” propuso construir con fondos propios -alrededor de 800 millones de dólares- obras para ampliar la red eléctrica de la provincia, entre ellas el pasaje de 132 kilovoltios (kV) a 500 kV de la línea Nueva San Juan – Rodeo para permitir llevar de los actuales 247 MVA a 854 MVA.
Desde el año pasado, mediante una de las reformas económicas del presidente Javier Milei materializadas en la resolución 311/2025 de la Secretaría de Energía, se habilitó a las grandes empresas a construir por su cuenta obras de infraestructura energética y tener prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad adicional.
Vicuña solicitó estar primera en la fila para utilizar la energía ante futuras ampliaciones de su proyecto, que arrancará con una inversión de US$ 7.100 millones entre 2027 y el momento en que venderá su primer concentrado de cobre, probablemente en 2030.
La línea Nueva San Juan – Rodeo fue financiada en partes iguales por el Estado nacional y por la provincia de San Juan, y funciona en 132 kV. Pero con la instalación de transformadores y otra serie de obras pasará a 500 kV.
Comparativamente, en el sector explican: “Es como tener una casa de 6 habitaciones en la que se pueden usar 2, porque hay una pared que bloquea el resto. Si uno consigue romper la pared, habilita el acceso al resto del espacio y se queda con la prioridad de acceso, pero la casa fue pagada por todos”.
El Estado nacional no hace inversiones a gran escala para ampliar la red de transmisión eléctrica en alta tensión desde 2014. Previamente, las obras pagadas con fondos públicos de todos los contribuyentes argentinos tenían un criterio más político -para satisfacer a los gobernadores- que de necesidad técnica. Posteriormente, el desarrollo de nueva generación térmica y renovable saturó las redes; ya hay nodos donde es difícil agregar oferta, mientras la demanda sigue creciendo.
Un conflicto detrás del boom de la minería
Con todo, los movimientos de Vicuña -el proyecto minero más avanzado, que ya se aseguró buena parte del financiamiento externo y tomaría la decisión final de inversión a fines de 2026- prendieron las alarmas de otros emprendimientos de San Juan, como Los Azules.
El proyecto de cobre cerca de Calingasta ya accedió a los beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de estabilidad jurídica del RIGI para proteger inversiones por 2.672 millones de dólares y prevé conectarse al sistema eléctrico nacional con una demanda de 138 MW en 2029, para trepar hasta 184,8 MW entre 2031 y 2032.
Sin embargo, esos números que presentó en la oposición al pedido de Vicuña no aparecen formalmente en el ENRE, que todavía gestiona su solicitud de gran usuario de energía.
Los Azules, de McEwen Copper, argumentó que el corredor Nueva San Juan – Rodeo es un “eje imprescindible” para la viabilidad eléctrica de la provincia y que la prioridad del 90% por 25 años “configura una exclusividad material sobre un corredor estratégico, con riesgo de bloquear o encarecer accesos futuros”.
Por eso, planteó la alternativa de “participar en un esquema multiusuario y asumir costos proporcionales para viabilizar su conexión y la operación no discriminatoria del corredor” en el norte de la provincia cuyana.
Otra minera que se interesó en el asunto es la australiana Challenger Gold, cuya mayoría de acciones está en manos del empresario argentino Eduardo Elsztain, que tiene el proyecto de oro Hualilán. Por su parte, la suiza Glencore -mayor trader de commodities del mundo-, no evaluó una oposición.
Con todo, este debate será clave para definir cómo se asignará la infraestructura eléctrica en una de las zonas más prometedoras para el trabajo, las exportaciones y la producción de la Argentina que viene, y también para establecer un precedente sobre quién paga y cómo se accede a las redes que necesitará la minería. (Clarín, Buenos Aires)
