OEFA centraliza fiscalización ambiental minera: propuesta para unificar regulación en Perú
o.- Perú. (Por Diego Betancour). Una propuesta técnica está ganando terreno en los círculos regulatorios de Lima: concentrar toda la fiscalización ambiental minera en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin importar si el operador es una gran empresa, un pequeño productor minero o un productor minero artesanal. La iniciativa, impulsada por la especialista Angélica Remuzgo Gamarra, responde a una falla estructural que el sistema peruano ha tolerado durante años — y que hoy genera consecuencias medibles en términos de impunidad ambiental, conflictos de competencia entre entidades y vacíos de autoridad que nadie quiere reconocer.
El problema que la propuesta intenta resolver
La fiscalización ambiental minera en Perú no descansa en una sola entidad. El OEFA tiene competencia sobre la gran y mediana minería, pero los pequeños productores mineros (PPM) y los productores mineros artesanales (PMA) quedan bajo la supervisión de los gobiernos regionales, a través de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). El resultado es un mapa de competencias fragmentado donde la calidad de la fiscalización depende menos de la naturaleza del impacto ambiental y más del tamaño declarado del operador.
El nudo central está en los cambios de condición. Un titular minero que modifica su estatus — de pequeño productor a productor artesanal, o viceversa — puede quedar en un limbo regulatorio donde ninguna entidad asume con claridad la responsabilidad de fiscalizar. Remuzgo Gamarra identifica ese momento de transición como la puerta de entrada a conflictos de competencia y a la inacción regulatoria. Y tiene razón: cuando dos entidades se disputan o se evitan una competencia, quien paga el costo es el entorno.
El argumento técnico es sólido. El daño ambiental no reconoce el tamaño del productor. Un pasivo hídrico generado por una operación artesanal puede ser tan severo como el de una operación mediana. Fiscalizar con criterios diferenciados por estatus, en lugar de por impacto real, invierte la lógica de la gestión ambiental.
Lo que el OEFA puede — y lo que todavía no puede
El OEFA fue creado en 2008 como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM). En su historia institucional ha acumulado capacidades reales: protocolos de fiscalización, cuadros técnicos especializados, y una autonomía relativa que lo distingue de los órganos de línea ministerial. Su record no es perfecto, pero su arquitectura institucional es sustancialmente más robusta que la de las DREM en la mayoría de regiones del país.
Centralizar en el OEFA la fiscalización de PPM y PMA implicaría un salto de escala operativa considerable. Hoy el organismo maneja un universo acotado de titulares grandes y medianos. Incorporar el espectro artesanal y de pequeña minería — que en muchas regiones del país incluye operaciones semi-formales o en proceso de formalización — demandaría presupuesto adicional, personal descentralizado y protocolos adaptados a realidades operativas muy distintas a las de una mina de tajo abierto con departamento de medio ambiente propio.
Ese es el riesgo operativo que la propuesta debe responder con precisión. No basta con unificar la competencia en papel. Si el OEFA absorbe atribuciones sin los recursos correspondientes, el resultado puede ser peor que el actual: una entidad técnicamente competente pero operativamente desbordada, incapaz de fiscalizar con la frecuencia y profundidad que el universo ampliado de titulares requiere.
Formalización minera: el telón de fondo que lo cambia todo
La propuesta de Remuzgo Gamarra no puede leerse en aislamiento. Perú lleva más de una década intentando formalizar su minería artesanal y de pequeña escala, con resultados decepcionantes. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2012 y prorrogado en múltiples ocasiones, ha sido incapaz de convertir a la mayoría de sus inscritos en operadores plenamente formales. Según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), solo una fracción menor de los mineros inscritos en el REINFO ha completado el proceso de formalización.
Esa realidad tiene una implicación directa para el debate regulatorio: una porción significativa de los operadores que hoy están bajo competencia regional no son formalmente PPM ni PMA en sentido estricto — son mineros en proceso de formalización, con estatus ambiguo y fiscalización prácticamente nula. La centralización en el OEFA no resuelve automáticamente ese problema, pero sí crea las condiciones para una respuesta institucional más coherente.
Si el OEFA asume la competencia sobre todo el espectro minero, independientemente del estatus, se elimina uno de los incentivos perversos más evidentes del sistema actual: que un operador declare o mantenga artificialmente el estatus de PPM o PMA precisamente para evitar la fiscalización más exigente del OEFA. Esa arbitraje regulatorio — elegir el fiscalizador más débil cambiando de categoría — es una práctica que el sector conoce y que la propuesta ataca directamente.
Implicaciones para la inversión y la confianza sectorial
Para las empresas grandes y medianas que operan bajo fiscalización del OEFA, la propuesta no cambia su esquema operativo inmediato. Pero sí tiene consecuencias indirectas relevantes. Un sistema de fiscalización ambiental más uniforme y predecible reduce el riesgo de conflictos sociales asociados a la percepción de impunidad en operaciones vecinas de menor escala. Las grandes mineras en Perú saben que la licencia social de sus propias operaciones se ve afectada por lo que ocurre en el entorno regional — incluyendo lo que hacen operadores más pequeños con menor escrutinio.
Para los inversionistas institucionales que monitorean el riesgo regulatorio peruano, la fragmentación actual del sistema de fiscalización es una señal de debilidad del Estado. Un país que fiscaliza de manera distinta según el tamaño del operador, y no según el impacto ambiental real, exhibe una arquitectura regulatoria con incentivos perversos incorporados. Eso se traduce en primas de riesgo más altas y en decisiones de inversión más conservadoras, especialmente en un contexto donde Perú compite por capital con Chile, Ecuador y Argentina por proyectos de cobre y litio.
La cartera de proyectos mineros peruanos supera los US$53,000 millones. Una fracción relevante de esos proyectos enfrenta demoras vinculadas a conflictos sociales que tienen como telón de fondo la desconfianza en la capacidad del Estado para hacer cumplir la regulación ambiental. Tía María, de Southern Copper, es el caso más visible, pero no el único. La percepción de que el Estado fiscaliza de manera selectiva — más rigurosa con los grandes, más laxa con los pequeños — alimenta narrativas de doble estándar que las comunidades utilizan para cuestionar los proyectos grandes.
El camino legislativo y sus obstáculos reales
Convertir esta propuesta en norma requiere modificar el marco de competencias establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y coordinar con el MINEM, que históricamente ha defendido la competencia regional como un mecanismo de descentralización. El debate no es solo técnico — es político. Los gobiernos regionales no cederán competencias sin resistencia, aunque esas competencias las ejerzan de manera deficiente.
El Congreso peruano, con su historial de alta rotación y baja especialización técnica en temas mineros, es otro factor de incertidumbre. Propuestas técnicamente sólidas han naufragado en el debate parlamentario peruano por razones que tienen más que ver con cálculos regionales o presiones sectoriales que con el mérito de la reforma.
La propuesta de Remuzgo Gamarra merece un debate serio, con datos de capacidad operativa del OEFA, análisis de financiamiento y una hoja de ruta realista de transferencia de competencias. Lo que Perú no puede seguir permitiéndose es un sistema donde el rigor ambiental depende del tamaño del titular. Ese modelo tiene nombre: impunidad diferenciada. Y sus costos — en pasivos ambientales, en conflictos sociales, en proyectos frenados — los paga el sector entero. (Minería en Línea)
