Los senadores dieron luz verde al desarrollo del mercado de carbono y los activos financieros ambientales
o.- Con amplio respaldo, la Cámara alta dio media sanción a un marco regulatorio para los créditos de carbono y los activos financieros ambientales. La iniciativa crea un registro nacional, habilita nuevas herramientas de financiamiento vinculadas a la mitigación del cambio climático y busca abrir oportunidades de exportación por hasta 3.900 millones de dólares.
En otra señal dirigida a la oposición dialoguista, la Cámara alta avanzó este jueves con una iniciativa que propone desarrollar el mercado de carbono en la Argentina. La iniciativa aprobada es producto de tres proyectos de ley sobre los que se trabajó, y obtuvo 60 votos a favor y 2 en contra. Los votos en contra correspondieron a los senadores santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano.
Al cabo de la votación en general, el miembro informante del dictamen de minoría, Jorge Capitanich, planteó una serie de modificaciones que desde el oficialismo le aclararon que no aceptarían. Sí se avisó que habría modificaciones en seis artículos, que a continuación se detallaron. Los artículos modificados eran el 3°, el 5°, el 6°, el 13° y el 14°. Antes de la votación Capitanich anunció que el bloque Justicialista votaría todos esos artículos modificados, salvo el 14. El mismo está referido a la estabilidad fiscal, y establecía originalmente que “los proyectos de carbono debidamente registrados en el ReNaRe gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez (10) años, contados a partir de su registración. La estabilidad fiscal alcanzará a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios registrados”. El cambio elevaba de 10 a 30 años esa estabilidad, lo que no fue aceptado por el bloque Justicialista. Por eso, esa fue la única votación discordante, ya que resultó con 44 votos positivos y 19 negativos.
El resto, tuvieron aprobación mayoritaria de 61 votos contra 2.
Al hablar de tres iniciativas, hacemos referencia a una de la salteña Flavia Royón, que establece un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono. Otra, impulsada por los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que fija presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo de estos mercados e incorpora su vinculación con el mercado de capitales. Y una tercera, presentada por el senador Jorge Capitanich, que propone una regulación para la emisión y el desarrollo de Activos Financieros Ambientales (AFA).
En una breve intervención, la senadora neuquina Nadia Márquez detalló cuál fue el trabajo en plenarios de tres comisiones de los que tomaron parte 25 expositores, tras lo cual cedió su espacio a dos de las autoras de los tres proyectos sobre los cuales se trabajó.
Así, la salteña Flavia Royón comenzó explicando que el mercado de carbono es “un mecanismo que permite asignarle un valor asignarle un valor económico a una reducción o remoción de gases de efecto invernadero”. Planteó que en los mercados voluntarios estos bonos de carbono se intercambian sin ningún tipo de regulación y este proyecto tampoco lo regulará.
En los mercados regulados pueden participar proyectos que reducen o remueven emisiones de efecto invernadero, generando unidades verificables y comercializables. ¿Qué no hace esta ley?, se preguntó. “No crea un mercado de cumplimiento obligatorio en nuestro país, ni interviene en los mercados voluntarios. Sí permite que los créditos de carbono que se generan en nuestro país puedan ser comercializados en los mercados regulados internacionales o en aquellos mecanismos como el artículo 6 de París o los mercados de CORSIA (por sus siglas en inglés, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), que necesitan una autorización del país y valen mucho más”.
Royón explicó que “este proyecto de ley regula el mecanismo para evitar que una misma tonelada de dióxido de carbono se contabilice dos veces. Para evitarlo, se requiere una autorización previa de nuestro país y el correspondiente ajuste de la contabilidad de los resultados de mitigación utilizada para el seguimiento de la contribución determinada a nivel nacional”.
Entonces, continuó, “la contribución del Estado se concentra en este punto: cuando puede verse afectada la contabilidad climática nacional y cuando el otorgamiento de ese ajuste constituye una condición necesaria para acceder a esos mercados”. Y enfatizó: “Si nosotros conseguimos avanzar con esta ley y tener un marco regulatorio para poder hacer las autorizaciones y ajustes correspondientes para poder participar de estos mercados regulados, estos mismos créditos podrían generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares para nuestro país. Es decir, son exportaciones. Podemos exportar estos servicios ambientales y significaría un ingreso por este monto”.
Luego de que la senadora salteña detallara artículo por artículo todo lo que establece el dictamen y anticipara que durante la votación en particular anunciarían las modificaciones que se habían aceptado luego de la suscripción del dictamen, intervino la senadora misionera Sonia Rojas Decut.
La senadora de Movimiento por Misiones arrancó diciendo: “1.600.000 hectáreas de selva paranaense en pie; árboles que conservan agua, que protegen nuestros suelos, que albergan el 52% de la biodiversidad argentina y que sostienen comunidades, familias y actividades productivas”.
“Esta selva no está en pie por casualidad. Está en pie porque Misiones decidió, con una política pública, demostrar que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar juntos -agregó-. Y hoy estamos acá para reconocer el valor económico de conservar y para convertirlo en oportunidades para todos los argentinos”.
Rojas Decut puntualizó que “hoy debatimos una ley que puede definir cómo se integra la Argentina a los mercados internacionales de carbono. Un mercado en donde conservar bosques y reducir emisiones, puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias argentinas, para las empresas argentinas y para los productores argentinos”.
La senadora sostuvo que “Misiones quiere esta ley porque necesita reglas claras y hemos trabajado de manera muy comprometida para crear una ley que comprenda cómo funcionan los distintos modelos que generan créditos de carbono”. Abogó entonces por una ley que respete las competencias de las provincias y también los derechos de los particulares. Y remarcó: “Misiones experiencia y resultados concretos al recinto. Misiones creó el primer programa jurisdiccional forestal liderado por un gobierno subnacional en el mundo. Por eso Misiones es líder en acción climática”.
A continuación, el otro autor del tercer proyecto presentado, Jorge Capitanich. El senador del bloque Justicialista arrancó leyendo datos de un informe internacional elaborado sobre el tema y concluyó aclarando que acompañarían el dictamen de mayoría, no sin antes manifestar su “desazón” porque no se hubieran escuchado las propuestas de su espacio. “Acá se argumenta que las autoridades de no se quién, ni de dónde. Porque acá el secretario del área, Daniel Scioli, nunca apareció, no entiendo porqué se excluyen los servicios ecosistémicos ambientales. Porque estoy de acuerdo con la reglamentación del mercado de carbono, y la verdad que hay una multiplicidad en este texto del año 2026 (en referencia al informe que acababa de leer), que establece mecanismos financieros e innovadores para movilizar la inversión pública y privada en la naturaleza instrumentos de renta fija, canje de deuda por naturaleza, y créditos de carbono por biodiversidad, entre otras cosas.
“Por lo tanto lo que quiero transmitir es que efectivamente los servicios ecosistémicos ambientales son complementarios de los mercados de carbono y de la multiplicidad de instrumentos financieros para proteger la biodiversidad y para generar un mecanismo de asignación de recursos”, expresó el senador chaqueño.
Detalles de la iniciativa
El proyecto aprobado crea un marco regulatorio para el mercado de carbono en la Argentina, con el objetivo de promover proyectos que reduzcan o capturen emisiones de gases de efecto invernadero y permitir la comercialización de los créditos de carbono que esos emprendimientos generen. Además, establece reglas para que esos activos puedan negociarse tanto en mercados nacionales como internacionales, garantizando su trazabilidad y evitando la doble contabilización de una misma reducción de emisiones.
La iniciativa crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública donde deberán inscribirse los proyectos de carbono desarrollados en el país. También reconoce a los créditos de carbono como bienes con entidad jurídica propia y determina que las provincias podrán desarrollar programas jurisdiccionales vinculados a la mitigación del cambio climático, respetando el dominio provincial sobre los recursos naturales.
Entre otros aspectos, la norma exime de derechos de exportación a las transferencias internacionales de créditos de carbono, otorga estabilidad fiscal por diez años a los proyectos registrados y habilita la creación de instrumentos financieros respaldados por estos activos ambientales. Asimismo, contempla la intervención de la Comisión Nacional de Valores para regular la oferta pública de instrumentos vinculados a créditos de carbono y otros activos financieros ambientales.
El texto también fija las condiciones para que los créditos argentinos puedan utilizarse en los mecanismos previstos por el Acuerdo de París y establece que las transferencias internacionales que impliquen que otro país contabilice esas reducciones de emisiones deberán contar con autorización estatal y el correspondiente ajuste en el inventario nacional de gases de efecto invernadero.(Parlamentario)
Los senadores dieron luz verde al desarrollo del mercado de carbono y los activos financieros ambientales
