Las Islas Malvinas y el petróleo
o.- Comunicado de Prensa: “SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes.
En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes. Ciudad de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2026. Schlumberger Argentina S.A. (SLB)” (El Pregón Minero)
El G6 Ratifica el reclamo de Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas
o.- (El Cronista) Según lo expresada en el Comunicado del G6, “Las entidades que integran el G6 expresan su respaldo a la posición del Gobierno Nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, así como a las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país.”
“La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos.”
“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino, en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación.”
“La defensa del territorio, de nuestros recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación es una responsabilidad de todos los argentinos y una política de Estado que debemos sostener unidos.”
El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).”
Las principales entidades empresariales del país señalaron que la causa Malvinas debe ubicarse por encima de las diferencias políticas. Además, apoyaron las acciones destinadas a proteger los recursos naturales y pidieron buscar una solución pacífica mediante la diplomacia.
Más sobre el G 6: Constituido por las principales entidades empresariales del país señalaron que la causa Malvinas debe ubicarse por encima de las diferencias políticas. Además, apoyaron las acciones destinadas a proteger los recursos naturales y pidieron buscar una solución pacífica mediante la diplomacia.
El denominado Grupo de los Seis (G6) expresó su respaldo a la posición del Gobierno nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes.
A través de un comunicado conjunto, las principales entidades empresariales del país también apoyaron las acciones impulsadas para resguardar los recursos naturales de la Argentina en la zona del Atlántico Sur.
El pronunciamiento se conoció en medio de la renovación del debate político y diplomático alrededor de las islas. En ese escenario, el G6 remarcó que “la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”.
El comunicado ratificó la necesidad de sostener con firmeza la posición histórica de la Argentina, aunque aclaró que el reclamo debe desarrollarse dentro de los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional y el derecho internacional. (El Pregón Minero)
Denuncian que una petrolera inhabilitada por proyectos ligados a Malvinas recibió beneficios del RIGI
o.- Maximiliano Ferraro cuestionó que Harbour Energy, vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las islas, tenga participación en un proyecto beneficiado por el régimen.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy, vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
Ferraro sostuvo además que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.
La denuncia contra Harbour Energy y cómo avanza el proyecto
De acuerdo con la presentación realizada por Ferraro, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 mediante una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.
La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En paralelo, el proyecto autorizado para Southern Energy contempla un importante operativo logístico en el sur argentino. El esquema prevé la llegada mensual de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos, que serán utilizados para la instalación de cañerías.
Mientras tanto, continúa pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada, en medio del debate por las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas.
Las sanciones del Gobierno por Malvinas
El Gobierno informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
“Cancillería ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas”, informó la Oficina del Presidente de la República Argentina.
El Gobierno detalló además que el procedimiento no alcanzará únicamente a las empresas que estarían llevando adelante actividades hidrocarburíferas, sino también a sus accionistas y a las compañías que les hayan prestado servicios.
Asimismo, la Oficina del Presidente sostuvo que “recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”. (ámbito.com; 06/09/2026-20:20hs)
Malvinas: cuáles son las 45 empresas y personas que quedaron bajo la mira del Gobierno por la explotación de petróleo
o.- La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra compañías, accionistas, ejecutivos y proveedores vinculados a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Navitas y Rockhopper, impulsoras del proyecto Sea Lion, encabezan la lista. Las proyecciones apuntan a comenzar la producción durante 2028, con unos 55.000 b/d en la etapa inicial.
El Gobierno avanzó con procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en medio de la escalada de la disputa por el desarrollo petrolero Sea Lion.
La medida alcanza a compañías que poseen licencias para operar en el área, pero también a accionistas, ejecutivos, inversores y proveedores de servicios relacionados con los proyectos hidrocarburíferos que la Argentina considera ilegales por no contar con autorización nacional.
En el centro de las actuaciones aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que llevan adelante Sea Lion, el proyecto que prevé una inversión cercana a u$s 1.800M para comenzar a producir petróleo en aguas próximas a las Malvinas en 2028.
El listado tiene, además, un alcance internacional. Incluye actores de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, entre otros países.
Las empresas alcanzadas por las actuaciones
Entre las compañías señaladas aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, vinculadas al desarrollo de Sea Lion. También figuran accionistas de Navitas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.
Por el lado de Rockhopper, el listado comprende a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, además de accionistas e inversores relacionados con la compañía británica.
Las actuaciones se extienden también a firmas relacionadas con otros desarrollos en el área, como Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands. En este último caso aparece además Eco (Atlantic) Oil & Gas, accionista de JHI, junto con algunos de sus inversores.
Pero el alcance oficial no se limita a quienes poseen participación directa en los proyectos. Entre los nombres señalados también aparecen compañías vinculadas a la provisión de infraestructura, servicios o asesoramiento, como Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates (NSAI) y Fugro, además de inversores institucionales con participaciones en algunas de las firmas involucradas.
Sea Lion, en el centro de la disputa por Malvinas
Buena parte de la tensión se concentra en Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.
Ambas compañías aprobaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla un desembolso de aproximadamente u$s 1.800M, de los cuales cerca de u$s 1.000 M provendrían de financiamiento mediante deuda.
Las proyecciones apuntan a comenzar la producción durante 2028, con unos 55.000 b/d en la etapa inicial. Navitas calcula que el yacimiento cuenta con reservas por 216 Mb y recursos totales cercanos a 603M.
El Gobierno argentino rechaza el proyecto debido a que se desarrolla en un área cuya soberanía reclama el país y sin autorización de las autoridades nacionales.
Qué sanciones pueden enfrentar
La ofensiva argentina se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para personas y compañías que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
De acuerdo a lo que expresa la ley, el régimen prevé principalmente:
Multas equivalentes al valor de 15.000 barriles de petróleo como mínimo y hasta 1,5 Mb como máximo.
Inhabilitación de entre 5 y 20 años para realizar actividades en la Argentina.
Decomiso de equipos y materiales utilizados en las actividades ilícitas.
Reversión de concesiones y permisos hidrocarburíferos que la empresa pudiera tener en territorio argentino.
En caso de reincidencia, las sanciones pueden agravarse.
Las consecuencias pueden extenderse más allá de las compañías que operan directamente en los yacimientos y alcanzar a empresas que les presten servicios o mantengan determinados vínculos con ellas. Entre las medidas previstas aparecen inhabilitaciones para operar en la Argentina y restricciones para acceder a permisos vinculados con la actividad energética.
El Gobierno reforzó recientemente este esquema y aceleró los procedimientos destinados a determinar responsabilidades entre los distintos actores relacionados con los proyectos.
La estrategia ya comenzó a tener repercusiones entre las grandes compañías internacionales de servicios petroleros. SLB, Halliburton y Baker Hughes marcaron distancia de Sea Lion y aseguraron que no participan del proyecto ni prevén involucrarse en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. (ámbito.com; 07/09/2026)
El Gobierno insiste con Malvinas y envía el proyecto al Congreso
o.- (Ignacio Ortelli) Busca endurecer las sanciones a las empresas que operen en las islas.
Jugada. El presidente Javier Milei trata de retomar la iniciativa con la causa Malvinas, y tender puentes otra vez con dialoguistas.
Esta semana la Casa Rosada mandará el proyecto de ley anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, que procura agravar las sanciones contra las compañías que operen en el Atlántico Sur, sobre todo las vinculadas a actividades petroleras. El objetivo del Ejecutivo es mantener en agenda durante varias semanas la cuestión Malvinas y sumar a los gobernadores peronistas y a los aliados del PRO y del radicalismo, así como aislar a los sectores más duros, como el kirchnerismo. La idea es avanzar en el Congreso y lograr un rápido tratamiento. “TMAP!”, tuiteó Javier Milei a modo de festejo ante la noticia de que tres grandes empresas globales de servicios y equipos petroleros anunciaron que no participarán en proyectos en las Islas Malvinas luego de las sanciones que el Gobierno anticipó que tiene previsto aplicar a quienes lo hagan de forma ilegal, es decir, sin autorización de Argentina.
No quedó claro si la sigla que resume la frase “Todo Marcha Acorde al Plan”, acuñada por Santiago Caputo, respondió solo al impacto que generó entre las compañías internacionales el paquete de medidas que comunicó el jueves a la noche o si también se refería al golpe de efecto que tuvo sobre el debate público desde que confirmó que haría una cadena nacional. Lo que tiene claro el Presidente -y transmiten puertas adentro del Gobiernoes que la estrategia, diseñada por el asesor que cada vez que es dado por caído logra recuperar centralidad en la toma de decisiones de Milei, abrió el camino para retomar la iniciativa política y dejar atrás un clima dominado por datos adversos para la Casa Rosada.
Sobre todo, porque permitió obturar, al menos por un rato, el acercamiento de sectores dialoguistas con los extremos de la oposición, que se había visibilizado en el último tiempo con el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, rebautizada con éxito como “Ley de Extranjerización de Tierras” por el kirchnerismo y la izquierda.
Esa iniciativa reactivó los chats de gobernadores peronistas con Sergio Massa y hasta con alfiles políticos de Cristina Kirchner. Esto último, impensado hasta no hace mucho.
Entonces se encendieron las alarmas de La Libertad Avanza ante la posibilidad de que ese debate pudiera oficiar como la reforma previsional que impulsó Mauricio Macri en diciembre de 2017. Ese debate -entienden- fue la génesis del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia, porque activó el modo pragmático del peronismo y solapó las diferencias que luego estallaron durante la gestión.
La flexibilidad que mostró Cristina para aprobar decenas de pliegos de jueces, incluido el nombramiento en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py de Pablo Yadarola, un juez con el que el cristinismo puro supo confrontar, tampoco pasó desapercibida.
Por eso, hasta los que más dudaron cuando en la reunión de Gabinete escucharon a Milei contar que haría una cadena nacional en torno a Malvinas hoy quieren que no se hable de otro tema.
Incluso son bienvenidas las férreas críticas a las supuestas contradicciones de Milei en torno a Malvinas.
“La cadena nacional fue contundente y permeó por todos lados. Quedó clara la postura que siempre tuvo Javier. Que digan lo que quieran, pero que digan algo”, redobla una voz de la mesa política.
“No sé cuánto nos va a durar, pero ojalá podamos estirarla varias semanas. Nos habíamos metido en una burbuja de negatividad de la que no podíamos salir y ellos, cuando huelen sangre, se unen”, se sinceró, con una cuota de misticismo, una voz de peso del Gabinete.
Lo curioso es que no fue algo premeditado por la mesa política. Abrazado al bilardismo político, Milei, que venía de repostear en sus redes mensajes contra la oposición, y de hablar de un “suicidio” político si no lo reeligen, advirtió en el replanteo de Trump “una oportunidad” para retomar una agenda en la que ya trabajaba con el canciller
Pablo Quirno, pero a la que no se había animado a subirse durante el Mundial, cuando los jugadores de la Selección desplegaron la bandera. “Javier no quería que dijeran que intentaba utilizar a la Scaloneta como quiso hacer Alberto”, interpreta un colaborador mileísta.
En ese marco, aconsejado por Caputo, tomó la decisión de involucrar positivamente a la oposición.
“Este tema demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo”, fue la frase quirúrgica que pronunció Milei y que hizo al kirchnerismo duro entrar en las contradicciones deseadas.
Aunque no fue una sugerencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en definitiva es lo que los interlocutores con los gobernadores y el peronismo tradicional necesitan para terminar de abrochar reformas clave, como la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, mientras exploran consensos para la eliminación de las PASO y la aprobación del Presupuesto 2027.
Por un lado, en el Ejecutivo creen que la nueva agenda ayudará a repavimentar el diálogo con los gobernadores peronistas y con aliados del PRO y el radicalismo. “Cuanto más nos moderamos nosotros, más margen tienen ellos de explicar por qué se nos acercan”, razonan.
Pero también celebraron los cruces internos dentro del kirchnerismo. Desde los reproches entre la militancia mediática hasta el contraste entre el silencio de Cristina, la aprobación de Juan Grabois y la dura reacción de Axel Kicillof, quien recordó la “admiración por Margaret Thatcher” por parte de Milei. (Clarín, Buenos Aires, 07/09/2026)
En el Reino Unido presionan para castigar a la Argentina
o.- (Natasha Niebieskikwiat) Tras los anuncios de Milei por Malvinas, exigen dureza al primer ministro, trabar la entrada al Transpacífico y la candidatura de Grossi a la ONU.
Aguas revueltas. Al premier Andy Burnham la oposición le exige medidas duras contra la Argentina.
En 2012, el Reino Unido amplió el embargo y las restricciones adicionales a la exportación de armamentos y bienes de uso militar y civil contra la Argentina, que ya regía desde el final de la guerra de 1982. Gobernaba el primer ministro conservador David Cameron, que tomó esa medida bajo la tensión de su administración con la entonces presidenta Cristina Kirchner por la soberanía de las Islas Malvinas.
Catorce años después de aquellos choques, el escenario vuelve a tensarse por el mismo conflicto. Y encuentra al primer ministro laborista Andy Burnham, que sucedió en julio pasado a Keir Starmer, bajo fuerte presión de todos los sectores para para que castigue a la Argentina por los anuncios de Javier Milei en la cadena nacional del jueves pasado.
Aupado por las crípticas amenazas de Donald Trump a Londres de que podría abandonar la “neutralidad” diplomática de EE.UU. frente al conflicto de Malvinas, lo que en teoría favorecería a la Argentina, Milei anunció sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en aguas circundantes a las Malvinas. Y decidió dar más presupuesto a la Defensa nacional para dar mayores fondos a la presencia militar en el Atlántico Sur. Le dará impulso a la construcción de una nueva base naval a unos cientos de kilómetros de las islas.
Es un cambio de 180 grados en la política presidencial del libertario hacia Gran Bretaña, donde lo veían, a diferencia de los Kirchner, como un “aliado”. Por eso este fin de semana se levantaron voces de todas las tendencias en el Reino Unido contra la Argentina.
Los tories, el grupo conservador, instó al premier a vetar el ingreso de la Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) mientras “intente intimidar” a Gran Bretaña. En junio, el canciller Pablo Quirno se sacó sonriente una foto con papel y lapicera mostrando la firma de solicitud de adhesión ante Nueva Zelanda, país depositario del mismo.
Los tories quieren volver a la carga contra la Argentina en el G20, donde ya lo hicieron contra Cristina Kirchner. Y lo que sí puede tener impacto de corto plazo es el veto que le reclaman a Burnham contra la candidatura del argentino Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas. Según el diario The Times, este domingo, la candidatura del actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, presenta un “dilema”: si Grossi, que fue lanzado formalmente como candidato de Milei, llegara al máximo cargo de la ONU, tendría una posición institucional desde la cual podría incidir en cuestiones internacionales vinculadas con el conflicto, indicó la publicación. Grossi había sorprendido a los argentinos con una declaración en la que sería “imparcial absoluto”.
El veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad es un grave problema para Grossi, lo que se suma a las fuertes críticas que ya le hizo al argentino el gobierno de Rusia y a las amenazas veladas de China. El gobierno de Xi Jinping, furioso por las declaraciones del director de comunicación digital Juan Carreira sobre las causas de la tragedia natural en Nepal responsabilizó a una “empresa estatal” y al partido comunista chinos por ella- generaron amenazas veladas también contra la candidatura de Grossi.
Es en todo este contexto que Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador británico, acusó al premier Burnham de ser “demasiado débil” y sostuvo que Milei estaba aprovechando esa debilidad.
A su vez, el ex primer ministro Boris Johnson, que estuvo en la Casa Rosada con Milei en 2024, y a quien el libertario le pidió que si viajaba a Londres quería conocer a Mick Jagger, apareció apoyando una respuesta mucho más dura. Pidió que Burnham envíe inmediatamente recursos militares adicionales a Malvinas. (Clarín, Buenos Aires, 07/09/2026)
Malvinas: británicos frenan un plan ambiental por el salmón mientras crece la presión por el petróleo
o.- (Sebastián D. Penelli) En las Islas Malvinas los ingleses suspendieron el avance de las Áreas Marinas Gestionadas hasta completar una consulta sobre acuicultura. La Asamblea Legislativa respondió al discurso de Milei. Algunas empresas de hidrocarburos ratificaron sus planes de trabajo en el mar argentino. Y otras se bajaron.
En las Islas Malvinas hay una actividad que, por ahora, quedó en pausa. No es el petróleo. Tampoco la exploración offshore. Es un ambicioso esquema de ordenamiento y protección del espacio marítimo que las autoproclamadas autoridades isleñas vienen preparando desde hace años y que ahora fue suspendido hasta completar una consulta pública sobre otro proyecto con potencial económico: la cría de salmón a gran escala.
La particularidad es que la decisión llega justo cuando la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno. El presidente Javier Milei firmó y puso en vigencia el Decreto 868/2026 que impone nuevas medidas y sanciones contra empresas que participen en proyectos de explotación de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos circundantes. Casi al mismo tiempo, las compañías que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion ratificaron que continuarán adelante con su cronograma.
En ese escenario, el freno a las llamadas Áreas Marinas Gestionadas (AMG) abre otro capítulo de una disputa que excede al petróleo. Porque detrás de un plan ambiental impulsado por las autoridades británicas de las islas aparece, nuevamente, una cuestión de fondo para la Argentina: quién tiene capacidad para administrar, regular y decidir sobre los recursos y el espacio marítimo de un territorio cuya soberanía está en disputa y cuya recuperación es un objetivo permanente de la política exterior argentina.
La Asamblea de las islas respondió a Milei y reivindicó la autodeterminación
La Asamblea Legislativa de las Falklands difundió un comunicado en respuesta al discurso de Milei y sostuvo que el futuro del archipiélago corresponde decidirlo a quienes viven allí. Ese organismo que Argentina no reconoce es el órgano unicameral del archipiélago y cuenta con ocho miembros electos, cinco por Stanley y tres por Camp. Su última elección general se celebró el 11 de diciembre de 2025.
El texto, emitido en nombre del conjunto de la Asamblea y sin firma individual, afirmó que las islas son un “Territorio Británico de Ultramar autogobernado” y que su futuro debe ser decidido por sus habitantes.
La Asamblea sostuvo que se trata de un derecho fundado en el derecho internacional y que no se modifica por las declaraciones de otros gobiernos. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, señaló el comunicado, en referencia al discurso de Milei, y agregó que la comunidad isleña ha enfrentado presiones similares durante décadas y, pese a ello, las islas “han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando”.
El comunicado recordó además el referéndum celebrado en 2013, cuando, según la Asamblea, con una participación del 92% de los residentes, el 99,8% votó a favor de mantener a las islas como territorio autogobernado de ultramar del Reino Unido. “Esa elección democrática es clara y permanece sin cambios”, afirmó.
El órgano legislativo también agradeció el “firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido” a la autodeterminación de los isleños y sostuvo que ese respaldo fue reafirmado luego del discurso presidencial argentino “al más alto nivel”, desde Downing Street, ministros del Gobierno, parlamentarios y aliados internacionales. El texto concluyó señalando que los habitantes de las islas continúan “confiados, asentados y concentrados en el futuro que nuestra gente ha elegido”.
La Asamblea no hizo referencia a las sanciones anunciadas por Milei contra empresas petroleras ni al proyecto Sea Lion. Su respuesta quedó concentrada en la cuestión de la autodeterminación y en reivindicar el resultado del referéndum de 2013, que la Argentina no reconoce como válido para resolver la controversia de soberanía.
Qué son las Áreas Marinas Gestionadas que quedaron en pausa
Las Áreas Marinas Gestionadas (Marine Managed Areas o MMA, en inglés) son un esquema de zonificación y conservación del espacio marítimo que las autoridades de las islas proyectan alrededor del archipiélago. No se trata necesariamente de convertir todo el mar en una reserva donde esté prohibida cualquier actividad económica. El concepto apunta a establecer distintas zonas y niveles de protección, con reglas específicas para actividades como la pesca, el turismo, la navegación y potencialmente la exploración de hidrocarburos.
El objetivo declarado es proteger ecosistemas y especies de importancia ambiental -entre ellas aves marinas, pingüinos, ballenas, lobos y elefantes marinos- mediante un sistema de ordenamiento espacial marino que permita determinar dónde y bajo qué condiciones pueden desarrollarse distintas actividades. El esquema también contempla la identificación de sectores de especial importancia para la biodiversidad y su articulación con las denominadas Key Biodiversity Areas (KBAs), áreas reconocidas internacionalmente por su valor ecológico.
El proyecto forma parte de la Estrategia Ambiental 2021-2040 de las autoridades de las islas, una planificación de largo plazo orientada a establecer criterios para la protección y gestión del ambiente. Para avanzar en su diseño se realizaron trabajos técnicos y científicos y se involucraron organizaciones ambientales y especialistas. Pero el proyecto quedó atrapado ahora con otro expediente: el de la posible instalación de producción de salmón en el mar.
El diputado de las islas Michael Goss confirmó a Penguin News (el único periódico del archipélago) que el trabajo sobre las AMG fue suspendido “hasta que sepamos qué sucede al final de la fase de consulta para el salmón”. El motivo, según explicó, es que existe una superposición entre las áreas identificadas para el sistema de gestión marina y sectores que podrían resultar relevantes para la acuicultura.
“El mayor problema es que una cantidad considerable de las áreas identificadas (para las AMG) podría tener un impacto en la acuicultura del salmón. Ambas cosas están intrínsecamente vinculadas de una manera muy extraña, pero obviamente son completamente independientes”, señaló Goss.
(…) Sin embargo y aunque el legislador kelper no lo mencione: el otro tema que frena todas las actividades en las áreas marinas es el reducrecimiento del conflicto por el petróleo.
Consultado por Penguin News sobre si se estaba privilegiando el potencial de ganancias por la extracción de recursos (salmón) versus la protección de áreas, Goss respondió: “No se trata en absoluto de márgenes de beneficio, sino de garantizar que el sistema actual, y en particular la fase de consulta que estamos llevando a cabo, se cumpla al pie de la letra”.
El diputado agregó que sus electores de Camp estaban “muy interesados” en la creación de las MMA y en mantenerlas como “zonas seguras”. También sostuvo que el proyecto había sido bien recibido y que era un trabajo que “deberíamos impulsar y tratar de sacar adelante”. Lo que no dijo fue las MMA pueden cruzarse en el camino de futuros proyectos de cría de salmón, e incluso, de los hidrocarburíferos offshore.
(…) El trasfondo que Argentina mira desde hace décadas
Para la Argentina, sin embargo, la cuestión no puede analizarse solamente como una discusión ambiental o económica local. Las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes son parte de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que las islas forman parte del territorio nacional y que su ocupación británica desde 1833 no modifica los derechos argentinos sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.
En ese marco, el país cuestiona las decisiones unilaterales británicas vinculadas con la explotación de recursos naturales y la administración de los espacios marítimos en disputa. La referencia central es la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen introducir modificaciones mientras continúa el proceso de negociación de la soberanía.
La cuestión de las Áreas Marinas Gestionadas se inscribe en ese mismo debate. Desde la perspectiva argentina, no se trata únicamente de si una determinada zona debe proteger pingüinos, ballenas o calamares, sino de qué autoridad puede establecer unilateralmente reglas sobre el mar que rodea a las islas mientras la disputa permanece sin resolver.
La Argentina sostiene además que la cuestión de la soberanía debe resolverse mediante negociaciones entre ambos países, tal como establece el marco de Naciones Unidas. La Resolución 2065, adoptada por la Asamblea General en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución.
La postura británica es diferente. Londres sostiene que la soberanía de las islas se basa en el principio de autodeterminación de sus habitantes y que los isleños han expresado su voluntad de permanecer bajo soberanía británica. Esa divergencia vuelve especialmente sensible cualquier decisión vinculada con el espacio marítimo, desde la conservación ambiental hasta la pesca o la explotación de hidrocarburos. Y allí aparece el otro elemento que explica por qué el movimiento ambiental de las islas adquiere relevancia para el Gobierno.
El petróleo quedó en el centro de la pelea, pero no es el único recurso
Mientras las autoridades isleñas frenaron las AMG por la consulta sobre el salmón, el Gobierno elevó la presión sobre el desarrollo de recursos naturales en el archipiélago. En su mensaje por cadena nacional, Milei lanzó el decreto destinado a sancionar a compañías que participen en proyectos de explotación de recursos naturales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o sus espacios marítimos circundantes.
El Presidente afirmó que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas “es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, y sostuvo que el Estado debe utilizar las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender ese reclamo.
Uno de los principales objetivos del anuncio fue Sea Lion, el proyecto petrolero que desarrollan la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum al norte de las islas. Milei advirtió que el proyecto representa algo que, según su interpretación, nunca había ocurrido hasta ahora: “La extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.
También anticipó que las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos no autorizados por la Argentina podrían quedar impedidas de operar en el territorio continental argentino.
Los isleños avanzan con su propia política ambiental marina
El proceso ambiental en las Islas Malvinas por parte de los británicos tiene varios años de desarrollo. El Gobierno de las islas comenzó a trabajar con un esquema de planificación espacial marina en 2014 y desde 2017 orientó ese trabajo hacia la creación de Marine Managed Areas.
En septiembre de 2025, el Ejecutivo británico de las islas había aprobado el borrador de una política específica y recomendó avanzar con una consulta pública antes de convertirla en legislación. El proyecto se apoyaba en estudios científicos, relevamientos y talleres realizados con distintos sectores durante 2024.
El objetivo es establecer un marco legal para designar y administrar áreas marinas protegidas, definir planes de manejo, crear permisos y establecer mecanismos de fiscalización y sanciones. La estrategia ambiental de las islas fijó como objetivo que 15% de sus aguas marinas quede alcanzado por áreas con planes de gestión. Pero la consulta prevista para las MMA terminó vinculándose con otro proceso: el debate sobre la eventual instalación de producción de salmón a gran escala.
El proyecto ambiental sí contempla restricciones al petróleo, pero no frena Sea Lion
Este es el punto central para entender qué está ocurriendo realmente. El borrador de la política de MMA contempla dos grandes categorías de áreas: las National Marine Nature Reserves (NMNR), de protección estricta, y las Sustainable Multi-Use Zones (SMZ), destinadas a combinar conservación con actividades económicas de menor impacto.
Entre las áreas propuestas aparecen Jason Islands, Bird Island, Beauchene Island, Kidney y Cochon Islands y Burdwood Bank como reservas marinas, además de una zona de uso múltiple costera y otra offshore alrededor de Burdwood Bank.
El documento oficial analiza expresamente la relación entre las MMA y la industria hidrocarburífera. Y allí aparece una definición que resulta clave: ninguna de las licencias de producción actualmente otorgadas se superpone con las áreas propuestas como MMA.
El documento sí advierte que los bloques PL018, PL019 y PL020, ubicados al norte de las áreas propuestas sobre Burdwood Bank (no dentro de ellas), están próximos a las futuras zonas protegidas. En caso de que allí hubiera exploración o extracción, una mayor actividad podría acercarse a los límites de las MMA.
Sin embargo, el Departamento de Recursos Minerales de las islas señaló que los bloques petroleros actuales están aproximadamente tan cerca de las MMA como probablemente estarán en el futuro previsible y que no existen planes inminentes para lanzar una nueva ronda de licencias.
El documento también establece que el marco legal de las MMA deberá implementarse teniendo en cuenta la legislación petrolera de las islas para garantizar la continuidad del desarrollo del sector offshore. La conclusión es directa: la suspensión de las MMA no paraliza la actividad petrolera existente, pero podría tener impacto a futuro.
El caso más importante es Sea Lion, el proyecto desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las propias autoridades de las islas identifican a las licencias PL004 y PL032, donde se encuentra Sea Lion, como el proyecto que probablemente será el primero de las licencias actuales en entrar en explotación. Y remarcan expresamente que el campo está fuera de las áreas propuestas como MMA. Esto coincide con la situación actual del proyecto.
Navitas informó que en diciembre de 2025 tomó la decisión final de inversión (FID) para la primera fase del desarrollo de Sea Lion, con un presupuesto total de aproximadamente u$s 1.800M y la aprobación final del plan de desarrollo por parte del Gobierno de las islas. La compañía prevé comenzar la producción en 2028.
El proyecto contempla una primera fase con 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), mientras que una segunda fase incorporaría otros 12 pozos. Por lo tanto, el movimiento ambiental de las islas no implica una suspensión del desarrollo de Sea Lion. Tampoco afecta, según la documentación oficial disponible, a las licencias de producción existentes.
La respuesta de Rockhopper y Navitas, ¿qué harán Borders & Southern y JHI?
La respuesta de Rockhopper y Navitas fue inmediata. Ambas compañías aseguraron que las licencias otorgadas por las autoridades locales de las islas continúan vigentes y que cuentan con el “apoyo total y continuo del gobierno británico”.
En una declaración conjunta, sostuvieron que esas licencias fueron “legalmente otorgadas” y que “no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”.
El proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo previa a la producción, pero si avanza según el cronograma planteado por sus impulsores podría convertirse en el primer gran desarrollo petrolero offshore del archipiélago.
La disputa ya había generado antecedentes regulatorios argentinos. Rockhopper fue sancionada por Argentina en 2013 y Navitas en 2022. Además, otras compañías, como la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, cuentan con licencias de exploración en áreas de las islas.
La reacción también llegó desde Londres. El Gobierno británico reiteró su posición sobre la soberanía y calificó de “inamovible” su postura, mientras que sus autoridades volvieron a invocar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
Una empresa de servicios petroleros se baja de los proyectos en las Malvinas
SLB, una de las principales compañías globales de servicios petroleros, confirmó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
En un comunicado de Schlumberger Argentina S.A., la empresa señaló: “SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.
La compañía ya se había mantenido al margen del proyecto Sea Lion, al igual que Halliburton, pese a que ambas tienen actividad en la Argentina y son actores relevantes de la industria global de servicios petroleros. Así, mientras Rockhopper y Navitas aseguran que continuarán con sus planes, parte de la cadena internacional de servicios observa las nuevas restricciones argentinas y decide no involucrarse.
El contraste resulta significativo: el petróleo es hoy el principal foco de la disputa económica alrededor de Malvinas, pero la discusión por el control del mar es mucho más amplia.
La pesca, la conservación ambiental, el turismo, la navegación y ahora la eventual acuicultura de salmón forman parte de un mismo espacio marítimo sobre el cual Argentina y Reino Unido mantienen posiciones enfrentadas. (ámbito.com; 05/09/2026-16:37hs)
Malvinas frena el declive del mensaje de Milei y qué pasa con los gobernadores
o.- (Walter Schmidt) Recuperación. Con el discurso por Malvinas, volvió al centro de la escena en las redes.
Si se definen los momentos del Gobierno como fotos, y la totalidad de su gestión como un film cuyo desenlace será el 10 de diciembre de 2027, con chances de un segundo capítulo, podría decirse que Javier Milei logró revertir una serie de fotos adversas signadas por la economía mediante la cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.
La estrategia fue diseñada por el asesor Santiago Caputo, que regresó al primer plano comunicacional junto con las Fuerzas del Cielo de Daniel Parisini -Gordo Dan- para motorizar los anuncios sobre el Atlántico Sur como hacía tiempo no lo hacían. Estaban ausentes desde el Adornigate. Buscaron así recuperar la agenda política, mostrar a un Milei firme y con decisión en su reclamo por las islas, con un tono distinto, más presidencial, hablando de soberanía, unidad nacional y de los intereses de la Argentina.
Un análisis sobre la repercusión en las redes de las 16 cadenas nacionales utilizadas por Milei desde su llegada al poder, de la consultora Ad Hoc, refleja un declive a lo largo del tiempo. Exceptuando las 2 millones de menciones del día de su asunción, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo del 2024 generó 750 mil posteos; al año siguiente en la misma situación, 541 mil, y 484 mil en 2026. El piso de reacciones lo alcanzó el 27 de marzo cuando usó la cadena nacional para hablar del fallo de la justicia de Estados Unidos a favor de YPF, con apenas 84.600 menciones. En su discurso por Malvinas de la semana pasada, alcanzó los 400 mil posteos.
También bajó el índice de negatividad que se ubicaba en el orden del 55% y, tras la última intervención, lo llevó al 46%, con un apoyo del 35% y un 19% neutral.
Respecto del contenido del discurso presidencial, los conocedores de la cuestión Malvinas saben que no hubo nada nuevo, al margen del cambio de la postura pasiva y neutral que tenía Milei hasta aquí. Nunca había sido una prioridad de su gestión, más allá de lo declarativo.
Entre la política de seducción menemista y la confrontación del kirchnerismo, se inclinó por la segunda, tomando como base la ley propuesta por el peronista de izquierda Fernando Pino Solanas y promulgada por el gobierno de Cristina Kirchner, para endurecer las sanciones contras las empresas que operen en el Atlántico Sur. En los últimos días fueron reavivados los videos que muestran al kirchnerista Daniel Filmus, por entonces secretario de Malvinas de la Cancillería, anunciando sanciones a empresas durante la gestión de Alberto Fernández.
Pululan en ámbitos políticos elucubraciones acerca del avance y finalización de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, de cuyos beneficios podría participar Estados Unidos en el marco de sus nuevos objetivos geopolíticos que convierten al sur del mundo, Tierra del Fuego, Malvinas y la Antártida, en un propósito en sí mismo. Incluso, un reverdecer de visiones de siglos pasados como cuando Oliver Cromwell impuso la estrategia del dominio de los mares del mundo para una Gran Bretaña imperialista. Aunque no han atravesado aún la frontera de las hipótesis. Lo que Milei anunció en la cadena nacional es un refrito de recursos ya utilizados.
El complejo frente interno
El discurso presidencial logró amortiguar lo que peligrosamente se ha vuelto un denominador común: los recurrentes rechazos de la oposición aliada que irán in crescendo de aquí a fines de año, para después ingresar a un espiral electoral donde cada uno cuida sus votos.
Resultó inédito que tres senadores aliados como el jefe del bloque de senadores del PRO Martín Goerling, el radical Maximiliano Abad y el peronista Carlos Camau Espínola le hayan volteado el dictamen en comisión del proyecto de Súper RIGI, que a simple vista no tenía inconvenientes y que incluso el oficialismo ya había aceptado que volviera a Diputados, para introducirle cambios.
En medio del cruce con la Unión Industrial Argentina (UIA) por la caída de la producción y consumo del sector, los tres legisladores reclamaban que las inversiones obliguen a la contratación de al menos el 20% de proveedores locales. Todo estaba aceptado para que así sea, pero afirman que desde el Ministerio de Economía aclararon que eso ocurriría siempre y cuando sean mejores precios y calidad. “No podemos competir con los chinos, es inaudito, no lo vamos a aceptar”, deslizó en privado uno de los legisladores.
Por eso exigen retocar el texto aclarando que tienen prioridad los proveedores argentinos hasta un 15% de diferencia en el precio. Y que ese piso del 20% se vaya incrementando con el tiempo al 30 y al 40%.
Patricia Bullrich le trasladó el tema a Luis Caputo y el dilema está en sus manos.
Detrás, asoma la reducción que siguen sufriendo las provincias, al margen de competencias que antes eran nacionales como las rutas y distintos programas educativos y sanitarios.
En agosto, el recorte del gasto primario cayó un 10% como consecuencia de la caída en la recaudación que refleja el declive del consumo que la Casa Rosada insiste en negar públicamente. De ese recorte -según publicó Clarín- para la consultora Analytica el 86% corresponde a la reducción de fondos para las provincias, por afuera de la coparticipación federal que es automática. A eso se suma que, comparado con agosto del año pasado, la tijera significó un 66,4% menos de recursos.
Es en ese contexto en el que el Gobierno con sus principales espadas políticas, Diego Santilli, Bullrich y los Menem, intentan avanzar en proyectos propios, como el de la reforma política. Los votos no están y nadie asegura que estén de aquí a diciembre, cuando debería el Ejecutivo aprobar la suspensión o eliminación de las PASO, entre otros puntos.
Ningún gobernador quiere cerrar un acuerdo político con el Gobierno. Tienen muchas dudas sobre su proyección y el operativo reelección, a partir de la compleja situación de la economía. “Milei lucha contra la caída de audiencia al revivir el reclamo por Malvinas”, tituló el diario económico estadounidense The Wall Street Journal, uno de los más influyentes en el mundo de los negocios y las finanzas. La columna de Ryan Dubé refleja que “con la caída de sus cifras en las encuestas, el presidente argentino Javier Milei juega cada vez más una carta nacionalista de larga data: el reclamo del país sobre las Islas Malvinas, que Gran Bretaña controla frente a la costa sudamericana”.
Cuando aún resta más de un trimestre para el fin de año, el Gobierno ha dado varias muestras de debilidad y, en algunos casos como la cuestión Malvinas, de estar en aprietos y buscar salir del laberinto con recursos comunicacionales. No será sencillo.
“Para mí, más importante que cuanto de rápido baje la inflación es que haya reactivación del mercado interno y que el ritmo de crecimiento no sea 3% sino que Argentina crezca al 6%, 7% u 8%”. No es una reflexión de Axel Kicillof ni de Sergio Massa. Son palabras a Clarín de Domingo Cavallo, sobre quien alguna vez Milei dijo que fue el mejor ministro de Economía de la historia. (Clarín, Buenos Aires, 07/09/2026)
Quirno negó un giro del Presidente y les envió un guiño a los isleños
o.- El canciller dijo que se debe “respetar su modo de vida”; rechazó que los anuncios sean una medida electoralista
El canciller Pablo Quirno defendió el endurecimiento de sanciones por la explotación de hidrocarburos en Malvinas y advirtió que es obligación del Gobierno “restituir la soberanía” sobre las islas, aunque aclaró: “Respetando el modo de vida de los isleños”.
En una entrevista con Luis Majul por LN+, Quirno sostuvo que no hubo contradicciones en el discurso del Presidente respecto de la soberanía, pese a que Javier Milei se había referido en el pasado a conseguir el “voto con los pies” de los isleños. “De ninguna manera hablaba de autodeterminación; ya fue saldada, zanjada en las resoluciones de las Naciones Unidas. Este caso es un caso de colonialismo especial, donde la integridad territorial prima por sobre la autodeterminación”, afirmó anoche.
Cuando se le preguntó si esperaba un apoyo del presidente norteamericano, Donald Trump, a los anuncios de Milei, el canciller sostuvo: “Lo que esperamos es que países amigos apoyen la idea de que la explotación va en contra de la resolución de la ONU”.
Insistió además en que el avance de la administración Milei sobre esta materia responde a “convicciones propias” y completó: “El resultado es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”.
La cadena nacional del último jueves fue precedida por una entrevista de Trump en la que sugirió que la Casa Blanca podría modificar su postura histórica en la cuestión Malvinas, a raíz de la falta de apoyo del Reino Unido a los Estados Unidos en la guerra contra Irán.
Más allá de las declaraciones de Trump, Quirno dijo que vienen trabajando en el proyecto desde hace varios meses y que la decisión de hacerlo público se aceleró cuando descubrieron que las petroleras estaban en condiciones de empezar a sacar crudo de Malvinas. “Enviamos varias notificaciones al Reino Unido y a las empresas”, precisó.
“No es algo que pasó de la noche a la mañana. Es un trabajo mancomunado de meses. Nosotros venimos desde que Navitas y Rockhopper anunciaron en diciembre la decisión final de inversión. Hubo nota de protesta para ambas empresas y los embajadores de Israel y el Reino Unido. Seguimos el caso de cerca. Hubo información del avance y entonces teníamos que hacer una revisión interna de las herramientas con las que contábamos. El Presidente decidió anunciar la emisión de un decreto reglamentario sobre una ley con deficiencias”, detalló.
“He recibido llamados de empresas públicas que operan en la Argentina ratificando su no apoyo a operaciones hidrocarburíferas en Malvinas. Esto es parte de la creencia que se le tiene a la Argentina cuando lanza un anuncio de esta naturaleza. Es importante entender la diferente posición de fuerza que tiene la Argentina en esta situación. Tenemos una Vaca Muerta que trae inversiones”, enfatizó el canciller.
Y sentenció: “Los servicios petroleros, financieros, de seguros… diferentes proveedores van a tener que elegir si dar sus servicios en la Argentina con un marco de reglas estables o en una situación donde hay una tierra disputada y donde las reglas son frágiles”. (La Nación, Buenos Aires, 07/09/2026)
Elsztain explicó sus inversiones en las Islas
o.- El empresario Eduardo Elsztain explicó las razones de su participación como accionista minoritario desde 2005 en la Falkland Islands Company (FIC), una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las Islas Malvinas, mencionada ayer por La Nación. “La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía”, contó Elsztain. Añadió que en 2017 intentó una compra mayor y contagiar a otros empresarios argentinos. “Al contrario de la cultura liberal de la bolsa inglesa, la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas”, dijo. “Valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo –y quién dice– quizás vuelva a pasar”, concluyó. (La Nación; Buenos Aires; 07/09/2026)
