La explosión en Ezeiza y el caso de la mina de oro
o.- (Héctor Gambini) Los dueños de la empresa que voló en Ezeiza, Pablo Celhabe y Horacio Fiz, están siendo investigados en una causa penal de la Justicia federal por una presunta defraudación a la empresa interestatal YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), integrada por el Gobierno nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán.
Ese expediente había tenido un dictamen de sobreseimiento para los 22 imputados, pero el año pasado la Cámara Federal revocó ese fallo y le ordenó al juez que siguiera investigando a los acusados para determinar su responsabilidad en los dos delitos principales que se busca probar.
Por un lado, la venta de lingotes de oro “cerrada” a un grupo de empresas privilegiadas -a las que se informaba de manera privada, directamente por mail- y a precios notablemente menores a los del mercado.
Por otro lado, el supuesto sobreprecio pagado a tres empresas proveedoras de cianuro de sodio, un material esencial en la industria del oro. Una de estas tres empresas es Logischem S.A., la misma que el viernes pasado explotó en el polo industrial de Ezeiza y destruyó, además, los galpones de la vecina Iron Mountain, la compañía de resguardo de información sensible, pública y privada, que ya se había incendiado hace una década en Barracas.
En el expediente por defraudación que investiga la Justicia federal, Logischem está sospechada de proveer el cianuro a YMAD con un 200 por ciento de sobreprecio.
Según consta en el fallo de la Cámara que firman Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas revisó los 20 expedientes en los que se tramitaron las licitaciones privadas para adquirir cianuro de sodio y concluyó que YMAD usó un desdoblamiento para eludir llamar a licitación pública por ese insumo entre enero de 2014 y marzo de 2016.
Para eso, hacían una licitación privada cada 40 días y las empresas participantes siempre eran las mismas: Volpor, Heat Sales y Logischem. Los acusan de pescar en una pecera.
YMAD tiene en su directorio a un representante del gobierno nacional, dos por Catamarca y dos por la Universidad de Tucumán. En agosto pasado, el ex rector de esa Universidad imputado en la causa, Juan Alberto Cerisola, fue condenado en Tucumán a tres años y medio de prisión por malversación de fondos de la entidad que provenían, justamente, de su participación en la minera catamarqueña.
A la empresa que explotó la investigan por sobreprecios del 200%.
Aunque el Gobierno de Milei la incluyó en el paquete de Ley Bases para privatizarla, YMAD sigue siendo pública. Su presidente es ahora Juan Pablo Limodio, un ex funcionario porteño en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que llegó al cargo impulsado desde el Ministerio de Economía de Luis Caputo, aunque su futuro parece sujeto a la negociación que el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, lleva adelante en estas horas con el gobierno nacional.
Jalil quiere que la Nación salga de YMAD y deje la minera en manos de Catamarca. En la empresa ya son directores su hermano, Fernando Jalil, y Ángel Mercado, ex marido de la senadora y ex gobernadora Lucía Corpacci.
La presidencia de YMAD -que el hermano de Jalil ocupó hasta la llegada de Limodiopodría volver a Catamarca como parte de las negociaciones del gobernador para que sus diputados nacionales apoyen por completo y sin restricciones a los libertarios, a partir de diciembre.
Mientras tramita la causa de defraudación -a YMAD siguen llegando oficios de Comodoro Py pidiendo detalles sobre las extrañas licitaciones-, en Logischem aguardan ahora la investigación sobre el origen de la explosión en sus depósitos de Ezeiza, donde los empleados nuevos recibían una recomendación para manipular material tóxico y combustible demasiado sencilla: “Los pescaditos tachados por un lado y las calaveras por el otro”. (Clarín, Buenos Aires, 20/11/2025)
