La Argentina presentó su apelación en el caso YPF
(Por Esteban Lafuente) Para la Argentina, ayer fue día clave en el frente judicial. El Gobierno presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York (Estados Unidos) sus argumentos para iniciar la apelación en el caso por la estatización de YPF, realizada en 2012. Fue con un escrito de 92 páginas elaborado por los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que continúan representando al país, y presentaron la misma línea de argumentos planteada durante el gobierno anterior.
Los dos ejes principales de la estrategia, según se desprende del escrito, apuntan a cuestionar el hecho de que el caso se lleve adelante en la corte de Nueva York, y a revisar el millonario monto de la indemnización establecido en el fallo de primera instancia.
Se trata de una nueva etapa que comienza en este juicio que lleva más de ocho años, y en el cual la Argentina tuvo un fallo en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Nueva
York, dejó firme su sentencia. Allí, determinó que el país no respetó los estatutos de YPF al momento de concretar la expropiación de la empresa, y determinó que deberá resarcir al estudio Burford Capital, el demandante, por una suma que podría llegar a los US$16.000 millones.
Ahora, el documento presentado por los abogados que representan al país pide a la Corte de Apelaciones que se revise el fallo de Preska, y sostiene que la jueza “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.
“El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”, agrega el documento, e insiste en que el caso “nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York”. Sostienen, en cambio, que debió realizarse en el país.
“La estrategia jurídica es prácticamente la misma porque no pueden ser admitidos argumentos nuevos que no se hayan planteado en el pasado”, explicó a la nacion Sebastián Maril, director Regional de Latam Advisors y uno de los mayores expertos en esta causa. “Lo que vi diferente es que el planteo de la Argentina pone énfasis en dos aspectos principales. Uno, que Nueva York no es el fuero apropiado para el caso, que tendría que seguirse en la Argentina, y el segundo es revisar el monto. Plantean que es abultado y excesivo, y explican los argumentos”, agrega el analista.
El siguiente paso del juicio será el 25 de marzo, la fecha límite dispuesta por la Justicia estadounidense para que los demandantes (Burford Capital) realicen su presentación escrita en la que apelan el fallo de primera instancia. En esa instancia, se estima que sus abogados apuntarán no solo contra el Estado argentino, sino también contra YPF, que fue eximida en la sentencia de Preska.
El conflicto judicial se origina por una demanda que en 2015 inició el estudio inglés Burford Capital, luego de adquirir los derechos para litigar contra la Argentina a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Son dos firmas con sede en Madrid (España), a través de las cuales la familia Eskenazi (Grupo Petersen) había comprado entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la española Repsol, en una operación también investigada en la Justicia local.
La demanda cuestiona la forma en que la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió a la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. Según los demandantes, cuyo argumento fue validado por la jueza Preska, el país no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el Estado argentino) debía realizar también una oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas minoritarios de la empresa.
Tras el fallo de primera instancia de Preska, el 11 de octubre de 2023 el país había notificado a la jueza que apelaría. La magistrada había dispuesto que el país tenía plazo hasta enero para presentar el “primer escrito” con sus argumentos iniciales en el marco de la apelación.
Pero con el cambio de Gobierno, el equipo de abogados del país solicitó una extensión. “La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024”, señala el escrito del Gobierno. Ante esa presentación, la Justicia estadounidense decidió fijar la fecha límite para el 22 de febrero.
“Tenemos un problema porque no tenemos el dinero. No tenemos US$16.000 millones; esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, dijo el presidente Javier Milei en diciembre, en una entrevista con LN+. Ayer fue la presentación formal de la nueva estrategia jurídica del equipo de abogados que representa al estado argentino en la causa. Se estima que entre julio y septiembre se realizará la audiencia pública, donde los abogadosde ambas partes se verán cara a cara y deberán responder las preguntas de los jueces de la cámara. (La Nación, Buenos Aires, 24/02/24)
