¿Islas Malvinas; son argentinas… o no?
La Justicia frenó el proyecto Sea Lion en Malvinas y ordenó evaluar su impacto ambiental
o.- (Vanesa Petrillo) La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el CECIM y la Asociación de Abogados Ambientalistas y ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas al emprendimiento.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras materiales del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de la acción preventiva por daño ambiental colectivo iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La magistrada aclaró desde el comienzo que se trata de una medida cautelar y que, por lo tanto, “no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas” ni sobre todas las cuestiones que deberán resolverse en el juicio principal.
Sin embargo, consideró acreditados los elementos necesarios para intervenir preventivamente. Uno de los puntos centrales fue la información oficial de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, que había informado que “no se ha iniciado ningún aviso de proyecto ni han iniciado un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las empresas mencionadas”.
Para la jueza, ese dato resulta determinante porque la Ley General del Ambiente exige una evaluación previa para las actividades susceptibles de producir una degradación significativa del ambiente.
Uno de los aspectos de la resolución es que el tribunal no afirma que el proyecto necesariamente vaya a provocar un daño ambiental. Lo que cuestiona es que la actividad avance sin haber pasado por el procedimiento destinado precisamente a determinar sus posibles impactos.
“No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, señaló Borruto.
Y agregó: “Lo que se constata es que las demandadas han omitido sustanciar el procedimiento legalmente previsto para determinar, precisamente, si el daño habrá de producirse y con qué medidas corresponderían prevenirlo o mitigarlo”.
En esa línea, la jueza sostuvo que esa omisión es la que torna aplicables los principios de prevención y precaución previstos por la legislación ambiental.
Qué obras quedaron frenadas
La cautelar alcanza a Rockhopper y Navitas y les ordena abstenerse de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto “León Marino”, incluidas sus eventuales ampliaciones y los pozos o instalaciones funcionalmente integrados al emprendimiento.
La prohibición comprende:
• La perforación del lecho o subsuelo marino destinada al desarrollo o explotación hidrocarburífera.
• La instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción.
• La instalación de conductos, líneas de flujo, sistemas de conducción, inyección y control.
• Las estructuras de fondeo permanente vinculadas con la explotación.
• La instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga de hidrocarburos.
• El inicio de la extracción o explotación comercial.
• Las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener el proyecto, incluidas bases logísticas, ampliaciones portuarias, plantas de lodos y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional y apoyo aeronáutico.
La suspensión se mantendrá hasta que se sustancie el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental nacional y se dicte la decisión correspondiente, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
La Justicia puso el foco en el riesgo ambiental
La resolución describe un emprendimiento de gran escala que, según la documentación incorporada al expediente, contempla 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y una infraestructura submarina compuesta por colectores, líneas de flujo, sistemas de control y otros equipos.
También se contemplan instalaciones terrestres y portuarias en Puerto Argentino para sostener la actividad offshore.
Entre los posibles impactos señalados en la demanda aparecen la alteración del lecho marino, contaminación química, ruido submarino, descargas operativas, tránsito marítimo, interacción con mamíferos y aves marinas, emisiones y eventuales derrames de hidrocarburos.
La jueza aclaró que esos impactos no están demostrados como hechos inevitables, pero consideró que los elementos aportados alcanzan para acreditar que se trata de una actividad “susceptible de producir modificaciones ambientales relevantes y riesgos que requieren evaluación previa”.
“El riesgo no es hipotético ni remoto”: otro de los argumentos centrales de la resolución fue el peligro de que, mientras se tramita el expediente, las obras avancen hasta generar situaciones difíciles de revertir.
“El peligro en la demora adquiere especial intensidad cuando se procura prevenir un daño ambiental”, sostuvo Borruto. Y fue más allá: “El riesgo no es hipotético ni remoto”.
La magistrada tuvo en cuenta que, según la documentación incorporada a la causa, el proyecto ya habría superado la etapa inicial. La resolución menciona la denominada Decisión Final de Inversión adoptada en diciembre de 2025, contratos para la unidad flotante de producción y el equipo de perforación, y documentación que indicaría que las obras de adaptación de esa infraestructura ya comenzaron.
A eso sumó un elemento procesal: las empresas demandadas tienen domicilio en el extranjero y deben ser notificadas mediante los mecanismos previstos en el Convenio de La Haya, lo que podría insumir un tiempo considerable.
Por eso, sostuvo que esperar a que avance el proceso ordinario podría tornar ineficaz la protección judicial.
El proyecto y la cuestión de la soberanía
La jueza también vinculó la cuestión ambiental con la dimensión federal del conflicto.
En el caso del CECIM, destacó que entre sus objetivos se encuentra la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Según Borruto, “la pretensión aquí deducida no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque también se encuentra involucrada la defensa de la soberanía nacional, que calificó como “bien colectivo indivisible” e interés federal.
La resolución sostiene además que, aunque las empresas estén constituidas en el extranjero, las normas argentinas resultan aplicables al emprendimiento por proyectarse sobre la plataforma continental argentina y los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas.
Qué deberán informar las petroleras
Además de frenar las obras, la Justicia intimó a Rockhopper y Navitas para que, dentro de 10 días judiciales desde su notificación, presenten una declaración jurada y documentación respaldatoria sobre el estado del proyecto.
Deberán informar, entre otros puntos:
• El estado actual de ejecución.
• El cronograma de construcción, perforación e inicio de explotación.
• La cantidad, ubicación y estado de los pozos.
• Las unidades flotantes y de perforación contratadas.
• Los contratistas y subcontratistas.
• La estructura societaria y la participación de cada empresa.
• Las entidades financieras y fondos que financiaron el emprendimiento.
• Los desembolsos realizados, comprometidos y pendientes.
• Las aseguradoras y reaseguradoras involucradas.
• Los estudios y evaluaciones ambientales realizados.
• Los estudios de riesgo y modelizaciones de derrames.
• Los planes de prevención, contingencia y respuesta.
• Las autoridades ante las cuales hubieran presentado estudios o solicitado autorizaciones.
• Las obras terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas.
También deberán preservar toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con “León Marino” y abstenerse de destruirla, modificarla u ocultarla.
La Justicia también pidió informes al Gobierno
La resolución ordenó requerir información a tres organismos nacionales. A la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental se le pidió que informe si existe algún aviso de proyecto, procedimiento de evaluación ambiental o certificado de aptitud ambiental relacionado con “León Marino”.
En segundo lugar, a la Secretaría de Energía se le requirió información sobre los antecedentes administrativos de Rockhopper, Navitas y otras sociedades vinculadas, así como el estado de las resoluciones que anteriormente habían alcanzado a empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Finalmente, se ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar si las empresas involucradas cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridades argentinas para realizar actividades hidrocarburíferas en Malvinas o en los espacios marítimos correspondientes a la plataforma continental argentina.
También deberá informar sobre eventuales investigaciones, sanciones, declaraciones de clandestinidad, inhabilitaciones y otras actuaciones relacionadas con la Ley 26.659.
Una cautelar que puede ser revisada
La jueza dejó expresamente establecido que la medida es provisional. Una vez que se incorporen los informes solicitados y las empresas intervengan en el expediente, el juzgado volverá a evaluar su alcance.
La cautelar podrá entonces “mantenerse, modificarse, ampliarse o dejarse sin efecto”.
De este modo, la resolución no define todavía el fondo de la controversia, pero sí establece una protección inmediata sobre el proyecto: las obras vinculadas a la explotación de “León Marino” no podrán avanzar en los términos fijados por el tribunal mientras no se sustancie la evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. (ámbito.com; 16/09/2026-14:00hs)
Milei dice que el reclamo se gesta hace 3 años (Negó oportunismo)
o.- “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, dijo ayer Javier Milei a un canal de streaming. Y agregó: “Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años”. Reconoció, eso sí, que los dichos de Donald Trump sirvieron de disparador. (Clarín, Buenos Aires, 17/09/2026)
Malvinas: frente a dos alternativas
o.- (Arturo Prins Director ejecutivo de la Fundación Sales) En abril de 1982, el entonces canciller Nicanor Costa Méndez promovió la ocupación argentina de las Malvinas. El gobierno militar, presidido por el teniente general Leopoldo Galtieri, concretó la iniciativa. Gran Bretaña reaccionó con una acción armada. Galtieri exclamó ante una multitud en la Plaza de Mayo: “Si quieren venir, que vengan; les presentaremos batalla”. Fue el inicio de la guerra. El 14 de junio, 74 días después del desembarco argentino, con 649 soldados muertos, nuestras tropas se rindieron. Días después, Galtieri renunció. Hasta 1982, los isleños no eran parte de la disputa diplomática. La guerra generó un cambio en la diplomacia británica: había que escuchar a los isleños.
Tras 44 años, la alternativa de confrontación continúa. El presidente Trump manifestó su decepción con Gran Bretaña por su falta de apoyo en la guerra con Irán e insinuó rever su respaldo por el tema Malvinas. La confrontación entre ambos países dio lugar a que el presidente Milei anunciara públicamente ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y crear un Consejo de Seguridad Nacional. Se desea establecer un marco aeroespacial y marítimo, según indicó Milei, para “profundizar la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”. La alternativa de confrontación, principalmente militar, no generó avances, sino retrocesos.
Otra alternativa surgió en 1982, cuando destacados ciudadanos criticaron la ocupación. El excanciller Luis María de Pablo Pardo dijo que se debió declarar en mora a Gran Bretaña por el incumplimiento de resoluciones de la ONU que, desde 1965, reconocían “los continuos esfuerzos de la Argentina para facilitar el proceso de descolonización”. El político Horacio Sueldo recalcaba: “La mediocridad general de nuestro servicio exterior impidió captar esta posibilidad de negociación”. Jaime Potenze, crítico de cine que vivió en las islas, pronosticaba: “Por muchos años se perderá la posibilidad de recuperar el territorio malvinense; la ocupación fue bochornosa y aberrante”.
Una reflexión medular dio Esteban Polakovick, eslovaco radicado en la Argentina en 1947, estudioso de conflictos entre países por territorios reclamados. Sostenía que el origen de los conflictos estaba en “la idea de nación”. Diferenciaba la nación del Estado: la nación se construye a lo largo del tiempo, con una cultura, una lengua, un espíritu expresado en su literatura, las artes, la poesía, la música, un folclore. La nación es una comunidad espiritual, por lo cual de la nacionalidad nadie puede ser despojado, mientras que la ciudadanía es pasible de pérdida. Solzhenitsyn era ruso a pesar de haber sido despojado de la ciudadanía soviética. El Estado, según Polakovick, puede construirse en forma inmediata. Así, la nación puede subsistir sin un Estado: la nación judía existía antes del Estado de Israel y existe fuera de él. Polakovick sufrió a su Eslovaquia cuando el Estado checoslovaco contenía dos identidades nacionales, la checa y la eslovaca. Alemania estuvo escindida en dos Estados. Lo deseable es que cada nación aspire a tener su Estado. “No se esperará que los malvinenses renuncien a su nacionalidad inglesa, porque esta pertenece a su modo de vivir”, concluía Polakovick. Ernesto Sabato dijo: “Nadie como este humanista ha esclarecido tan clara y apasionadamente el concepto de nación”.
El Club Político Argentino, creado por el politólogo Vicente Palermo, aportó inteligencia. Sostuvo que “en derecho internacional, tanto la Argentina como Gran Bretaña tienen títulos muy precariamente establecidos sobre las islas”. A 30 años de la guerra, socios del Club pidieron revisar la política para “respetar el modo de vida, los deseos e intereses de los isleños, sin imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean”. Esta mirada tuvo críticas oficiales y de opositores, cuando las tendencias contemporáneas vinculan más la soberanía a la gente, cada vez menos a la tierra.
Esta alternativa permite un diálogo inteligente con Gran Bretaña, sin confrontación. Para ello, con acompañamiento de la ONU, se crearía una fundación cuyo objetivo será que la nación inglesa de las islas sea una nación argentina, promoviendo la radicación de argentinos. Las nuevas generaciones argentinas podrán coincidir con un Estado argentino en las Malvinas. La nacionalidad de los antepasados ingleses –herederos de un tiempo de piratería– habrá sido respetada. (La Nación, Buenos Aires, 17/09/2026)
Malvinas: qué países respaldan el reclamo argentino y cuál es la postura internacional
o.- La Argentina sostiene su reclamo de soberanía con respaldo en distintos organismos multilaterales, mientras la ONU mantiene a las islas en su lista de Territorios No Autónomos y reconoce la existencia de una disputa con el Reino Unido.
La causa Malvinas vive momentos de revitalización en medio de las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, la respuesta del Reino Unido y el involucramiento – indirecto – de grandes potencias como Estados Unidos y China. Los recientes dichos del presidente norteamericano Donald Trump, fueron un cimbronazo en un escenario donde Argentina contaba históricamente con un respaldo sostenido en distintos ámbitos de la diplomacia internacional, con su eje central en las Naciones Unidas, donde la cuestión permanece incorporada a la agenda de descolonización, se reconoce oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y cuenta con el apoyo explícito del G77 y China.
Cabe destacar que, en el plano internacional, uno de los antecedentes centrales en el conflicto es la Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1965. El documento reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido y llamó a los gobiernos argentino y británico a negociar una solución pacífica. Desde entonces, el Comité Especial de Descolonización analiza anualmente la cuestión Malvinas.
La resolución establece los elementos centrales sobre los que la Argentina estructura su reclamo:
• El caso de las Islas Malvinas constituye una situación colonial a la que debe ponerse fin.
• Se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre los gobiernos argentino y británico.
• Se invita a ambos gobiernos a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto y comunicar sus resultados al Comité Especial o a la Asamblea General.
Un punto central de la Resolución 2065 es que, al referirse a una eventual solución de la controversia, establece que deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. La posición argentina sostiene que esta formulación diferencia esos intereses de sus deseos y, por esa razón, considera que el principio de autodeterminación no resulta aplicable de la misma manera que en otros procesos de descolonización.
El respaldo al reclamo argentino
El G77 y China constituye uno de los principales ámbitos multilaterales en los que se mantiene el acompañamiento al reclamo argentino. Sus pronunciamientos reiteran el llamado a que los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la controversia.
El respaldo reúne a países de América Latina y el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Entre ellos se encuentran China, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Nigeria y Argelia, además de distintos Estados insulares y países en desarrollo.
China, en particular, expresó en distintas oportunidades su apoyo a la posición argentina y vinculó la cuestión con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Su postura también adquiere relevancia por tratarse de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La última expresión a favor data del pasado martes, cuando el embajador chino en Argentina, Wang Wei, remarcó: “De nuestra parte, China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”.
En América Latina y el Caribe, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) también ha sostenido el llamado a que ambos países retomen el diálogo. El mismo planteo aparece en distintos pronunciamientos del Mercosur y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En junio de 2026, la Asamblea General de la OEA aprobó por aclamación una nueva declaración en la que reclamó la reanudación de las negociaciones.
El Mercosur, por ejemplo, reiteró su respaldo a los derechos argentinos sobre las islas. En 2025, durante el tratamiento de la cuestión en el Comité de Descolonización, la representación de Uruguay recordó que los Estados del bloque han renovado ese apoyo en sus reuniones de jefes de Estado.
Así, la cuestión Malvinas continúa presente en distintos foros regionales y multilaterales. Sin embargo, las posiciones no son idénticas: deben diferenciarse los países que reconocen la soberanía argentina de aquellos que respaldan la apertura de negociaciones o simplemente sostienen que existe una disputa que debe resolverse por la vía diplomática.
Los 134 países a favor de Argentina
En este escenario multilateral, el desglose geográfico de apoyos incluye:
América Latina y el Caribe: Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de otros socios regionales de la comunidad caribeña y latinoamericana.
Asia y Medio Oriente: China, India, Indonesia, Pakistán, Vietnam y distintos Estados de Medio Oriente, como Arabia Saudita y Qatar, además de países de Asia Central y del Sudeste Asiático.
África: la adhesión de numerosos países del continente, entre ellos Sudáfrica, Nigeria, Argelia, Angola y Yibuti.
Oceanía: Estados insulares del Pacífico como Fiyi, Vanuatu y Papúa Nueva Guinea, entre otros.
Cabe destacar que el dato debe leerse dentro del funcionamiento de los organismos multilaterales: el respaldo a la posición argentina no implica necesariamente que todos esos países hayan emitido un reconocimiento bilateral de soberanía argentina sobre las islas, sino que existe un acompañamiento a la búsqueda de una solución negociada de la controversia.
Qué países respaldan al Reino Unido
La situación es diferente cuando se analiza la posición de los países que acompañan al Reino Unido. No existe una nómina única de Estados que pueda ser presentada como un bloque formal de apoyo a la soberanía británica sobre las islas.
Entre los aliados estratégicos de Londres aparecen países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que sostienen la relevancia del principio de autodeterminación en su posición sobre la cuestión.
También existen antecedentes vinculados con la Guerra de Malvinas de 1982. Durante el conflicto, el Reino Unido recibió apoyo logístico y de inteligencia de países como Chile, en un contexto marcado por las tensiones limítrofes entre la Argentina y ese país por el Canal Beagle. Francia también estuvo entre los países europeos vinculados al escenario diplomático de la guerra.
Sin embargo, esos antecedentes históricos no deben confundirse con la posición actual de los organismos multilaterales. En el sistema de Naciones Unidas, la cuestión continúa siendo tratada como una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. (ámbito.com; 17/09/2026)
Hallaron una carta inédita de 1833 que reconstruye la ocupación de Reino Unido en las Islas Malvinas
o.- Un documento oficial fechado el 26 de enero de 1833 reveló detalles sobre la invasión británica y la reacción inmediata de las autoridades argentinas. El escrito fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce.
Una carta oficial inédita de 1833 permitió reconstruir cómo las autoridades de Buenos Aires comunicaron a otras provincias la ocupación británica de las Islas Malvinas y cuáles fueron las primeras medidas adoptadas para reclamar por lo sucedido.
El documento, fechado el 26 de enero de 1833, fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, apenas unas semanas después de los acontecimientos ocurridos en Puerto Soledad.
La misiva consta de cuatro hojas y reconstruye los hechos a partir del parte elaborado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se encontraba en las islas cuando arribó la corbeta británica HMS Clio.
El documento definió lo ocurrido como una “nueva escandalosa agresión” y sostuvo que la acción se produjo “en deshonor del Pabellón Argentino” y en perjuicio de los derechos de la República.
La exigencia británica para tomar el control de las islas
La carta relató que el 2 de enero de 1833, el comandante británico John Onslow se presentó ante Pinedo y le comunicó que había llegado con el objetivo de tomar posesión de las Malvinas.
Onslow exigió que el pabellón argentino fuera arriado dentro de las siguientes 24 horas y reclamó la salida de las tropas y los habitantes del territorio.
De acuerdo con la documentación, Pinedo rechazó inicialmente la exigencia y manifestó que no podía aceptar la decisión británica sin contar previamente con instrucciones expresas de su Gobierno. El comandante argentino realizó sucesivas protestas y buscó que la ejecución de la orden fuera postergada hasta recibir indicaciones desde Buenos Aires.
La carta también reflejó el desconcierto de las autoridades argentinas ante el accionar británico. Balcarce consideró especialmente grave la situación debido a las relaciones de “amistad y comercio” que mantenían en aquel momento la Argentina y Reino Unido.
El gobernador bonaerense describió la ocupación como un acto de fuerza cometido por una nación que hasta ese momento había mantenido una conducta amistosa hacia la Argentina.
Qué ocurrió el 3 de enero de 1833
La tensión aumentó al día siguiente. El 3 de enero, Pinedo volvió a reunirse con Onslow y cuestionó nuevamente la decisión británica de apoderarse de las islas.
Según quedó registrado en el documento, el comandante de la HMS Clio respondió que disponía de las fuerzas necesarias y esperaba refuerzos, por lo que Pinedo podía actuar “como le pareciera”.
Ante ese escenario, el comandante de la Sarandí dejó asentado que responsabilizaba a Gran Bretaña por lo que consideraba una vulneración de los derechos argentinos.
Pinedo finalmente abandonó las islas, aunque antes dispuso que no se arriara el pabellón argentino y dejó instrucciones para que el establecimiento permaneciera bajo la responsabilidad de Juan Simón.
Poco después, las tropas británicas desembarcaron en Puerto Soledad, arriaron la bandera argentina que permanecía en el lugar e izaron el pabellón británico.
El episodio quedó plasmado en la comunicación de Balcarce como evidencia tanto de la ocupación como de la reacción que adoptó inmediatamente el Gobierno de Buenos Aires.
La reacción argentina y el reclamo a Reino Unido
En otro fragmento de la carta, Balcarce sostuvo que los acontecimientos “desmienten las protestas amistosas” que la Argentina había recibido hasta ese momento de Gran Bretaña.
El gobernador manifestó además la intención de reclamar una reparación y defender los derechos que, según la posición argentina, fueron vulnerados por la acción británica.
“Firme resolución” fue la expresión empleada en el documento para describir la postura adoptada por el Gobierno, que pretendió sostener los derechos argentinos “sin mengua de la razón y del honor nacional”.
La comunicación planteó también la intención de obtener del Gobierno británico una reparación, el reconocimiento del derecho argentino sobre las Malvinas y la posibilidad de volver a ejercer el dominio sobre el territorio.
El valor histórico de la carta inédita sobre Malvinas
El documento representa un testimonio contemporáneo de la ocupación británica de 1833 y permite conocer no solamente el desarrollo de los acontecimientos en las islas, sino también la posición diplomática adoptada inmediatamente por las autoridades argentinas.
Su relevancia histórica reside además en mostrar cómo la información sobre lo ocurrido circuló entre los diferentes gobiernos provinciales apenas unas semanas después de la ocupación.
La carta finalizó con las firmas de Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza y posteriormente quedó incorporada al patrimonio documental conservado en Tucumán.
El hallazgo aporta así un testimonio de primera mano sobre uno de los acontecimientos centrales de la cuestión Malvinas y documenta la protesta argentina frente a la ocupación británica desde las primeras semanas de 1833.
Milei refuerza el reclamo por Malvinas y crea un área clave en Cancillería
El gobierno de Javier Milei busca ordenar y reforzar el reclamo argentino por Malvinas: creó un nuevo sistema en Cancillería para centralizar la estrategia y evitar acciones que puedan afectar la posición de soberanía. A través del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se enfocará en centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que la Cancillería coordinará las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.
El sistema también abarcará las acciones destinadas a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Además, tendrá a su cargo la representación nacional ante gobiernos extranjeros, la Santa Sede y entidades internacionales. Los organismos alcanzados deberán designar un enlace institucional con la Cancillería para canalizar información sobre las gestiones internacionales y coordinar, cuando corresponda, la participación del Ministerio. (ámbito.com; 11/09/2026-09:25hs)
Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion
o.- (Hernán Cappiello) Mariel Borruto prohibió a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum la perforación del fondo marino en el Atlántico Sur
La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno de las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las tareas que se realizan 220 kilómetros al norte de las islas y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.
De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que litiga en este caso.
El reclamo de los ambientalistas y excombatientes se apoya en el dato verificado por el Estado acerca de que ninguna de las dos empresas inició jamás el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la ley argentina exige antes de este tipo de obras.
El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto, de la británica Rockhopper Exploration.
La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió La Nación, dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano. Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.
La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.
Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.
La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.
Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.
También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto. La magistrada libró además tres oficios al Gobierno. A la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete le pidió que informe si existe algún aviso del proyecto o si se inició un procedimiento de evaluación ambiental; a la Secretaría de Energía, los antecedentes de las empresas, y a la Cancillería, si las compañías cuentan con autorización para operar en las Malvinas. (La Nación, Buenos Aires, 17/09/2026)
