Escala el conflicto por Malvinas: Londres cita a la embajadora argentina y rechaza un arbitraje
o.- Es por la propuesta del Gobierno de acudir a un tribunal de la ONU por la explotación petrolera
El gobierno británico escaló el conflicto diplomático con la Argentina por la propuesta anunciada por el presidente Javier Milei de acudir a un tribunal de la ONU para frenar la explotación petrolera en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña citó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para manifestar su malestar por la advertencia de Milei. Al mismo tiempo, el Reino Unido rechazó el pedido de arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y lo calificó como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”, en referencia a los malvinenses.
Según las fuentes consultadas por La Nación, la embajadora argentina Plaza recibió la comunicación de los términos de la protesta formal británica el martes, un día antes de que se diera a conocer públicamente el rechazo. Por ende, al Gobierno no lo tomó por sorpresa la reacción de Londres, pero al cierre de esta edición la Cancillería no había emitido una respuesta.
El gobierno británico escaló la tensión diplomática con la Argentina por el conflicto de Malvinas. Lo hizo al comunicar ayer en Londres –y en forma oficial– su rechazo al arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en el archipiélago, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.
Según deslizaron fuentes diplomáticas, la comunicación fue recibida por la embajadora argentina en la capital británica, Mariana Plaza. En el texto de rechazo, el Reino Unido calificó el pedido de arbitraje como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
Tras el encuentro, el gobierno británico emitió un comunicado oficial. “El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas”. Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno –que ahora se encuentra en París junto al presidente Milei– que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las islas no constituyen actos de una relación internacional responsable”.
De acuerdo con las fuentes consultadas por La Nación, la embajadora Plaza fue informada de los términos de la protesta formal británica un día antes de que se diera a conocer públicamente el texto. Por ende, al gobierno de Milei no lo tomó por sorpresa el rechazo de Londres, pero la Cancillería no informó del encuentro de la embajadora ni emitió una repuesta.
En el mensaje, la diplomacia británica pareció realizar una advertencia. “Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó Kumaran.
Asimismo, ratificó que el Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El mecanismo de arbitraje
En un comunicado, el Gobierno anunció el lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas el Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
“Sanciones ilegítimas”
En tanto, la empresa británica Rockhopper expresó ayer que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que avanzará con el proyecto Sea Lion junto con la compañía israelí Navitas Petroleum.
En su informe semestral, la empresa dijo que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.
“En las últimas semanas, los comentarios y las posteriores amenazas del gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las Islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política”, señaló Rockhopper.
Se hizo hincapié en que el gobierno de las Malvinas y la administración británica le respondieron públicamente al equipo de Javier Milei “de manera consistente y firme” y calificaron las sanciones impuestas “como ilegítimas y carentes de justificación jurídica, y confirmaron el compromiso continuo del Reino Unido de trabajar con el gobierno de las Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, para proteger sus intereses”.
“Navitas, el operador del proyecto, confirmó recientemente que opera conforme a licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, sumó la compañía.
Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por u$s 1800 M para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.
Rockhopper y Navitas ya habían emitido una primera reacción luego del discurso del Presidente a comienzos de septiembre, cuando además de aumentar las sanciones anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. (La Nación, Buenos Aires, 01/10/2026)
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