En busca de los dólares del RIGI: una por una, qué provincias aceleran la adhesión para atraer inversiones
o.- El jueves pasado, Jujuy aprobó la adhesión al RIGI y se sumó a la lista acotada de provincias que ya confirmaron la implementación local de la ley.
Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI.
Mientras el Gobierno trabaja sobre la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI), que forma parte de la ley Bases, algunas provincias ya comenzaron a hacer los “deberes” para atraer las inversiones. La última en hacerlo fue Jujuy, que aprobó el jueves pasado la adhesión.
La provincia del norte argentino se sumó, así, a la acotada lista de jurisdicciones que ya confirmaron la implementación local de la Ley. La adhesión de la provincia será por dos años.
Además, impulsaron la Ley 6.410 para modificar el régimen de compras del Estado provincial. En ella, establecen que podrán adquirir productos de origen extraprovincial siempre que su precio sea un 10% inferior a los locales.
Las provincias que aprobaron el RIGI
Jujuy se suma a algunos municipios que ya lo hicieron, como los bonaerenses Bahía Blanca y San Isidro (a pesar de que la provincia aún no avanzó en este frente).
Otro caso es el de Entre Ríos, en donde el gobernador Rogelio Frigerio dijo que recibirá “a cada inversor de un dólar para arriba” que quiera crear empleo en la provincia. El mandatario agregó que las potencialidades de su provincia están en sectores como el porcino, bovino, ovino, avícola, forestal y sus derivados, citrícola. Además, criticó que el RIGI estaba orientado a sectores extractivistas y anticipó que iban a presentar el RINI: Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones, que también deberá pasar por la legislatura y se encuentra en negociación.
En Córdoba, Martín Llaryora repasó las potencialidades del país para un escenario global de dudas sobre la seguridad alimentaria, destacó que sólo su provincia es el 8 productor de maíz y cuestionó cómo pueden hacer las gobernaciones para acompañar la transformación que puede representar el RIGI, en particular para las actividades extractivistas, sobre todo a partir de la reconversión de las industrias metalúrgicas. Luego, confirmó que adherirá al RIGI aunque aún no se envió el proyecto a la legislatura.
Por último, el Gobierno de Santa Fe había anticipado que iba a adherir pero tampoco envió aún el proyecto.
Río Negro fue la primera en adherir al RIGI, ahora más provincias envían los proyectos a sus legislaturas para acceder a los dólares
Qué sucede con el RIGI en las provincias patagónicas
En Río Negro, con la disputa por la planta de GNL, la Legislatura de esa provincia fue la primera del país en adherir al nuevo régimen con la iniciativa del oficialismo de JSRN.
En Neuquén, el gobernador Rolo Figueroa anunció hace unas semanas que están preparando un proyecto para adherir pero que tendrá un tinte provincial, en el que ponderan el lugar de las Pymes neuquinas para incentivar su participación en inversiones y facilitar su crecimiento. De todas maneras, no hay todavía una presentación oficial del proyecto de parte del oficialismo en dicha Legislatura.
Chubut envió a la legislatura el proyecto de adhesión. Como estaba previsto, la provincia incluyó en el artículo 2 que la adhesión no contempla que los beneficios del RIGI se apliquen a la actividad minera, prohibida en la provincia por la ley XVII N° 68. En cambio, el Gobierno local espera inversiones turísticas, de la industria naval, energética y de hidrógeno verde.
En la Legislatura de Santa Cruz hay un proyecto para adherir al régimen, y fue el diputado del oficialismo Mario Piero Boffi el que llevó adelante la iniciativa. En este marco el legislador expresó que “la adhesión al RIGI representa una oportunidad crucial para potenciar el crecimiento económico social e industrial de Santa Cruz” y resaltó la mejora de la imagen de la provincia en la competencia nacional e internacional en tecnología y conocimientos. (ámbito.com; 12/08/2024)
El Gobierno avanza con las privatizaciones previstas en la ley Bases y arranca con cuatro empresas hidroeléctricas
o.- El Poder Ejecutivo reglamentó la semana pasada el primer capítulo del compendio legislativo, lo que le permitirá seguir adelante con las reformas que se propuso al inicio de su gestión.
El presidente Javier Milei avanza sobre la privatización de empresas estatales.
El Gobierno privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas, el primer paso de su plan de concesiones. La semana pasada, la administración de Javier Milei reglamentó la primera parte de la legislación prevista en la ley Bases, con el objetivo de avanzar con las reformas, entre ellas la privatización de empresas estatales.
La medida para dar el puntapié inicial en el proceso privatizador se dio este lunes, según estableció mediante el decreto 718/204 publicado en el Boletín Oficial.
El mes pasado el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la constitución de cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén.
La medida se tomó en medio de los planes para transferir activos nacionales y subastar nuevos contratos de operación. Las nuevas sociedades anónimas llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Según fuentes oficiales, esas represas quedarán en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que luego transferirá a la Secretaría de Energía de la Nación para privatizarlas.
Privatizaciones: el Gobierno inicia concesión para cuatro empresas hidroeléctricas
Las generadoras incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias. Ante esta situación, la Legislatura de Neuquén aprobó una declaración solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de los proyectos referidos al traspaso de las represas a la provincia patagónica.
El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.
Las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la mira de las privatizaciones.
UTE Represas Patagonia
La norma establece que las empresas ENARSA y NASA (Nucleoeléctrica S.A.) deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.
Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.
En caso de que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.
El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.
Se reglamentó la ley Bases y empezó el plan de privatizaciones del Gobierno
En esta primera etapa, la reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, a través del cual el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.
Qué pasos se deberán seguir para privatizar empresas
Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.
Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.
“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.
Las empresas que podrían privatizarse
Sujetas a privatización:
• Nucleoeléctrica Argentina
• Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
• Intercargo
• Enarsa
Sujetas a privatización o concesión:
• AySA
• Trenes Argentinos
• Belgrano Cargas
• Corredores Viales
Quitadas de la lista a propuesta del oficialismo:
• Aerolíneas Argentinas
• Radio y Televisión Argentina
• Correo Argentino (ámbito.com; 12/08/2024)
Obra pública: luz verde para rescindir contratos y dar un marco al sector
o.- Se reglamentó un decreto que permite finalizar obras con 80% de avance y transferir otras a las provincias.
Tras la reglamentación de la reforma del Estado aprobada en la Ley Bases, ayer el Gobierno avanzó con la oficialización de otro decreto. Se trata del Título III, que contiene modificaciones en la Obra Pública (Ley 17.520) y permite cambios en el régimen de contratos, transacciones y régimen de iniciativa privada.
El decreto se publicó en el Boletín Oficial y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El primer artículo habilita al Gobierno a rescindir o renegociar contratos de obras públicas y de prestación de servicios firmados antes del 10 de diciembre de 2023, junto con los proyectos que representen un costo mayor a $ 10.000M.
El texto excluye la intervención del Ejecutivo en obras públicas con un grado de avance del 80% y las que cuentan con financiamiento internacional. Establece un plazo máximo de 90 días para que estos proyectos se pongan en marcha.
Desde la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, señalaron que las provincias deberán hacerse cargo de 799 obras transferidas. Ya son 20 las que suscribieron este tipo de convenios.
Son proyectos licitados por Nación, por lo que los contratos fueron suscritos por el Estado, por lo que, al ser aceptada por los mandatarios provinciales, la transferencia les traslada la responsabilidad. Incluyen la construcción de viviendas, obras de saneamiento e infraestructura vial, urbana, sanitaria y educativa, entre los proyectos más relevantes.
Adhirieron Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Faltan cuatro: la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Formosa.
Son los distritos políticamente más opositores a la administración de Milei. En ese sentido, el Gobierno Nacional avanza con reuniones con funcionarios locales para destrabar la negociación.
En los casos donde las obras ya están avanzadas, las provincias se harán cargo mayormente con recursos propios. Pero para financiar proyectos incipientes, buscarán apoyo de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (Corporación Andina de Fomento, CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Desde las gobernaciones, reconocen que poner en marcha las iniciativas “llevará tiempo” por el cambio contractual. La revisión implica priorizar las obras más urgentes.
Según los últimos datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), hay 3.500 obras públicas paralizadas y se perdieron 130.000 puestos de trabajo, la mayor parte, en la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la entidad, la pérdida es a razón de entre 2.000 y 3.000 empleos directos por mes.
El sector de la construcción ya da por perdido a 2024, con una pérdida por u$s 6.000M. Y el recorte en la obra pública ya tiene su derrame en las empresas. La semana pasada, el grupo Roggio entró en default, al informarles a sus acreedores que no pagará los servicios de las obligaciones negociables (ON) emitidas en 2021 por u$s 358.050.306 con una amortización prevista de 7,5% nominal anual. (Clarín, Buenos Aires, 13/08/2024)
Cómo lograr acceso al gas a precios competitivos, un desafío de largo alcance
o.- (Alejandro Einstoss Profesor e investigador (IIEP UBA Conicet), economista IAE Mosconi) Existe una enorme expectativa sobre el RIGI y el desarrollo del GNL (Gas Natural Licuado) que llevaría a la Argentina a ser un país líder mundial, que transformaría a Vaca Muerta en una segunda “pampa”, que permita sacar al país del estancamiento exportador y superar la crónica restricción externa de divisas.
Mientras tanto, el desarrollo del petróleo no convencional es un hecho, con un sector privado de gran dinamismo que rompe récords de producción mes tras mes y que desarrolla infraestructura aún con cepo y sin RIGI.
Con respecto al gas la cuestión es más compleja. En este caso el RIGI es una condición necesaria pero no suficiente y la controversia política en torno al emplazamiento de la terminal y el puerto, enturbia una discusión que debería ser técnica y económica, con posiciones que van del optimismo extremo al pesimismo recalcitrante.
Los comentarios a continuación intentan aportar una mirada a un proyecto muy ambicioso, que se desarrollaría en un horizonte de 30 años, de los cuales los primeros 5 serán decisivos para el desarrollo de infraestructura.
Diez puntos para el proyecto RIGI GNL.
1. El mercado de GNL es de alta competencia y está abastecido. China y Japón encuentran en Australia un proveedor natural de GNL; mientras que Europa se abastece en gran medida de un proveedor global como Qatar (gas convencional) y de la escala de producción no convencional de los Estados Unidos. En este contexto la inserción de Argentina en el mercado global de GNL será gradual.
2. En ese mercado se insertará Argentina, donde deberá competir con otros países que ya cuentan con infraestructura en operación o en construcción avanzada. Además, el ingreso de Argentina al mercado de GNL deberá tener en cuenta dos puntos relevantes: la distancia a centros de demanda y la característica “no convencional”
Con respecto al gas la cuestión es más compleja ya que el RIGI es una condición necesaria pero no suficiente.
de sus recursos que incrementa costos respecto a países de producción convencional.
3. El proyecto solo será viable si se encuentra un off taker en firme, es decir con contratos a 20/25 años y con cláusulas “take or pay” que permita apalancar financieramente el proyecto.
4. Para lograr estos contratos deberán certificarse las reservas, que hoy son solo “recursos”, una diferencia no solo semántica, sino decisiva, pero que en principio con el desarrollo actual del Vaca Muerta no debería ser un obstáculo.
5. Con relación a la localización, establecer Punta Colorada como puerto exclusivo, ratifica el espíritu del RIGI que permite una producción y una infraestructura “dedicada” al GNL. En este sentido, Punta Colorada garantiza el desacople total entre la infraestructura exportadora y el abastecimiento interno. Aleja así el riesgo que el gas se derive al mercado interno por razones de fuerza mayor.
6. Por lo tanto, la localización en Rio Negro no se explicaría sólo por su cercanía a Vaca Muerta ni por su especialización, -ya que los nuevos oleoductos de YPF tendrán también ese destino- sino por su carácter estratégico que lo aleja del nodo de gasoductos de Bahía Blanca y permite financiar el proyecto con el costo de capital del país de destino del gas.
7. La generación de empleo y la actividad económica sin duda aumentarán en las etapas iniciales: construcción de gasoductos, puertos, desarrollo de la producción; inversiones que seguramente explicarán más del 20% de la inversión local que el RIGI prevé. Luego, el proyecto demandaría personal, tanto de operación y mantenimiento como de Oil & Gas para mantener los niveles de producción comprometidos en el proyecto.
8. Un punto relevante y hasta ahora no mencionado es el impacto ambiental del emplazamiento. No se ha revelado hasta el momento si la localización cuenta con permisos ambientales, en particular en un lugar de gran presencia de ballenas.
9. Con relación a las divisas, el proyecto implica una inversión que varía entre u$s 30 y u$s 50 mil millones, según la fuente consultada. Dicha inversión generará un flujo, una renta asociada a toda explotación de un recurso natural no renovable, que, en parte, será capturada por los Estados Provinciales y Nación vía regalías e impuestos. En principio, la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias en 10 puntos porcentuales atenta contra este proceso de captación de renta. Por otra parte, el mismo proyecto GNL impulsado por YPF y Petronas en 2023 preveía la libre disponibilidad de divisas por hasta un 20%. En este esquema será el 100%, por lo tanto, no queda claro el impacto del flujo del proyecto en el mercado de cambios local futuro.
10. El desarrollo masivo del gas en Vaca Muerta también deberá enfrentar la demanda del mercado regional: Chile, Brasil e incluso Uruguay son destinos naturales, donde la infraestructura ya existe y debería ser aprovechada para ganar escala y reducir costos.
Finalmente, y quizás el punto más relevante para la economía energética doméstica sea que hasta ahora no se observa ningún mecanismo por el cual las ganancias de productividad en la producción de gas se trasladen al mercado local. El pricing del gas local es decisivo no sólo para los consumidores finales, sino para la competitividad sistémica de una economía con una matriz como la argentina, que depende en un 85% de hidrocarburos y en particular en un 55% del gas natural. Dicho de otra forma: ¿Cómo lograr que los ciudadanos y la economía accedan al gas a precios competitivos? (Clarín, Buenos Aires, 13/08/2024)
