El oficialismo avanza con los proyectos del Súper RIGI y un acuerdo con holdouts
o.- Con el apoyo de aliados, dictaminó el régimen para inversiones superiores a u$s 1000 M y el aval para pagar u$s 171 M.
El oficialismo consiguió avanzar ayer con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar u$s 171 M a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superior esa los u$s 1000M.
Con respaldo de sus aliados, los libertarios dejaron ambas iniciativas listas para el recinto. El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a ratificarlo definitivamente la próxima semana. El “Súper RIGI”, en cambio, recién inicia su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.
La intención del oficialismo era llegar a la semana próxima con una sesión bajo control y un temario propio centrado en estos proyectos. Pero la crisis que atraviesa Manuel Adorni amenaza con alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial para debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura. Ante ese escenario, los libertarios comenzaron a recalcular su estrategia parlamentaria.
Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan). En el caso del “Súper RIGI”, también acompañó el santacruceño José Garrido.
El nuevo régimen busca convertirse en una segunda versión del RIGI y apunta a atraer industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. En un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, el oficialismo reunió 61 firmas para su dictamen de mayoría.
Para sumar apoyos, los libertarios aceptaron modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas. El texto incorpora beneficios para proyectos que cuenten con inversión en investigación y desarrollo, exige planes de integración de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público para transparentar los proyectos aprobados.
También endurece algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán presentar estudios que acrediten que los proyectos no compro meterán recursos naturales ni infraestructura esencial e incorpora una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en su área de influencia.
En el debate, el jefe de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para industrias “que no sabemos cuáles son, ni a qué se van a dedicar” y advirtió que el proyecto repite la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases. Su bloque anticipó que lo rechazará.
La iniciativa para convalidar el acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia. Contempla el pago de u$s 171M, a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio reforzó el argumento con los números de la negociación: Attestor redujo su reclamo de u$s 160 M a u$s 104M, mientras que Bainbridge pasó de u$s 96 M a u$s 67M. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.
Los funcionarios rechazaron además que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.
Las principales objeciones llegaron desde UP, que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y aseguró que el Congreso desconoce datos centrales de la negociación. “No sabemos lo que estamos votando”, afirmó.
Su compañero Itai Hagman objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no por el Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del FMI cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, reprochó. Y apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
Martínez criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, advirtió. (La Nación; Buenos Aires, 18/06/2026)
