El “ajuste fino” del RIGI: seguridad jurídica, reglas de origen del Mercosur y el nuevo tablero para los proveedores locales

El “ajuste fino” del RIGI: seguridad jurídica, reglas de origen del Mercosur y el nuevo tablero para los proveedores locales

o.- (Por Dr. Favio Casarin, Abogado, Geólogo, Profesor universitario de grado y postgrado, y especialista en derecho minero, ambiental y recursos naturales)
A través del Decreto 1366/2026, el Gobierno nacional eliminó el requisito del 51% de capital nacional para abastecer a los grandes proyectos y trasladó todo el peso de la protección industrial a los criterios aduaneros del ACE 18. Mientras el Ejecutivo busca acelerar desembolsos multimillonarios sin cuellos de botella, las pymes argentinas advierten sobre la competencia asimétrica con filiales globales y el riesgo de que el “compre local” se reduzca al mero ensamblaje.
La publicación del Decreto 1366/2026 en el Boletín Oficial el pasado 16 de noviembre marca un punto de inflexión en la maduración del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A más de dos años de la reglamentación original (Decreto 749/2024), la administración nacional decidió intervenir sobre los engranajes operativos de la norma. El diagnóstico oficial es pragmático: los megaproyectos de minería, energía e infraestructura chocaban contra rigideces societarias, cambiarias y de abastecimiento que amenazaban con demorar los cronogramas de ejecución.
Sin embargo, lo que para los grandes inversores internacionales funciona como un alivio burocrático, para el entramado productivo doméstico representa un cambio abrupto en las condiciones de competencia. El debate ya está instalado en las mesas de directorio y en los parques industriales: ¿fortalece esta reforma la previsibilidad del país o diluye la promesa de derrame económico sobre la industria nacional?

1. Seguridad jurídica: ¿fortalecimiento o cambio de reglas a mitad de partido?
En el análisis jurídico y financiero, el impacto del Decreto 1366/2026 admite una doble lectura según el actor que se observe.
Para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) —las grandes operadoras que desembolsan cientos o miles de millones de dólares—, el decreto consolida y mejora la seguridad jurídica operativa. La norma original dejaba zonas grises que exponían a las compañías a riesgos severos, como la pérdida total de los beneficios fiscales y cambiarios ante un desfasaje puntual en una etapa de obra. Al establecer una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto global (diferenciándola de los hitos parciales) y al clarificar el régimen de fusiones, combinaciones de proyectos, adquisición de acciones y transferencia de activos en Sucursales Dedicadas, el Estado reduce la discrecionalidad administrativa. Asimismo, al ampliar el cómputo de divisas (incluyendo aportes de no residentes y endeudamiento externo sujeto a trazabilidad contable y normas del BCRA) y prohibir que la mera compra de participaciones accionarias posterior a la adhesión compute como inversión nueva, se blinda el régimen contra maniobras especulativas y se aporta certidumbre financiera.
No obstante, desde la óptica de los proveedores nacionales, la percepción es inversa: existe un cuestionamiento sobre la estabilidad de las reglas de competencia. Quienes diseñaron planes de inversión o alianzas bajo la premisa de que el cupo mínimo del 20% de integración local estaría reservado a firmas con mayoría de capital argentino (el requisito del 51% del Decreto 749/2024) ven alterada su ecuación de rentabilidad antes siquiera de que comience el pico de demanda.

2. El beneficio para el país: destrabar cuellos de botella y acelerar divisas
Desde una perspectiva macroeconómica, el objetivo central del Ejecutivo es acelerar la velocidad de ejecución de los proyectos y maximizar el ingreso efectivo de capitales en el corto y mediano plazo.

• Viabilidad técnica y escala: En sectores altamente especializados como la minería de cobre y litio o la infraestructura energética (GNL, oleoductos), existen servicios críticos y tecnología de punta que pocas empresas de capital estrictamente nacional están en condiciones de proveer en tiempo y forma. Exigir un 51% de capital local obligaba a los VPU a tramitar excepciones constantes o a enfrentar sobrecostos y demoras.

• Atracción de inversión extranjera indirecta: Al permitir que cualquier persona humana con domicilio fiscal o persona jurídica constituida en la Argentina califique como proveedora local sin importar la nacionalidad de sus accionistas, se incentiva a que grandes contratistas globales radiquen filiales, talleres, centros de mantenimiento y capital de trabajo en territorio argentino.

• Trazabilidad financiera: La precisión sobre el acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) y el cómputo de fondos provenientes de socios directos, indirectos o estructuras asociativas facilita la ingeniería financiera de los consorcios internacionales, asegurando que los dólares ingresen efectivamente al circuito productivo local.

3. El giro clave en los proveedores: del origen del capital al origen del bien (ACE 18)
Al eliminar el requisito societario del 51% de capital nacional, el Decreto 1366/2026 traslada todo el peso de la protección a la industria argentina hacia un criterio técnico-aduanero: para que la venta de un equipo o insumo compute dentro del cupo de integración local del RIGI, el bien debe acreditar origen nacional bajo las reglas del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 (ACE 18) del Mercosur.
Este tratado establece cuándo una mercadería fue fabricada o transformada sustancialmente en el país, impidiendo que productos fabricados íntegramente en terceros países sean importados y revendidos como “locales”. Para calificar, el bien debe superar alguno de estos filtros:

• Bienes totalmente obtenidos: Materias primas e insumos extraídos o producidos íntegramente en territorio nacional sin componentes importados (áridos, minerales en bruto, cemento con caliza local).

• Transformación sustancial por “Salto de Partida Arancelaria”: Cuando se utilizan insumos importados de fuera del Mercosur, el proceso fabril en la Argentina debe transformarlos al punto de cambiar los primeros 4 dígitos de su código en la Nomenclatura Común del Mercosur (por ejemplo, importar chapas de acero de la partida 7208 y fabricar mediante corte, plegado y soldadura un recipiente a presión de la partida 7309). La norma aclara expresamente que operaciones mínimas —como embalaje, etiquetado, pintura o el mero ensamblaje simple de piezas importadas listas para armar (kits SKD/CKD)— no confieren origen.

• Regla de Valor Agregado Regional (fórmula 60/40): En bienes complejos donde no hay salto de partida, el valor CIF (costo, seguro y flete en puerto) de los componentes importados de extrazona no puede superar el 40% del valor final en puerta de fábrica del equipo. Es decir, debe incorporar al menos un 60% de valor agregado nacional/regional (insumos locales, ingeniería, mano de obra y costos de fabricación).

4. El caso testigo: cómo funciona en la práctica la regla del 60/40
Para dimensionar el alcance real de este filtro técnico, basta observar un caso testigo de la industria metalmecánica: la fabricación en la Argentina de una unidad de bombeo industrial de alta presión vendida a un proyecto RIGI en USD 100.000.
Si el fabricante importa desde fuera del Mercosur el cuerpo hidráulico de la bomba (USD 22.000 CIF), el variador de frecuencia y PLC (USD 9.500 CIF) y los sellos mecánicos (USD 4.500 CIF), suma USD 36.000 de insumos de extrazona. El resto del valor (USD 64.000) corresponde a la estructura metálica, cañerías y cableado fabricados en el país (USD 18.000), un motor eléctrico originario de Brasil con certificado Mercosur (USD 12.000), ingeniería y ensayos locales (USD 19.000) y gastos generales más utilidad (USD 15.000).
En este escenario, el contenido importado representa el 36% del valor final (por debajo del techo del 40%) y el valor agregado regional alcanza el 64%. Por lo tanto, el equipo califica como bien de origen nacional y el proyecto RIGI puede computar los USD 100.000 completos en su cupo local, sin importar si la planta fabricante pertenece a capitales argentinos o a la filial de una multinacional extranjera.
Sin embargo, si por un encarecimiento de fletes o insumos el componente importado subiera en USD 5.000 llevando el contenido de extrazona al 41%, el bien perdería automáticamente la condición de origen nacional y dejaría de computar en su totalidad para el régimen.

5. La alerta de la industria nacional: asimetría fiscal y desafío de control
Pese a la rigurosidad matemática de las reglas del ACE 18, cámaras sectoriales como la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM) y entidades fabriles mantienen la luz amarilla encendida por tres motivos centrales:

1. Competencia desigual con corporaciones globales: Una pyme del interior del país ahora compite en igualdad de condiciones formales dentro del cupo local contra la filial argentina de un gigante multinacional, que cuenta con espalda financiera, crédito internacional a tasas bajas y contratos marco globales.

2. La persistencia del “costo argentino”: Mientras los proyectos adheridos al RIGI gozan de estabilidad fiscal por 30 años, rebaja de Ganancias, exenciones aduaneras y libre disponibilidad de divisas, los proveedores locales continúan operando bajo el régimen tributario general (Ingresos Brutos, impuesto al cheque, cargas laborales y tasas municipales), sin haber recibido una extensión equivalente de beneficios.

3. La fiscalización en el mercado interno: A diferencia del comercio exterior tradicional —donde la Aduana controla los certificados de origen en frontera—, en el RIGI se trata de operaciones internas entre empresas radicadas en el país. Evitar la triangulación o el ensamblaje encubierto dependerá estrictamente de la capacidad de auditoría técnica en planta que despliegue la Autoridad de Aplicación.

Un equilibrio en disputa
El Decreto 1366/2026 deja en claro la prioridad de la actual administración: garantizar que los megaproyectos se ejecuten sin fricciones regulativas, apostando a que la magnitud de las inversiones termine traccionando la economía por peso propio. El desafío político y económico hacia 2027 será asegurar que la apertura a contratistas internacionales y la aplicación estricta de las reglas de origen del Mercosur se traduzcan en radicación real de fábricas y transferencia tecnológica, evitando que los grandes emprendimientos operen como enclaves aislados del entramado productivo argentino.

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