AOMA refuerza controles y fiscalizaciones a favor de los trabajadores mineros
o.– (Víctor García Rodríguez) La actividad minera en San Juan atraviesa un momento de expansión histórica con anuncios de inversiones multimillonarias. Sin embargo, detrás de las cifras, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) ha encendido las alarmas. Iván Malla, máxima autoridad del gremio en la provincia y segundo a nivel nacional, denunció una creciente precarización laboral disfrazada de tecnicismos legales que afecta directamente la seguridad y los derechos de los trabajadores.
El estado actual de AOMA: Crecimiento y presencia territorial
A pesar de las preocupaciones sectoriales, AOMA San Juan se encuentra en un “buen momento institucional”, consolidando su presencia en el territorio. Bajo la conducción nacional de Héctor Laplace, el sindicato ha expandido sus sedes gremiales a puntos estratégicos como Jáchal, Los Berros, Albardón y Calingasta, con una próxima apertura en Iglesia.
Esta gestión no solo se refleja en lo administrativo, sino en obras concretas que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad, como el Salón de Usos Múltiples en Los Berros y las instalaciones en Albardón para trabajadores caleros y de mármol. Además, el gremio ofrece una amplia red de beneficios que incluye reintegros en medicamentos, becas educativas, capacitación permanente y turismo, bajo la premisa de que el sindicato debe estar presente en cada etapa de la vida del afiliado.
La denuncia: Tercerización y convenios “ajenos”
El principal foco de conflicto reside en cómo los grandes proyectos mineros están organizando sus estructuras de personal. Malla advierte sobre una “maniobra deliberada” de las empresas para blindarse del control sindical. La estrategia consiste en contratar empresas tercerizadas que operan dentro de los yacimientos pero encuadran a sus trabajadores bajo convenios colectivos que no corresponden a la minería, como el de Comercio o la UOCRA, entre otros.
“Estamos viendo casos de personas que trabajan a más de cuatro mil metros de altura, en condiciones climáticas adversas y bajo sistemas de roster, pero encuadradas bajo un convenio de comercio pensado para quien trabaja detrás de un mostrador”, explicó el dirigente. Esta situación genera un vacío de representación: AOMA no puede intervenir legalmente en paritarias ni exigir el cumplimiento del convenio minero para estos trabajadores, quienes quedan fuera de la protección específica de la actividad.
Seguridad y trabajo: Un riesgo para la vida
La preocupación de AOMA no es meramente salarial; el eje central es la seguridad. Malla detalló situaciones graves detectadas en empresas contratistas:
• Irregularidades en elementos de protección personal (EPP): Se han documentado casos donde los trabajadores son obligados a firmar planillas de recepción de ropa y equipo que nunca les entregan.
• Fraude en la contratación: Uso de contratos de eventualidad o a plazo fijo para funciones que son permanentes.
• Falta de estándares: Empresas que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad que exige un proyecto de gran envergadura.
“En minería de alta montaña, una irregularidad administrativa puede costar una vida”, sentenció Malla, recordando un reciente hecho fatal en San Juan que, según sus palabras, pasó desapercibido. Para el gremio, si un operario realiza tareas mineras y duerme en un campamento minero, debe estar bajo el convenio minero.
Incoherencia política y económica
Finalmente, el referente minero cuestionó la “incoherencia” del contexto actual, donde se otorgan beneficios impositivos extraordinarios a las corporaciones a través del RIGI, mientras se vuelve a aplicar el Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores.
“Es difícil explicarle a un compañero que trabaja catorce días seguidos en la montaña que el Estado le cobra ganancias como si fuera millonario, mientras las empresas reciben beneficios tributarios históricos”, señaló Malla, reafirmando la postura de AOMA: “el salario no es ganancia”. Ante este escenario, el sindicato promete un avance territorial más fuerte para fiscalizar los campamentos y combatir las políticas precarizadoras que intentan instalarse en el sector. (El Zonda San Juan)
